Paradójicamente, en esta coyuntura, el confinamiento carcelario se convierte en un riesgo latente para la población de reclusos y guardianes de los diversos centros penitenciarios del país.
La problemática del hacinamiento carcelario, de vieja data en un país donde predomina la doctrina del castigo como enfoque punitivo, reacio a la alternatividad penal y a la justicia restaurativa, presenta unas estadísticas bastante preocupantes con respecto a la sobrepoblación: 123.434 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad de 80.373 cupos para el albergue de internos en condiciones dignas. Esto muestra un nivel de hacinamiento que supera el 53% de la capacidad instalada. Por cada nuevo cupo que se crea, llegan tres reclusos, en medio de una justicia paquidérmica, donde los sindicados representan una tercera parte de la población privada de la libertad.
Desde el 15 de marzo pasado, el movimiento carcelario ha venido alertando, mediante comunicados, acerca de la urgencia de adoptar medidas efectivas para proteger a la población carcelaria ante la inminencia del Covid19, en un contexto en el que ninguna cárcel colombiana está preparada para afrontarlo. Así fue expresado por las reclusas del Buen Pastor de Bogotá donde, dados sus reclamos, hubo intervención del ESMAD, afectando a cerca de 15 internas.
Como lo manifiesta John León de la Corporación Solidaridad Jurídica, hace más de una semana le habían enviado videos al gobierno para mostrar la situación de riesgo. Como respuesta, se restringieron las visitas, pero, no se aplicaron los protocolos de higiene.
Así mismo, previo a los hechos luctuosos del sábado 21 de marzo, las visitas habían sido restringidas en Cómbita y la Picota. En Cartagena, los presos de la Cárcel San Sebastián de la Ternera denunciaron la falta de medidas sanitarias. La escasez de agua, la falta de precaución en medidas de higiene y la carencia de elementos de protección personal como tapabocas, jabón y desinfectantes que deja expuesta a la población carcelaria y a la misma guardia.
En este contexto, lo que empezó como un cacerolazo nacional el sábado 21 de marzo hacia las 9 PM, terminó en masacre y represión para la población reclusa; especialmente, para los internos de la Cárcel Modelo de Bogotá donde, al menos, 23 presos fueron ultimados a bala y 83 resultaron heridos a raíz de la intervención de fuerzas especiales del ejército y la policía frente al motín que se inició en dicho penal y en otras 13 cárceles del país, de manera simultánea.
La serie de motines en los centros carcelarios fue el reflejo de la inconformidad y su desborde, como lo mostraba Noticias Uno (22 de marzo, 2020) en su emisión dominical fue el producto de la acción de un grupo minoritario que intentó aprovechar una protesta pacífica agenciada por los presos políticos, presumiblemente para escapar, llevando a la estigmatización al conjunto de sectores de internos participantes. En declaraciones al noticiero, Esmeralda Echeverry de la Fundación Cárceles al Desnudo muestra que el motín fue un hecho aislado con respecto al clamor de los internos en procura de lograr que el Estado les garantice el derecho a la salud y a la vida.
Como testimonio de estos hechos, un recluso de la Picota, experto tatuador, que se presenta en Instagram como Inocent_Kidd, presenta su propia opinión de los hechos a través de mensajes:
Como lo muestra el Canal alemán DW (24 de marzo,2020), el gobierno nacional a través de Margarita Cabello, Ministra de Justicia, intentó aislar los hechos luctuosos del riesgo de pandemia, con la intención de mostrar tan trágico incidente como “intento criminal de fuga masiva”.
Al respecto, el Canal alemán refiere a la ONG Dejusticia, que reconoce justeza en la protesta de los presos, en tanto se han presentado brotes de tuberculosis y demás enfermedades respiratorias de tipo contagioso, por lo que la inminencia del coronavirus puede generar una crisis humanitaria.
En contraste con las declaraciones de la Ministra de Justicia, el día lunes 23 de marzo de 2020, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, Norberto Mojica, decretó mediante Resolución 001144 del 22 de marzo, la Emergencia Carcelaria, con base en temas de salud y de orden público.
