En México, estos días, ha acaparado el debate el escándalo respecto a los presuntos agentes de la CIA que operaban en territorio mexicano sin la anuencia del Gobierno federal, pero en colaboración con el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el Partido de Acción Nacional (PAN). Pudiera parecer un asunto estrictamente bilateral entre Estados Unidos y la nación azteca o, incluso, un conflicto interno entre la Federación y uno de los estados. No obstante, revela una tendencia que va cobrando fuerza en la política latinoamericana en los últimos años.
La soberanía y el interés del Estado nacional han dejado de ser una constante, un valor transpartidista, en la mayoría de los países al sur del Río Bravo, para convertirse en una variable ideológica. En el caso de la política mexicana, que siempre estuvo signada por un consenso nacionalista pragmático, ya en noviembre del 2025 pudimos observar, durante la llamada Marcha de la “Generación Z”, organizada por la derecha, llamamientos a la intervención militar por parte del Gobierno de Donald Trump. Si además deslizamos la vista más abajo en el mapa, encontraremos ejemplos de actitudes y agendas similares, tanto en las oposiciones como en gobiernos establecidos.
Así parece que la política exterior, por delante de las disputas respecto a la política económica, la redistribución o la familia, se adelanta como marca de identidad de las derechas latinoamericanas. Y el contenido invariable de esa marca de identidad es el alineamiento incondicional con Washington. Especialmente con esta Administración que, a su vez, ejerce una enorme fuerza gravitatoria y que concibe a determinadas fuerzas políticas regionales como sus aliados estratégicos.
La lista de las acciones en este sentido es larga. Por un lado, EEUU emplea su poder económico, mediático e incluso militar para batir, o al menos sabotear, a los oponentes de estas derechas en cada uno de sus países. En este sentido tenemos, por ejemplo, la clara intromisión de Donald Trump en las recientes elecciones hondureñas, que dieron la victoria a “su” candidato, Nasry Asfura. También podríamos mencionar el empleo de aranceles contra el Brasil de Lula da Silva, con quien el presidente norteamericano ha tenido varios encontronazos, además de las constantes defensas de Trump en favor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Y quizá el caso más extremo de este proceder, y que antecede a la actual Administración norteamericana, sea el de Venezuela, donde el gobierno chavista recibió todo el repertorio de presiones económicas, mediáticas, políticas y jurídicas hasta llegar al bombardeo de Caracas en enero de 2026 y el consiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro, acusado de liderar el supuesto –y nunca más mencionado luego del secuestro– cartel de los Soles, todo ello en apoyo –y con la anuencia y el aplauso– de la derecha hegemónica venezolana.
Respecto a los países donde la derecha gobierna hemos visto otro tanto. Noboa en Ecuador, por ejemplo, ha ratificado acuerdos que permiten la presencia de tropas estadounidenses y operaciones militares conjuntas en territorio ecuatoriano bajo el pretexto del combate al narcotráfico. En el caso argentino, la soberanía ha pasado de ser un mandato constitucional a una mercancía en liquidación. El Gobierno de Milei no solo alinea su retórica, sino que entrega los ríos, el espacio aéreo y el subsuelo a la planificación estratégica de una potencia extranjera. El patriotismo de las “fuerzas del cielo” se revela como un simulacro que oculta el desmantelamiento material de la nación para convertirla en una dependencia administrativa del Comando Sur en la supuesta cruzada contra los “enemigos del mundo libre”.
El caso del Salvador, con el presidente Nayib Bukele, es uno de los más paradójicos, pero a la vez elocuentes. Mientras utiliza un discurso de confrontación hacia el exterior para blindar su poder interno, cede los resortes estratégicos del país a la agenda de Washington. Su Administración ha convertido El Salvador en un eslabón del control migratorio estadounidense. A cambio de aceptar ese rol de gendarme migratorio, obtiene impunidad frente a presiones internacionales en materia de derechos humanos.
Otro elemento que está dando cuenta de este corrimiento es la política hacia Cuba. Desde los años setenta, pero especialmente tras el fin de la Guerra Fría y de las dictaduras militares en los noventas, Cuba recuperó sus relaciones normales con la mayoría de los países de América Latina, después del aislamiento que Estados Unidos y la OEA le impusieron en los sesenta. Incluso, al margen del signo político de los gobiernos de aquellos países, se desarrollaron colaboraciones en materias educativa, deportiva o de salud, y se alcanzó un consenso regional unánime en contra del bloqueo económico norteamericano a la isla. Sin embargo, en 2025, el Gobierno de Javier Milei revirtió el voto histórico de Argentina en Naciones Unidas en favor del levantamiento del bloqueo a Cuba, algo que ya Jair Bolsonaro había hecho con Brasil en 2019. A su vez, los gobiernos de Costa Rica y Ecuador han roto relaciones con Cuba, y muchos otros han cortado la colaboración en salud debido a presiones de Washington.
Si comparamos con naciones de otras partes del mundo lo común suele ser que la política exterior sea una constante transpartidista, que puede tener ajustes mayores o menores de acuerdo a la ideología del grupo gobernante, pero que cristaliza en un consenso mínimo sobre lo que es el interés nacional. En las potencias esto es evidente, pero también en países con relativo éxito en materia de desarrollo reciente como pudieran ser Vietnam, Indonesia, Nigeria o Corea del Sur. Mientras, en Latinoamérica está ausente una verdadera razón de Estado que se imponga más allá de los vaivenes de la política, incluso en una potencia emergente como Brasil.
