En el caso de los hipopótamos, es loable su defensa, la defensa de la vida como principio, por parte de animalistas, pero es necesario decir que esta especie no es originaria de nuestros ecosistemas y que, gracias a la condición de disponibilidad de agua durante todo el año, que no es característica de sus regiones de origen, se ha multiplicado muy rápidamente a partir de un macho y tres hembras importados por Pablo Escobar en la década de los 80. Dicen por ahí, que la razón no fue precisamente su amor a los animales sino una decisión pragmática y utilitarista pues el olor de los excrementos de estos animales sorprendía y horrorizaba a los perros de rastreo de droga en los Estados Unidos y los usó en los envíos. Lo cierto es que los hipopótamos se reprodujeron y hoy hay cerca de 200 extendiéndose en la cuenca del Magdalena. Esa región colombiana tiene entre otros, Manaties, Nutrias, Chiguiros, Bocachicos y muchas especies más de peces, animales y microorganismos menores, que bajo el impresionante peso y las deposiciones de los hipopótamos han sufrido enorme presión ecológica.
La propuesta de Anant Ambati, hijo del más rico magnate Indio Mukesh Ambati, de recibir a 80 hipopótamos en su centro de animales, ya recibió respuesta del ministerio de ambiente de Colombia solicitándole que confirme si cuenta con los permisos CITES necesarios para la reubicación formal de los mismo y si las autoridades de ese país autorizan su traslado al centro Vantara; parece ser que en el caso de México, finalmente no fue positiva la gestión de su posible traslado a algunos zoológicos.
No cabe duda que los principios que aduce el Ministerio de Ambiente de Colombia, en su Plan de Prevención, Control y Manejo de la especie exótica Invasora Hipopótamo, adoptada en 2024, tienen sentido y pueden y deben desarrollarse en simultaneo, bajo la condición que la eutanasia es una opción rigurosa y depende del éxito en la translocalización, para proceder al sacrificio sin dolor de los animales que no logren exportarse:
- “Proteger nuestra naturaleza, especies nativas y quienes dependen de estos servicios ecosistémicos, como nuestros pescadores.
- Actuar bajo la mejor ciencia disponible para reducir el impacto de los hipopótamos en el territorio, atendiendo nuestra normativa vigente.
- Insistir en todas las instancias técnicas y diplomáticas para su translocalización y/o control”.
Agregaríamos que es un acto elemental de justicia social y ambiental, pues tanto los pescadores artesanales de la cuenca del Río Magdalena han sufrido muchos atropellos y discriminaciones, tanto de los terratenientes rurales por la desecación de ciénagas y aplicación de agroquímicos que afectan la calidad de las aguas, como de la actividad de extracción ilegal del oro desde la cuenca del río Cauca, San Jorge, así como los aportes de contaminación de aguas residuales tanto domésticas como industriales, que aún con los tratamientos que reciben de muchas industrias y municipios, contienen unas cargas importantes. Además, es una acción de seguridad nacional puesto que, en los últimos 50 años, el 95% de la cantidad de animales vertebrados por especie ha disminuido en américa latina y el caribe por diferentes razones y toda acción que hagamos para frenar y detener esta tendencia gravísima es fundamental.
Consideramos el aporte de los animalistas muy valioso en defensa de la vida de los hipopótamos, con lo cual nos solidarizamos, pero no debemos ignorar que nuestra responsabilidad ética fundamental e incluso de “seguridad nacional”, – frente al avance del cambio climático, la contaminación ambiental y la deforestación, que se asocian también a actividades delictivas de deforestación, ganaderización y extracción ilícita del oro en casi la mitad de nuestro país e incluso más-, es con la biodiversidad con la cual nos dotó la evolución y la naturaleza por nuestra localización geográfica única. Nuestros animales silvestres, seres sintientes todos, nuestros merecen el mismo nivel de sensibilidad y compromiso, con la condición que son los que tenemos que proteger más pues conforman nuestro “nicho”, nuestro entorno de vida; el hecho que no los conozcamos o su visibilidad sea menor que la de los hipopótamos sólo revela nuestro nivel de ignorancia e indolencia acerca de lo que nos ha regalado la vida y no hemos comprendido. Los ecólogos, ambientalistas, científicos de la naturaleza y el ambiente tenemos la extraordinaria obligación de acelerar el conocimiento de nuestros diversos ecosistemas y brindarle, a nuestros conciudadanos la explicación de cada especie, su importancia y su función dentro de los ecosistemas, por que todas, absolutamente todas las especies vivas cumplen un papel dentro de la trama de la vida. una libélula consume alrededor de 100 insectos diarios; las abejas polinizan por lo menos el 30% de los alimentos que consumimos; la reintroducción de especies prácticamente extintas nuevamente a los ecosistemas como los lobos en parques nacionales de Estados Unidos o la protección de tiburones para que con el miedo controlen poblaciones de especies marinas forrajeras del pasto marino, permiten la abundancia de peces y tortugas.
