El llamado “Hondurasgate” es el nombre dado a una trama transnacional de injerencia política revelada por audios filtrados por el medio digital español Diario Red. Según esas grabaciones, sectores de Estados Unidos, Israel y gobiernos aliados habrían articulado desde Honduras una red de desinformación, presión diplomática, intereses militares y negocios privados para intervenir en la política latinoamericana, especialmente contra gobiernos progresistas como los de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México.
El “Hondurasgate” debe leerse en ese horizonte histórico. No como una anécdota escandalosa más del escenario político latinoamericano, sino como una pieza de un mecanismo mayor. Lo verdaderamente perturbador no es únicamente la gravedad de las acusaciones filtradas, sino la arquitectura de poder que dejan entrever. Los audios atribuidos a dirigentes hondureños, operadores republicanos estadounidenses y actores vinculados al gobierno israelí muestran algo más profundo que una conspiración coyuntural: revelan la persistencia de una lógica colonial que nunca desapareció del todo. Cambió de idioma, cambió de herramientas, aprendió a vestirse de democracia digital, pero continúa respirando bajo la misma convicción imperial: Abya Yala sigue siendo un territorio administrable desde afuera.
La región conoce bien esa pedagogía del sometimiento. Guatemala en 1954. Chile en 1973. Nicaragua durante la guerra de la Contra. Panamá invadida. El Plan Cóndor coordinando terror continental con asesoría extranjera. Los archivos desclasificados de Washington demostraron hace décadas que muchas de las tragedias latinoamericanas no fueron accidentes históricos ni simples conflictos internos. Fueron operaciones geopolíticas cuidadosamente racionalizadas en nombre de la seguridad hemisférica, la lucha anticomunista o la defensa de los mercados. Cambian los argumentos, permanece la estructura.
Lo inquietante del Hondurasgate es que actualiza esa tradición bajo las condiciones tecnológicas del siglo XXI. La guerra ya no se libra solamente sobre territorios físicos. También se disputa sobre la percepción pública, la ansiedad social y el miedo colectivo. Los estrategas contemporáneos comprendieron que una democracia puede ser vaciada sin necesidad de clausurar formalmente las elecciones. Basta con intoxicar el espacio informativo hasta volver imposible distinguir entre verdad y manipulación.
La nueva guerra invisible
Según las filtraciones, Honduras habría sido convertido en una plataforma regional de intervención política. El núcleo de la operación no estaría únicamente en favorecer determinados gobiernos conservadores, sino en impedir el ascenso o la continuidad de proyectos progresistas capaces de alterar ciertas relaciones de dependencia histórica. En ese contexto aparecen Colombia y México como objetivos prioritarios.
No es casual. Ambos países representan hoy piezas estratégicas en el tablero continental. México por su peso económico y geopolítico frente a Estados Unidos. Colombia porque, por primera vez en décadas, un gobierno cuestionó parcialmente el alineamiento automático con Washington en temas sensibles: política antidrogas, relación con Palestina, integración latinoamericana, transición energética y autonomía regional. La reacción contra esas desviaciones era previsible.
Las campañas de desinformación contemporáneas funcionan como operaciones psicológicas sofisticadas. No buscan necesariamente convencer. Su objetivo principal suele ser erosionar, desgastar, producir desconfianza permanente. La ciudadanía termina atrapada en un clima de sospecha generalizada donde toda política parece corrupta, toda alternativa parece inviable y toda esperanza termina ridiculizada. El miedo se vuelve una herramienta de administración social.
En Colombia este escenario adquiere una dimensión particularmente delicada. El país se aproxima a una nueva elección presidencial en medio de profundas tensiones internas: violencia persistente, polarización mediática, desigualdad estructural y fragilidad institucional. En ese contexto, una operación transnacional de guerra cognitiva podría tener efectos devastadores. No porque la sociedad colombiana carezca de capacidad crítica, sino porque décadas de conflicto han dejado una sensibilidad colectiva vulnerable al discurso del caos y la seguridad.
El problema no es solamente electoral. Lo que está en disputa es la posibilidad misma de que América Latina pueda decidir soberanamente sus proyectos políticos sin interferencias externas. Esa es la cuestión de fondo. Cuando actores extranjeros financian campañas de manipulación destinadas a influir en procesos democráticos internos, no estamos frente a simples controversias diplomáticas. Estamos frente a una vulneración directa del principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los pilares centrales del derecho internacional contemporáneo.
Resulta especialmente preocupante el papel de Israel dentro de esta trama. No por una condena abstracta al Estado israelí en sí mismo, sino por el tipo de relación geopolítica que parece consolidarse. Durante años, diversos gobiernos latinoamericanos han importado tecnologías de vigilancia, inteligencia y control social desarrolladas en contextos de ocupación militar y securitización extrema. América Latina se convierte entonces en un laboratorio periférico donde técnicas de monitoreo y guerra híbrida encuentran nuevos mercados políticos.
