10 años más

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) acaba de extender por 10 años la concesión a los canales privados de televisión, RCN y Caracol. Estamos, sin duda, ante un hecho económico, cultural, periodístico y político de especial relevancia. Y es así, porque en esos diez años el Estado colombiano, de la mano de sectores de la sociedad y de la sociedad civil en particular, deberán dar cuenta de la implementación del Acuerdo Final y de otros hechos sensibles políticamente, que muy seguramente  serán recogidos a través de ejercicios periodísticos y la producción de seriados y novelas por parte de los equipos de producción de los dos señalados canales televisivos.

Que estos dos canales continúen informando y entreteniendo a por lo menos 20 millones de personas sobre lo que acontecerá, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad y la operación de la JEP, en el marco de la implementación de lo que acordaron el Gobierno de Santos y los plenipotenciarios de las Farc, define muy bien a qué le están apostando esos sectores del Establecimiento que acompañan o no la consolidación de una paz estable y duradera; es probable, a juzgar por la política editorial asumida por el canal RCN  en o para su Noticiero, que por el contrario, la producción noticiosa sirva a los propósitos de aquellos miembros y militantes del Centro Democrático[1], que asumieron aquello de hacer “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”[2] como un objetivo político y bandera de campaña en la actual coyuntura electoral.

Desconozco si la prórroga de la concesión obedeció a criterios estrictamente económicos, pero de lo que si estoy seguro es de que no hubo una valoración en torno a los “servicios” de entretener e informar que RCN y Caracol vienen prestando desde 1998. Si existieran criterios claros para valorar los tratamientos periodístico-noticiosos que los noticieros de estos dos canales vienen haciendo a hechos como el proceso de paz de La Habana, la implementación del Acuerdo Final y de asuntos que la Corte Suprema de Justicia y otras instancias judiciales investigan en torno a los vínculos que Álvaro Uribe tiene, según los denunciantes y los testigos (los pocos que quedan vivos) con estructuras paramilitares, entre otros temas sensibles, entonces la ANTV no debió extender los contratos de concesión.

Y es así, por el papel claramente político que decidió jugar, por ejemplo,  la dirección del Noticiero RCN, en el sentido de proteger la imagen del ex presidente, ganadero, caballista y latifundista, Álvaro Uribe Vélez. Y de forma paralela, trabajar periodísticamente para generar animadversión en sus audiencias en torno al proceso de paz de La Habana, a la implementación de lo acordado. El manejo periodístico-noticioso dado a la jornada plebiscitaria del 2 de octubre de 2016 tuvo un carácter tendencioso y abiertamente contrario a una ética periodística anclada en el respeto a la verdad y a la consideración de todas las perspectivas posibles para entender los alcances de la jornada electoral, del resultado mismo y por supuesto, de lo que sobrevino después: el ajuste al Acuerdo Final (I) en temas sustanciales como la presencia obligatoria de agentes de la sociedad civil (empresarios, por ejemplo) que hayan coadyuvado, patrocinado o aupado a grupos paramilitares. Como sabemos, en el Acuerdo Final (II), la presencia de dichos agentes quedó con un carácter voluntario.

Para el caso del noticiero Caracol, aunque menos tendencioso que su par con el que compite por las audiencias, la línea editorial actual lo asocia de manera clara con las campañas políticas[3] Vargas Lleras y Duque.

No se trata de evaluar solo los tratamientos periodístico-noticiosos que los dos noticieros vienen haciendo en temas sensibles para el país. También hay que someter a evaluación la oferta televisiva de novelas y seriados, que insisten en consolidar el ethos mafioso de una sociedad y de un Estado permeado por mafiosos (carteles de la droga) y toda suerte de bandidos y corruptos. Las novelas de narcos solo han servido para entronizar ese ethos mafioso con el actúan miembros de la clase dirigente, empresarial y política.

Dado lo anterior, la autoridad televisiva debió revisar las investigaciones realizadas por académicos, las críticas de columnistas de opinión y expertos en estos asuntos, en las que se analizan los ejercicios periodísticos de los equipos  de Caracol y RCN. Además, debieron los miembros de la ANTV preguntarle a las audiencias qué tipo de valoración hacen tanto de la oferta cultural como de la informativa de los dos canales.

Así entonces, por 10 años más tendremos una oferta televisiva empobrecida y unos noticieros que cada vez más juegan en la esfera política. Fungen, sin duda, como actores políticos[4], con un agravante: los valores/noticia pierden el carácter universal y se convierten en acomodaticios y por ese camino, se ponen al servicio no solo de los conglomerados económicos que los respaldan, sino  que quedan a merced de quienes pautan en sus espacios  y de partidos políticos comprometidos con la naturalización y la extensión de ese ethos mafioso que deberíamos proscribir, en aras de avanzar hacia una sociedad decente y un Estado moderno.

Entonces, por 10 años más las audiencias colombianas serán informadas por periodistas incorporados[5] y afectos a un Régimen de poder que deviene  ilegítimo y que expone un carácter criminal y mafioso, que debería ser denunciado por la prensa. Pero es claro que en las condicione actuales, la prensa queda y está de tiempo atrás, a su servicio.

Esa prórroga de 10 años, servirá para consolidar una democracia restringida, formal y controlada por unas empresas mediáticas capturadas por poderes económicos y políticos interesados en mantener en esas condiciones el régimen democrático.

 

Imagen tomada de Kienke.com