El impacto ecológico severo de los hipopótamos en nuestros ecosistemas, con su peso, sus pisadas, sus excrementos en el agua desbalancean y descompensan cientos, miles y millones de años de evolución “milimétrica” que ha resultado en esta biodiversidad de estos climas y geografías intertropicales o cercanas a esta franja privilegiada de la vida en el planeta tierra. Todo ello relacionado con el germoplasma, con la vida en todas sus formas en Colombia; esa es nuestra principal riqueza y debemos comprenderla y cuidarla al menor tiempo posible, pues hoy cuestionamos a la administración Trump por acabar con el servicio forestal, quitarle casi toda la fuerza a la EPA, desfinanciar la ciencia del cambio climático y de la biodiversidad e incluso despedir al consejo científico directivo de la Academia Nacional de Ciencia, pero nosotros lo hemos hecho desde siempre al no asignar los recursos adecuados al conocimiento y a la protección ambiental de cada una de nuestras regiones y hemos dejado que la corrupción y la necesidad angustiosa de la pobreza vulneren y acaben con los ecosistemas y las especies que los habitan.
El tráfico ilegal de fauna y flora es dramático en Colombia. Los Animalistas tienen todavía pendientes tareas profundas relacionadas con el respeto y buen trato durante su vida de los animales que sacrificamos para nuestro consumo, -que dependen en buena medida de las especies vegetales transgénicas importadas como el maíz, además del sorgo y la soya, y que configuran una profunda inseguridad y falta de soberanía alimentaria de nuestro país, así como el comercio ilegal de especies silvestres, en lo cual Colombia aparece en los lugares más altos; dentro de los animalistas, los “mascotistas” también tienen el reto de reflexionar sobre los efectos que generan los perros y gatos ferales y domésticos, que anualmente acaban la vida de miles de millones de otras especies, principalmente aves[1].
El otro asunto importante es la discusión actual en torno a Agrosavia, el banco de germoplasma y el reconocimiento de las comunidades ancestrales como propietarias y guardianas de las semillas de muchas plantas, muchas de ellas fundamentales para la seguridad y soberanía alimentarias, tema que debemos abordar a la mayor brevedad en Colombia, pues dependemos altamente de las importaciones de maíz, soya, sorgo principalmente, para la elaboración de concentrados para los animales que consumimos[2]. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirma que las decisiones del Gobierno son responsables para proteger el futuro del país y por ello, aunque con el recorte presupuestal programado, se está avanzando hacia la conversión de Agrosavia en entidad pública principalmente por la decisión acerca de que los bancos de semillas, de germoplasma deben ser de propiedad pública, bajo la custodia estatal[3]. Según el Sindicato de Agrosavia[4] “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), si bien (el ministerio) reconoce la importancia de la ciencia agropecuaria, omite elementos fundamentales de la historia, la naturaleza y el rol estratégico de AGROSAVIA como infraestructura científica pública del país”[5].
Como sabemos, AGROSAVIA es una “entidad pública del orden nacional, de naturaleza descentralizada indirecta y con participación mixta, que surgió en el marco de las transformaciones institucionales derivadas de la Constitución de 1991 y de los cambios en el modelo económico adoptado en Colombia y el continente”. En ese proceso se redefinieron funciones dentro del sector agropecuario: El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) asumió funciones de control, sanidad y regulación; La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) se fundó en 1993 y asumió las funciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, como principal entidad científica del sector agropecuario[6].. Además, la estabilidad también repercute en el bienestar de sus trabajadores, lo que va en lógica con las propuestas del Gobierno actual. Muchos de los predios y centros de investigación pasaron a responsabilidad de Corpoica y posteriormente de Agrosavia.
