En el primer tramo de este gobierno bajo la Consejería de Paz de Danilo Rueda se iniciaron los procesos de negociación y la instalación de las mesas correspondientes. Siempre se critico aún de parte de quiénes apoyamos la negociación y los diálogos como la vía para salir de la confrontación armada una gran dosis de improvisación para el inicio de esas negociaciones, anuncios de ceses al fuego no pactados, así como improvisación en los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de esos procesos.
Quizás la mayor frustración la constituye para este gobierno y para la sociedad colombiana el fracaso del proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que como bien lo dijo recientemente su jefe máximo Antonio García han conversado recordamos desde el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), pero lo que no concluyó García es que han conversado, pero jamás han negociado de forma seria con los distintos gobiernos, siempre esos diálogos han resultado infructuosos, no han conducido a una salida negociada a la confrontación armada. Con este gobierno sucedió lo mismo.
Los otros procesos se han roto algunos y otros se han mantenido y ahora ya en el final de este gobierno se habla de instalar en estos dos meses y en plena contienda electoral cinco Zonas Transitorias de Ubicación, ZUT, para albergar algunos miles de combatientes de diversas estructuras. Las negociaciones con las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se fracturaron en el proceso. La división del llamado Estado Mayor Central se presentó a finales de 2023 y comienzos del 2024. La disidencia de Calarcá Córdoba, Alexander Díaz Mendoza, se ha mantenido en la mesa de negociaciones, aunque con muchos señalamientos de incumplimiento de los acuerdos, con esta Disidencia el gobierno ha autorizado la creación de una Zona de Ubicación Transitoria en la región del Catatumbo. Es de anotar que en esa región ha habido una confrontación armada con el ELN por las rutas del narcotráfico y los cultivos de coca calculados en esta región en 40 mil hectáreas. Esa confrontación se mantiene hasta hoy. No se sabe cómo se garantizará la ubicación de combatientes de esa estructura en la región que sigue afrontando la confrontación armada de estas estructuras. Con las estructuras de Iván Mordisco hay una guerra declarada desde el Estado sobre todo en los departamentos del Valle y el Cauca. Estas estructuras son las responsables de la masacre de Cajibío en el departamento del Cauca donde murieron 20 personas y quedaron heridas más de 45. También se han recrudecido los enfrentamientos sobre todo en el departamento del Guaviare donde en el mes de enero las fuerzas de Calarcá Córdoba asesinaron a más de 20 integrantes de las estructuras de Iván Mordisco. Por ahora lo que se sabe es que esa zona de ubicación temporal solo cobijará a combatientes del frente 22 que actúa en esa región del país.
La otra Disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia también se fracturó en el mes de noviembre de 2024. La fracción orientada por Iván Márquez se separó de los Comandos de la Frontera que se mantuvieron en las negociaciones con el gobierno y que ahora concentran parte de sus combatientes en dos Zonas de Ubicación, una en el departamento de Nariño y otra en el departamento de Putumayo. Se han comprometido a la erradicación de 30 mil hectáreas de cultivos de coca en esos dos departamentos y han avanzado ya un proyecto piloto.
La otra zona de ubicación temporal será en Nariño y compromete a Comuneros del Sur una Disidencia del Ejército de Liberación, ELN, que ya hizo entrega de parte de su arsenal de Guerra y ahora concentrará a sus combatientes en una Zona de Ubicación Temporal, ZUT.
Finalmente, con el Clan del Golfo, se ha pactado una zona de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba. Con esta estructura armada que es la más grande del país y es el principal grupo sucesor del paramilitarismo se han pactado otras dos zonas de ubicación en Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, pero estas zonas de ubicación no se establecerán por ahora. La decisión presidencial es que estas zonas se instalen el 25 de junio apenas cuatro días después de la segunda vuelta presidencial.
