La primera se refiere a las “irregularidades específicas” halladas en el pago de la prima de mitad de año a 4.405 docentes, cuyo derecho ya les había sido negado mediante sentencia judicial ejecutoriada, por cerca de $84.000 millones…” pagos, que fueron tramitados con base en un supuesto cambio del concepto jurídico que modificó la interpretación que el Consejo de Estado venía aplicando sobre el pago de dicha prima; sin que existiera “reforma legal, ni sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial consolidada” (comunicado de FOMAG);
Además, identificaron pagos a docentes que claramente no tienen derecho a devengar dicha prima, porque gozan de pensión gracia o doble pensión, o, su mesada pensional supera los tres salarios mínimos establecidos como requisito en la Ley 91/1989 para adquirir este derecho; incluso, pagaron dicha prima a docentes ya fallecidos. Así mismo, el FOMAG incluye en la denuncia que, en septiembre de 2025, le fue entregada al abogado Yobany López Quintero una base de datos, con información confidencial de más de 9.000 docentes; la cual, se supone, de uso exclusivo de la entidad. La denuncia está sustentadas en incontrastables acciones de saqueo de los recursos públicos del FOMAG, en las que presuntamente está implicado el mencionado abogado. Sobre este robo, el Juzgado Quinto Administrativo del departamento del Quindío, frente a una tutela interpuesta por el abogado en mención, ordenó a la fiscalía investigar a los ministros de educación, trabajo y hacienda, al presidente de la Fiduciaria La Previsora y al abogado López Quintero por estos fraudulentos hechos.
Sobre estas denuncias, puestas en conocimiento del presidente Gustavo Petro, el mandatario se pronunció, en el Consejo de ministros, realizado en Ipiales el pasado 13/04/2026, sobre “unos sindicalistas de FECODE” (sic), advirtiendo que “Ahí hay sobornados y se quienes son y por poca plata, son amigos de los intermediarios privados que se siguen robando la plata de los maestros; denunció que un señor Marín, anterior presidente de la fiduciaria, “sigue tomándose la Fiduprevisora” y amenazó con divulgar los nombres propios de los señalados dirigentes de FECODE, los cuales dijo que ya fueron entregados a la Fiscalía.
La segunda denuncia, fue radicada por FOMAG ante la fiscalía general contra la empresa SUMIMÉDICAL, porque le fueron pagados ilegalmente sobrecostos multimillonarios; que fueron justificados mediante malabares de intereses compuestos, convirtieron una cuenta de $23.000 millones, en otra cuenta correspondiente a una elevada suma de $123.000 millones; que, con la complicidad de funcionarios de la Fiduprevisora, le fueron efectivamente pagados a dicha empresa, dineros; que, claramente no debieron pagarse. Se trata de una defraudación de más de $100.000 millones al FOMAG; un monto, que, para tener una idea de su gravedad, es superior al robo de más de $46.000 millones a la UNGRD, en el llamado escándalo de los carrotanques para llevar agua a la guajira.
Nuevamente el Presidente Petro, en su discurso del “Primero de mayo” ante la multitud concentrada en una plaza de Medellín, le ordenó al nuevo Superintendente de Salud, que entrara al FOMAG que administra la Fiduprevisora “porque ahí se han robado billones de pesos de los dineros de los maestros y las maestras” y, le ordenó poner la denuncia penal…contra los presidentes de la fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara, ni en Antioquia , ni en la mayoría de los departamentos, a favor de los maestros y las maestras de Colombia”. Reiteró que, en cambio, “volvieron a poner instituciones privadas que manejan en una oficina la salud de los maestros… y se llenan los bolsillos con la plata de los maestros y se la roban, sin prestar ninguna atención al magisterio”. Finalmente, le dio quince días “para entregarle al pueblo de Colombia la relación exacta de los nombres de los ladrones del sector privado y público” comprometidos en dicha estafa.
Insistió en que se debe lograr la implementación de la reforma de la salud que hemos propuesto, sin intermediarios privados, para que todo el dinero sea para la atención de las enfermedades y en la prevención de la enfermedad del magisterio de Colombia”.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud de las y los maestros activos y pensionados, retirados y activos, ha brillado por su ausencia desde que se expidió la ley 91 de 1989, y no podría ser de otra manera, porque la salud del gremio docente que era prestada por el Estado, a través de cajas de previsión social departamentales y CAJANAL, luego de ser liquidadas por los gobiernos neoliberales, pasó a manos de operadores privados, como antesala de la privatización de la salud del pueblo colombiano con la ley 100/1993, concebida como un negocio para el lucro, la ganancia y la acumulación de capital y no como servicio para garantizar ese derecho fundamental.
Obviamente, primó el negocio, interés prioritario de los prestadores privados, sobre el servicio como derecho de maestros y maestras; con un plus adicional, la UPC que el FOMAG paga con los dineros que son aportados por los maestros (activos 4% y pensionados 12%) del magisterio, duplica, triplica y casi cuadruplica el valor de la UPC que paga la ADRES a las EPS por sus afiliados. Pero; los servicios de salud de calidad nunca se vieron, ni se están viendo, porque, durante más de 35 años, han sido presa de la voracidad de los empresarios privados que, pese al acuerdo 03/2024 que introdujo un nuevo modelo de salud basado la atención primaria y la prevención de la enfermedad, siguieron pagando coimas para ser favorecidos con la adjudicación de los nuevos contratos de prestación del servicio de salud, que siguen siendo de pésima calidad y, se han dedicado a sabotear la ejecución del nuevo modelo, porque les conviene hacerlo fracasar, para continuar su carrera de enriquecimiento ilícito. El fracaso del nuevo modelo de salud es la garantía de los traficantes de la salud del magisterio pensionado y activo, para seguir con el negocio, de la mano de los corruptos aún incrustados en la fiduciaria La Previsora.
El gremio magisterial, las y los docentes pensionados, retirados y activos, debemos respaldar las acciones del nuevo equipo de la vicepresidencia de FOMAG, orientadas a desentrañar la corrupción, denunciarla, judicializarla y derrotarla; que administra los recursos de manera transparente y bajo el principio: “Los dineros públicos son sagrados” y defiende los recursos del fondo porque “son propiedad de los maestros y las maestras”, activos y pensionados. Debemos igualmente, exigir al señor presidente de la República, que en lugar de amenazar con hacer públicos los nombres de sindicalistas de FECODE, comprometidos con la corrupción, los haga públicos inmediatamente, sin sustituir la investigación que la Fiscalía debe realizar a la mayor brevedad.
El magisterio colombiano, incluidos los y las docentes pensionados, merecen y deben tener un sistema de salud digno, de calidad, preventivo, con oportuna atención en el sitio de trabajo, que trate a tiempo la enfermedad, garantice tratamientos especializados y procedimientos que se requieran a tiempo y eficazmente, garantice acceso adecuado a los medicamentos, atención en sedes dignas y sin hacinamientos, etc. Todo esto será posible si derrotamos la privatización y le ponemos fin a la corrupción. La atención en salud del magisterio debe ser pensada como apoyo a la recuperación, fortalecimiento y modernización de la red hospitalaria pública, para que brinde un servicio especial, especializado y de calidad al magisterio.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Diario presente
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