AGROSAVIA se fundó en 2018 como cambio de nombre de CORPOICA, que había sido responsable desde 1997 de la custodia técnica de los bancos de germoplasma animal, vegetal y de microorganismos, a partir de colecciones históricamente construidas por el Estado colombiano. Estos bancos no son simples repositorios; son plataformas científicas complejas, que integran: Conservación ex situ; Investigación genética; Caracterización fenotípica; Documentación y trazabilidad; Articulación con territorios y comunidades; insiste el Sindicato de Agrosavia que “su sostenibilidad depende de una condición básica: capacidades científicas estables, financiadas y no fragmentadas”, Es importante tener presente que los bancos de germoplasma incluyen microorganismos de interés agrícola, como bacterias con potencial biofertilizante y de promoción del crecimiento vegetal; Así mismo existen bancos o colecciones de semillas de frijol, yuca, forrajes tropicales en el CIAT y de vegetales y animales en varios centros de investigación de Agrosavia, que vienen de atrás, de Corpoica y del ICA. El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con un banco de semillas nativas, criollas y orquídeas; así como Nariño cuenta con uno de moras. Sin embargo, las leyes y normas que constituyen la base de la creación de AGROSAVIA vulneran varios principios en opinión de la Alianza para la Agrobiodiversidad de la cual hace parte el grupo “SEMILLAS”, entidad que ha estudiado exhaustivamente el tema desde hace alrededor de 20 años, especialmente los de biopiratería y control corporativo, así como la disponibilidad libre y reconocimiento de las semillas criollas y nativas y su reconocimiento como bienes comunes de los pueblos, además de la consulta previa e informada acerca de las semillas transgénicas y el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue[7].
El MADR plantea que la separación de funciones en la gestión de los bancos de germoplasma fortalece la gobernanza. Sin embargo, según el sindicato en mención “este argumento omite una realidad fundamental: En la práctica, la custodia científica, la investigación y el uso del germoplasma son procesos profundamente integrados. Separarlos sin un diseño robusto puede generar fragmentación institucional, duplicación de funciones; pérdida de eficiencia científica; ruptura de procesos acumulativos de conocimiento. La ciencia no opera bajo lógicas administrativas fragmentadas, sino como sistemas integrados de conocimiento”.
En nuestra opinión existen dos niveles de análisis en esta discusión:
- el primero es el de la propiedad del germoplasma que en este momento de la historia, en el que vemos la hiperacumulación económica y de poder de la “oligarquía”[8] caracterizada por la hiperaceleración de la ganancia privada concentrada en los más ricos del mundo, ante lo cual el germoplasma se convierte aún mas en un bien económico sujeto de interés supremo por redes multinacionales alimentarias, de salud y otros; esta discusión no es de carácter “ideológico” convencional pues es una consideración geopolítica real frente a la experiencia del COVID y ahora ante la incertidumbre y complejidad de los conflictos en torno a los hidrocarburos y otros recursos minerales, que hacia el futuro, cuando el cambio climático, la mayor contaminación ambiental y la veloz pérdida de la biodiversidad no afecten más, se traducirá en mayor dependencia y menor soberanía alimentaria, como empieza a demostrarlo el siglo 21.
Sería ingenuo y desleal con el país no asumir más profundamente nuestra condición “sui generis” de país con la mayor concentración espacial de biodiversidad ante el riesgo real e inminente de su pérdida, de no blindarnos suficientemente. Si bien la figura jurídica actual de AGROSAVIA la sitúa como entidad pública de derecho privado, con la intención teórica de agilizar su operación, en la práctica es regida por los gremios en su junta directiva, sin participación de otros actores fundamentales de la sociedad como son sus propios empleados,- que es el caso de EMBRAPA en Brasil, y menos de comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, que detentan tanto conocimiento como experiencia de cuidado de la naturaleza, de las semillas, de las plantas, de los animales y del entorno natural por su simbiosis con estos. El comunicado del Sindicato no menciona el campo de los recursos parafiscales, que debería ser más abiertamente evaluado por la sociedad y en el cual los gremios contienen importantes centros de investigación como son el caso de CENICAÑA, CENIPALMA y los demás; debemos recordar hace unos años la persecución de ICA a los productores de arroz para que usaran sólo las semillas recomendadas por esta entidad. El gobierno de Mexico prohibió la importación del maíz transgénico, para no afectar tanto la diversidad del maíz usado en México como su accesibilidad y protección por parte de las comunidades locales.