Hay una ironía amarga en todo esto. Los mismos gobiernos occidentales que suelen presentarse como guardianes globales de la democracia terminan apoyando mecanismos que erosionan esa democracia cuando los resultados electorales no favorecen sus intereses estratégicos. El discurso liberal se vuelve extraordinariamente flexible cuando aparecen recursos minerales, corredores marítimos, competencia tecnológica con China o bases militares en juego.
Roatán y el mapa del sometimiento
La posible instalación de una nueva base militar estadounidense en Roatán (Honduras) tiene una carga simbólica enorme. No se trata únicamente de infraestructura militar. Se trata de geografía política. Los imperios siempre han entendido el valor de los puertos, las islas y los corredores estratégicos. Quien controla esos puntos controla flujos comerciales, vigilancia marítima y capacidad de proyección regional.
La referencia a Palmerola en los audios filtrados no debería pasar desapercibida. Para América Central, Palmerola no es un simple nombre técnico. Es memoria histórica. Desde allí se coordinaron operaciones durante las guerras sucias de los años ochenta. Desde allí se alimentó una maquinaria regional de contrainsurgencia cuyos costos humanos todavía atraviesan generaciones enteras.
La posible reedición de esa lógica militar en pleno siglo XXI revela una continuidad inquietante. La llamada “seguridad hemisférica” suele aparecer cada vez que Washington percibe amenazas a su hegemonía regional. Ayer era el comunismo soviético. Hoy es la influencia china, la autonomía energética o la emergencia de gobiernos que intentan diversificar alianzas internacionales.
Pero el Hondurasgate no habla solamente de bases militares. También habla de ZEDE, [1] de territorios semiprivatizados, de corporaciones tecnológicas y de enclaves jurídicos autónomos. Allí aparece otra dimensión del neocolonialismo contemporáneo. Ya no basta con controlar gobiernos; ahora también se fragmenta la soberanía territorial mediante espacios donde el capital transnacional opera prácticamente al margen de las legislaciones nacionales.
En este punto conviene detenerse en un aspecto ético fundamental. Las discusiones geopolíticas suelen deshumanizarse rápidamente. Se habla de corredores marítimos, disputas tecnológicas o seguridad regional como si las sociedades fueran piezas abstractas de ajedrez. Pero detrás de cada operación de injerencia existen vidas concretas. Personas que terminan pagando con miedo, violencia o pobreza las disputas de poder entre élites globales. Las grandes potencias raramente sufren en sus propios territorios las consecuencias de las estrategias que impulsan afuera. Las guerras híbridas, las campañas de desinformación y las operaciones de desestabilización dejan heridas abiertas sobre sociedades periféricas que luego deben reconstruirse solas. América Latina conoce demasiado bien esa historia.
Democracia bajo tutela
Quizás el aspecto más grave del “Hondurasgate” sea el mensaje político que transmite. La idea implícita de que ciertos países no tienen derecho pleno a decidir su rumbo si este contradice intereses geoestratégicos mayores. Es una visión profundamente colonial del orden internacional. Algunas soberanías parecen considerarse negociables. Otras, intocables.
El derecho internacional nació, al menos en teoría, para impedir precisamente eso. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la intervención en asuntos internos de los Estados y reconoce la igualdad soberana entre naciones. El problema es que el sistema internacional ha funcionado históricamente de manera profundamente asimétrica. Las normas suelen aplicarse con severidad sobre países débiles y con enorme flexibilidad sobre actores poderosos.
Esa selectividad erosiona peligrosamente la legitimidad del orden jurídico global. Cuando las potencias invocan el derecho internacional únicamente cuando conviene a sus intereses, terminan vaciándolo de autoridad moral. Lo convierten en un instrumento de conveniencia y no en un marco universal de convivencia.
Por eso el “Hondurasgate” trasciende el caso hondureño. Obliga a preguntarse qué tipo de democracia se está construyendo en la era digital. Una democracia sometida a plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, operaciones psicológicas y financiamiento opaco corre el riesgo de convertirse en una fachada administrada desde centros de poder invisibles.
Eduardo Galeano decía que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Tal vez hoy habría que añadir algo más: algunos países producen algoritmos y otros producen obediencia. Algunos diseñan narrativas y otros cargan con sus consecuencias.
América Latina enfrenta un desafío enorme. Defender la soberanía ya no significa únicamente proteger fronteras físicas. También implica proteger la autonomía informativa, la capacidad democrática y el derecho colectivo a imaginar futuros propios sin tutelas imperiales. Porque el problema de fondo nunca fue solamente Honduras. El verdadero problema es una estructura global que todavía mira al sur con ojos de propietario.
Referencias:
[1] ZEDE, significa Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Son áreas territoriales en Honduras impulsadas originalmente bajo el concepto de “ciudades modelo”. En la práctica, funcionan como “Estados independientes dentro de otro Estado“, dotadas de niveles extremos de autonomía que han sido ampliamente denunciados como una profunda violación a la soberanía nacional.Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: EFE
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