Por un lado, se sostiene la urgencia de defender la condición campesina como una identidad densa, compleja, tejida a lo largo de los siglos sobre prácticas culturales, saberes ancestrales, formas de relación comunitaria y una vinculación cercana y decidida con el territorio. Por el otro, persiste una inercia tecnocrática y mercantil que insiste en diluir esta especificidad histórica bajo el molde abstracto del productor agropecuario, el emprendedor o el empresario del campo. Pretender que estas categorías son sinónimas, o incluso enaltecedoras, no solo desconoce la letra y el espíritu de las transformaciones jurídicas recientes de nuestro país, sino que desnaturaliza la esencia misma del ser campesino y desactiva su potencial transformador y garante de unas condiciones propias de quienes soportan con su trabajo la oferta de alimentos y por lo tanto les da estabilidad a los salarios reales en la economía.
El campo en cifras: la población no es un tema marginal
Tradicionalmente, el debate sobre el futuro del campo se ha limitado a diagnosticar un “envejecimiento demográfico” y una supuesta aversión de los jóvenes por las labores agrícolas. Sin embargo, las mediciones recientes del DANE sobre autorreconocimiento campesino ubican a cerca de 14,9 millones de personas con más de un 23 % de jóvenes entre 15 y 25 años y una participación femenina del 48,8 %; que revelan una realidad distinta: la base demográfica está presente y activa. El verdadero desafío no es la ausencia de juventud, sino la construcción de condiciones institucionales y económicas que permitan transformar ese arraigo en una transición generacional transformadora.
Los datos demográficos desmienten la idea de un campo completamente despoblado y más aún de juventud. Millones de jóvenes y mujeres campesinas continúan habitando, sintiendo y construyendo el territorio, esto no quita que en algunas partes del país el envejecimiento sea una realidad, pero también es cierto que hay en el país 3,5 millones de jóvenes en los campos más los que estarían dispuestos a regresar si las oportunidades se hacen ciertas. El reto de la transición no parte de cero; cuenta con un tejido social vivo que sostiene la seguridad y la soberanía alimentaria del país. La clave radica en pasar de una inserción precaria a una permanencia digna, con proyección de futuro, generándose capacidades y oportunidades para una vida plena en el ejercicio de su cultura y sus derechos.
Las ramas de actividad predominantes siguen siendo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (concentrando más del 43 % de la población campesina ocupada), en la ruralidad campesina las ocupaciones por fuera de lo agropecuario reconocen no solo la diversidad sino la riqueza de actividades en todos los componentes de la vida cotidiana. No obstante, se mantiene una informalidad (trabajadores cuenta propia) ya estructural que supera el 53 % de las posiciones ocupacionales, y que si se mide desde el pago de la seguridad social puede llegar al 86%.
El ser rural y campesino
No es menor el hecho de que el Congreso de la República haya modificado artículo 64 de la Constitución Nacional para reconocer formalmente al campesinado como un sujeto sociocultural y de derechos. Esta conquista legislativa no brotó de la improvisación institucional, sino del esfuerzo por recoger y traducir conceptualmente un acumulado histórico de luchas sociales. En este proceso, la definición construida con el concurso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en un diálogo directo con expertos y con las propias comunidades campesinas, aportó la precisión necesaria para entender que el campesinado no se define exclusivamente por su función económica en las cadenas de valor agrarias, sino por su modo de vida, su autonomía relativa, su cultura y su pertenencia a un tejido comunitario arraigado en la tierra. De acuerdo con el documento oficial de conceptualización del campesinado construido por el ICANH y adoptado en los estándares institucionales y estadísticos del país, se concibe al o a la campesina como:
“Sujeto intercultural (sin distingo de edad, género o sexo), que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo.”