- el segundo nivel es de carácter operativo institucional lo cual también podemos hacer extensivo a la situación de los institutos tanto del sector ambiental como de salud, en el sentido de la insuficiencia de recursos y la lentitud y complejidad de tramites y ejecución, lo cual debe replantearse como condición general para poder construir ciencia, conocimiento, tecnología e innovación; en ello debemos aprender de experiencias como la de EMBRAPA de Brasil. Es absolutamente necesario replantear los procedimientos existentes de ejecución presupuestal de las entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación y del SNCTI en general, incluyendo subsistemas como el de conocimiento del sector agropecuario para lograr tres avances radicales: la transparencia, la agilidad y la eficacia. Ese es un reto pendiente desde hace varios años, que tenemos que asumir sin dilación alguna.
La desfinanciación de AGROSAVIA y de todos los institutos de investigación con soporte y relación fuerte del Estado es un asunto estructural; En apariencia, “Colombia ha construido un marco normativo robusto y progresivo en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que compromete explícitamente al Estado con la sostenibilidad de la investigación agropecuaria pública”.[9],[10], lo cual se convierte “no en una decisión de austeridad fiscal, sino en un incumplimiento del mandato legal vigente”. La Ley 1876 de 2017, que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y asignó a AGROSAVIA el rol de eje técnico del Subsistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico, articulado con los subsistemas de extensión agropecuaria y formación para la innovación, e implementado a través del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA) como instrumento de planeación de largo plazo y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Colombia Potencia Mundial de la Vida, Ley 2294 de 2023) que incorporó la agroecología, la soberanía alimentaria y la transición productiva como ejes programáticos del Gobierno, resultan técnicamente inviables por la desfinanciación estructural de la investigación por el recorte presupuestal planteado. Colombia tiene que replantear en todos los sectores la participación y contribución de la ciencia, tecnología e innovación, si queremos avanzar en el siglo 21; el 0,38% del PIB es vergonzoso[11].
Es clara la alta sindéresis, de conexión entre la teoría y el mandato legal y la realidad presupuestal y operativa, cuestión que también viven institutos públicos y privados como el IDEAM, INVEMAR; SINCHI; VON HUMBOLDT, aunque estos han sido parcialmente amortiguados por proyectos del fondo del agua y la vida; la situación del IDEAM es crítica, con casi el 50% de la red hidrometeorológica en malas condiciones. La ciencia, sea ambiental, de salud, agropecuaria no opera bajo lógicas de corto plazo ni puede someterse a esquemas fragmentados de financiación ni condiciones como las que el DNP estableció en el caso de las regalías y requiere estabilidad institucional, continuidad en los equipos de investigación y mantenimiento de infraestructura científica especializada; coincidimos con el sindicato de agrosavia en que “(e)l desfinanciamiento estructural tiene efectos acumulativos y profundos”, como el deterioro de capacidades científicas y de infraestructura instalada y equipos; la pérdida de talento humano altamente calificado; la interrupción de procesos de investigación de medio y largo plazo; el debilitamiento de la capacidad de respuesta frente a desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la productividad del sector”, lo cual puede o no desarrollarse desde la condición de público y privado, dependiendo de las reglas de juego operativo.
