El ascenso de Gustavo Petro Urrego a la presidencia de la república en 2022 estuvo precedido de un poderoso mensaje de diálogo y negociación con la insurgencia y también con aquellas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y a la gobernanza criminal. El objetivo: lograr el fin del conflicto con estas organizaciones.
El instrumento definido por la nueva administración fue la Paz Total. Así, con este mecanismo se propuso, por un lado, diálogo político y negociación con la insurgencia del ELN y, por el otro, búsqueda de sometimiento a la justicia bajo la modalidad de los diálogos socio jurídicos con las estructuras macro criminales del Clan del Golfo, disidencias y Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada (ACSN), herederas del Frente Resistencia Tayrona de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia.
Con las ACSN, más conocida como los Pachencas, el gobierno de Petro Urrego abrió un canal de comunicación toda vez que este grupo manifestó de modo insistente su interés de diálogo desde finales de 2022. Como resultado de esto, en enero de 2023 se producen los primeros acercamientos y se define que los diálogos se producirían bajo un cese al fuego. Se partió entonces de la premisa de que la zona de la Sierra Nevada, lugar donde tenía y tiene presencia desde hace más de dos décadas este actor armado, debía ser considerado como un escenario de paz y a sus habitantes tratarlos con consideración toda vez que han sido sujetos de constantes prejuicios y estigmas.
En este contexto, preciso resulta anotar, se produjo un cese bilateral del fuego y se definió, en agosto de 2024, la autorización legal del espacio de diálogo sociojurídico. Una vez acometido este paso, en enero de 2025, el gobierno nacional procedió a nombrar a Ricardo Villa como uno de sus voceros para verificar la voluntad de diálogos de las ACSN, y definir, al mismo tiempo, las reglas del sometimiento de dicho grupo de acuerdo con la constitución y la ley. El otro delegado del gobierno para estos diálogos sería Mauricio Silva, quien llevaría el peso de la agenda.
Ya antes, quiero recordar, en septiembre de 2024, se nombró a José Luís Pérez, alias Cholo, como gestor de Paz. Poco tiempo después mediante resolución 425 del 15 de octubre de 2024, el presidente Petro convertía a Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, Cesar Becerra, alias Camilo y Norberto Quiroga, alias Beto, tres miembros detenidos de los Pachencas, en gestores de Paz. A los anteriores gestores de paz se sumarian Naín Pérez Toncel, alías Bendito Menor, quien sería nombrado vocero de paz mediante resolución 091 de abril de 2025. En julio de 2025, el ejecutivo forzando al máximo la Paz Total y tensionando las maltrechas relaciones con el gobierno de Donald Trump, decidió nombrar al extraditable Fredy Carrillo Castillo, alias Pinocho, hermano de Muñeca, como vocero de esa organización.
El siguiente movimiento sería instalar el 23 de septiembre de 2025, de modo oficial, la Mesa de Diálogo sociojurídico, espacio que integraría no solo a las regiones del departamento del Magdalena sino las del Cesar y Guajira, escenarios donde se constataba y constata una importante presencia y ejercicio del poder político, social y económico de esta estructura armada, la cual, según diversas fuentes, suma cerca de 800 efectivos.
Este diálogo socio-jurídico fue poco lo que prosperó, sobre todo porque arrancó con muchos déficits. Algunos de ellos identificables: poca celeridad en el proceso de acercamiento entre las partes, extrema dilación en la autorización legal del espacio donde se escenificarían las conversaciones, poco interés de formalizar la mesa de diálogo, la pausada concreción de los voceros de lado y lado, y la no expedición del levantamiento de las órdenes de captura de los voceros de los Pachencas por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Una desconfianza mutua asegurada
A esto hay que sumar la desconfianza que había entre los integrantes de las ACSN frente al gobierno por las arremetidas del ejército en su contra, quien ya el 2 de abril de 2025 atacó el lugar conocido como Bodega de Betel, suroriente de Ciénaga, Magdalena, espacio donde se hallaba instalado un campamento de esta organización armada. En este acto murieron dos integrantes de esta estructura armada y otras 19 resultaron heridas. La afectación se extendió hasta las comunidades campesinas, quienes quedaron atrapadas en medio del fuego. Frente a este hecho, las ACSN declararon la suspensión de las conversaciones ante la falta de confianza y ello derivó en que se congelara lo poco acordado hasta ese momento con Mauricio Silva, negociador del gobierno Nacional.