Sin embargo, frente a este reconocimiento constitucional y antropológico, las reacciones de diversos sectores influyentes y gremiales han puesto de manifiesto la incomodidad que genera un sujeto social que no encaja en los dogmas del mercado y mucho menos con las condiciones propias de los conceptos de competitividad propias de los modelos administrativos vigentes. Desde una perspectiva neoliberal, la ruralidad es vista habitualmente como un espacio a superar, vacío de sujetos y lleno de recursos disponibles para la valorización del capital. En este esquema, el habitante rural es redefinido como un empresario en potencia cuya principal misión es integrarse exitosamente a los mercados globales, competir bajo lógicas de eficiencia y superar su condición de atraso mediante la adopción de paquetes tecnológicos y créditos privados o de fomento. Al subsumir al campesino en la categoría mercantil de productor o emprendedor, se realiza una operación de despojo simbólico y material: se le substrae de su esencia histórica, de su condición política y de su derecho a la diferencia cultural. “Si alguien emprende en este país somos los campesinos (me interpeló alguna vez una campesina), trabajamos la tierra, pero no llenamos esos formatos que nada nos dicen.”
Poner en tensión la figura del sujeto de derechos frente a la del empresario rural es un ejercicio necesario. El campesino, como sujeto de protección especial del Estado, es titular de derechos colectivos y garantías diferenciadas que reconocen una asimetría estructural histórica. El mercado, por el contrario, opera bajo la ficción de la igualdad entre agentes económicos que compiten en condiciones supuestamente equivalentes. Convertir al campesino en empresario significa ignorar que la inmensa mayoría de la economía campesina labora en condiciones de extrema vulnerabilidad frente a los oligopolios de acopio y comercialización, frente a la especulación de los insumos, frente al acaparamiento de tierras y frente al abandono histórico de la infraestructura vial, educativa y sanitaria por parte del Estado, las enormes brechas que el modelo de desarrollo ha generado entre el campo y la ciudad. Exigirle al campesinado que compita como empresa sin resolver estas brechas estructurales es condenarlo al fracaso o a la precarización.
Más grave aún es el efecto desnaturalizador que esta visión economicista y funcional ejerce sobre la cultura campesina. La racionalidad campesina no se rige estrictamente por la maximización de la tasa de ganancia o la acumulación de capital, sino por la reproducción ampliada de la vida, la soberanía alimentaria, el cuidado de la biodiversidad y la salvaguarda de prácticas de reciprocidad y solidaridad comunitaria que desafían el individualismo del mercado, al menos en nuestro modo de entender y practicar las relaciones económicas e incluso la vida social en la actualidad. Reducir al campesino a un eslabón primario de una cadena agroindustrial significa ignorar su rol fundamental como custodio de los bienes comunes de la naturaleza, del agua, de las semillas nativas y de los saberes tradicionales que hoy resultan vitales frente a la crisis climática global.
Las respuestas que ha recibido el Ministerio de Agricultura desde ciertos sectores demuestran que el reconocimiento del campesinado como sujeto político y sociocultural incomoda a los poderes tradicionales que han usufructuado el orden rural colombiano. Incluso la orden que le ha dado la justicia al ministro para retractarse y pedir perdón. Para estos sectores, aceptar la especificidad campesina implica aceptar también la necesidad de una redistribución de la tierra, de una reforma agraria integral, de la protección efectiva frente al acaparamiento y del respeto a sus formas autónomas de organización. Se pretende un campo modernizado a fuerza de exclusión, cosa que nos ha demandado ya unas seis décadas y una estela de violencia inconmensurable, donde la agroexportación de gran escala conviva con una masa empobrecida funcional al modelo, donde el campesino sobreviva únicamente si acepta diluir su identidad en la retórica del emprendimiento, o que termine aceptando ser parte de cadenas productivas desde un papel de trabajador o proveedor de mínimos procesos y productos.
Defender la categoría de campesino y campesina como sujeto de derechos y de especial protección constitucional es, por consiguiente, un acto de estricta justicia histórica y un requisito indispensable para la construcción de una democracia real y sustantiva en Colombia. La ruralidad no puede seguir siendo tratada como la despensa barata de las urbes ni como el territorio de experimentación del agronegocio. Es el espacio vital de sociedades complejas que reclaman dignidad, autonomía y el derecho a decidir sobre su propio destino, tal y como lo hacen las grandes sociedades del mundo. Olvidar esto, o ceder ante la tentación de tecnificar y mercantilizar la identidad campesina, significaría renunciar a la posibilidad de transformar estructuralmente un país que aún tiene una inmensa deuda pendiente con quienes han sembrado y defendido la tierra generación tras generación.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Chatgpt
Deja un comentario