Hace unas semanas fue noticia que el Gobierno de Gustavo Petro saneó la deuda del país con el FMI. No es descartable que, en el futuro, y como ocurrió en Argentina, si gana la derecha las elecciones en Colombia, se emplee cualquier excusa para volver a endeudar al país, de manera que sirva como instrumento para debilitar su soberanía y para obstaculizar cualquier proyecto de transformación posterior. Al endeudar a sus Estados, estas fuerzas políticas vinculan el destino de la nación a los dictados del FMI y del Tesoro estadounidense.
Podríamos preguntarnos, ¿por qué las élites latinoamericanas prefieren ser el vagón trasero de los Estados Unidos, antes que disputar un lugar en el mundo en condición de iguales desde sus Estados nacionales? La respuesta a este interrogante no es meramente política, sino estructural y cultural.
En primer lugar, a diferencia de las burguesías de Corea del Sur o Vietnam, que apostaron por el desarrollo tecnológico y la competencia industrial en el mercado mundial, las élites de nuestra región han consolidado su riqueza mediante la renta de la tierra y la extracción de recursos naturales. Para exportar litio, soja o petróleo no se necesita un Estado soberano y poderoso: se necesita un mercado abierto y un garante externo de seguridad. Estados Unidos ofrece ese marco de “estabilidad” jurídica y comercial. Para estas élites, disputar un lugar en el mundo implica una inversión en educación, ciencia e industria que pondría en riesgo sus tasas de ganancia inmediata. Prefieren ser los capataces del enclave, no sus arquitectos.
En segundo lugar, para la élite latinoamericana, un Estado fuerte y soberano es un arma de doble filo. Si ese Estado tiene la capacidad de resistir a las potencias externas, también tendrá la capacidad de regular a las oligarquías internas. Además, un proyecto nacional soberano exige necesariamente la integración de las masas populares al consumo y a la decisión política, por lo que puede ir acompañado de demandas de justicia social y redistribución de la riqueza. Y este miedo que habita sus psicologías no sale de la nada: Cuba existe. Del nacionalismo y la soberanía a que los pueblos se salgan de control y expulsen a sus oligarquías solo hay un paso. El alineamiento con Washington funciona como un seguro de vida político. Prefieren ser –como les diría René Zavaleta– una sub-burguesía, una clase intermediaria y segundona, y que, a cambio, Estados Unidos les garantice que ninguna fuerza popular pueda disputarles el poder hacia adentro.
Por último, hay un factor subjetivo-colonial que es muy importante: las élites regionales no se sienten del todo parte de la nación que dirigen. Su horizonte vital, sus inversiones y el futuro de sus hijos están en Miami, Madrid o Nueva York. Heredaron el blanqueamiento diferenciador del período colonial. Ellos son “otra cosa”, distinta de los “chairos”, de los “negros de m…”. Por eso también las élites latinoamericanas son tan antiplebeyas y poseen una relación con sus pueblos muy distinta y mucho más antagónica que la que pudiera haber dentro de Europa, o de Canadá o de Estados Unidos, por mencionar otros lugares del hemisferio.
Todo esto entraña un grave problema para la prosperidad regional. Esta imposibilidad de arribar a una política de compromiso respecto al desarrollo nacional –y la integración regional, factor de aquel–, lleva a un reinicio perpetuo, donde el proyecto nacional no se construye, sino que se dibuja y se borra según el capricho ideológico de las urnas. Hoy gana el partido tal e invierte en la explotación de un valioso mineral, pero mañana lo sustituye el partido cual y entrega ese recurso a los capitales extranjeros (norteamericanos). Y todo esto se normaliza y se santifica bajo el manto de la democracia liberal.
Así, mientras el Sudeste Asiático, por ejemplo, se fortalece como bloque (ASEAN) para negociar con China, EEUU o cualquier otra potencia, Latinoamérica se desintegra. Cada vez que un país cambia de signo, se sale de un bloque y funda otro minibloque ideológico que dura cuatro años. La eficacia de mecanismos regionales como la OEA, la CELAC o el MERCOSUR termina dependiendo del signo ideológico mayoritario en el continente. La sacrosanta alternancia de poder resulta, en realidad, un mecanismo de fragmentación regional.
Si Latinoamérica no logra blindar un consenso mínimo sobre su propia existencia, seguirá siendo el escenario de juegos de guerra ajenos o, a lo sumo, el almacén de materias primas del Norte. En la actual recomposición geopolítica del mundo, y del hemisferio, el electoralismo puede llegar a ser una coartada que oculte un nuevo tipo de relación colonial. La disputa entonces, no es exactamente ideológica, entre izquierdas y derechas, sino entre qué fuerzas poseen un proyecto nacional de desarrollo soberano, y cuáles entienden cada uno de sus países, a lo sumo, como un objeto de empeño en el que medrar.
Iramis R. Rosique Cárdenas, Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de la Habana y diplomado en Servicio Exterior por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.
Foto tomada de: Infobae
Fuente: https://www.other-news.info/noticias/la-alternancia-contra-la-soberania/
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