“El Rey no es soberano” es el principio fulgente que resuena en la Segunda Estrofa del Himno Nacional que se acompasa con los anuncios de los primeros artículos que iluminan la Constitución Política de la República de Colombia de 1991, al prescribir que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.
Sin embargo, esa promesa de soberanía popular que acompaña el nacimiento de la República de Colombia desde el Congreso de Angostura, se ha visto disminuida por el ejercicio político de un poder de castas que regenta desde siempre los destinos del país.
El modelo de democracia representativa que nos rige, según el cual, el pueblo es soberano y de cuya soberanía emerge el poder público que es ejercido directamente por éste o a través de sus representantes, no ha sido más que retórica que encubre la existencia de un sistema en el que el interés más fuerte de las minorías se superpone al de las mayorías populares.
El modelo de democracia representativo en el que se inscribe nuestro sistema político, ha conducido a que no solo el pueblo no ejerza directamente su poder soberano, sino que, además, ha incentivado que dicha soberanía sea ejercida por pretendidos representantes suyos cuyo interés político diverge de los intereses generales de la Nación y se le contrapone.
No resulta en vano que luego de doscientos años de vida republicana en nuestro país, tras asistir impávidos a la perpetración de múltiples magnicidios de líderes de arraigo popular, el acaecimiento de innumerables revueltas sociales, el estallido de una pluralidad de guerras civiles que componen la exacerbada violencia política que ha segado la vida de miles de ciudadanos en las lides por la conquista del poder, veamos aparecer por vez primera en el horizonte, el arribo de un gobierno progresista acrecentado en las promesas de campaña que pretendían promover un cambio social concerniente en la implementación de reforma agraria integral, reforma política y laboral, el establecimiento de un sistema público de salud y pensión, así como la creación de un modelo de educación pública universitaria gratuita y universal y, la creación de la anhelada Jurisdicción Agraria; sin embargo, la proposición ante el Legislativo de los proyectos de ley que pretendía concretar las promesas de campaña, se ha visto paralizada ante un Congreso en el que se devela la realidad de la quimérica democracia representativa en la que los pretendidos representantes del pueblo, a través de los cuales debería éste ejercer su soberanía, constituyen en realidad la representación política de intereses transnacionales, corporativos, empresariales, de hacendados, banqueros y empresarios…
Así pues, allende los principios democráticos liberales sobre los que se quiso afincar la Constitución Política de 1991, estas realidades descubren el mero formalismo constitucional sobre el que se ha erigido el sistema republicano de nuestro país y la incapacidad estructural para construir un Estado capaz de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Ahora bien, teniendo que hubo de celebrarse poco más de doscientos años de vida republicana, al cabo de los cuales, a empellones, pudo lograrse el arribo de un gobierno progresista de raigambre popular; denótese con ello como lo fuere hace dos centurias, la intervención del pueblo en un factor real determinante de poder, yacente sobre los anhelos de cambio y justicia reclamada.
De las más de 22 millones de personas que acudieron a las urnas, 11´115.965 de ellas depositaron sus votos posibilitando la inflexión que proclamó el triunfo de un gobierno de izquierda progresista; ese factor real y determinante de poder, no puede ver truncados los anhelos de justicia reclamada en el mar de vericuetos que un puñado de congresistas impone a hurtadillas para impedir la conquista de las demandas sociales por cuyo reclamo se convirtieron en poder.
Consecuencia de los irresolutos problemas que detienen las transformaciones sociales en Colombia desde la Constitución de 1991, fuerzan resolverse en un Proceso Nacional Constituyente que destrabe el nudo gordiano en el que la burocracia parlamentaria y el anquilosamiento estructural, esconden los cabos que impiden las transformaciones sociales reclamadas.
Duván Rico Palacio
Foto tomada de: Agronegocios
Excelente artículo!