Coincidimos que en el siglo 21 el tema de la biodiversidad y de la investigación agropecuaria apropiada a nuestras condiciones es un asunto de seguridad nacional, desarrollo y soberanía alimentaria. En el caso específico de AGROSAVIA además de la representación de otros actores agropecuarios cruciales para balancear la composición actual, también hay que garantizar el acceso y uso de predios destinados a la investigación, los cuales, al ser bienes públicos bajo la titularidad de otras entidades como el ICA, presentan limitaciones para su aprovechamiento productivo, tecnológico o comercial por parte de AGROSAVIA; otra alternativa es la de considerar la transformación a entidad pública de manera completa, para de esta manera asegurar que el germoplasma está custodiado de manera pública, pero no debemos ser ingenuos, pues la corrupción puede ser pública o privada o conjunta; si esta condición mejora el presupuesto es relativo porque la experiencia del IDEAM no es la mejor. La experiencia de los cuatro institutos del SINA que son de carácter público bajo el derecho privado ha sido por lo menos difícil, pues “se exige mayor autosostenibilidad sin garantizar las condiciones (mínimas) materiales, presupuestales e institucionales para alcanzarla”; En consecuencia, “estas restricciones no solo limitan la diversificación de fuentes de financiamiento, sino que obstaculizan el desarrollo de modelos de innovación, transferencia y generación de valor en territorio, afectando directamente la capacidad de la entidad para avanzar en su misión”; vale la pena consultar en detalle la experiencia del SINA para aprender de ella, con la condición diferente que estas entidades no manejan bancos de germoplasma, aunque operan con ellos, como en el caso del SINCHI, que tiene colecciones que se reportan a AGROSAVIA.
El debate actual trasciende a una entidad. Se trata sobre el lugar de la ciencia en el modelo de desarrollo de Colombia. No es posible hablar de soberanía alimentaria, desarrollo rural, adaptación al cambio climático sin una ciencia fuerte, financiada y articulada territorialmente, cuya responsabilidad es compartida entre el sector público, popular y privado donde el MADR lidera y guía como articulador de la política y ponga la ciencia, el conocimiento y el dialogo de saberes como herramienta fundamental de la visión agropecuaria del país. AGROSAVIA no es un actor más del aparato estatal y privado. Es la principal capacidad científica del país en materia agropecuaria y debe revisar su relación con las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que han sido los guardianes de la biodiversidad y de manera específica de las semillas de una cantidad gigantesca de semillas; Si bien debilitar, fragmentar o subfinanciar el conocimiento agropecuario basado en nuestra diversidad cultural y natural no es una decisión correcta especialmente en el marco del siglo 21, sí es la oportunidad de repotenciar el aparato de conocimiento que ha estado centrado en AGROSAVIA, para no comprometer e hipotecar el futuro agroproductivo, alimentario, ambiental y social de Colombia. La responsabilidad histórica del Estado no es reorganizar sin garantías, de manera ingenua y menos reduciendo la capacidad científica, sino por el contrario, proteger, fortalecer y proyectar la ciencia, el dialogo de saberes, el conocimiento que nos permita posicionar lo agropecuario y natural como eje del desarrollo nacional en el siglo 21; la simple reclamación ante el recorte del presupuesto de la actual Agrosavia es una visión demasiado parcial; aunque válida pues todos los países que están realmente avanzados invierten mucho más en CTi, pero en el caso de Colombia, requiere un conocimiento diferente, más complejo, que en su práctica incluye todos los actores reconociendo y admirando su acumulado de conocimiento y compromiso con el territorio,
Es importante entender que desatender la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien público de beneficio colectivo es más representativo de un gobierno neoliberal o, peor aún de un gobierno al servicio de los más ricos, tendiente al autoritarismo y al neomercantilismo, que prefiere reducir el gasto público a cualquier costo social y ambiental; Por el contrario, la discusión actual tanto de los hipopótamos como de la protección y buen uso de nuestro inmenso germoplasma debe tener profundamente claro el carácter público e estratégico de la investigación, la innovación y la conservación de la biodiversidad y de la diversidad cultural como patrimonio de la Nación; en ese sentido la propiedad y responsabilidad debe ser pública, del Estado, de manera similar a cuando se dio el debate de la constitución de los institutos de investigación del SINA, cuando se determinó que por agilidad de la operación cuatro de ellos serían similares en su constitución legal a Agrosavia, en el sentido que su carácter es público pero que su régimen de operación es privado, mientras que el IDEAM sería de carácter público pues la información climática que genera y administra debe ser para el beneficio colectivo de todos los ciudadanos.