La desconfianza se agrandó aún más como quiera que la comandancia de las ACSN señalaron sin prueba que el ejército estaba al servicio del Clan del Golfo, organización armada ilegal también que libra una dura y violenta confrontación con los Pachencas por el control del territorio, las poblaciones y un amplio portafolio de recursos que garanticen la sostenibilidad de su gobernanza criminal en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, lugares en donde estos han consolidado una importante presencia y extendido su poder. Otro elemento de notoria desconfianza de la ACSN frente al gobierno del presidente Petro, fue que este empezó su mandato y a lo largo del mismo no pudo definir un marco legal que sirviera como hoja de ruta cierta para acompañar la negociación.
Si la ACSN tenían razones para desconfiar del gobierno de Petro, este también tenía motivos suficientes para dudar de esa estructura armada ilegal, sobre todo cuando sabía de la importante presencia y control que ejerce sobre las distintas comunidades de la sierra Nevada, el resto del Magdalena y de amplios sectores del Cesar y la Guajira. Asimismo, el ejecutivo conocía de la influencia y control de los Pachencas sobre la troncal del caribe y del manejo de las rutas de la droga a Centroamérica, Venezuela y los EEUU. Capitulo especial merece el conocimiento que se tenía del control social y armado de las ACSN en la ciudad de Santa Marta, de ahí que el presidente Petro no dudó en promover en mayo de 2024, sin mucho tino, eso sí, el lanzamiento de la Paz Urbana en el distrito turístico. Craso error: las ACSN no son unas en la Sierra Nevada y otra en los barrios de Santa Marta, Valledupar, Ciénaga o Riohacha.
Si algo ha demostrado esta reciclada organización armada después de dos décadas de acción política y militar, es que tiene un mando centralizado, jerárquico y gozan de un arraigo en el territorio. Y no sólo esto, sino que tienen la capacidad para interlocutar con los poderes públicos, gremios económicos, políticos de oficio y también con los mandos policiales y militares. De igual manera, el gobierno conocía el número de homicidios que se registraban en Santa Marta, Ciénaga, Riohacha y Valledupar, muertes no pocas adjudicables a este actor armado. Y, por supuesto, conocía de los dramáticos y violentos enfrentamientos entre esta organización y el Clan del Golfo, organización esta que desafía su hegemonía social, política y territorial. Muy conocidas eran, de igual modo, las micro y macro-extorsiones a comerciantes, empresarios del turismo, transportadores y demás, lo mismo que el reclutamiento de menores en los barrios de Santa Marta y del resto del departamento. Y que decir del servicio de vigilancia que se le cobra a la ciudadanía en diferentes barrios de la ciudad o cobrar por mediar a la hora de establecer acuerdos para el cobro o pago de deudas entre particulares.
Estas desconfianzas mutuas aseguradas fue lo que condujo a que el anuncio de la Instalación de la Mesa Socio-jurídica que se hizo en su día – 23 de septiembre de 2025– diera al traste con esta aspiración de paz que creó muchas expectativas y que finalmente no se pudieron materializar. Ante el no avance de la mencionada Mesa, la ACSN pretendieron revitalizar el diálogo proponiéndole al gobierno el no reclutar a menores de 18 años y desescalar el conflicto. Estas iniciativas no fueron atendidas por el gobierno y la dinámica de la violencia ejercida por este grupo retomó su rutina. Cuando el gobierno del presidente Petro acababa, se da por concluido este proceso, el cual para agosto de 2026 mostraba su peor cara.
De aquellos polvos, estos lodos
Para la ocasión Bendito Menor ya desafiaba de modo mediático y provocador al concluyente gobierno nacional, al cual mostraba por las redes su poderío económico y militar y lo invitaba a que se atreviera a capturarlo. Frente a ese reto, la policía y el ejército mantuvieron un extraño comportamiento. Este en muchos momentos nos hizo sugerir que parecía que existiera una presunta protección por parte de la fuerza pública para con este integrante de la dirección de la ACSN.
Mientras Bendito Menor vivía sus días de gloria junto a su compañera sentimental, en la campaña para la presidencia 2026-2030 que enfrentaba a Iván Cepeda del Pacto Histórico y al Candidato Abelardo de la Espriella, este no dudaba en manifestar que de ser presidente este joven integrante de los Pachencas sería doblegado por la fuerza de la ley o por la fuerza de las armas. En unas reñidas elecciones, el candidato Abelardo de la Espriella se impone con una votación de trece millones de votos al candidato Cepeda en segunda vuelta. Esta elección no exenta de señalamientos de presuntos fraudes que comprometen a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la injerencia del gobierno de los EEUU e Israel, colocan en el solio presidencial a De la Espriella.
