Pero más allá de la frialdad estadística, la cifra confirma un frenazo de la actividad productiva que deja el crecimiento acumulado entre enero y septiembre en un débil 2,1 % y desnuda las fracturas estructurales de nuestro modelo económico. Mientras los enclaves extractivos como la minería (7,8 %, jalonada por un salto excepcional del oro y el carbón), las actividades artísticas y de entretenimiento (5,2 %) y los servicios asociados a la administración pública (1,6 %) sostuvieron el indicador agregado. Caso contrario sucede con los sectores que generan tejido productivo, encadenamientos territoriales y empleo real que siguen en retroceso, incluso se podría decir que técnicamente se encuentran en recesión sectorial: la industria manufacturera cayó -1,2 %, la construcción de vivienda se desplomó -7,5 % y el sector agropecuario llegó a una contracción de -6,7 % en volumen, restándole por sí solo -0,8 puntos porcentuales al valor agregado nacional.
Las reacciones de los distintos agentes reflejaron tanto la gravedad del diagnóstico como la desconexión entre las prioridades macroeconómicas y la economía real. Desde el frente gremial, la ANDI advirtió sobre el rezago de la inversión fija que retrocedió -1 % frente al trimestre anterior y urgió medidas para reactivar el crecimiento. En paralelo, el Ministerio de Hacienda inició en las comisiones económicas del Congreso la discusión de la Ley de Rescate Económico en medio de un margen fiscal cada vez más estrecho, anunciando un decreto de congelamiento del gasto público y evaluando recortes drásticos en sintonía con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, justo cuando un menor crecimiento anticipa un recaudo tributario más débil.
Entretanto, la ortodoxia monetaria del Banco de la República, como ya lo he expuesto en otras columnas, mantiene tasas de interés reales restrictivas bajo el argumento de una inflación anual del 6,30 % en octubre y la antesala de la negociación del salario mínimo para 2027, sosteniendo, de manera conveniente para el emisor, un peso apreciado alrededor de los 3.300 pesos por dólar que opera como un subsidio implícito a las importaciones y un castigo directo a la producción nacional, lo que en realidad anula cualquier arancel o medida de defensa comercial en productos sensibles como el arroz o los lácteos.
Tres canales de asfixia sobre la producción rural
Para comprender el desplome agropecuario de -6,7 % en volumen y de -4,4 % a precios corrientes, conviene evitar tanto la complacencia estadística como los diagnósticos simplistas. Es cierto que existe un efecto base de comparación: en el tercer trimestre de 2025 el agro había crecido 3,6 % gracias a un desempeño extraordinario del café, la ganadería y la pesca. Sin embargo, cuando se observa la serie desestacionalizada trimestre a trimestre dentro del propio 2026, queda claro que no estamos ante una caída aislada, sino frente al agotamiento acumulado de todo un año: el sector ya venía cayendo -1,4 % en el primer trimestre y -0,3 % en el segundo, antes de profundizar su descenso a -2,3 % entre julio y septiembre, de allí el concepto técnico de recesión sectorial que es el decrecimiento por dos o más trimestres consecutivos de contracción en la serie desestacionalizada.
En realidad, el campo está siendo golpeado simultáneamente por tres canales: volumen, precios y tasa de cambio. Por el lado de los volúmenes y los costos, los cultivos transitorios y permanentes cayeron -6,9 % y el café retrocedió -11,2 % en el PIB (-12,5 % en café pergamino). En el café, al ajuste natural del ciclo productivo tras la cosecha récord de 14,7 millones de sacos de 2024-2025 hacia niveles cercanos a los 12,5 millones de sacos, se sumó una pérdida cercana a los dos billones de pesos en el ingreso interno dada la revaluación del peso.
