Rondón Raigoza sugiere aspectos territoriales/ estratégicos de la región por su localización frente del Océano Pacifico, los puertos de Buenaventura y Tumaco; contextos político electorales coyunturales; dinámicas asociados con movidas estratégicas militares; y problemas derivados de la implementación del Acuerdo de paz del 2016 entre Santos y las Farc (Ver https://www.sur.org.co/hipotesis-sobre-la-escalada-de-la-violencia-en-el-suroccidente-del-pais/ ).
Los generales del ejército, como Hugo Lopez, Royer Gómez y el comandante de la policía nacional, William Rincón, ante los cuestionamientos a la nula acción preventiva de los servicios de inteligencia, afirman que la violencia del cauca, además de las operaciones militares, demandan una gestión social del gobierno para atender las necesidades de las comunidades, especialmente las rurales. El Estado debe llegar con soluciones efectivas en la construcción de vías terciarias, hospitales, escuelas, viviendas y plazas de mercados.
El presidente Petro ha enfocado su mirada de la “violencia caucana” en el tema de las economías del narcotráfico (Junta mafiosa de Dubái), la minería ilegal y la injerencia del gobierno ultraderechista de Ecuador, interesado en desestabilizar el proceso electoral colombiano como parte de un encargo de Trump y el Comando sur de los gringos que quieren ver a sus compadres de la reacción oligárquica de nuevo en la Casa de Nariño.
Los sectores de la ultraderecha uribista y patriotera corrieron a enlodar la Paz total, a Ivan Cepeda, al presidente Petro y a la izquierda para sugerir su vieja fórmula de militarizar la vía Panamericana entre Cali Y Pasto.
Lo de Rondon Raigoza y los generales me parece un diagnóstico bien encaminado y agregaría que los excecrables eventos como la matanza de Cajibío son consecuencia de una bancarrota del Estado y sus instituciones, degradadas por la corrupción de las mafias políticas de Popayán, Cali y Pasto.
La infernal violencia en el sur occidente de Colombia se debería explicar desde el fracaso de la implementación de los Acuerdos de paz del 2016 con las Farc.
En efecto, en dichos consensos, se estableció que la superación de la violencia implicaría una transformación profunda de los territorios para superar la pobreza y exclusión de las áreas periféricas convertidas en los escenarios de la guerra entre el Estado y las Farc.
Así, se determinó fortalecer la presencia del Estado en 170 municipios mayormente afectados por la violencia, de acuerdo con estudios de Fedesarrollo y el DNP, acogidos por Santos y Timochenko; municipios que se encuadraron en 16 Programas de Desarrollo Territorial (PDET) con sus correspondientes Planes de desarrollo. Para financiar dichos planes se aprobó canalizar parte de las Regalias petroleras que le corresponden al Estado para financiar los proyectos de desarrollo, administradas por el Ocad paz que integran tres funcionarios con voz y voto: un alcalde, un gobernador y un delegado de la Oficina de paz de la presidencia.
De los 16 Pdet legalizados, el más fuerte y extenso es el del Alto Patía que abarca 24 municipios, principalmente en el Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jámbalo, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío; de Nariño son: Cumbitara, el Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor), Policarpa; en el Valle del Cauca están: Florida y Pradera.
Su población es cercana a los 900 mil habitantes; se trata de una macro territorialidad superpuesta al esquema de organización territorial constitucional establecido en la Asamblea Constituyente de 1991 que nunca pudo modificarse en la perspectiva imaginada por Fals Borda porque los poderosos gamonales en los departamentos la bloquearon para no perder sus privilegios electorales y rentísticos.
El Pdet del Alto Patía de entrada ofrece estas características:
Una ruralidad que alberga el 72.1% de los habitantes, que viven en zonas rurales dispersas o centros poblados menores.
Amplia diversidad Étnica con una población indígena del 25.9%, integrada por los pueblos Nasa, Yanacona y Misak; una población Afro del 18.2%, arraigada en el Norte del Cauca con sus Consejos comunitarios.
Cerca del 42% de la población vive en pobreza multidimensional; con baja conectividad.
Después de aprobado el Plan de desarrollo de este Pdet con enfoque territorial, en los últimos 9 años la inversión pública, específicamente del Ocad señalad se acerca a los 2 billones 500 mil millones de pesos con 520 proyectos de diversa índole: vías, conectividad, proyectos productivos, hospitales, escuelas, proyectos ambientales y culturales.
Un balance técnico objetivo indica que todo ese platal ha servido de poco para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de la región. Los únicos que han sacado partida de este dineral han sido las mafias políticas (alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, tecnócratas de la Agencia de Renovación del Territorio y del Ocad paz) que gravitan y gestionan los proyectos en el Sistema General de Regalias.
Así, se entiende porque la Paz nunca se hizo una realidad y la violencia sostiene su ritmo con las espantosas escenas que se han registrado la última semana.
Lo mismo ocurre con el resto de los 15 Pdets. Suficiente con mirar las condiciones de pobreza y violencia en el Catatumbo, sur de Bolívar, Nariño, Guaviare, Macarena, Caqueta, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, Choco y Cordoba. Espantoso ese panorama. La inversión en esos territorios puede estar en los 250 billones en los últimos 100 meses y ahí esta retratado este Estado corrupto.
Nota. Tengo dudas sobre la efectividad en favor de la paz del batallón de Alta Montaña que está impulsando la gobernadora del Valle del Cauca, señora Dilian Francisca Toro, en el sector de la Liberia por el camino que lleva hasta el Cañón del Naya. Vieja fórmula uribista de la Seguridad Democrática que seguramente incluirá bandas paramilitares expertas en la masacre como la del Naya cuya cúspide se dio en la Semana santa del 2001.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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