Son la fuerza laboral y la economía popular protagonistas de una agenda que anticipa políticas redistributivas y una gobernanza basada en diálogo con los sindicatos.
“Levántate, mantente firme y lucha siempre por tus derechos”
Bob Marley. Get up, stand up, 1973.
El discurso pronunciado por Iván Cepeda el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, escenario ocupado por el presidente Gustavo Petro en los tres años anteriores en esta misma fecha, constituye un acto político de significación doble: simbólico y programático. Al agradecer públicamente el respaldo de las centrales sindicales y poner en el centro del mensaje demandas históricas del mundo laboral —“trabajo decente”, “salarios justos”, y “economías populares”—, su intervención articula legitimidad social y una hoja de ruta política que será difícil de desoír en la campaña y en la altamente probable gestión gubernamental. Se trata, como señaló Cepeda, de dos visiones de país radicalmente divergentes y opuestas que hoy compiten en Colombia por llegar a la Casa de Nariño y orientar el destino del país. El ostracismo del pasado anclado en poderes mafiosos o la consolidación de una nueva agenda de gobierno, consecuente con las demandas de un mundo que exige priorizar la acción climática, el desarrollo humano sostenible, la justicia social y ambiental y garantizar el bienestar integral de las comunidades y la inclusión de sectores históricamente marginados.
Su discurso número 100 de la campaña electoral fue importante porque condensó un respaldo social y política clave, fijó prioridades claras dentro de una agenda social comprometida con los sectores populares y trabajadores (como la defensa del Salario Vital y su reconocimiento como un derecho adquirido por la clase trabajadora), y definió la naturaleza de las fuerzas progresistas, populares y democráticas, llamadas hoy a consolidar un proceso de transformación estructural que exige impulsar una verdadera revolución ética y de conciencia humana y ciudadana.
En la trayectoria política de Cepeda estas premisas no son novedad; estamos ante un discurso coherente de genuino respaldo a las centrales, que en un contexto electoral dota su candidatura de visibilidad y le asigna una credencial moral ante amplios sectores populares. No se trata solo de sumar votos y conquistar sectores adversos a la izquierda o apáticos a la acción política, lo cual es un imperativo, por supuesto, pero más allá de la contienda, se trata de construir una narrativa que ponga en el centro del debate los temas que el país debe resolver con urgencia para consolidar una agenda transformadora en todo el territorio nacional; una agenda que convoque a los sectores productivos y traduzca en hechos concretos, el llamado poder popular.
En lo programático, el énfasis dado a la noción de empleo digno y a la economía popular traza prioridades claras. La lucha contra la precariedad laboral, la ampliación de la formalización y la defensa del salario como instrumento de justicia social estarán en el centro del proyecto político con el que Cepeda dará continuidad a una apuesta social liderada por el presidente Petro, bajo la consigna del cambio. La mención expresiva a “economías populares” revela una apuesta por políticas que impulsen cooperativas, emprendimientos comunitarios y formas de economía solidaria, que actúen como motor de desarrollo local, abriendo una salida alternativa al modelo exclusivamente orientado al mercado y a sus circuitos tradicionales.
Ese enfoque implica una agenda redistributiva; medidas sobre salario mínimo vital, fortalecimiento de la negociación colectiva, garantías de protección social y programas focalizados de empleo y formación. Son compromisos que, si se concretan, reconfigurarían la relación Estado-mercado-trabajo en favor de la protección social y la intervención pública en la regulación laboral.
No obstantes, el énfasis en la economía popular también abre tensiones previsibles con sectores empresariales y financieros que históricamente han manifestado una clara resistencia a los aumentos salariales, al concepto de salario mínimo vital, a las facilidades de inclusión en el sistema de compras con el Estado o a mayores cargas regulatorias. Pero no es un escenario del todo adverso, como se podría presuponer, de hecho, hay gremios que consideran importante evitar a toda costa la incertidumbre laboral, elevar el poder adquisitivo de las bases sociales y garantizar los derechos adquiridos por las y los trabajadores. El tema de sostenibilidad fiscal de políticas expansivas seguirá siendo complejo, y exigirá consensos y ajustes técnicos, pues en buena medida la gobernabilidad del futuro inmediato dependerá de la capacidad que tenga el gobierno para traducir las demandas sindicales en políticas viables y negociar con otros actores económicos y políticos acuerdos razonables de beneficio colectivo.
Finalmente, el reconocimiento público a las centrales sindicales es una poderosa señal política que nos indica que su gobierno buscará construir alianzas sociales y gobernar mediante el diálogo y los acuerdos colectivos, en aras de la justicia social y la equidad. Eso puede fortalecer la democracia social, pero también obligará a una gestión pragmática capaz de equilibrar expectativas populares con realidades presupuestales y complejidades del tejido productivo.
En definitiva, el discurso del 1 de mayo no fue solo un gesto retórico: puso sobre la mesa un programa de prioridades y una definición política clara. Revela una candidatura que asume al mundo del trabajo como principal destinatario de políticas, pero que además enfrenta el reto de convertir esas promesas en apuestas concretas sin fracturar la sustentabilidad económica ni la gobernabilidad.
Si bien es cierto que la prioridad laboral sigue siendo consolidar garantías para el “trabajo decente” y los “salarios justos” se requiere amplia legitimidad y apoyo social, y sobre todo una agenda redistributiva, que haga de la justicia salarial y de la dignidad laboral el eje de una política de gobierno.
Declarar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”, para seguir transformando el modelo actual y defender la reforma laboral, pensional y agraria ante miles de trabajadores, centrales y sindicatos, y hacerlo con coherencia, respeto y emoción en sus palabras, con la voz entrecortada y la mirada húmeda, demuestran además de un profundo compromiso político, una conexión con el sentir popular, que pocos políticos logran desarrollar de manera genuina a lo largo de sus trayectorias públicas.
“Nuestro gobierno hizo realidad la reforma laboral con la que la clase trabajadora recuperó los recargos dominicales y festivos al 100 %. Y el recargo nocturno desde las 7 de la noche. También nuestro gobierno ha alcanzado índices no vistos nunca en materia de reducción del desempleo. Y ha beneficiado tanto a los adultos mayores como a los jóvenes del país”, declaró Cepeda y la plaza estalló en aplausos, no sólo porque la gente que lo acompañó en directo o en la distancia sabe que es verdad, son derechos y conquistas sociales que se deben defender, y si alguien encarna la certeza de esa defensa es Iván Cepeda.
“Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”. Amnistía Internacional.
Manuela Klotz
Foto tomada de: EFE
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