En síntesis: estamos de acuerdo que desmantelar o disminuir instituciones de ciencia, tecnología e innovación como Agrosavia es un error; aunque entendemos que la entidad llegó a tener más de 2000 investigadores y 300 mil millones de pesos y que es posible que la relación efectividad-eficiencia sea cuestionable o por lo menos revisable, y sobre todo, se cuestione su capacidad real de trabajo con las comunidades mas que con los gremios y la composición desigual del consejo directivo donde no están representados actores fundamentales como los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, que han acumulado una experiencia impresionante sobre sus territorios y además han cuidado para todos los colombianos y la humanidad numerosas semillas y plantas; este asunto debe ser dirimido con enorme justicia y visión empática, pues gracias a ellos el 80% las áreas en buen estado de la diversidad se mantiene, tal como se expresó con fuerza en la COP 16%.
Requerimos profundizar en tres dimensiones: transparencia, agilidad y eficacia en el Estado, pero recordando, sin ingenuidad, que la corrupción permea tanto a los actores públicos como privados como se demuestra fácilmente el sector salud, que ha sido sometido al saqueo por actores privados; la poca agilidad y eficacia de la gestión pública que sirve como pretexto para alegar que sólo siendo privada una entidad funciona, es muy relativa como demuestran algunas empresas de servicios públicos. No perdamos la oportunidad de estudiar colectivamente el caso de Agrosavia, pues debemos actuar con mucha sabiduría y pensamiento estratégico en el contexto mundial actual; como hemos expresado en esta misma revista, “sin ciencia no hay paraíso”. Lo mínimo que debemos esperar es una recomposición real del consejo directivo de la entidad para garantizar la representatividad de otros actores de la sociedad; una mayor participación y compromiso financiero del sector privado como resultado de mayor capacidad de gestión de la entidad, pues las estadísticas hoy demuestran que el sector de CTI está en el orden de 50-50 de aporte del sector privado y del público; una mayor presencia y actividad con los actores populares, comunitarios, indígenas, campesinos y afrocolombianos; una mayor flexibilidad de uso de los terrenos de ICA en los cuales se asienta Agrosavia y finalmente, la ratificación real y concreta de la propiedad pública del banco de germoplasma, colectiva de los bancos de germoplasma, reconociendo el protagonismo y propiedad intelectual real de los indígenas, campesinos y afrocolombianos de muchas especies que nos han brindado. La vigilancia y buen cuidado de los bancos de germoplasma que existen formal e informalmente en el país debe fortalecerse, pues Agrosavia es uno de ellos, pero existen muchos más; La solución definitiva de los hipopótamos no debe pasar de este año.
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[1] En Estados Unidos, se estima que los gatos con acceso al exterior matan entre 1300 y 4000 millones de aves y entre 6300 y 22300 millones de pequeños mamíferos anualmente; En Canadá, esta suma sería de 60 millones de aves al año por gatos domésticos y en Australia más de 300 millones por gatos domésticos y asilvestrados o ferales. En Colombia se estima que los gatos contribuyen a la muerte de 7 millones de aves al año, lo que podría ser una subestimación;
[2] El grupo SEMILLAS señala que diferentes medidas políticas y jurídicas han afectado las semillas criollas y nativas en varias leues y normas de propiedad intelectual sobre la biodiversidad ( que otorgan patentes y protección de derechos de obtentores vegetales, normas de certificación de calidad para la comercialización de semillas y de bioseguridad; que en conjunto amenazan todo el sistema de semillas en sus dimensiones de derechos soberanos de los países sobre la biodiversidad, sobre la alimentación y nutrición adecuada, y los derechos de los pueblos y comunidades sobre los bienes comunes. Sus publicaciones sustentan claramente estos temas.
[3] El grupo SEMILLAS; entidad sin ánimo de lucro ha publicado extensamente y desarrollado una actividad impresionante en torno a la protección de las semillas nativas y criollas, como bien común de los pueblos, que debe ser reconocidos por su valor material, inmaterial, colectivo e inalienable, debido al conocimiento y los saberes tradicionales que han sido incorporados durante generaciones por parte de las comunidades agricultoras, quienes tienen derechos precedentes y consuetudinarios sobre sus semillas, que debe prevalecer. .
