El mal estructural de América Latina que no hemos podido superar, derrotar, es el del patrimonialismo que no es otra cosa que el uso privado de los recursos públicos. El también inolvidable José Luis Romero en su obra clásica “La Mentalidad Burguesa” señaló que este patrimonialismo es una de las razones centrales de nuestro atraso, de nuestra profunda fractura social que se manifiesta en los niveles irritantes de concentración de la renta y de la riqueza y se traduce en pobreza, exclusión, miseria y marginalidad. Los ricos en toda la región han amasado sus fortunas medrando y cooptando al Estado al cual han puesto a su servicio, esta es parte de las causas estructurales que Francisco el papa recordó a los empresarios en su reciente visita en Colombia. Mientras no removamos esas causas estructurales no podremos superar los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión que son las manifestaciones más visibles de nuestras formaciones sociales y del modelo de desarrollo extractivista, promercado y neoliberal que domina en el continente y también en nuestro país.
La trama de la corrupción que no solo compromete, es bueno señalarlo, a la firma brasilera Odebrecht, sino, que es una trama que compromete a muchas firmas empresariales y multinacionales que también quedaron al desnudo con la divulgación de los papeles de Panamá y en general con sus elevadas cuentas en los paraísos fiscales con el propósito de evadir el pago de impuestos en los países en que realizan sus actividades. Dos problemas saltan a la vista. El primero que nuestro continente es el más desigual en términos de concentración de la propiedad y de la renta como en Colombia con una tasa de concentración medida con el coeficiente de Gini por encima del 0.56 y en materia de concentración de la propiedad de la tierra es de 0.89 en donde 1 sería la desigualdad total. Y el segundo factor es la baja tributación de los ricos que pagan tasas impositivas demasiado bajas. En estas dos materias se ha avanzado muy poco en América Latina. Aún en el período de gobiernos de centro izquierda que mejoraron la distribución de los ingresos, sacaron de la pobreza a millones de personas, prácticamente se mantuvieron esas tasas de tributación muy bajas y en general se mantuvo casi inalterable la aguda concentración de los ingresos y de la renta. La redistribución corrió a cargo de un mejor reparto de las rentas obtenidas por el Estado de los recursos percibidos por los altos precios de los productos naturales que fueron explotados y exportados sin afectar de manera significativa esa concentración de la renta por la vía de cobrar mejores y más elevados impuestos a los ricos y a las multinacionales en la región.
La política no se ha ocupado de estos problemas estructurales. Por el contrario en toda la región y en Colombia en particular las políticas públicas adoptadas en los últimos 25 años, después del llamado consenso de Washington (1989) han buscado la privatización de servicios públicos básicos como también de derechos fundamentales como la salud, el régimen pensional, la educación, para mencionar los más sensibles. La liberalización de la economía, la reducción de las funciones del Estado concentrándolo en funciones de regulación son la regla general de las políticas públicas así como al aumento de los impuestos regresivos como el impuesto a las ventas sin afectar de manera significativa la tasa impositiva a los grandes capitalistas a quienes se rebajan las tasas impositivas con el argumento de la generación de empleos que en todas partes han mostrado su fracaso. Los partidos políticos casi sin distingo han asumido estas banderas como dogmas y las han impulsado con los llamados tratados de libre comercio, la exención de impuestos a las multinacionales extractivistas lo que ha traído como consecuencia la reprimarización de la producción y la crisis industrial en el conjunto de la región.
Esta es la agenda prioritaria de los partidos con la creencia que la generalización del mercado y el estímulo al mismo, traerán, como efecto del derrame, mejoras en el empleo e ingresos de las mayorías nacionales lo cual no ha ocurrido. Entretanto los partidos políticos sobreviven por su papel en la intermediación clientelista de las políticas públicas como entre nosotros Familias en Acción, Ser Pilo Paga y en general políticas focalizadas hacia los más pobres con la distribución de subsidios a la demanda. Uno de los problemas centrales de la corrupción en Colombia tiene que ver con la existencia de los llamados cupos indicativos que son recursos del presupuesto público que se asignan a los parlamentarios para que “inviertan” en sus regiones. Como ha quedado en evidencia los parlamentarios Musa Besaile y Bernardo el Ñoño Elías, fueron destinatarios de millonarios recursos del presupuesto público una parte de los cuáles fueron a parar a sus bolsillos así lo vienen demostrando las investigaciones judiciales. Son un poco más de 1.5 billones del presupuesto anual que se destina a dichos cupos indicativos que se reparten entre los parlamentarios de la coalición de Gobierno con lo cual gana el régimen pues mediante dicho mecanismo subordina a los parlamentarios para que voten y apoyen en el Congreso las iniciativas aún si son impopulares como la reciente reforma tributaria cuyo centro era la de elevar el Impuesto al Valor Agregado, IVA, a los consumidores que pasó del 16 al 19% con un aumento de tres puntos para la mayor parte de los productos en el país. Un impuesto regresivo al tiempo que se bajó los impuestos a las empresas y por supuesto no se afectó ni se aprobó ningún impuesto a la renta y a la riqueza. Con ello las políticas públicas siguen contribuyendo a la concentración de la riqueza y a la desigualdad.
