Su victoria revela una historia más amplia: la de una guerra, la guerra de clases que una minoría libra contra la mayoría en todo el mundo occidental. Es una guerra reconocida por sus propios vencedores; el propio Warren Buffett llegó a decir: «Existe una guerra de clases, es cierto, pero es mi clase —la clase rica— la que está librando esta guerra, y vamos ganando». Buffett no exageraba. Durante casi cuatro décadas, los gobiernos y los bancos centrales de Occidente han movido todas las palancas políticas en una misma dirección: lograr que el patrimonio de unos pocos crezca a costa de los ingresos de la mayoría.
Observemos las cifras. Entre 1952 y 1988, el crecimiento económico fue el motor de casi todas las ganancias en los mercados bursátiles de Occidente. Sin embargo, a partir de 1989, el crecimiento sólo explica alrededor de una cuarta parte de dichas ganancias. La mayor parte —cerca del 40 %— provino de ingresos desviados de los trabajadores hacia los accionistas. Otro tercio se originó gracias a un dinero más barato y a una menor percepción del riesgo. Esto no es creación de riqueza, sino extracción de riqueza: una transferencia de quienes trabajan hacia quienes poseen el capital. Un proceso agravado por el hecho de que los Estados facilitan dinero barato a quienes ya poseen grandes fortunas, todo ello presentado en los noticieros como una «economía sólida».
Por otra parte, los más ricos rara vez pagan impuestos: en realidad, no obtienen «ingresos» en el sentido tradicional, sino que poseen activos, los cuales solo tributan en el momento de su venta. Así pues, evitan vender sus activos —cuyo valor se dispara— y, en su lugar, solicitan préstamos respaldados por ellos a un tipo de interés del 1 o 2 %, viviendo de esos fondos. Finalmente, fallecen sin haber pagado nunca impuestos sobre sus plusvalías y transmiten su patrimonio a sus hijos, sujetos a unos impuestos de sucesiones ridículamente bajos. Mientras tanto, el trabajador recurre a tarjetas de crédito con un interés del 20 % para pagar sus facturas y poner comida sobre la mesa; sus deudas son, en esencia, el reflejo especular de las fortunas de aquellos.
Este sistema depende de un factor crucial: los precios de los activos deben protegerse frente a cualquier desplome. Y, cuando se ven amenazados, el Estado acude al rescate: ocurrió en 2001, 2008 y 2020, así como durante la crisis de la deuda pública británica en 2022 o el caso del Silicon Valley Bank en 2023. Esta sucesión de rescates pone de manifiesto una regla: cuando la riqueza financiera corre peligro, los gobiernos descubren que, después de todo, sí es posible encontrar dinero. Hoy, en los Estados Unidos, el 10 % más rico posee casi el 90 % del total de las acciones; una situación similar a la que se observa en el Reino Unido y la Unión Europea. Tanto el gobierno federal norteamericano y la Reserva Federal, como los gobiernos británicos y el Banco de Inglaterra, o Bruselas y el Banco Central Europeo, han intervenido en repetidas ocasiones para salvaguardar la riqueza de los más pudientes, haciendo «lo que haga falta» para sostener los precios de sus activos. El resto de la población asume el coste, bajo la forma de las políticas de austeridad que siguen a cada rescate.
Sin embargo, la austeridad no se limita a redistribuir los costes de una crisis; también altera el equilibrio de poder entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan. Para comprender por qué reaparece constantemente —a pesar de que lastra el crecimiento económico—, cabe recordar la historia que relataba Marx sobre Thomas Peel. En 1829, Peel zarpó hacia el río Swan, en Australia Occidental, llevando consigo provisiones por valor de 50.000 libras y a trescientas personas —hombres, mujeres y niños— de clase trabajadora. Al llegar, sus trabajadores simplemente se marcharon al interior para trabajar por su cuenta. Peel había traído consigo capital, herramientas y mano de obra, pero no pudo importar el capitalismo, porque sus trabajadores disponían de otras alternativas. El capital, concluyó Marx, no es una cosa, un mero activo, sino una relación social: el poder de quienes poseen los medios de producción para lograr que quienes no poseen nada hagan cosas que preferirían no hacer. La austeridad no es una política económica; es un mecanismo disciplinario que mantiene a la mayoría en un estado de inseguridad y endeudamiento tales que se ven obligados a aceptar «una oferta que no pueden rechazar». El mayor temor de la clase dominante no es la inflación ni la deuda, sino acabar como Peel: con muchos activos, pero sin el poder de imponer su voluntad.
Aquí reside la parte de la historia que no me deja dormir por las noches. Cuando los políticos de centroizquierda —desde Bill Clinton, Barack Obama y Tony Blair hasta Gerhard Schröder, François Hollande y Andy Burnham— abandonaron el lenguaje de clase, se abrió un vacío en los bastiones de la clase trabajadora en Occidente. En ese vacío irrumpió un narrador insidioso, con un siglo de experiencia en llenar tales huecos: la extrema derecha resurgente, incluidos sus fascistas bajo una nueva imagen. Esta ofrece a los trabajadores olvidados un relato de dignidad, para luego redirigir su furia, ya no hacia el propietario que trasladó su fábrica al extranjero, ni hacia el ministro que vendió su vivienda pública a un fondo de inversión, sino hacia el inmigrante que vive al lado. Con esto no se pone fin a la lucha de clases; simplemente divide a uno de los bandos —el de los trabajadores— para poder dominarlos.
Deja un comentario