[4] COLECTIVO DE INVESTIGADORES DE AGROSAVIA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAGROSAVIA comunicación pública
[5] Algunos investigadores del sector agropecuario opinan que la posición del Sintragrosavia es progremios y que la estructura actual obedece a la visión neoliberal que primó en la década de los 90, con el riesgo de apropiación de los recursos públicos por el sector privado nacional e incluso multinacional. Una de las evidencias es el apoyo del sindicato a las posturas de las SAC; FEDEGAN; Fedepalma y otros gremios, así como de las gobernaciones de Antioquia, Meta, Valle y el municipio de Palmira, de no permitir la participación de un delegado del personal de Agrosavia en la Junta directiva de la Entidad, en la cual si tiene asiento todos los gremios. En la misma línea no defendieron la participación de campesinos, indígenas y negros y ni siquiera consideraron llevar a la asamblea la posibilidad de elegir un delegado de los empleados, de tal manera que Agrosavia “es prácticamente patronal”.
[6] Según el comunicado de Sintragrosavia la entidad actual cuenta “ con 339 investigadores de carrera, de los cuales hay 123 doctores y 216 máster; con 13 centros de Investigación, 8 sedes y 2 fincas experimentales, lo cual brinda presencia territorial amplia y reconocimiento de capacidades científicas reconocidas nacional e internacionalmente y esta estabilidad institucional como condición esencial para la producción de conocimiento científico de largo plazo, que no puede ser fragmentado ni sometido a lógicas de corto plazo”.
[7] En Mexico la decisión presidencial de defender las semillas nativas resultó en la prohibición de la importación del maíz de Estados Unidos, principalmente transgénico.
[8] Como las denomina acertadamente el Senador Sanders de los Estados Unidos.
[9] A partir del artículo 65 de la Constitución Política de 1991, que eleva a rango constitucional la protección estatal de la producción de alimentos y el fomento de la investigación y la transferencia de tecnología como obligaciones no delegables del Estado, la Ley 29 de 1990 y su desarrollo reglamentario mediante el Decreto 585 de 1991 sentaron las bases del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre los cuales la Ley 1286 de 2009, la cual transformó Colciencias en Departamento y consolidó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), reafirmando la responsabilidad pública en la generación y apropiación del conocimiento. El CONPES 3866 de 2016 sobre Política Nacional de Desarrollo Productivo y los sucesivos documentos de política de competitividad establecieron la innovación agropecuaria como vector estratégico del desarrollo económico del país, articulando la inversión pública en CTI con los objetivos de diversificación productiva y sofisticación de la economía rural. La Ley 1731 de 2014 definió el esquema de financiamiento de AGROSAVIA —entonces Corpoica— reconociendo explícitamente la investigación agropecuaria como bien público estratégico y estableciendo la obligación del Estado de garantizar recursos estables, suficientes y de largo plazo para su operación.
[10] Sin embargo, la evidencia presupuestal revela un crecimiento totalmente marginal frente a los países que lideran el progreso social y económico en el mundo como el caso de la China, que incrementó 17,5 veces su presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2000 a 2023, hasta el punto que hoy puede estar muy cercano en su valor total al de Estados Unidos, sin contar los recortes recientes de la administración Trump segundo mandato.
[11] En el caso del sector agropecuario, en el gobierno Santos (2010-2018) el presupuesto anual se movía en promedio entre 1,6 billones, en el gobierno de Duque el MADR (2018-2022) el presupuesto ascendió a 9,5 billones en la sumatoria de los cuatro años; para el caso del gobierno Petro el presupuesto alcanzó cerca de 21 billones con un incremento del 139 %.
Carlos Fonseca Zárate
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
En el párrafo “Es clara la alta sindéresis, de conexión entre la teoría y el mandato legal y la realidad presupuestal y operativa, cuestión que también viven institutos públicos y privados como el IDEAM, INVEMAR; SINCHI; VON HUMBOLDT, aunque estos han sido parcialmente amortiguados por proyectos del fondo del agua y la vida; la situación del IDEAM es crítica, con casi el 50% de la red hidrometeorológica en malas condiciones.” deberia decir al comienzo:
” es clara la falta de sinderesis………..”