El documento fija como meta la reducción de muertes por sobredosis pasando de las 79.384 en 2024 con una meta de reducción a 71.630 en 2026 y a 60.000 en 2029. Lo primero que hay que señalar es que la política anunciada por Trump en este documento es un retroceso muy grande a lo que se había avanzado en la administración de Joe Biden que ponía en el centro la reducción del daño al darle prioritariamente a los adictos tratamiento médico, es decir, considerar que el problema del consumo de las drogas es antes que nada un problema de salud pública.
Trump vuelve a reeditar las fracasadas políticas centradas en la disminución de la oferta que desde que Nixon declaró la guerra contra las drogas el 18 de junio de 1971 ha sido un fracaso total. En la rueda de prensa y en un mensaje posterior al Congreso calificó, Nixon, el consumo de drogas como “el enemigo número 1 de Estados Unidos” iniciando una ofensiva integral para combatir el consumo y el tráfico. Toda esa política que pone el énfasis en reducir la oferta de drogas que llegan a los Estados Unidos criminaliza a los campesinos que mantienen por necesidad las siembras de coca en el caso del clorhidrato de cocaína en nuestros países, impulsa la erradicación forzosa de los cultivos principalmente con las fumigaciones aéreas que llenan de veneno, Glifosato, los campos y las fuentes de agua en nuestros campos. Al consumidor se le da un tratamiento penal y por supuesto que se penaliza el tráfico de estas drogas. El asunto se ha complicado con el auge de las drogas sintéticas y ahora principalmente del fentanilo que se produce principalmente en México para el mercado de los Estados Unidos y que es de lejos el opiáceo sintético que más muertes está produciendo en los Estados Unidos. Esto da pie a la injerencia del gobierno de Trump en los asuntos internos mexicanos.
En este documento la lucha contra las drogas deja de aparecer solo como un asunto de salud pública y se presenta como una prioridad de seguridad nacional. La estrategia plantea una ofensiva de “todo el gobierno” contra las organizaciones criminales que producen, transportan y distribuyen drogas ilícitas, con énfasis en fentanilo, metanfetamina, opioides sintéticos y cocaína.
El documento se organiza sobre dos estrategias. La primera es una ofensiva contra la oferta: impactar la cadena global de suministro, frenar químicos y equipos usados para fabricar drogas, vigilar puertos de entrada, atacar la producción en su origen y desmantelar redes criminales y financieras. Todo esto ya lo vivimos en Colombia, solo que como siempre hemos dicho: esto se predica para nuestros países, mientras que, en Estados Unidos y Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, no se realiza una política de confrontación al lavado de activos y persecución a las mafias norteamericanas que son las principales beneficiarias de un mercado de drogas calculado en los Estados Unidos en unos 150 mil millones de dólares al año.
La segunda estrategia es de salud pública: prevención, tratamiento, recuperación y respuesta a sobredosis. Una política que recibe muchas críticas en su desarrollo práctico en los Estados Unidos.
Sobre la primera estrategia que es la que más nos va a impactar en Colombia el documento es más explícito. Estados Unidos va a usar todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen y tránsito “tomen medidas creíbles contra la producción y el tráfico de drogas y de químicos asociados”. Y en esta lista menciona de forma expresa a Colombia, al señalar que una prioridad será “llevar al país a reducir cultivos de coca y desarticular las redes criminales que prosperan con la producción de cocaína”.
Este cambio de la política de drogas que como hemos dicho es volver a las fracasadas políticas de reducción de la oferta, ahora se pretende ampliar ya no solo a los cultivos de coca y los laboratorios de producción del clorhidrato de cocaína, sino que según el documento se desplaza ahora también hacia las aduanas, puertos, zonas logísticas, industria química, transporte, trazabilidad comercial y sistemas de información.
Como ya sabemos lo que vendrá en los próximos meses será una presión pública y soterrada sobre el gobierno de Colombia para que reinicie las fumigaciones aéreas en contra de los cultivos de coca con el defoliante glifosato clasificado por la OMS como una sustancia potencialmente cancerígena. Ya los tribunales de Estados Unidos han condenado a su actual propietario Bayer con varios cientos de millones de dólares por ciudadanos afectados por diverso tipo de cánceres atribuidos al glifosato y por eso la Corte Constitucional desde 2015 prohibió esas aspersiones aéreas. Desde los años noventa que se iniciaron las fumigaciones aéreas se calcula que fueron fumigadas cerca de dos millones de hectáreas y hoy se calcula que hay unas 240 mil hectáreas con sembradíos de coca en el país. En este sentido esa estrategia de erradicación con fumigaciones aéreas ha resultado en el largo plazo en un estruendoso fracaso.
El problema de fondo tiene que ver con la generación de alternativas productivas rentables que absorban la mano de obra vinculada a los cultivos de coca, la incorporación de esos territorios a la economía y al mercado interior, así como la generación de proyectos de impacto regional que transformen e incorporen esas regiones a la economía lícita del país. Mientras no existan esos proyectos productivos para la sustitución de cultivos seguiremos dando palos de ciego.
El otro asunto que ya es problemático en la relación con los Estados Unidos es el injerencismo exacerbado bajo el gobierno de Trump que quiere condicionar las políticas de paz con actores armados que están ligados a los cultivos y a la producción de la cocaína. Tanto actores políticos del conflicto, como los grupos sucesores del paramilitarismo tienen como principal fuente de financiamiento los cultivos y la protección a laboratorios de producción de cocaína en aquellos territorios en los que ejercen control militar, social y económico ante la inexistencia en dichas regiones de las instituciones estatales. Esa actividad más recientemente la combinan con la minería ilegal sobre todo con la extracción de oro.
Es obvio que las políticas que buscan la negociación con actores políticos como la guerrilla del ELN y las Disidencias de las FARC requieren para su avance y eventual culminación no solo echar abajo el acto legislativo que declaró la prohibición de establecer nexos de conexidad del narcotráfico y el secuestro con los delitos políticos. (Acto Legislativo 02 de junio de 2019), sino también la aquiescencia de la comunidad internacional. Este será mientras dure la administración de Donald Trump otro palo en la rueda a los procesos de negociación política con las guerrillas y el sometimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y las bandas urbanas ligadas al narcotráfico.
Es esta una relación problemática no solo por las distancias ideológicas con el proyecto neofascista de Trump sino porque nuestro comercio internacional depende en un 28% de los Estados Unidos. Este porcentaje debe ser reducido y el nuevo gobierno debe persistir en las líneas ya desarrolladas por el gobierno Petro de diversificar las exportaciones y reducir la dependencia de los Estados Unidos.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: France 24
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