Los desencuentros con la fiscalía y con el poder judicial
En el acuerdo con el Clan del Golfo se pacto que 29 integrantes de esa estructura saldrían a preparar la zona de ubicación de Tierralta en Córdoba y dentro de ese listado aparece Jobanis Avila Villadiego, alias “Chiquito Malo” jefe máximo de dicha organización criminal que además ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos, extradición que ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. En una declaración la fiscal general, Luz Adriana Camargo que pocos resultados ha ofrecido a la sociedad colombiana en la lucha contra la criminalidad, señaló que el gobierno debería presentarle información amplia, suficiente y verificable para expedir el levantamiento de las órdenes de captura y anticipó además que las ordenes de extradición aprobadas deberían ejecutarse, se refería por supuesto a “Chiquito Malo” y también Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, máximo comandante de los Comandos de la Frontera. Ambos solicitados en extradición por Estados Unidos y cuyas solicitudes ya fueron aprobadas por la Corte Suprema de Justicia.
Le cabe toda razón en este enfrentamiento al presidente de la República que ha señalado que una de sus funciones en estas materias como lo señala claramente la Constitución y lo ratifica la ley 2272 de 2022, es la de definir cuando un proceso está maduro para avanzar a procesos de desmovilización previa concentración en las llamadas Zonas de Ubicación Transitoria, ZUT. No le corresponde a la Fiscalía evaluar y mucho menos decidir sobre cuando estos procesos han avanzado de forma significativa. Es un palo en la rueda que la fiscal Camargo pone al proceso con el Clan del Golfo. Es inadmisible, pero es más burdo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia haya salido a respaldar a la Fiscal General. Es parte de la oposición del poder judicial al gobierno de Gustavo Petro. También es insólito que el comunicado de la fiscalía señale que la inmunidad a los combatientes del Clan del Golfo solo operaría después del 25 de junio cuando es sabido que esos mandos requieren desplazarse y la inmunidad debe cobijarlos en el proceso de desplazamiento hasta la zona de ubicación.
Posteriormente el presidente Petro aclaró que a estas zonas de ubicación en la fase actual no podrán ingresar quienes tienen procesos de extradición, es decir, ni “Chiquito Malo” ni “Araña” podrán ingresar en esta primera fase y señaló que en una nueva fase del proceso estas solicitudes serán estudiadas. También en la Constitución y en la ley al presidente se le da la última decisión en materia de extradiciones. Si hay procesos de paz con resultados ciertos el presidente puede decidir que no concede la extradición.
Está prevista una reunión entre la fiscalía, el ministerio de justicia y la oficina del Alto Comisionado de Paz para conciliar posiciones, pero es claro que los cuestionamientos y condicionamientos de la fiscalía no tienen ninguna base legal.
Estas zonas de ubicación temporal son importantes para avanzar en los procesos de negociación y de sometimiento a la justicia. Son importantes porque se trata de desmovilizar combatientes que hacen mucho daño en las regiones en las que actúan sus estructuras armadas y en este sentido se aproxima el cierre de estos procesos parciales. Pero hay vacíos jurídicos que deben ser resueltos. El primero de ellos el marco jurídico de sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto como el Clan del Golfo y las mesas que negocian con grupos ligados al narcotráfico y a las economías ilegales de Medellin y el Valle de Aburrá, Barranquilla, Buenaventura y Quibdó para mencionar las mesas activas.
La irresponsabilidad de este Congreso que termina el próximo 20 de julio ha sido monumental. Este marco jurídico es indispensable para avanzar y cerrar estos procesos de sometimiento a la justicia. Pero también deberá resolverse en ese marco jurídico las estructuras de la justicia transicional y restaurativa que deberán crearse para cerrar estos procesos. Son tareas urgentes que deberán ser abordadas de manera urgente por el nuevo Congreso de la República.
Que haya desmovilizaciones, que se llegue a acuerdos así sean parciales es importante y debe ser valorado positivamente. Pero todo el proceso de la Paz Total como lo ha señalado recientemente Iván Cepeda debe ser evaluado para establecer los correctivos necesarios. En cierta forma estas concentraciones de combatientes ponen sobre el proceso electoral las contradicciones existentes en la sociedad colombiana. Los Abelardo y Paloma quieren hacer trizas estos procesos nosotros pensamos que son importantes avances así sean parciales y que hay que insistir en el camino del diálogo y la negociación para construir una paz estable y duradera.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Espectador
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