Es muy preocupante, que el arma fuera disparada por un menor de 14 años que, según se supo, vive en condiciones de pobreza, marginalidad y altamente vulnerable, con su familia desestructurada, víctima de la violencia intrafamiliar y el abandono, “perdón, lo hice por plata, por mi familia” gritaba el menor, capturado, herido y apaleado por escoltas, policías y civiles. Se trata de la recurrente e inmoral práctica de reclutar menores e instrumentalizarlos para que cometan actos de terrorismo o participen en la guerra, como mensajeros, espías, escudos humanos o como gatilleros; según sean reclutados por la delincuencia organizada, narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, o por las fuerzas armadas del Estado.
Según la ONU, en Colombia, entre 1960 y 2016, cerca de 17.000 niños fueron utilizados para estos fines, calificados por el DIH como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de violencia contra la infancia, que violan sus derechos a crecer en un entorno seguro y sin violencia, a la vida, la integridad física y psicológica, a la educación y al desarrollo en un ambiente sano (Convención Internacional sobre los derechos del niño). El menor Juan Sebastián, si bien es autor material del atentado, debe ser tratado como víctima de los violentos, el poder y las mafias. El niño empoderado por el arma y los $20 millones que le ofrecieron, se percató de la magnitud del crimen que iba a cometer y del riesgo que corría, cuando estuvo a punto de ser linchado; “yo les voy a dar los números, déjenme levantar, déjenme darles los números” “si no me sueltan, necesito darles los números” gritaba el menor para salvar su vida. “a mí me iban a matar en esa vuelta” exclamó Juan Sebastián ante la Fiscalía. Con seguridad, tanto los actores materiales, como intelectuales lo necesitaban muerto.
En esta oportunidad, la mayoría de los autores materiales, atentado contra el precandidato, fueron prontamente identificados y capturados; además del menor, cayeron presos Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo que transportó al menor y dos adultos que le suministraron el arma, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, quienes fueron imputados por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades criminales; también Identificaron a los sujeto, Bayron Trujillo caballero, alias “El Costeño” o “El Negro”, presuntamente “El Man de la olla”, quien contrató al niño y, Elder Arteaga, apodado también como “El Negro”; quienes se encuentran prófugos y con orden de captura; cinco adultos vinculados a estructuras del crimen organizado y del microtráfico en Bogotá, con antecedentes penales y con posibles contactos internacionales, específicamente con alias “El Churco” que presuntamente les dio órdenes desde El Ecuador.
Cuatro de los cinco autores materiales están presos, judicializados y en proceso de indagatoria; el niño que jaló el gatillo está bajo custodia y protegido junto con sus familiares; la Fiscalía tiene la responsabilidad de establecer con certeza quien o quienes fueron los autores intelectuales que los contrataron y dieron la orden de desvivir al senador y precandidato presidencial.
Los medios corporativos, Caracol, RCN, Blu Radio, Semana, etc., junto con las redes y bodegas de la extrema derecha, sus precandidatos y precandidatas, difundieron, casi al instante del atentado, la especie de que la orden fue dada por el gobierno. Lo cual, resulta no solo tendencioso, temerario y orientado a sembrar confusión y odio, sino encaminado a desinformar y entorpecer las investigaciones.
La señora fiscal Luz Adriana Camargo y altos funcionarios del gobierno, coinciden en calificar acertadamente el intento de asesinato del precandidato y senador Uribe Turbay, como un atentado contra la democracia y un hecho de “violencia Política”; por su parte, la fiscal Daisy Jaramillo, quien dirige la investigación, aseguró que “Estamos frente a un caso de violencia política… Es un mensaje preocupante para el ejercicio de la democracia”; coincidencias atinadas, pues, la víctima es un senador que estaba realizando un acto de campaña política en el momento del atentado.
El reto de la fiscalía es desentrañar de donde salió la orden de disparar; los enemigos del gobierno y sus altavoces optaron por la salida fácil, con malévolo interés de sacarle partido al crimen, responsabilizaron a Petro de ser quien dio la orden de ejecutar el atentado y/o ser el responsable político del mismo. Lo cual indica que no están interesados en la verdad, sino en sembrar odio, derrotar a Petro y acumular réditos políticos de cara a las elecciones de 2026.
Es obvio que el propósito del intento de asesinato, como lo reconoció la revista Semana, es “sembrar confusión, crear caos y generar un terremoto político”. Tal cual, lo hicieron los medios corporativos, al poner en boca de la fiscal Daisy, la narrativa de que el atentado se produjo porque, en su campaña el precandidato “mostraba posturas contrarias a las políticas del gobierno” (Semana, El Tiempo, Caracol).