Una vez en la presidencia, éste manifiesta que la Paz Total deja de existir y que en su defecto lo único que está dispuesto a ofrecerle a los actores armados, a los cuales define como “narcoterroristas, bandidos”, es el sometimiento a la justicia. Así, al ritmo de Firmes por la Patria y Viva Cristo Rey infla el orgullo de la fuerza pública, a la cual le exige implicarse en la confrontación de los actores armados, especialmente contra la ACSN, el ELN y las disidencias. En este clima de llamado a la violencia se produce en circunstancias muy extraña el asesinato de Bendito Menor, en un sector residencial de la ciudad de Riohacha, hasta donde llegan el pasado 4 de septiembre unidades de la fuerza pública y presuntamente asesinan en un aparente enfrentamiento a este integrante de las ACSN, a su compañera sentimental y a dos de sus escoltas.
El golpe asestado a Bendito Menor dio lugar a la euforia presidencial y a un macabro ejercicio de necropolítica, pues vimos al presidente De la Espriella caminar por entre los cuerpos desvividos y lanzando ofensas contra los mismos, hecho que desconoce lo más elementales principios del Derecho Internacional Humanitario. Con el paso de los días, el periodismo reflexivo y no genuflexo ni adicto al poder presidencial, ha puesto en duda la operación por cuanto en el lugar donde se hallaron los cadáveres de Bendito Menor y el resto de occisos, no hay evidencias de enfrentamientos. Según algunos vecinos, hay dudas de que la persona donde se hospedaba Bendito Menor fuera integrante de las ACSN.
Sobre este dudoso episodio, sin duda, son más las zonas grises que existen que las claridades. La situación se torna más dudosa si te tiene en cuenta que al parecer la compañera sentimental de Bendito Menor estaba en un presunto acuerdo con la fiscalía General de la Nación para oficializar su entrega. Dada las circunstancias, no son pocos los que dudan en señalar que es muy probable que estemos ante un falso jurídico que busca enaltecer la figura presidencial a través de este tipo de acciones. Y por esta vía, hay quienes señalan que puede ser que Bendito Menor haya sido asesinado por sus propios compañeros de armas toda vez que su actuación y provocación a las autoridades habían puesto en grave riesgo a toda las ACSN.
Una vez asesinado Bendito Menor, el presidente De la Espriella señaló a Fredy Carrillo Castillo – Pinocho—como próximo blanco si no se somete. La periodista Salud Hernández de la Revista Semana lo entrevistó el pasado 12 de septiembre y en dicha entrevista reconoce que había tensiones con Bendito Menor. En dicha entrevista también indica que espera que el presidente De la Espriella defina el mecanismo para su entrega, previa negociación sobre la base de una ley. En el día de ayer el ministro de Justicia – Iván Cancino manifestó—que el gobierno no conversará con los integrantes de las organizaciones armadas y si con sus abogados. Y mientras esto ocurría, el presidente hacía un llamado a capturar vivo o muerto a alias Pinocho, de quien se dice que hoy funge como el principal jefe de las ACSN.
“Santa Marta: del corazón del mundo, al corazón de las tinieblas”
En lo que se presume un ataque contra Pinocho, terminó abatido el 22 de septiembre en Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, Santa Marta, José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, quien como hemos visto fue vocero de paz de las ACNS en el fallido diálogo socio-jurídico que se adelantó en el marco de la Paz Total del presidente Petro. Cholo, segundo al mando de los Pachencas, en sustitución de Bendito Menor, resultó abatido junto a Iván Calderón, Jorge Luis Pertúz, Jair Ramírez y Ricardo Rodríguez Martínez, a quien las autoridades policiales atribuyen ser hijo de Pinocho.
Ayer trascendió, según la madre y hermana de Rodríguez Martínez, que él era un joven de 18 años, sin vínculos con las ACSN, sin armas al momento del ataque del ejército y trabajador de una finca ganadera de la zona. Esto mismo señalan las ACSN en su comunicado del día 24 de septiembre. Además, indican sus familiares, presuntamente, que durante el operativo él pedía a los militares que le perdonaran la vida. Y, apostillan, solo tiraba machete. Como en el operativo de Bendito Menor, de nuevo surge la duda sobre esta nueva intervención del ejército de Colombia.
