En ese ambiente de polarización característico del proceso desde sus inicios, y así reconocido por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres en su informe trimestral del 26 de marzo de 2019, fue necesario que las partes firmantes del Acuerdo se anticiparan a protegerlo desde el comienzo de la negociación, al solicitar el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas, así como de Cuba y Noruega como países garantes, para acreditar el cumplimiento de lo acordado, a la vez que blindarlo mediante la protección jurídica de la Corte Constitucional; en especial, en lo relacionado con la reforma política, la amnistía, la JEP y la Reforma Rural Integral e incorporarlo desde el Congreso como Acto Legislativo 01 de 2016 en la Constitución Política Nacional.
Tanto el mencionado Informe del Secretario General de Naciones Unidas, presentado al Consejo de Seguridad con respecto a la labor de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia como en la declaración unánime del 12 de abril emanada del Consejo de Seguridad, instancia de la ONU encargada de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, conformada por 15 países entre los que destaca el papel permanente de Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido y las representaciones no permanentes de Alemania, Bélgica, Kuwait, Indonesia, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Sudáfrica, Perú, Polonia y República Dominicana, enfatizaron en la urgencia de garantizar mediante la expedición de la Ley Estatutaria, el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz-JEP.
El espaldarazo a la JEP como elemento medular de los Acuerdos y al sistema de verdad, justicia, reparación y voluntad de no repetición se da en un contexto caracterizado por la incertidumbre generada por las objeciones del Presidente Duque con respecto a seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP. El pronunciamiento del máximo organismo de la ONU, sin mencionar dichas objeciones presidenciales, llama implícitamente a no considerarlas pese a que ya la Cámara de Representantes las había negado por abrumadora mayoría el día 08 de abril. Incluso
Jonathan Cohen, embajador de Estados Unidos ante la ONU, fue enfático en manifestar que “Estados Unidos considera la Jurisdicción Especial para la Paz como algo fundamental para atender debidamente los crímenes de guerra y los abusos de los derechos humanos en Colombia”[1]. Contrasta esta posición con respecto a la del Gobierno de Estados Unidos, cuyo embajador en Colombia, Kevin Whitaker, invitó infructuosamente el día 02 de abril a seis de los siete representantes de la subcomisión de la Cámara de Representantes encargada de estudiar las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP a un desayuno en su casa con el propósito de convencerlos de respaldar las objeciones del Presidente. Luego de dicha reunión, cinco de los siete representantes de la subcomisión radicaron un informe pidiéndole a la Cámara rechazar las objeciones. También fue relevante la negativa de la Corte Constitucional para asistir a una cena con el Embajador Whitaker el día 03 de abril, presuntamente para hablar de la JEP. Posteriormente, el día 17 de abril la Embajada Norteamericana canceló la visa del Representante por el departamento del Cauca del Partido de la U, John Jairo Cárdenas del partido de la U, al parecer por haber revelado a través de los medios el propósito frustrado de dicho desayuno.
Tanto las objeciones del Presidente Duque como las actividades intervencionistas del Embajador Whitaker ponen en tela de juicio la cultura de la legalidad, hecho que contradice uno de sus pilares de gobierno.
En este contexto, la Semana Santa como es tradición en Colombia, significó una pausa que no logró apaciguar los ánimos del uribismo, sector que, a través de Ernesto Macías, Presidente del Congreso, se empeñó en buscar fórmulas para tumbar la votación de la Cámara, tanto por haber votado primero que el Senado, como por el hecho de haber votado las objeciones en bloque. Así que el proceso pasa por la extraña radicación de un recurso de tutela contra la Cámara de Representantes en un escenario equivocado, como la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, así como por el hecho de pretender dilatar la votación punto a punto de los seis artículos objetados por el Presidente Duque.
La postura del Presidente del Congreso se centró en dilatar el debate con el propósito de lograr acuerdos con los líderes de los Partidos Cambio Radical, Germán Vargas Lleras y del Partido Liberal, César Gaviria quienes se unificaron en el rechazo a las objeciones presidenciales a la JEP y, junto con el Polo Democrático y Alianza Verde conforman la mayoría para hundir las objeciones.
En sesión del día martes 23 de abril, a raíz del camino escogido por el uribismo para dilatar el proceso de votación de las objeciones en el Senado y provocar que se archive el proyecto de Ley Estatutaria, la bancada de la oposición apeló al uso del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018, que establece su derecho a definir el orden del día tres veces durante la legislatura) para solicitar al Presidente del Senado una sesión con un único punto para discutir las objeciones a la JEP y evitar vicios de procedimiento en la discusión de otras leyes que podrían hundirse por tal motivo, como la del Plan de desarrollo.
En dicha sesión del martes 23 de abril, el Senador Uribe insistió en la búsqueda de un acuerdo para aceptar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, pero dada la evidencia del posible hundimiento de las objeciones, enfatizó en el interés de aprobar, al menos, dos de ellas: la relacionada con la extradición y la de no involucrar a terceros en la JEP. Allí se resalta el pretexto de evitar que los narcos se “cuelen” en la JEP y por eso proponen que ésta no sea para “terceros”; es decir, que sólo sea para los exmiembros de la guerrilla de las FARC y para los militares (ya que el uribismo no pudo evitar este punto ante pronunciamiento de la Corte Constitucional). Con ello, se busca realmente que los particulares, especialmente los empresarios y terratenientes involucrados en el conflicto armado, que se beneficiaron del despojo no concurran a la JEP, con el fin de mantener oculta la verdad del conflicto y continuar el camino de acumulación de riqueza e impunidad de sus acciones.
