Cuando están por cumplirse dos meses del terremoto, el gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia, apenas ahora, la puesta en funcionamiento del Fondo Milagro. El anuncio llega acompañado de una excusa por la tardanza: según el mandatario, la demora obedeció al “desorden” que encontró del gobierno anterior. Para una población que sigue viviendo las consecuencias de la catástrofe, la explicación no disipa las preguntas sobre la oportunidad y el alcance de la respuesta estatal.
El presidente anunció también un desembolso de $624.656 millones del Presupuesto General de la Nación, provenientes de crédito externo, para dicho fondo. La asignación, formalizada mediante el Decreto 1488 del 6 de octubre de 2026, está destinada a la demolición de estructuras afectadas, la remoción de escombros y la evaluación de daños y necesidades en toda la zona golpeada por el sismo.
Aunque todavía no existe una cifra consolidada del costo de las demoliciones y la remoción de escombros, solo Pereira reporta un valor de $55.000 millones de pesos por estas labores. La dimensión de esta tarea permite advertir la presión que enfrenta la ciudad para atender la emergencia.
La dimensión de los daños
La ausencia de un balance consolidado a estas alturas no impide advertir la magnitud de la tragedia. Según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), publicado el 29 de septiembre, se registran 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas, además de 759 edificios colapsados. La afectación alcanza 4.316 centros educativos, 397 centros de salud y 6.118 centros comunitarios.
El mismo reporte relaciona 521 vías, 107 puentes vehiculares, 107 puentes peatonales, 141 acueductos y cinco aeropuertos afectados. Estas cifras muestran la extensión del daño sobre la infraestructura que sostiene la vida cotidiana de las comunidades.
En Risaralda, el balance recoge 63.609 viviendas averiadas y 5.535 destruidas, 5.306 edificios afectados y 109 colapsados, así como 44 centros de salud y 291 sedes educativas afectadas. La emergencia compromete, por tanto, tanto el lugar donde habitan miles de familias como los espacios donde reciben atención médica y educación.
De acuerdo con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en su Plan de Acción Específico (PAE) “Risaralda se levanta”, el costo de la reconstrucción y rehabilitación de Pereira asciende a $13,88 billones. Para el conjunto de Risaralda, la cifra llega a $22,8 billones.
Por su parte, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNGRD estima los daños a la infraestructura en $42,1 billones, equivalentes a USD 13.200 millones y al 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Risaralda aparece como el departamento más afectado, con daños por $14,4 billones —USD 4.500 millones—, aproximadamente la tercera parte de la afectación total.
La comparación con el terremoto del 25 de enero de 1999, que golpeó principalmente al Eje Cafetero, permite apreciar la gravedad del desastre actual. Los costos de aquel evento se estiman en $1.597.791millones de la época, correspondientes al 0,84 % del PIB. Frente a esa proporción, el 2,3 % atribuido al sismo del 10 de agosto muestra la enorme dimensión económica de una tragedia que se perfila como la mayor sufrida por el país en los últimos años.
Una respuesta tardía frente a las necesidades
El pueblo pereirano recibe con expectativa y esperanza los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la magnitud de las necesidades hace que esa respuesta resulte tardía e insuficiente. Hasta el momento, el manejo de la emergencia ha recaído inicialmente en la solidaridad de la ciudadanía y en las administraciones locales y regionales, que han enfrentado el desastre con recursos escasos. La ausencia del Gobierno nacional ha sido, entretanto, una de las principales razones de inconformidad.
La UNGRD giró el 25 de septiembre $13.694.966.094 para subsidios de arrendamiento, con una entrega de $1.050.543 por cada hogar de los estratos 1 y 2 beneficiado. Esta ayuda cubre poco más de la tercera parte de las 31.599 viviendas no habitables registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD).
Además, el desembolso corresponde apenas al primero de los tres meses de subsidio de arrendamiento previstos en la Resolución 0765 de 2026. La distancia entre la cobertura alcanzada y el número de viviendas no habitables evidencia cuánto falta para atender las necesidades de alojamiento de las familias damnificadas.
