- Reconstrucción, transformación y Resiliencia: Enfocado principalmente en la recuperación económica, productiva y de infraestructura física de las regiones afectadas por desastres naturales y la prevención frente a riesgos futuros.
- Patriotismo constitucional: Orientado a la defensa rigurosa de la Constitución de 1991, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la preservación del orden democrático y el combate directo a las economías ilegales.
- Milagro social: Diseñado para mejorar significativamente las condiciones y la calidad de vida de la población, mediante un modelo que combina esquemas eficientes de protección social con el desarrollo de capital humano.
- Milagro económico: Apuesta por el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) con una meta del 6 %. Se apoya firmemente en seis sectores clave: minero-energético, agropecuario (agroindustria), industrial, comercio, turismo e infraestructura.
- Colombia de las regiones: Impulsa un modelo de descentralización y ordenamiento para responder a las necesidades locales, estructurado mediante macroproyectos de impacto en 12 nodos regionales.
- Transformación del Estado: Centrado en la modernización institucional, la pulcritud administrativa y una gestión pública transparente orientada estrictamente a la entrega de obras e indicadores verificables
Cada eje da para una conversación particular, que cómo suele suceder, son inspiración y motivo de procesos esperanzadores. Sin embargo, al menos por ahora, es el Milagro económico el que nos convoca.
La obsesión por las cifras macroeconómicas de alto vuelo suele expresarse como un estribillo ineludible en cada cambio de ciclo político, presentándose ante la opinión pública como la prueba reina de lo que se espera sea la eficiencia gubernamental, al fin y al cabo, a la hora de recapitular, las promesas iniciales son lo de menos.
El PND que se espera presentar por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella no es la excepción a esta regla: se plantean y se proyectan tasas de crecimiento económico ambiciosas para los próximos cuatro años, reviviendo la vieja y gastada premisa de que la expansión acelerada del PIB es, por sí sola, la panacea capaz de resolver los desequilibrios fiscales, financieros y externos, que ya son estructurales e históricos, esto además de la pobreza, la desigualdad de la sociedad colombiana e incluso la dependencia económica. Una buena y contrastada visión frente al gobierno anterior que torpemente propuso caminar al decrecimiento, aun cuando su el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 planteó un escenario macroeconómico con proyecciones iniciales de crecimiento promedio en torno al 3 % o 4 %, los mensajes contradictorios que ayudaron a alterar todas las expectativas de los diferentes agentes económicos durante ese cuatrienio.
Sin embargo, más allá del entusiasmo aritmético del discurso oficial, un examen mesurado de la trayectoria económica del país en lo que va del siglo XXI revela que prometer saltos significativos sin modificar las bases productivas no pasa de ser un ejercicio de fe estadística desconectado de la realidad material.
Para entender la magnitud de este optimismo, resulta necesario observar el comportamiento de la economía colombiana durante los últimos 20 años. En este periodo, el crecimiento anual del PIB ha registrado una tasa promedio cercana al 3,5 %, que constituye una referencia del ritmo de crecimiento de largo plazo de la economía nacional y de su capacidad para expandir de manera sostenida la actividad productiva. No obstante, esa cifra global esconde una profunda y marcada división en etapas que desnuda la vulnerabilidad del modelo económico nacional, caracterizado por períodos de expansión y desaceleración estrechamente vinculados con cambios en los motores internos del crecimiento, las condiciones de la economía internacional y la exposición del país a diferentes choques económicos en una economía cada vez más globalizada.
Durante los años 2000 y 2013, la economía nacional se vio apalancada por el super ciclo internacional de los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y los minerales, además de una masiva llegada de inversión extranjera directa que irrigó de liquidez los mercados internos. En ese período, el país logró registrar expansiones sostenidas que superaron el 4% anual: 2006: 6,84, % 2007: 7,52 % y 2011: 6,60%, apalancados principalmente por hidrocarburos, industria y construcción, además de Inversión Extranjera Directa.
Sin embargo, el punto de quiebre estructural llegó con el desplome de los precios del petróleo en el bienio 2014-2016. A partir de ese momento, la economía colombiana entró en una fase de desaceleración estructural de la que nunca se ha logrado superar. Con la sola excepción del rebote estadístico posterior al colapso del PIB por la pandemia en 2021, el país se ha venido encasillando en un crecimiento inercial mucho más modesto, atrapado en un rango que suele moverse entre el 1,5% y el 3%. Esta pérdida de velocidad no es un accidente coyuntural ni una mala racha pasajera; es, probablemente, el reflejo del agotamiento de un modelo extractivista y rentista que disminuyó su capacidad de arrastre sobre el conjunto del aparato productivo.
