Es un proyecto escrito con retórica, es decir, busca deleitar, persuadir y conmover; pero, poco argumentativo frente a la manera de concebir y enfrentar los fenómenos y problemas. Propone reducir el Estado, un tema que se ha vendido como un propósito urgente porque hábilmente los dueños del poder lo han asociado a corrupción cuando les conviene, pero no han dicho que para alcanzar el Estado social de derecho y hacer realidad los derechos consagrados en la Constitución se requiere más Estado y obviamente más gasto, en otras palabras, la reforma va en sentido contrario.
El mayor problema de la reforma es que carga el financiamiento de la nación y de la salud a las personas trabajadoras, las cajas de compensación, los trabajadores independientes y las familias en general, ya que aumentan el aporte de los asalariados e independientes a salud, quitan un punto a las cajas de compensación para financiar la salud y aumentan el IVA de alimentos básicos; mientras no modifica la tarifa de renta de los ingresos más altos, amplían el rango de patrimonio con 0 % excluyendo contribuyentes importantes y no modifican los rangos más altos cuando hay espacio para hacerlo.
La ampliación del IVA de alimentos básicos amenaza el ingreso de las familias y provocará inflación, como lo advirtió el gerente del Banco de la República. Si bien el proyecto contempla la devolución del IVA, dicho proceso implica requisitos que podrían impedirlo. Además, la devolución se realizaría a partir de 2028 ꟷdespués de elecciones territorialesꟷ y la compensación prevista no elimina el costo inicial ni garantiza que alcance a todos. Una familia que no esté bien focalizada, no tenga acceso digital o no pueda acreditar sus compras con factura electrónica podría pagar sin recibir una devolución equivalente por IVA.
La reforma plantea una tensión entre el trato al trabajo y el otorgado al capital. Por ejemplo, la tarifa general de renta empresarial bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028; y crea un régimen especial ꟷRUGEꟷ para “atraer” inversión extrajera mediante el ofrecimiento de beneficios y estabilidad jurídica por 16 años. Dichos beneficios son: tarifa de renta de 20% para proyectos iniciados en 2027–28 o 26% desde 2029 y pago de dividendos para no residentes al 8%. Antes de otorgar estos beneficios debería probarse que las contraprestaciones en inversión, empleo y compras locales compensan el costo fiscal y la estabilidad de privilegios otorgados a largo plazo.
La reforma exige un exagerado esfuerzo a los asalariados y castiga el ingreso familiar, pero protege los altos ingresos, el mayor patrimonio y ciertas actividades económicas. Por estas razones los impactos se reflejarán en menor consumo de loa hogares, reducción de la inversión que viene agudizándose por los aumentos de la tasa de interés tras decisiones de una parte de la Junta del Banco de la República y aumentará el desempleo por la promoción despidos masivos de entidades públicas, gestándose así una crisis económica y social. La crisis fiscal vendrá por cuenta del mayor endeudamiento que viene haciendo el nuevo gobierno y que aumentará el año entrante, tal como quedó consignado en el presupuesto, el cual terminó mal aprobado y con inconstitucionalidades.
La reforma plantea entonces tres riesgos que no deben menospreciarse, i), los nuevos impuestos al consumo afectan el ingreso de los hogares; ii) los recortes y la reorganización del Estado debilitan servicios y empleo; y iii) los beneficios tributarios reducen ingresos públicos sin producir suficiente inversión adicional.
Una reforma tributaria no consiste únicamente en recaudar más ni en reducir el déficit a cualquier costo. Debe distribuir las cargas según la capacidad de pago, proteger los derechos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población. Su propósito debe ser corregir los desequilibrios del país, no provocar nuevas crisis económicas, sociales ni fiscales.
Jorge Coronel López, Economista y profesor
Foto tomada de: El País Cali
Deja un comentario