En respuesta a este acto, las ACSN han desatado una violenta reacción que ha conducido a que distintas estructuras armadas se apoderen de la Troncal del Caribe y corten la comunicación entre Santa Marta y la Guajira, al tiempo que han procedido a incinerar vehículos del transporte público y a atacar con armas de fuego a las tiendas de barrios y medianos y grandes almacenes de cadena como D1 y ARA. Además, los Hoteles han cerrado sus puertas y el flujo de turistas en la ciudad y hacia la Sierra Nevada se ha interrumpido de modo abrupto. Colegios y universidades han suspendido actividades académicas presenciales y han tenido que recurrir a la virtualidad, como en el periodo de la pandemia. Los comerciantes reportan pérdidas económicas cercanas a una cifra de los 40 mil millones de pesos y la parálisis de más de 22 mil establecimientos comerciales.
De este modo, mientras las ACSN manifiestan en un comunicado publicado el día 22 de septiembre que decretaban un paro armado hasta nueva orden, el presidente De la Espriella para ocultar su improvisación en la gestión de la crisis, procedió a militarizar la ciudad de Santa Marta. Con el distrito lleno de policías y protegiéndole, procedió a recorrer con radio en mano y pistola en la cintura una parte del barrio Cristo Rey y Gaira. En estos lugares y sin rubor de ninguna clase manifestó que la ciudad estaba resguardada y que la ciudadanía no debía tener miedo.
El día 23 de septiembre el presidente De la Espriella y el ministro de defensa anunciaron que 1500 efectivos entre policía y militares cubrirán la seguridad de la ciudad de Santa Marta y se desplegarán por los distintos sectores de la ciudad. Entre tanto, la gobernadora Margarita Guerra señaló que la ciudad no experimenta ningún paro armado y que eso es asunto de “dos pelagatos”. En este plano negacionista está el grueso de la gran prensa, la cual quita drama a una situación que ya es compleja, sobre todo porque todavía al cierre de esta columna las calles del distrito se encuentran vacías, los negocios cerrados y en la ciudadanía cunde un fundado miedo por la violenta reacción que han desplegado las ACSN por el asesinato de varios de sus integrantes.
El colmo de la desinformación y la autocensura es tal que, Noticias Caracol después de cubrir el incendio de una tractomula en la troncal del caribe, no dudó en señalar poco tiempo después que esa noticia fue un error involuntario. Escribir para el príncipe, como señala Maquiavelo, entraña una cierta domesticación y al mismo tiempo cultivarse en el arte de la mentira. En un video que circula en las redes sociales, la dirección de las ACSN ha manifestado que, el paro se mantendrá hasta que entreguen el cuerpo de Cholo, quien se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Barranquilla.
En la era del tigre si hay paro armado y la militarización de Santa Marta a la que ha apelado el gobierno nacional para controlar la respuesta de las ACSN no solo se ha mostrado irrelevante para contenerlas, sino que hoy lo que existe es un temor generalizado entre la población. Al presidente De la Espriella preciso resulta decirle que nunca la militarización de un territorio ha implicado seguridad y tranquilidad ciudadana. Un ejemplo de esto fue Córdoba y Urabá en su día. En estos territorios entre más activos policiales y militares existían, mayor eran los niveles de inseguridad y violencia. El Catatumbo es otra muestra fehaciente de ello.
Además, el actual gobierno al optar por la necropolitica dramatizada como es el exhibir los cadáveres de quienes resultan asesinados, persigue el morbo y termina glorificando la muerte como si este fuera el inexorable destino del actuar del Estado. En un país en donde existe un inveterado desprecio por la vida, el Estado muestra un absoluto, profundo y radical desapego a la hora de exaltar a esta, mientras, de modo evidente, termina santificando la muerte al grito de viva Cristo Rey.
Ya hemos visto que el presidente De la Espriella ha escogido acabar por la fuerza o por el derecho a los que están fuera de la legalidad. En su gobierno ha dicho que no hay lugar a ningún diálogo político y si al sometimiento, hecho que niega de paso cualquier reconocimiento e interlocución con los actores armados realmente existentes, a los que se les dice, además, en un aire de grandeza, que solo es posible su rendición y sometimiento. En un país en donde los actores armados tienen arraigo territorial, acceso a variados recursos para hacer sostenible el desarrollo de la gobernanza criminal, poder para corromper a la policía, al ejército y gozar de cierto apoyo y base social, esa estrategia antes o después termina mostrando su quiebre e inoperancia.