Este desgaste acumulado se manifiesta en la caída sostenida del crecimiento potencial de la economía colombiana. Mientras que en la primera década del siglo el país poseía un techo estructural que le permitía crecer de manera sana entre un 4,0% y un 4,5% anual sin generar presiones inflacionarias o desequilibrios externos, los cálculos técnicos más recientes elaborados por el Banco de la República y diversos centros de investigación económica sitúan hoy ese crecimiento potencial en un rango del 2,3% al 2,8%. Pretender romper esa inercia mediante expectativas optimistas ignorando que el crecimiento efectivo está expuesto y por ende vulnerable a los choques externos y al desplome de la inversión fija en capital físico, constituye un acto que desconoce los límites estructurales del mercado interno y de la capacidad de acumulación del país.
A esta condición macroeconómica y política del contexto se suma una asimetría sectorial que el nuevo PND también apunta a enfrentar. Al desglosar el mapa de los sectores económicos que han dinamizado el PIB durante la última década, se evidencia que los motores del crecimiento se han concentrado casi exclusivamente en los servicios financieros, las actividades inmobiliarias y un sector terciario de comercio de corte eminentemente importador y rentista, además eso sí, del sector gobierno. Por el contrario, las actividades llamadas a transformar las bases materiales de la economía nacional mantienen un rezago histórico y estructural.
Es de recalcar que desde comienzos de la década de 2010 se observa un incremento progresivo en la participación de las actividades de administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria, educación, salud y servicios sociales dentro de la estructura económica nacional. Esta agrupación pasó de representar cerca del 13,3 % del PIB en 2020 al 16,2 % en 2026, evidenciando que el Estado, a través del gasto público y de la provisión de bienes y servicios, también desempeña un papel relevante como dinamizador de la actividad económica. Este comportamiento refuerza una transformación más profunda en la composición sectorial del país: mientras las actividades asociadas al sector terciario y a la provisión de servicios adquieren una participación creciente, los sectores directamente vinculados con la producción y transformación de bienes enfrentan mayores dificultades para mantener su peso relativo dentro de la economía nacional.
En efecto, la industria manufacturera, por un lado, arrastra un prolongado proceso de pérdida de peso relativo frente al PIB, enfrentando barreras colosales para competir en los mercados regionales o globales debido a los elevados costos logísticos, la insuficiencia de infraestructura y la debilidad en materia de innovación tecnológica. El fenómeno de la desindustrialización ha sido sistemáticamente ignorado a pesar de la sólida evidencia empírica que lo demuestra.
Por otro lado, el sector agropecuario, fundamental para la estabilidad alimentaria y la ocupación territorial del país donde el 85% de su espacio físico es rural, continúa cargando con los mismos lastres que han limitado su potencial durante generaciones: una profunda informalidad en la tenencia y el uso de la tierra, brechas tecnológicas insondables, asimetrías en el acceso al crédito y una baja productividad laboral que condena a millones de trabajadores rurales a la precariedad. Igualmente se puede demostrar la desruralización que el país ha tenido que no solo obedece a la guerra sino al propio modelo de desarrollo, que ha dejado al campo al libre albedrio de los mercados.
Hablar de saltos económicos en estos escenarios, sin resolver de raíz los nudos estructurales de, por ejemplo, la informalidad laboral, que absorbe al 54.6% de la fuerza de trabajo si la medición se hace desde el DANE (trimestre móvil mayo-julio de 2026) o si es con la cotización en la seguridad social puede llegar al 70%, es decir, se estima que solo entre un 25% y un 30 % de la fuerza laboral total en Colombia logra mantener una cotización continua, estable y sin interrupciones a la seguridad social (especialmente a pensión) durante más de seis meses o de manera sostenida a lo largo de todo el año; o de la baja productividad generalizada o de la falta de diversificación exportadora, persistir así equivale a mantener los énfasis de política sobre escenarios no reales.
La riqueza generada por la expansión de los agregados macroeconómicos no se derrama por arte de magia hacia la economía o la sociedad en su conjunto, ni mucho menos corrige las profundas brechas territoriales que separan a los centros urbanos dinámicos de unas periferias rurales históricamente abandonadas a su suerte. Históricamente el crecimiento, si bien es necesario y requerido, también tiene que estar acompañado de políticas de redistribución, geográfica e individual, para que no termine en lo que también se ha demostrado no solo para Colombia sino para muchos otros países, la acumulación y la concentración del ingreso que hoy arroja un índice de Gini del 0,531, que nos deja en el primer puesto como el país con mayor desigualdad en la distribución de ingresos de toda América Latina y nos mantiene en el podio a nivel mundial.
El verdadero desafío que enfrenta la discusión pública y la política económica en Colombia no radica en cuánto puede crecer el PIB en un plan oficial en el mundo de los milagros, sino en qué tipo de economía se está construyendo, bajo qué costos ambientales y sociales, y a quiénes verdaderamente benefician los frutos de esa expansión. Sin un énfasis que centre los objetivos nacionales en la transformación productiva, la justicia distributiva y la sostenibilidad de largo plazo, en hacer de los sectores productivos motores reales del empleo, la producción y el bienestar, cualquier promesa de crecimiento acelerado por choque de inversión o especulación, terminarán siendo, una vez más, una ilusión pasajera. El crecimiento debe ser el resultado, no la premisa de los cambios estructurales de la economía.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: El País
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