Las leguminosas registraron la mayor contracción agrícola (-31,0 %), explicada por el encarecimiento de los insumos y las expectativas climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que llevaron a los productores a disminuir áreas de siembra. El arroz cayó -23,9 % tras un poco más de dos años de pérdida sostenida de rentabilidad, saturación de inventarios, inundaciones en zonas productoras como Casanare y una avalancha de importaciones de arroz paddy, incluido el contrabando desde Ecuador, estimulada por la revaluación del peso.
Algo similar ocurre en la caña panelera y los cítricos (-12,8 %), golpeados por el estrés hídrico y por la contracción del gasto real de los hogares en alimentos, que obliga a las familias a buscar sustitutos más baratos, así como en la caña de azúcar (-8,6 %), afectada en sus rendimientos por el cambio climático. Incluso en la ganadería, que cerró en terreno positivo (1,6 %) gracias al dinamismo de la porcicultura (14,2 %), el ganado bovino cayó -4,8 % y la leche cruda -1,0 %, mientras que la pesca y la acuicultura se contrajeron -35,4 %.
Ruido institucional, asimetrías y vulnerabilidad campesina
Estos resultados deberían encender tres alertas mayores en la conducción económica del país. La primera tiene que ver con el clima de inversión y la gobernanza sectorial. Más allá de los giros programáticos iniciados en agosto, el Gobierno viene enviando señales contradictorias que deterioran la confianza de los agentes económicos: enfrentamientos innecesarios con sectores productivos y gremios, asperezas burocráticas, nombramientos cuestionados e incluso reversados y estilos de negociación confrontacionales que llevan a empresarios y productores a actuar con extrema cautela, aplazando decisiones de inversión mientras se despeja la incertidumbre sobre el rumbo económico.
A ello se suma el enorme ruido generado por la Ley de Rescate Económico, que ensombrece las decisiones productivas y amenaza con encarecer costos e insumos en un momento de máxima fragilidad, evidenciando las asimetrías entre lo que ocurre en los mercados reales y lo que se discute en el frente tributario. No sorprende que la formación bruta de capital fijo en recursos biológicos cultivados, esto es siembras permanentes, renovación de cafetales y pie de cría, por ejemplo, haya caído -2,5 % en el trimestre.
La segunda alerta es social y territorial: cuando las mayores caídas se concentran en alimentos esenciales de la dieta básica nutricional como el arroz, las leguminosas, la panela o la leche, y cuando la caída nominal del PIB agropecuario (-4,4 %) confirma que los productores no solo venden menos sino a peores precios reales, lo que está en juego es la capacidad adquisitiva de las familias campesinas y en general la vulnerabilidad alimentaria del país.
La tercera alerta es cambiaria y comercial: la revaluación del peso abarató las compras externas en un trimestre donde las importaciones de bienes se dispararon y el déficit comercial pasó de 27,8 a 37,1 billones de pesos, desplazando producción nacional con alimentos importados.
De cara al cuarto trimestre de 2026 y al arranque de 2027, aunque el efecto estadístico de comparación anual pueda moderar ligeramente las cifras (dado que la desaceleración comenzó a sentirse desde finales de 2025 y el repunte mensual de septiembre junto con la cosecha cafetera de fin de año ofrecen un alivio parcial), las presiones de fondo no van a desaparecer. La persistencia de las sequías e inundaciones asociadas a El Niño; la reducción de las áreas sembradas; las dificultades del tránsito internacional elevando el precio de los agroinsumos; el dólar bajo; el congelamiento del gasto público y la incertidumbre institucional mantendrán al sector agropecuario bajo fuerte tensión.
Recuperar la senda del crecimiento no solo de la economía, sino especialmente del sector agropecuario, exige abandonar la ortodoxia monetaria que asfixia la producción, corregir las asimetrías cambiarias, matizar el delirio fiscal y reemplazar la confrontación institucional por una política rural coherente que proteja la seguridad y la soberanía alimentaria, la articulación macro y sectorial, la gobernanza territorial, así como la dignidad del trabajo y en general de la vida rural y campesina.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Agronegocios

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