Los cupos indicativos son el mecanismo para cooptar y acabar con la independencia y autonomía del Congreso y por ésta vía de los partidos y movimientos políticos. Pero generan un efecto búmeran en el conjunto del sistema político que tiene como práctica no la defensa del bien común, de lo público, sino por el contrario la defensa de los intereses privados y la práctica del patrimonialismo que se manifiesta como clientelismo en donde los ciudadanos son tratados como clientes, es la privatización extrema de la política que conduce a una desigualdad completa en términos de la competencia política. Un senador digamos por caso Musa Besaile o Bernardo el Ñoño Elías cuentan con decenas de miles de millones para alimentar esa clientela frente a parlamentarios honestos desprovistos de recursos para satisfacer a sus potenciales electores. Una parte de esos recursos se desvían para financiar sus campañas y otra parte significativa va a parar a sus bolsillos. El sistema mismo es el que genera condiciones para que florezca la corrupción. Una verdadera reforma política democrática debería eliminar los cupos indicativos o por lo menos como se propuso recientemente por la Senadora Claudia López que se mantuvieran esas partidas regionales pero que se manejaran transparentemente y los proyectos se aprobaran en Audiencias Públicas regionales con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y que en dichas Audiencias pudieran tomar parte todos los parlamentarios de esas regiones. El proyecto fue hundido sin siquiera abrirse el debate. Y de ello no se habla en la flamante reforma política que ya fue aprobada en la Comisión primera de la Cámara de Representantes.
Estas prácticas dominantes en la política colombiana les han pasado cuenta de cobro. En todas las encuestas recientes más del 85% de los encuestados tiene una imagen negativa de los partidos políticos. Los identifican con la corrupción que ha pasado a ser uno de los temas centrales de la agenda que los ciudadanos consideran prioritaria. Y como queda dicho es el propio sistema el que genera espacios para el robo del erario público que por lo demás encarece las campañas políticas. Una campaña al senado como las de los dos parlamentarios mencionados se ha señalado que tiene un costo por encima de los 10 mil millones de pesos. Obvio que se tienen que falsear y maquillar las cuentas o sea que el propio sistema conduce al fraude en las rendiciones de cuentas y si a eso se suma la inoperancia de la autoridad electoral que debería limitar, vigilar y castigar la violación de los topes electorales se llega al resultado de un sistema que induce a la ilegalidad. Y ese es precisamente el problema mayor. Entonces se abren investigaciones penales por la trasgresión a la ley, por la apropiación ilegal de los recursos, por el robo a los recursos para la salud como en Córdoba y por los acuerdos ilegales con aparatos criminales como los paramilitares para seguir con el ejemplo de los dos senadores mencionados. Para frenar las investigaciones los parlamentarios y los jueces que los investigan acuerdan mediante el pago a éstos últimos comprar los fallos absolutorios la mayor parte de ellos por vencimiento de términos, es decir, ponen a dormir las investigaciones y los procesos para que precluyan por vencimiento de los términos. Así se completan y sincronizan todos los ingredientes del desastre que vivimos actualmente.
Para salir del desastre es obvio que se requiere una revolución ciudadana, de una participación activa de la ciudadanía para desmantelar este sistema que induce a la corrupción. Un buen paso inicial a pesar de las falencias que contiene es el de la consulta popular contra la corrupción que ya logró las firmas necesarias y está en la fase de revisión por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que pase al Congreso y se defina fecha para su realización; como también lo es el cumplimiento cabal de los Acuerdos de La Habana que marchan en la dirección de redistribuir la tierra, formalizar la propiedad de los campesinos, satisfacer la verdad, la justicia y lograr la reparación a las víctimas. Sin embargo el proceso para la materialización del Acuerdo marcha muy lentamente y contra él se levanta un muro de oposiciones alimentadas por la mentira y la defensa de los más retardatarios intereses desde la coalición que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los elementos más progresivos de la reforma política contenidos en el informe de la Misión Electoral Especial fueron eliminados del proyecto recortado y sumamente limitado que ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. No obstante hay que persistir y sobre todo alimentar la participación ciudadana para que se involucre y se movilice para lograr transformaciones y cambios significativos para cambiar este sistema perverso.
PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur
Bogotá 14 de septiembre de 2017.
NOTAS
[i] Lechner Norbert. Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. Obras escogidas, Tomo I. LOM ediciones, Santiago de Chile, 2006.
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