Por la vía de acabar con objetivos militares estratégicos de amplio espectro, el gobierno actual busca dar la aparente sensación de que se está ganando la guerra a la gobernanza criminal. Una cosa es garantizar el morboso show de glorificar a la muerte caminando por entre los cadáveres y otra es que en el mundo de los vivos esa gobernanza criminal se recompone, reorganiza y persiste. Para erradicar esta criminalidad a gran escala se requiere ir más allá de golpes publicitarios, pues de lo que se trata es de actuar contra ella de manera estructural, sistémica y orgánica. El no actuar de este modo es lo que hace que más se tarda el Estado en neutralizar a un cabecilla de cualquier organización armada, que ésta en buscarle su reemplazo, quien termina siendo más violento y despiadado que a ese que el Estado acaba de doblegar. Y a veces ni eso, pues ya vemos que dentro de la contabilidad de sujetos– y cuerpos– aparecen algunos que se les adjudica un abominable prontuario que luego familiares y amigos no demoran en desmentir porque ni siquiera era un actor armado
En Santa Marta se vive hoy un paro armado que llena de zozobra y miedo a la ciudadanía. Entretanto, el gobierno del presidente De la Espriella procura dar un parte de tranquilidad militarizando a la ciudad. Una militarización en donde todo pie de fuerza se muestra insuficiente para controlar a un actor armado que convive en los barrios populares y no solamente en las zonas rurales. En los barrios periféricos de la ciudad, reconozcámoslo, las ACSN regulan conflictos, brindan seguridad a sus moradores, la misma que no garantiza la policía nacional; resuelven disputas, establecen códigos de convivencia, participan en las actividades sociales de las comunidades y en no pocos casos generan formas de empleabilidad.
De momento se impone el paro armado y la ciudadanía lo acata por temor. Los militares en las calles no resuelven el problema y agudizan el miedo de la población porque además el gobierno nacional mantiene los inútiles sobrevuelos con los aviones Kfir y helicópteros sobre la ciudad, lo que infunde la idea de Santa Marta como un teatro de guerra. El modo como ha elegido el presidente De la Espriella acabar con la gobernanza criminal es errado y torpe. Ha optado por el histrionismo y la frivolidad cuando una guerra desarrollada por el Estado contra actores con mucho arraigo y tiempo en el territorio se gana con inteligencia y conociendo cada detalle acerca de cómo es que opera esa criminalidad. Con aviones, helicópteros y militarización fugaz no se gana esta lucha. En fin, leones no cazan moscas.
De momento, las ACSN han dejado al descubierto las enormes fallas e inconsistencias de la política de seguridad del nuevo gobierno, al que le han organizado un paro armado en Santa Marta y se lo han extendido a Ciénaga y a los departamentos del Cesar y la Guajira. Un actor que no representa un poder no hace esto ni desafía al Estado como lo han hecho las ACSN.
Los últimos hechos ponen en evidencia que no es la guerra Total como sustituto de la Paz Total lo que garantizará la normalidad y la convivencia en nuestras comunidades. Más de seis décadas de conflicto armado han dado suficientes muestras de que lo que puede acabar un conflicto armado como el nuestro no es la confrontación militar. El Estado y gobierno no acabó en su día a un debilitado M19, tampoco hizo lo propio contra el ELN en la operación Anorí de agosto y septiembre de 1973. De igual modo, no pudo eliminar al Quintín Lame y mucho menos al EPL. En todos estos casos la negociación y dejación de armas se logró por la vía política. A las FARC el Estado no las derrotó en 50 años a pesar de ensayar en su contra todos los planes contrainsurgentes posibles. La salida fue la negociación.
De nuevo es la negociación y el diálogo la fórmula para superar la barbarie. Entre más se avance en su comprensión, más recursos y muertes ahorraremos en un conflicto que reclama vidas y recursos.
No persistamos en la guerra. Lo más inteligente y conveniente es insistir en el primado de la vida y la paz con agendas claras y compromisos cumplibles por todos los actores involucrados en una negociación. Esta debe hacerse pensando en los superiores propósitos de convivir o al menos de coexistir como pueblo, como sociedad. Digamos adiós a la barbarie para decir chao a la muerte.
Santa Marta nos indica de nuevo que la guerra no es el camino.
Carlos Rangel Cárdenas.
Foto tomada de: La Silla Vacía
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