Que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirme que “campesino” es un término despectivo y ordene a su equipo sustituirlo por “pequeños empresarios del campo” no es un simple capricho verbal. Es la punta del iceberg de un proyecto que busca vaciar de contenido una categoría que costó décadas de luchas sociales, movilizaciones y muertos reivindicar. El Ministerio intentó después matizar, diciendo que “campesino” identifica una condición social y “productor agropecuario” un término más amplio, pero el mensaje ya estaba lanzado: en el lenguaje oficial del gobierno de Abelardo De la Espriella, el campesino sobra.
Una historia de resistencia
Antes del paro campesino de 2013, las UMATA y las secretarías de desarrollo rural ya venían usando el eufemismo de “pequeño productor rural” para referirse a quienes trabajan la tierra. Era una forma de despolitizar la categoría, de convertir al sujeto histórico en una función económica. El paro agrario de 2013 —esas casi 30 días de movilizaciones que el entonces presidente Santos intentó minimizar con la frase “ese tal paro agrario no existe”— cambió el panorama. Los campesinos y campesinas volvieron a nombrarse como tales, con orgullo, y esa reivindicación se tradujo en conquistas concretas.
El Acuerdo de Paz de 2016 recogió esa demanda y situó al campesinado en el centro del conflicto y de la solución. El punto de Reforma Rural Integral reconoció explícitamente el papel fundamental de la agricultura campesina, familiar y comunitaria como modelo válido y necesario, en contraste con el discurso del agronegocio que durante décadas había sido el único autorizado a hablar de “desarrollo”.
La resistencia campesina también se libró en el terreno de las estadísticas. Cuando el DANE no incluía la categoría “campesino” en sus instrumentos, las organizaciones del campo recurrieron a tutelas y acciones legales para exigir su inclusión. No fue una concesión espontánea de la institucionalidad: fue una conquista arrancada a punta de litigio y presión social. El Censo Nacional Agropecuario de 2014 ya había identificado a 2,7 millones de productores en el campo colombiano, pero el reconocimiento pleno del sujeto campesino en los sistemas de información del Estado siguió siendo una disputa abierta.
El gobierno de Gustavo Petro profundizó ese reconocimiento. Reconoció 19 nuevas Zonas de Reserva Campesina —para un total de 26 en el país—, reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y fortaleció las asociaciones campesinas de segundo y tercer nivel. El Acto Legislativo 01 de 2023 modificó el artículo 64 de la Constitución para declarar que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección”, reconociendo sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental. Todo eso está en riesgo cuando desde el poder se decide que la palabra “campesino” incomoda.
El eufemismo como arma
Llamar “productor rural” al campesino no es un acto de dignificación. Es un acto de reducción. El campesino no es solo quien produce: es quien habita, cuida, transmite saberes, conserva semillas, protege páramos y selvas, sostiene la soberanía alimentaria del país. Su identidad se construye en relación con la tierra, el trabajo, la tradición, la memoria y la comunidad. Reducirlo a “productor” es borrar todo eso y dejarlo solo como un engranaje de una cadena productiva.
El término “pequeño empresario del campo” es aún más revelador. Traslada al campesino al lenguaje del emprendimiento, ese vocabulario que convierte derechos en oportunidades de negocio y ciudadanos en clientes. Es la misma lógica que durante años justificó el despojo: si el campesino no es sujeto de derechos sino un empresario en potencia, entonces la tierra no es un derecho sino un activo, y quien no la hace “productiva” según los estándares del mercado no merece conservarla.
Detrás de esta operación discursiva está el agronegocio. Durante décadas, el modelo de desarrollo rural hegemónico en Colombia ha sido el de la agricultura comercial a gran escala, con el campesinado reducido a mano de obra barata o a obstáculo para la “modernización”. El Acuerdo de Paz intentó equilibrar esa balanza reconociendo la agricultura campesina, familiar y comunitaria como un modelo legítimo y necesario. Pero el agronegocio nunca aceptó ese equilibrio. Y ahora, desde el propio gobierno, se le devuelve el golpe con una maniobra tan simple como efectiva: si desaparece la palabra, desaparece el sujeto. Si el campesino se convierte en “productor rural”, deja de ser un actor político con derechos históricos y se convierte en un eslabón más de la cadena.
Lo que se pierde cuando se borra una palabra
La sustitución de “campesino” por “productor rural” no es un cambio aislado. Viene acompañada de otras mutaciones discursivas: “reforma agraria” se convierte en “acceso a tierras”; “economía campesina” se diluye en “desarrollo productivo”; “Zonas de Reserva Campesina” se reducen a “áreas de conservación”. Es un proceso sistemático de despolitización del lenguaje, una forma de desactivar las demandas históricas vaciando las palabras que las nombran.
Quienes defienden el cambio argumentan que se trata de “elevar el estatus” de quienes trabajan el campo. Pero el estatus no se eleva cambiando el nombre: se eleva garantizando acceso a tierra, crédito, asistencia técnica, comercialización justa y condiciones de vida dignas. Se eleva reconociendo al campesino como sujeto de derechos, no como beneficiario de programas asistenciales ni como “emprendedor” al que se le exige competir en un mercado diseñado para que pierda.
Hay algo profundamente clasista en esta operación. Quienes promueven el reemplazo de “campesino” por “productor rural” suelen ser los mismos que miran con desdén las formas populares y tradicionales de vida en el campo, los que asocian lo campesino con atraso y lo empresarial con progreso. No entienden —o no quieren entender— que la palabra “campesino” no es un lastre, sino una identidad vigente, con memoria, con derechos y con futuro.
Defender la palabra es defender el sujeto
El lenguaje construye realidades. Nombrar es reconocer. Cuando el Estado decide dejar de usar la palabra “campesino”, no solo está cambiando un término: está enviando un mensaje sobre a quién reconoce como interlocutor válido y a quién no. Está diciendo que el campesinado, ese sujeto que ha sostenido la comida de los colombianos durante generaciones, que ha resistido al despojo, a la violencia y al olvido, ya no merece ser nombrado como tal.
La reivindicación del campesinado no ha sido un regalo. Ha sido una conquista. El paro de 2013, el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo de 2023, las Zonas de Reserva Campesina, la certificación Halal para exportar café y cacao al mundo árabe: todo eso es el resultado de años de organización, movilización, litigio y resistencia. Y todo eso se sostiene, en parte, en la palabra. Porque sin la palabra que nombra al sujeto, las políticas que lo reconocen pierden su anclaje.
Defender la categoría “campesino” no es un anclaje al pasado. Es reconocer una identidad vigente, con derechos, con memoria y con proyecto de futuro. Es entender que el campo colombiano no se construye a espaldas del campesinado, ni convirtiéndolo en “empresario” de un modelo que lo excluye, sino con él, desde sus saberes, sus formas de vida y sus demandas históricas.
Que nadie se llame a engaño: cuando se borra una palabra, se borra también lo que esa palabra defiende. Y lo que está en juego aquí no es un debate semántico. Es la posibilidad misma de que el campesinado colombiano siga existiendo como sujeto político, con voz propia y derechos reconocidos, en un país que durante demasiado tiempo ha preferido mirar hacia otro lado.
Maicol Mauricio Ruiz, Docente Universidad Tecnológica de Pereira
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