La urgencia de esta declaratoria ya había sido propuesta por el movimiento carcelario, las organizaciones humanitarias, los abogados de más de 170 organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Precisamente, se solicitaba el traslado a detención domiciliaria para quienes no presentaran riesgo de fuga o reincidencia, las madres gestantes o con hijos menores de tres años, las personas con cáncer o VIH, con insuficiencia renal crónica, diabetes, trastornos pulmonares, hemofilia, artritis reumatoide o con trasplantes. Con tal medida, pueden pasar a tener casa por cárcel entre 4.000 y 15.000 presos.
Paralelamente, el gobierno prepara un decreto para que los jueces puedan, mediante audiencias virtuales, otorgar la detención domiciliaria a presos en condición de vulnerabilidad en materia de salud. Además, busca instrumentos excepcionales que faciliten la excarcelación de personas condenadas por delitos menores o a punto de cumplir sus condenas.
En este contexto, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, junto con 170 organizaciones, presentó una carta el lunes 23 de marzo, pidiendo medidas urgentes para el suministro constante de agua para la higiene corporal y el aseo de los espacios comunes en las celdas. Al respecto, ya el 20 de marzo, previo a las protestas y la masacre en La Modelo, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T388 de 2013 de la Corte Constitucional (donde se reitera la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en las prisiones colombianas) había solicitado a dicha instancia que exhortara al gobierno nacional para la declaratoria de la emergencia Carcelaria en el país.
En ese marco, dicha Comisión llamó a las autoridades nacionales departamentales y municipales para que coordinaran y formularan un plan de prevención de covid19, con cobertura en establecimientos carcelarios nacionales, municipales y de detención transitoria, URIS, estaciones de policía y demás, con el fin de evitar la vulneración masiva de la salud y la vida de la población privada de la libertad.
La Declaratoria de la Emergencia Carcelaria, sin embargo, ha venido acompañada de medidas represivas de traslado de presos políticos del Buen Pastor y de la Picota, generando incertidumbre y alejando a personas privadas de la libertad de sus círculos de relaciones familiares y de apoyo humanitario. Como muestra Sánchez (24 de marzo, 2020), los abogados, familiares, organizaciones de la sociedad civil y del Partido Farc denuncian que tres reclusas y cuatro hombres han sido trasladados, sin pronunciamiento alguno del INPEC.
Este es el caso de Lizeth Rodíguez, Alejandra Méndez y Lina Jiménez, víctimas del montaje judicial conocido como Caso Andino, quienes fueron sacadas de sus celdas a las 3 A.M y se desconoce su paradero. En idéntica situación se encuentran Luís Fernando Franco, José Ángel Parra, Moisés Quintero y Óscar Rodríguez, presos políticos del Partido Farc que, como lo denuncia la Fundación Lazos de Dignidad (marzo 25, 2020).
Con estas medidas, el mismo INPEC contradice las medidas preventivas contra el Covid-19, ya que al respecto, había suspendido los traslados de población reclusa, al tiempo que se viola el Acuerdo de Paz, pues estas personas están acreditadas ante la Justicia Especial Para la Paz – JEP.
El clima de tensión e incertidumbre continúa en los penales ante la hostilidad de alas autoridades carcelarias frente a las protestas de la población reclusa, en un esfuerzo por desdibujar los hechos sangrientos de La Modelo.
Fuentes:
- Emisión Noticias Uno/ 22 de marzo de 2020 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=n4rHZK-za5Y
- Deutsche Welle – Motines exponen vulnerabilidad de presos en Colombia ante llegada del coronavirus. 24 de marzo de 2020.
- Ver: https://www.dw.com/es/motines-exponen-vulnerabilidad-de-presos-en-colombia-ante-llegada-del-coronavirus/a-52904366
- Lazos de Dignidad. Acción Urgente. Marzo 25 de 2020.
- Ver: https://twitter.com/FLazosDignidad/status/1242832246568030212/photo/1
- Sánchez Arévalo, Nicolás. Incertidumbre por posibles traslados de presos políticos de La Picota y el Buen Pastor. El Espectador. Colombia 2020. Marzo 24 de 2020.Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/incertidumbre-por-posibles-traslados-de-presos-politicos-de-la-picota-y-el-buen-pastor-articulo-911020
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada: El Tiempo
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