Con respecto a los “colados” es de resaltar que la JEP está blindada con un sistema estricto de filtros a partir del Decreto 1674 de 2016. La base normativa impide que el Alto Comisionado para la Estabilización excluya unilateralmente y por vía de resolución a los excombatientes de las FARC y eche abajo la seguridad jurídica del Acuerdo de Paz. Vale recalcar que la JEP ha rechazado hasta la fecha 43 solicitudes de garantía de no extradición, dando ejemplo de no admitir “colados”.
En lo referente a la extradición, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, han destacado los derechos de las víctimas y el derecho a la paz. Se enfatiza que los compromisos internacionales del país con respecto a las convenciones internacionales priman sobre el trámite de extradición, teniendo como base que el trámite de extradición o su procedimiento es un asunto individual en relación con personas acusadas de un delito internacional; en cambio, el derecho a la paz es colectivo y por ese motivo es prioritario.
Al final del caldeado debate del 23 de abril se convocó la sesión para el día lunes 29 de abril desde las horas de la mañana. Según declaraciones de voceros en el Senado de los partidos de la U (Roy Barreras), Liberal (Luís Fernando Velasco) y Cambio Radical (Germán Barón), son enfáticos en mantener la coalición con los partidos Polo Democrático, Alianza Verde y fuerzas alternativas, para negar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, también en esa Corporación. No obstante, el uribismo mantiene sus esfuerzos para voltear las mayorías y colocar la correlación de fuerzas a su favor. De no lograrlo, el gobierno promete firmar la Ley Estatutaria de la JEP el próximo miércoles Primero de Mayo. De no coincidir la Cámara y el Senado con respecto las objeciones, es bastante probable que se archive el proyecto dejando a la JEP sin su blindaje.
Las objeciones a la JEP por parte del Presidente, independiente de su resultado y el ambiente generado por los debates en el Congreso y en el país dejan vislumbrar un ambiente conflictivo como preludio de una agitada campaña electoral que pone el tema de la paz nuevamente en el ojo del huracán, con menoscabo de las agendas de desarrollo territorial y de los procesos de reconciliación.
En el evento de que lograran su objetivo de cambiar la correlación de fuerzas y triunfara en sus propósitos de hundir la JEP, daría al traste con procesos en marcha que ya involucran siete casos de investigación de violaciones significativas, que involucran a más de 820.000 víctimas. A la fecha, 9.700 exmiembros de las FARC-EP y 2.000 personas de las Fuerzas Armadas se han sometido a la JEP. El mayor riesgo está en reabrir puntos centrales del Acuerdo de Paz, como lo mencionara Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad. Tal inseguridad jurídica implicaría el riesgo de afectar el proceso de reincorporación de más de 13.000 excombatientes que avanzan en su tránsito a la vida civil.
Es de anotar que también se presentan problemas de lento avance del proceso de reincorporación, dado que a la fecha solamente se han aprobado proyectos individuales y colectivos para 1.774 excombatientes. Así mismo, está en vilo la existencia de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación cuya vigencia culmina el 15 de agosto de 2019 sin que se haya avanzado significativamente en los procesos de reincorporación, dado que hay enorme lentitud en la asignación de recursos presupuestales y tampoco se han conseguido tierras para la operación de los proyectos agrícolas.
En ese contexto, en medio de la campaña electoral que se desarrolla y de los conflictos sociales en los territorios, particularmente, en lo referente a los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y a la restitución de tierras para las víctimas continúa el drama humanitario, dado el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de las FARC, con alto riesgo de generalización de los problemas de seguridad en los territorios.
Así mismo, mientras los grupos criminales se mantienen, es lento el proceso de implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), de los Planes sectoriales de reforma rural, evidenciando la incapacidad del Estado para construir bienes y servicios públicos y sociales en los territorios.
En síntesis, las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP han puesto en riesgo la separación de poderes y el propio estado Social de Derecho, con lo que se afecta la estabilidad democrática dejando mal parado al gobierno ante la comunidad internacional, con lo que se abre espacio para una intervención de la Corte Penal Internacional.
De hundirse las objeciones en el Senado, como ya ocurrió en la Cámara, no son descartables las acciones del Partido de Gobierno encaminadas a presionar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de configurar su reforma a la justicia fusionando los seis tribunales existentes (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral) en una Supercorte. Todo dependerá de la capacidad política y social de cerrarle el paso a los propósitos de concentración del poder del uribismo que, también, son evidentes en las intenciones de concentrar poder en el ejecutivo a través de facultades extraordinarias a través del proyecto de Plan de Desarrollo.
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[1] El Tiempo. Abril 12 de 2019.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/199493?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina
Foto tomada de: WordPress
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