Será una dinámica adversa a las soluciones dialogadas para los grupos reconocidos como insurgentes, así como para las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI), en contravía del espíritu de la Constitución Política de Colombia que, sin olvidar el control del orden público, de la protección de los derechos humanos y del papel de la Fuerza Pública, proclama en su Artículo 22 como es, el derecho y el deber de la paz como una cuestión de obligatorio cumplimiento.
El escenario que se perfila evidencia un seguro detrimento de los derechos humanos para las comunidades territoriales, para las organizaciones sociales, étnicas, sindicales, culturales, ambientales, solidarias, de género y para sus liderazgos sociales y políticos.
Así lo han comenzado a denunciar los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos. Tal es el caso de la Federación Internacional por los Derechos Humanos [1], previo a las elecciones del 21 de junio cuyo comunicado expresa preocupación por la pretensión de De La Espriella de implantar el modelo Bukele para el encarcelamiento acelerado de personas, el desmantelamiento de la institucionalidad de paz y protección de los derechos humanos, de la Justicia Especial para la Paz y de la pretensión de retirar al país de la ONU, la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de eliminar embajadas, en detrimento de la protección de los derechos humanos y de la privación de la capacidad negociadora del país.
En el mismo sentido se expresa la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhac) [2] al manifestar su preocupación por la elección de De La Espriella. En esta óptica, alerta acerca del riesgo de recrudecimiento del conflicto armado, con su traducción en el incremento de víctimas, desplazamiento forzado, violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y despriorización de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Una vez otorgada por parte del Consejo Nacional Electoral, la credencial que le acredita como presidente electo, Abelardo De La Espriella reiteró su política de mano dura. Exigió a los grupos armados ilegales, a manera de ultimátum, el sometimiento en un plazo perentorio de treinta días, en los términos del código penal, sin margen de negociación ni garantías efectivas desconociendo la Ley 272 de 2022 que se constituye en Política de Estado y se fundamenta en las actualizaciones adoptadas por diversos gobiernos, con base en normas de sometimiento a la justicia emanadas del Gobierno Gaviria y en la Ley 418 de 1997, que otorgaba facultades al Presidente de la República para adelantar negociaciones con diversos grupos armados ilegales, en la búsqueda de soluciones incruentas con organizaciones insurgentes de carácter político, para su tránsito a la vida civil.
Esto implicaría el desmonte de las mesas de diálogo y negociación con la Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF – Frente 33), liderado por alias Calarcá, La Disidencia del ELN, más conocida como los Comuneros del Sur (CNEB) y el Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como El Clan del Golfo.
La génesis de este último grupo, como fue reconocido por Salvatore Mancuso ante la JEP, proviene de una simbiosis manipulada desde el alto mando militar por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, dirigentes políticos del establecimiento y líderes de gremios empresariales, para la articulación de frentes de la disidencia del EPL en el noroeste colombiano y grupos de las AUC de la Casa Castaño. La dinámica compleja de este grupo criminal de alto impacto merece un tratamiento analítico diferenciado, dentro de este proceso, así como de la prospección de sus escenarios de acogimiento a la justicia, en el nuevo contexto de un gobierno de ultraderecha.
En lo que respecta a la CNEB, ante medida cautelar solicitada por la Fundación para el Estado de Derecho, el Consejo de Estado acaba de suspender temporalmente la Resolución No. 064 del 28 de febrero de 2024, que dio viabilidad a las negociaciones de paz con dicho grupo [3]. No obstante, desde 2024 no existen conversaciones con la facción señalada por las autoridades de participar en el atentado en contra del Senador Miguel Uribe. Como es de recordar, la Segunda Marquetalia se fraccionó en dos vertientes: la primera, que está fuera de toda negociación, es liderada por Iván Márquez y el Zarco Aldinever, presuntamente, asesinado por el ELN en Venezuela y señalado responsable del crimen de Miguel Uribe.
La segunda, es la facción de Walter Mendoza, que se ha mantenido dentro del proceso de negociación. La Resolución que acredita dicha negociación de paz es la 053 de febrero 23 de 2025, como muestra la FIP [4] y ha permitido avanzar con este grupo con presencia en Roberto Payán (Nariño) y en el Valle del Guamuez (Putumayo). Actualmente tiene concentrados, sin armas, a 99 combatientes en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez y mediante el decreto 0603 de junio 13 de 2025 se cuenta con un Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
No obstante, hay incertidumbre porque el Consejo de Estado plantea de manera preliminar que para la Segunda Marquetalia corresponde aplicar lo concerniente a la caracterización de estructura armada organizada de crimen de alto impacto y no como grupo insurgente, debido a ser un grupo conformado por reincidentes que ya habían suscrito el Acuerdo de Paz de 2016.
Antes del pronunciamiento del Consejo de Estado, Armando Novoa, delegado del Gobierno Petro para los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano planteó la búsqueda de un espacio para exponer a delegados del gobierno electo los avances del diálogo con esta disidencia y evitar la suspensión del proceso [5].