El empleo y la economía también están en emergencia
Los daños en infraestructura representan solo una parte de los efectos económicos del terremoto. A ellos se suman las consecuencias sobre el empleo, el comercio y la industria, además de las afectaciones a la salud física y mental de la población.
El estudio de la Cámara de Comercio de Pereira “Del impacto a la recuperación. Impacto socioeconómico, retos y escenarios de recuperación empresarial 2026-2027”, publicado el 31 de agosto, reporta pérdidas directas en la industria y el comercio por $354.705 millones y la pérdida de 51.716 empleos. El cálculo económico no incluye el lucro cesante, es decir, los ingresos que dejan de percibir las empresas y los negocios durante su cierre temporal.
Detrás de estos reportes está el drama de ciudadanos que ven comprometido su sustento. En distintos sectores, los trabajadores enfrentan la incertidumbre de perder el empleo, mientras las familias intentan sobreponerse a los daños materiales y a la alteración de su vida cotidiana.
El caso de la fábrica de comestibles La Rosa, de la multinacional Nestlé, expresa esa preocupación: 221 trabajadores tienen sus contratos suspendidos desde el 8 de septiembre. La empresa justifica la medida por fuerza mayor, debido a los daños sufridos en la infraestructura de la planta. SINALTRAINAL ha manifestado su preocupación por lo que considera un inminente cierre de la planta de Dosquebradas, que implicaría la pérdida de 450 empleos directos.
Los trabajadores de la salud atraviesan una situación semejante. En una de las principales clínicas de la ciudad, la Clínica de los Nevados, se suspendieron temporalmente los contratos de 400 trabajadores. La afectación de este sector incorpora así una dimensión laboral a la crisis que ya padecen los servicios asistenciales.
Una ciudadanía que piensa y vigila la reconstrucción
La situación de Pereira y Risaralda es crítica. La respuesta del Gobierno nacional ha sido lenta, errática y pobremente articulada, y aún no se traduce en hechos concretos de reconstrucción en la infraestructura y en las demás áreas afectadas. Recuperar la región exige atender también el empleo, la actividad económica y el tejido social.
Ante la inoperancia y la paquidermia del Estado, la ciudadanía ha comenzado a organizarse. Diferentes sectores de la ciudad se han unido para pensar y dialogar sobre la Pereira que desean ver renacer, como ocurrió en el foro de Diálogos de Ciudad “Qué ciudad deseamos”. Estos espacios expresan la voluntad de participar en las decisiones que definirán el futuro de la ciudad.
La organización ciudadana también busca auditar y vigilar los recursos que, provenientes de distintas fuentes, se destinen a la reconstrucción. La constitución de la veeduría ciudadana “Pereira se reconstruye con transparencia” forma parte de ese esfuerzo por acompañar el proceso y ejercer control sobre el uso de los fondos.
A estas iniciativas se suma la convocatoria a las audiencias públicas del Congreso de la República: la primera, de la Comisión Sexta, el 9 de octubre; y la segunda, de la comisión accidental para la emergencia del terremoto, el 22 de octubre. Son oportunidades para plantear las necesidades de la población y reclamar respuestas de las autoridades.
Frente a la catástrofe, es imperativo que la ciudadanía mantenga y fortalezca su organización mediante veedurías, cabildos abiertos, foros ciudadanos y otras formas de manifestación. La exigencia al Gobierno nacional y a los gobiernos locales debe traducirse en acciones concretas que conduzcan a la plena reconstrucción y a la reparación del tejido social.
La recuperación de Pereira y Risaralda deberá medirse en la posibilidad de que las familias vuelvan a habitar sus viviendas, los trabajadores recuperen la estabilidad de su sustento y las comunidades participen en las decisiones sobre su futuro. Los anuncios generan esperanza; corresponde al Estado convertirla en una reconstrucción que la población pueda reconocer en su vida cotidiana.
José Roberto Zuluaga M.
Foto tomada de: Alcaldía de Pereira, publicada por Caracol Radio el 1 de septiembre de 2026.
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