Así mismo y de manera respetuosa proponían habilitar una revisión técnica controlada de los componentes críticos del sistema en ambiente seguro, con cadena de custodia, control de acceso y preservación de evidencia digital. Proponían que se publicara el protocolo de la auditoria integral, con metodología, alcance, etapas, responsables, criterios de evaluación y mecanismos de seguimiento. Solicitaba que se garantizará la participación igualitaria de todas las fuerzas políticas y candidaturas, mediante delegados técnicos acreditados en el proceso de auditaje.
Finalmente solicitaban que el informe resultante de la auditoria técnica integral fuese publicado y que en ese informe público se explicaran los hallazgos, los riesgos identificados, las medidas correctivas adoptadas y el nivel de preparación tecnológica del sistema, reservando únicamente aquello cuya divulgación pueda comprometer la seguridad del proceso.
Al mismo tiempo proponía al Registrador Penagos que avance en el cumplimiento efectivo de la exhortación del Consejo de Estado, en el sentido de que el software electoral sea adquirido, gobernado y controlado desde y para el Estado, con trazabilidad completa desde la mesa de votación hasta la declaratoria oficial de la elección.
Esta solicitud nace de los errores graves que se han presentado en los procesos electorales de la elección al Congreso de la República en el año 2014 en que se hizo un fraude en contra del Partido Mira, pero antes las graves irregularidades en la elección del Congreso en el año 2002 en que el Consejo de Estado anuló un fraude de más de 1.6 millones de votos. Hay que recordar como lo hace la misiva dirigida al Registrador que en las elecciones al Congreso de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera en auto de fecha 5 de mayo de 2022 y Sentencia del 26 de enero de 2023 dejó constancia de inconsistencias en el preconteo y reconoció que, según la Misión de Observación Electoral, no fueron tenidos en cuenta en esa fase 659.539 votos para Senado y 271.883 votos para Cámara de Representantes. Esos hechos para que no propicien profundizar desconfianza en los electores, deben ser utilizados como una oportunidad para fortalecer preventivamente el sistema antes de la próxima elección presidencial.
Como anticipándose a la respuesta del registrador la carta señala que la auditoría al software electoral se hace en Brasil y México entre otros países. Pues bien, el registrador dio una respuesta negativa a las propuestas con lo cual la desconfianza de la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral se ha incrementado. Como anticipaba la carta no es cierto que la auditoria al software no se haga en diversos países escudándose en la afirmación que esa revisión y auditoria pondría en riesgo el proceso electoral mismo. Y según Penagos esa revisión y los códigos los compartirá solo con la Procuraduría General de la Nación. Se mantiene entonces el sistema cerrado y sin acceso a los códigos fuente para los partidos y candidatos presidenciales. Y ese software que es de propiedad de los hermanos Bautista dueños de la firma Thomas Greg & Sons seguirá operando el preconteo y la transmisión de datos. De modo que a pesar de todos los reclamos persiste el secretismo y la caja negra de los sistemas tecnológicos utilizados en el proceso electoral colombiano.
Queda entonces en manos de la ciudadanía el movilizarse para garantizar testigos electorales para las aproximadamente 130 mil mesas que funcionarán este 31 de mayo, en los fiscales, jueces y notarios que son quienes dirigen los escrutinios municipales y en los abogados de los partidos que estarán en esos escrutinios representado a partidos y candidatos y en las misiones de Observación tanto nacionales como internacionales que vendrán a observar el proceso electoral de la primera vuelta presidencial. Es absolutamente condenable que la autoridad electoral haga oídos sordos a las propuestas de la sociedad civil para rodear de transparencia el proceso electoral. Esa lucha habrá que trasladarla al Congreso de la República que deberá emplearse a fondo para la reforma de un código electoral que data desde 1986 antes que se expidiera la Constitución Política de 1991. Esta tarea que es parte de la reforma política debe ser asumida por el nuevo Congreso de la República que se posesionará el próximo 20 de julio.
Las otras preocupaciones tienen que ver con las amenazas y el asesinato del coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta, Rogers Mauricio Devia Escobar junto a Fabian Cardona. Estos asesinatos, así como el ataque a la camioneta del senador del Pacto Histórico Alexander López en inmediaciones de Cajibio en el departamento del Cauca, son hechos preocupantes y llaman a que las autoridades refuercen la seguridad de los candidatos y sus estructuras de campaña. Ciertamente no es la primera vez que estos hechos de violencia se presentan, pero esa no es disculpa para que las autoridades y el gobierno se empeñen a fondo en la seguridad de candidatos y de las diversas campañas. La disputa política debe desarrollarse en paz y sin actos de violencia.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Infobae
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