En lo que respecta al Sector de alias Calarcá (EMBF), están vigentes las Resoluciones 151 de mayo 23 de 2025 y la 474 de diciembre de 2025 para concentrar el Frente 33 en la ZUT del municipio de Tibú, en el Catatumbo, sin que haya concreción, al respecto.
Es de tener en cuenta que, dados los diversos incidentes en los que están incursos frentes e integrantes del Grupo de Calarcá en diferentes regiones del país y, pese al fraccionamiento con el Grupo de Iván Mordisco cuando conformaban el EMC Pos FARC, el mismo gobierno Petro ha tenido bajo análisis la viabilidad de mantener la negociación con el Grupo de Calarcá cuya dinámica de confrontación ha sido álgida y ha pasado por capturas, muertes en combate de algunos de sus integrantes y de miembros de la fuerza pública, así como de las confrontaciones con el grupo de Iván Mordisco que, también han implicado pérdida de vidas.
Precisamente, como plantea Humana Radio [6], el Frente 36 del EMBF, mediante mensaje escrito y acciones armadas de bloqueo de la troncal de Occidente en Antioquia, lanzó un desafío al presidente electo mediante la consigna “No Copiamos de Tigre”. El Ejército Nacional debió intervenir en el sector de Paulinas ubicado entre los municipios de Valdivia y Tarazá en el Bajo Cauca para desactivar cilindros cargado con explosivos.
El grupo de Calarcá cuenta con más de 2.500 integrantes y opera en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Putumayo y Caquetá.
La no instalación de la ZUT del Catatumbo tiene relación con la confrontación con el ELN, los problemas de seguridad de la población civil y la pérdida de autonomía de las autoridades territoriales.
En lo que respecta a los Comuneros del Sur el proceso ha avanzado durante cerca de 2 años en 12 acuerdos que benefician a las comunidades, entre ellos, la desvinculación de 11 menores en el marco de medidas de protección de la infancia y la recuperación de treinta cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
Los incidentes relacionados con la fuga de Luís Alberto Villota (Tito), quien se desempeñaba como vocero, cuya designación como gestor de paz fue revocada por el gobierno y estaba privado de la libertad por su presunta responsabilidad en el asesinato de Jenith Rodríguez, una lideresa juvenil y debido a tener una circular azul de Interpol llevaron a la revisión del papel de los ocho gestores de paz de Comuneros del Sur.
Por su parte, el Gobernador de Nariño; Luís Alfonso Escobar, hizo un llamado a Abelardo De La Espriella [7] para iniciar en el departamento una agenda de empalmes territoriales, anunciada por el gobierno entrante para que conozca los logros relacionados con la paz territorial y el desarrollo regional.
Al respecto, le propuso abordar temas de infraestructura, movilidad de la vía Panamericana, conectividad digital para la juventud y desarrollo regional para debilitar las economías ilegales. Al tiempo, le aclaró que la Gobernación no coordina acciones de guerra ni define operativos militares.
Entre los resultados alcanzados que espera sean valorados y tengan continuidad durante el nuevo gobierno, el Gobernador de Nariño destaca:
- La reducción histórica de la violencia en Tumaco con cifras más bajas en décadas para el beneficio social y económico de la costa pacífica.
- Desarme efectivo. Mediante el Acuerdo 10 y el inventario técnico de 14 toneladas de material de guerra entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y una tonelada por Comuneros del Sur hubo destrucción verificada por MAPP OEA.
- Sustitución voluntaria. Las comunidades étnicas y campesinas erradican de manera voluntaria para transitar hacia proyectos productivos sostenibles. De 20 mil hectáreas comprometidas, ya se han erradicado 12 mil hectáreas.
- Reducción de otros hechos victimizantes. Mientras en 2023 hubo 25.344 personas desplazadas, en 2025 se bajó a 4.227 personas; en lo corrido de 2026 el registro es de 2.057 personas.
Con la adhesión del Gobierno De La Espriella al Escudo de las Américas, la priorización de la vía militar con prelación sobre la seguridad de los Estados Unidos, los intereses nacionales y territoriales colombianos tienden a quedar subsumidos e invisibles en el marco del Trump sionismo. Desde esta óptica, las mesas de diálogo con la CEB de Walter Aldana, el EMBF de Calarcá y Comuneros del Sur, no tendrían continuidad.
En materia de economías ilegales, especialmente, de drogas de uso ilícito, si con el Gobierno Duque, el relacionamiento con Estados Unidos cayó nuevamente en la lógica de la narcotización, ahora que se ha pasado por la descertificación del país frente a la lucha en contra de las drogas ilegales en 2025 y, a pesar de los ajustes reclamados y logrados por el Gobierno Petro a la Unodc, frente a la metodología de medición de hectáreas sembradas, la posición del nuevo gobierno en Colombia es combinar la fumigación aérea con erradicación manual, perseguir los capitales del narcotráfico, extraditar y adelantar programas de sustitución.
