En este escenario, la nueva reforma plantea medidas que, bajo el discurso del salvamento fiscal, van en detrimento de las familias rurales y en particular de la economía campesina, encarecen el costo de vida y concentran los alivios en las grandes corporaciones, evidenciando una vez más que el campo sigue siendo un escenario en disputa donde las políticas públicas desprotegen sistemáticamente a quienes lo habitan, lo hacen producir y además garantizan su cuidado.
El impacto a la canasta básica y la nutrición rural
Una de las aristas más preocupantes de esta reforma es el impacto directo sobre la alimentación de las familias colombianas. La propuesta legislativa contempla que una serie de productos fundamentales, que históricamente han estado exentos o con tarifas preferenciales, pasen a estar gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%, afectando bienes como el café, el azúcar, los aceites, las pastas, el chocolate y la sal, que antes tributaban un 5%. Más grave aún es la pérdida de exenciones para alimentos esenciales como las frutas y verduras frescas, los granos, los animales vivos, los derivados lácteos, los embutidos y las carnes frías, excepto, y no es chiste, la butifarra.
Este traslado del impuesto recae sobre los consumidores finales, encareciendo de manera dramática el acceso a la alimentación, restringiendo las dietas suficientes y nutritivas. Las mediciones internacionales ya advierten sobre el alto costo de alimentarse adecuadamente en América Latina, y estas nuevas cargas impositivas a productos básicos generarán un incremento significativo en el valor de los alimentos. Más allá de un problema genérico de seguridad alimentaria, el país se enfrentará a un deterioro en el acceso a una dieta nutritiva y suficiente para las familias. Ante este encarecimiento, los hogares más vulnerables tendrán que reducir el número de raciones diarias o, en su defecto, disminuir la calidad y la cantidad de los alimentos que consumen. Esto configura un panorama crítico para las condiciones nutricionales del país, replicando los escenarios de sustitución alimentaria que ya vivimos durante la crisis de la pandemia y la posterior crisis de los contenedores e incluso ante el aumento de los precios de los alimentos por la subida de los agroinsumos efecto de la guerra Rusia – Ucrania.
La ilusión del EfectIVA
Frente a las críticas por el impacto regresivo del IVA en los alimentos, el argumento institucional sostiene que el mecanismo EfectIVA servirá para devolver este impuesto a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, esto resulta ser un espejismo en la ruralidad. La devolución del IVA es prácticamente inaplicable en los territorios rurales debido a la alta informalidad del comercio en estas zonas. Las transacciones de las familias campesinas se realizan mayoritariamente en efectivo, acudiendo a mercados informales, plazas locales y pequeñas tiendas de abastos que carecen de los sistemas de facturación electrónica necesarios para registrar el impuesto, sumado a una escasa bancarización de la población. Al no existir este soporte electrónico, que actualmente solo es viable en las grandes cadenas de supermercados de las principales ciudades o comercios formales que aun apenas están en proceso de hacerlo, los recursos de la devolución jamás llegarán a las comunidades rurales, y valga decirlo tampoco a las poblaciones de los estratos bajos de las ciudades.
Paralelamente, la reforma impone barreras adicionales a la modernización y sostenibilidad de la producción agropecuaria al gravar con IVA la maquinaria y los insumos del sector. Retirar las exenciones y beneficios tributarios a fertilizantes, semillas, plaguicidas y equipos mecánicos constituye un impacto negativo incluso para la pequeña y mediana agroindustria y, sobre todo, para la economía campesina. Las familias productoras rurales ya enfrentan serios problemas de financiación y acceso a crédito, por lo que encarecer sus herramientas de trabajo desincentiva por completo cualquier intento de inversión tecnológica o mejora productiva en el campo. De esta forma, se castiga la producción local mientras se perpetúan las fallas estructurales del modelo agrario.
Posibilidades para grandes inversiones: la trampa del RUGE
El contraste más agudo de esta política fiscal se observa en el tratamiento que reciben los grandes capitales a través del Régimen Único de Grandes Inversiones (RUGE). Bajo la promesa de incentivar la inversión, este mecanismo retoma la lógica de los antiguos acuerdos de estabilidad jurídica, creando condiciones tributarias excepcionales para megaproyectos que garanticen inversiones millonarias. Las grandes empresas beneficiarias podrán disfrutar de una reducción en su tasa impositiva al 20% para los años 2027 y 2028, extendiendo los beneficios durante los próximos 16 años, y contarán con gabelas enormes como la depreciación acelerada hasta del 50%, lo cual reduce su base gravable. Esto no solo generará una menor tributación para las empresas con mayor capacidad de pago, sino que representa una renuncia fiscal significativa y una caída en los ingresos del Estado por un largo período de tiempo.
Mientras se otorgan estas generosas concesiones, la agricultura familiar, campesina y comunitaria queda completamente marginada. Las asociaciones campesinas y las familias productoras individuales no tienen la capacidad financiera ni las condiciones estructurales para acceder a los beneficios de estos proyectos. Los requerimientos de inversión (que superan los $150.000 millones de pesos o cerca de US$40 millones, cifra que al presentarse en UVT ha generado cualquier cantidad de imprecisiones incluso de parte de especialistas) son imposibles de cumplir para las micro, pequeñas e incluso para las medianas economías rurales, dejando claro que el RUGE es una figura diseñada exclusivamente para amparar a la gran propiedad en el campo , un asunto nada nuevo en la economía colombiana que en vez de tender puentes entre diferentes modos de producción, sigue ampliando las brechas estructurales que alejan al campo de las oportunidades de los mercados.
En últimas, se trata de una reforma que, si bien es necesaria, en su planteamiento actual resulta inoficiosa. Es necesario que el país avance hacia un estatuto tributario diferenciado, que reconozca las realidades operativas de la pequeña y mediana empresa y con ellas a la ruralidad colombiana que no tiene la misma lógica económica urbana. Hasta que no se estructuren políticas macroeconómicas que integren a las pequeñas economías rurales y campesinas como actores centrales del desarrollo y no como agentes marginales del mercado, estas reformas seguirán profundizando las asimetrías territoriales e ignorando el verdadero potencial del campo colombiano y de sus comunidades, las cuales producen cerca del 70% de los alimentos que consumimos y sobre las que se soporta buena parte de los recursos que entran al país por vía de exportaciones agropecuarias.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de la Salle
Foto tomada de: Sextante Digital
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