Cabe preguntar ¿Quién o quiénes pueden estar interesados en recurrir al terrorismo político para fomentar el caos mediante el asesinato de un político de la extrema derecha?
Los jefes y congéneres del senador victimizado, sin dar espera a las investigaciones, exclamaron todos a una ¡Petro dio la orden! y reforzaron su irreflexiva acusación, con la denuncia penal interpuesta por el abogado de la familia, Víctor Mosquera, ante la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, contra el presidente, con la temeraria inculpación afirmando, sin pruebas, que “Petro es responsable por instigación contra Miguel Uribe T, que contribuyó a consolidar un entorno hostil, social y político que configura riesgo para su seguridad”. Resulta muy sospechoso que un personaje, el negociador de la paz con las Farc – EP., Humberto de la Calle, califique, sin ruborizarse, los magnicidios de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda y de tantos otros e incontables hechos de terrorismo de estado de los años 80/90 como “un fenómeno de delincuencia terrible”, para justificar su oportunista afirmación de Perogrullo al decir que en el atentado contra Miguel Uribe “Hay un propósito político”; de no tratarse de un episodio de demencia senil, tal expresión del un fenómeno de delincuencia terrible”, censurable actuación del nefasto personaje, que aprovechó la situación para echarle el agua sucia al presidente. Para los mal pensantes, toda esta parafernalia de la extrema derecha, no tiene propósito distinto al de sembrar confusión y desviar el proceso de investigación sobre los autores intelectuales del crimen y, así, lograr que quienes dieron la orden, como en los casos anteriores, aseguren su impunidad.
El primer mandatario, como corresponde a su investidura, ordenó a los organismos de inteligencia agotar las investigaciones hasta esclarecer la verdad, además de aportar recursos y destinar mil miembros de la policía para reforzar la protección de las decenas de precandidatos y precandidatas que han entrado en la carrera por la disputa presidencial.
Pero en esta oportunidad, la Fiscalía y los organismos de inteligencia, basados en las declaraciones de los autores materiales, señalaron que las evidencias indican que se trató de un acto cuidadosamente planificado mediante una serie de actividades preparatorias previas a su consumación. Además, en la indagatoria la implicada Katerina Martínez declaró que Elder José Arteaga, alias “Chipi” o “El Costeño”, presunto jefe logístico del atentado, le ordenó que viajara a Florencia, Caquetá, a conectarse con la guerrilla, que todo estaba cuadrado, aludiendo a escoltas y policías (Petro News); lo que posiblemente llevó a la fiscal general a revelar “que una de las líneas de investigación sobre el atentado apunta a un posible vínculo con la segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc”
De otra parte, pese a que el menor utilizado en el atentado declaró que fue contratado por “el patrón del barrio, el jefe de la olla”, las evidencias de su vínculo y el de los adultos capturados con el microtráfico de estupefacientes, la presunta coordinación internacional con alias “El Churco”, quien presumiblemente opera desde el Ecuador y las denuncias de Gustavo Petro sobre “una alianza del poder y el narcotráfico” controlada por “la nueva junta del narcotráfico” residenciada en Dubái, que orquestaron y financiaron un plan para asesinarlo, la fiscal Daisy Jaramillo, estimó que “no hay evidencias de que él tuviera amenazas o riesgo de situaciones familiares, económicas o de otra índole, que hubieran motivado la tentativa de homicidio”.
Sin embargo, según noticias recientes, en un expediente que acaba de ser desclasificado por el departamento de Estado de USA, aparece una carta del expresidente Jimmy Carter (1978) dirigida al entonces presidente Alfonso López M, en la que alertaba sobre vínculos de Julio Cesar Turbay Ayala, en ese entonces candidato presidencial, con el narcotráfico. Es probable, por qué no, que abuelito del precandidato le haya heredado posibles cuentas pendientes con los narcotraficantes. La “alianza del poder y el narcotráfico” ha sido ampliamente documentada por el Gonzalo Guillen, Daniel Mendoza y Julián Martínez, entre otros, en donde dan cuenta de las presuntas alianzas del expresidente Uribe con Pablo Escobar y su responsabilidad en la creación de las bandas paramilitares y, Petro en memorables debates ante el parlamento denunció que la alianza de políticos, paramilitares y narcotraficantes les permitió elegir el 35% de integrantes del Congreso en esa época. Entonces, ¿Por qué descartar la hipótesis de que la autoría intelectual del atentado puede provenir de la macabra alianza del poder y el narcotráfico?
José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: La Silla Vacía
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