El gobierno Petro avanzó en la lucha en contra de las economías ilegales persiguiendo las cadenas criminales en sus eslabones más fuertes y procurando la protección del campesinado y de los pequeños mineros artesanales, en el marco de transformaciones mediante pactos territoriales y logró resultados visibles en materia de desmantelamiento de laboratorios, minería ilegal, así como captura y extradición de capos del narcotráfico.
El gobierno entrante se propone, como afirma Verdad Abierta [8], una “remasterización 2.0” de la Seguridad Democrática, en procura de recuperar los territorios en los primeros 90 días de mandato.
No obstante, el país y el mundo ya saben lo que ocurre con el autoritarismo y el impacto de los “falsos positivos”, la persecución de los opositores, de los medios de comunicación y de magistrados.
Ahora, la deriva autoritaria se combina con los esfuerzos geopolíticos del Gobierno Trump por cerrar los espacios a China y Rusia en el continente, dentro de la nueva doctrina Donroe (Donald + Monroe). Esto pasa por la subordinación de los intereses nacionales y continentales frente al hegemón norteamericano.
No obstante, las propias fragilidades de la política norteamericana y la correlación de fuerzas del Gobierno Trump pueden variar en el segundo semestre con las elecciones de medio término en Estados Unidos, con sus propios conflictos internos e internacionales. Así mismo, el traslape entre períodos presidenciales en Colombia y Estados Unidos, aunado a la presión de importantes voceros del Partido Demócrata frente al papel y trayectoria de Abelardo De La Espriella pueden menoscabar el margen de maniobra del gobierno entrante.
En el contexto nacional, el Pacto Histórico, el Pacto por la Vida y los movimientos sociales en los ámbitos nacional y territoriales evidencian que será la resistencia civil pacífica (y no la acción de los grupos armados), el mejor escudo nacional en contra del neofascismo del nuevo gobierno.
El país ha trasegado por más de 200 años de violencia política y social y lleva, relativamente, corto tiempo experimentando los caminos de la paz, en especial, en lo relacionado con la paz integral. Los gobiernos neoliberales siempre apostaron por negociaciones separadas en el tiempo y los resultados fueron la recurrencia de los factores de violencia, con otras siglas. Sin embargo, las élites, sus partidos y los medios dominantes descalifican e invalidan los esfuerzos integrales, en contextos turbulentos donde los intereses grupistas, las visiones fragmentarias y los mantos de impunidad tienden a cerrar los caminos del cambio.
El ambiente ha empezado a caldearse en la óptica de lograr contrarreformas, allí donde el Gobierno Petro pudo avanzar en temas económicos y sociales, como en asuntos de entrega pacífica de tierras, reforma laboral, gratuidad de la educación, revaluación de la moneda e industrialización, entre otros aspectos.
En tal sentido, los retos están planteados y adquiere relevancia la lucha por la defensa de la vida, por la seguridad y soberanía alimentaria, por la soberanía nacional y por las libertades democráticas, en un contexto que pone a prueba la capacidad del movimiento democrático y progresista para derrotar la ofensiva autoritaria.
Fuentes:
[1] Federación Internacional por los Derechos Humanos. Colombia: candidatura de Abelardo de la Espriella presenta riesgos para los derechos humanos. Junio 17 de 2026. [2] Oidhac. Los derechos humanos y la paz en riesgo en Colombia tras las elecciones presidenciales. Nota de Prensa. Junio 22 de 2026. Bruselas. [3] Salazar Carol. Consejo de Estado suspendió temporalmente la resolución que dio luz verde a las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia. Infobae. Julio 01 de 2026. [4] Gerson Arias, Javier Flórez y Paula Tobo. Los dilemas de las ZUT al cierre de la Paz Total. Fundación Ideas para la Paz – FIP-. Junio 30 de 2026. [5] Bernal Jhon. Armando Novoa pidió una reunión con el Gobierno De la Espriella para entregar avances en diálogos con las disidencias de ‘Walter Mendoza’. Infobae. Junio 30 de 2026. [6] Humana Radio. «No copiamos de tigre» Disidencias de ‘Calarcá’ desafían a De la Espriella. Junio 26 de 2026.https://humanaradio.com.co/no-copiamos-de-tigre-disidencias-de-calarca-desafian-a-de-la-espriella/
[7] Claudia Ortega Sarria. Gobernador de Nariño pide al presidente electo iniciar empalmes territoriales en el departamento. Caracol Radio. Junio 30 de 2026. [8] Verdad Abierta. Colombia elige entre dos visiones sobre la paz y la seguridad. Junio 17 de 2026.https://verdadabierta.com/colombia-elige-entre-dos-visiones-sobre-la-paz-y-la-seguridad/
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: CNN en Español
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