En efecto, más allá del relevo presidencial, la coyuntura actual expresa una reconfiguración del sistema político colombiano en la que entran en juego la eficacia del Estado, la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas, temas clave a las que Iván Cepeda ha añadido el tema de la legalidad de un mandato presidencial. El nuevo capítulo lo abrió el excandidato presidencial quien citó el pasado 30 de junio a una rueda de prensa para hacer un llamado a la “desobediencia civil pacífica” si Abelardo de la Espriella no renuncia a su nacionalidad estadounidense antes de posesionarse. La declaración de Cepeda generó de inmediato rechazo por parte de la entrante administración y de otras orillas institucionales, pero agrego un elemento al clima de tensión que reina en el país
Durante los últimos años, Colombia ha experimentado una creciente fragmentación política y social acrecentada por las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro que han generado importantes debates sobre, el papel del Estado, la economía, el alcance de los derechos sociales y la implementación del proceso de paz. Paralelamente, el fracaso de su proyecto de” paz total” ha deteriorado el orden público en diversas regiones fortaleciendo la percepción ciudadana de que el Estado ha perdido capacidad para garantizar la seguridad.
A lo anterior se han sumado dificultades económicas derivadas de la inflación, la incertidumbre para la inversión privada y el lento crecimiento del empleo formal. Estos factores han alimentado un ambiente de insatisfacción en ciertos sectores que terminaron favoreciendo una propuesta política centrada en el restablecimiento de la autoridad, la seguridad y la estabilidad económica.
Todavía no se conoce quiénes integrarán el nuevo gabinete, exceptuando los nombres del ministro del Interior y del ministro de Hacienda, por lo que no es posible tener claro todavía cómo serán los movimientos de la nueva administración dado que una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se puede hacer desde el gobierno.
Sin embargo, las posiciones públicas sostenidas por Abelado de la Espriella antes de asumir la Presidencia permiten anticipar algunas líneas generales de gobierno. En primer lugar, ha declarado que hará frente al deterioro de la seguridad nacional, pieza clave de la convivencia. De hecho, la expansión de organizaciones armadas ilegales, el narcotráfico y la minería criminal continúan afectando numerosas regiones del país. Para restablecer la presencia efectiva del Estado el presidente electo ha prometido combinar el fortalecimiento de la fuerza pública con estrategias sociales y de desarrollo regional. En este campo es previsible un mayor respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía, así como una estrategia más contundente frente a grupos armados ilegales. Una estrategia de seguridad agresiva puede agravar los abusos contra los derechos humanos lo que obligaría al nuevo gobierno a mantener el equilibrio entre autoridad y respeto por el Estado de derecho. La búsqueda de mayor seguridad corre el riesgo de traducirse en el debilitamiento de las garantías constitucionales y en la reducción de los controles democráticos.
En segundo término, para el nuevo gobierno es indispensable recuperar la confianza de los inversionistas privados y estimular el crecimiento económico. En este marco, la estabilidad jurídica, la disciplina fiscal y el fortalecimiento del sector empresarial ocuparán un lugar prioritario en la agenda gubernamental. En este ámbito el objetivo central es recuperar la confianza empresarial, atraer más inversión extranjera y acelerar el crecimiento económico privilegiando una orientación favorable a la inversión privada y la reducción de cargas regulatorias. Ello supone una agenda social conservadora y una alineación con líderes de derecha de la región.
Un tercer desafío a tomar en cuenta consiste en asegurar la gobernabilidad. El movimiento de Abelardo de la Espriella tiene una representación limitada en el Congreso lo que lo obligará a negociar con muchos de los mismos partidos que denunció en su campaña para sacar adelante sus iniciativas legislativas sin profundizar la polarización existente.
En política exterior se pregona un mayor acercamiento a Estados Unidos e Israel. Colombia entrará a ser parte del llamado Escudo de las Américas, una coalición militar y de seguridad impulsada por el gobierno de los Estados Unidos para combatir los carteles de la droga, el crimen organizado y la migración irregular en la región. Esta cooperación podría dar lugar a operaciones militares conjuntas como las que se han llevado cabo en Ecuador y Venezuela. Un giro drástico hacia una militarización respaldada por Estados Unidos generaría tensiones fuertes con Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil y Claudia Sheinbaum de México.
En materia institucional, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado reformas con el fin de fortalecer la administración pública, mejorar la eficiencia estatal y combatir la corrupción.
Ciertamente todo nuevo gobierno enfrenta una tensión entre las expectativas generadas durante la campaña y las posibilidades reales de gobernar. En la Colombia de hoy, el principal riesgo consiste en que la elevada polarización dificulta la construcción de acuerdos nacionales. La confrontación permanente entre oficialismo y oposición limita la aprobación de reformas fundamentales y profundiza la división política. De allí que el éxito de las propuestas del nuevo gobierno dependa de varios factores: en primer lugar, si una parte de la oposición decide privilegiar la movilización social sobre la negociación institucional, el Gobierno podría enfrentar mayores dificultades para construir consensos en el Congreso y desarrollar su agenda legislativa. En segundo lugar, del mantenimiento de una institucionalidad estable el cual depende tanto de la respuesta de la oposición como de la forma como actúe el gobierno.
En suma, en términos prospectivos existen tres escenarios posibles.
- Un escenario ideal de moderación en el que la oposición ejerce un control político fuerte pero dentro de los cauces institucionales y el Gobierno busca acuerdos en temas de interés nacional.
- Un posible escenario de confrontación permanente caracterizado por movilizaciones frecuentes, fuerte polarización y dificultades para aprobar reformas estructurales.
- Un escenario indeseable de radicalización, menos probable y de mayor riesgo en el que la confrontación política se intensifica y afecta de manera significativa la confianza en las instituciones.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: El Espectador
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