El gobierno de Abelardo de la Espriella no es una colección de escándalos sueltos. Es un sistema. Cincuenta y ocho días de gobierno y cientos de fuentes públicas, cruzadas una por una, muestran cómo un universo empresarial privado, un bufete de abogados, tres casas políticas y una red religiosa se instalaron sobre los nodos del Estado que custodian el patrimonio, reparten la plata de la reconstrucción, vigilan a la petrolera estatal y deciden quién puede hablar. Entenderlo como captura del Estado, y no como manzanas podridas, es el primer paso para enfrentarlo.
De la indignación al sistema
En abril, el autor de estas líneas sostuvo en una columna que el debate sobre la corrupción en Colombia tenía que transitar de la indignación moral sobre “manzanas podridas” hacia un análisis sistémico de la corrupción legalizada: la captura de las instituciones públicas para el beneficio privado. Lo que ha ocurrido desde el 7 de agosto es la mejor demostración de esa tesis, y por eso vale la pena explicarlo con calma a una opinión pública que recibe cada día una noticia aislada –la vocera sin título, la sede pagada por empresas, el amigo en Ecopetrol– sin la trama que las une.
Desde agosto, venimos sistematizando lo que la prensa del país ha publicado sobre el nuevo gobierno: La Silla Vacía, Cambio, Cuestión Pública, Revista Raya, CasaMacondo, Vorágine, El Espectador, El Tiempo, El País, Bloomberg Línea, Las2Orillas, Noticias Uno, Caracol. No hay un solo dato inventado: todo lo que sigue está publicado, enlazado y es verificable.
Cruzamos los registros societarios del presidente con los nombramientos; los nombramientos con los expedientes que esas entidades deciden; los decretos de emergencia con los canales por donde fluye la plata; el discurso oficial con los hechos. Se distingue en cada caso lo verificado (publicado por una fuente identificable, muchas veces con documento), lo que es indicio (pendiente de confirmación) y lo que es hipótesis del análisis.
El molde: la empresa antes que el Estado
Para entender este gobierno hay que empezar antes del gobierno. En enero, La Silla Vacía revisó actas, escrituras, balances y formularios y encontró un universo de 35 empresas entre Colombia, Panamá y Estados Unidos con relación vigente o reciente con el entonces candidato, 15 de ellas con su figuración directa o la de su familia. Diecinueve propiedades en Colombia, ninguna a nombre propio, todas en cabeza de sus sociedades; una mansión en Miami-Dade avaluada en 5,1 millones de dólares, esa sí a nombre propio; catorce empresas en Florida; dos fundaciones familiares.
Las siete empresas colombianas del grupo reportaron en 2024 ingresos por 16.130 millones de pesos, pero el resultado consolidado fue una pérdida de 159 millones. La licorera, Dominio De la Espriella, perdió 552 millones y tiene patrimonio negativo de 3.381 millones. El relato del empresario exitoso que se financia su propia campaña no lo sostienen sus propios estados financieros, y esa es una pregunta que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de hacer.
Entre los socios de Dominio De la Espriella, según los registros societarios citados por La Silla, figuran: Somos Inversiones, sociedad panameña con el 50 %, cuya directora aparece en más de 300 organizaciones de ese país; el petrolero Serafino Iácono (Black Swan Finance, 8 %); Federico Restrepo Solano (Divanci and York, 5 %), socio de Iácono en minería; Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar destituido e inhabilitado por el “cartel de la hemofilia” y cofundador de la Fundación Becas Educativas Abelardo De la Espriella; Aniano Iglesias, padrino de un hijo del presidente; y, con el 3 %, Elisa Clara Rodríguez Fuentes, hermana de Hugues Rodríguez Fuentes, “comandante Barbie”, ganadero condenado en 2007 a nueve años por promover grupos paramilitares y hoy prófugo. Sus hijos y su hijastro figuraron en otro 6 %. Y CasaMacondo documentó que otra hermana de “Barbie”, Martha Lucía Rodríguez Fuentes, le vendió al hoy presidente 178 hectáreas en Becerril, Cesar, en 2013.
Ese universo privado precedió al gobierno, lo financió, y hoy proyecta sobre el Estado su nómina, sus abogados, su parentela y sus socios. Es el molde. Y tres de esos nombres –Iácono, Restrepo Solano y el estratega Carlos Suárez, dueño del 30 % de De la Espriella Style– reaparecerán en la empresa más grande del país.
El bufete sobre las llaves del patrimonio
Un despacho privado de abogados, De la Espriella Lawyers, se instaló en los puntos exactos donde el Estado produce, custodia y valora la evidencia patrimonial.
Andrés Barreto, director general del bufete hasta abril, es Secretario Jurídico de la Presidencia. Yoly Beatriz Illidge Pimienta, cofundadora del bufete y exesposa del presidente, es Superintendente Delegada de Notariado y Registro, la entidad que custodia los certificados de tradición y libertad: exactamente los documentos con los que CasaMacondo reconstruyó la trayectoria patrimonial del presidente. Y su hermano, Augusto José Illidge Pimienta, llegó como superintendente delegado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según reveló Cambio; diez días después el presidente ordenó a esa superintendencia cancelar licencias de empresas de seguridad con nexos criminales, una política defendible cuya ejecución quedó en manos de la familia política del presidente. Queda pendiente ver si los nexos criminales como excusa favorecen a socios o amigos relacionados con el presidente en futuras contrataciones. Diana Patricia Bravo, con más de una década en la sede de Barranquilla del bufete, preside la Sociedad de Activos Especiales, que administra los bienes incautados y en extinción de dominio. Jensy Johana Osorio, abogada asociada del bufete hasta semanas antes de la posesión, dirige la Unidad para las Víctimas; su esposo y socio de firma, Andrés Felipe Velásquez, dirige la Dian. Julia Eva Pretelt, siete años en el bufete, es Superintendente de Sociedades. Rosalín Orozco, también del bufete, es subdirectora general del Dapre.
La lectura de intencionalidad –que se trate de un blindaje– es una hipótesis, y debe formularse como pregunta. Es un interrogante que el país tiene derecho a hacer cuando CasaMacondo documenta que entre las contrapartes inmobiliarias del presidente hay un lote con embargo por extinción de dominio desde 2013 vinculado al Cartel del Norte del Valle y un predio colindante con una antigua base del Bloque Norte de las AUC. Y cuando la SAE, que preside una abogada del bufete, es la que debe ejecutar la orden del Tribunal Superior de Medellín de devolver siete bienes a una sociedad de Alex Saab, entre ellos una mansión de 28.000 millones en Barranquilla: la orden es judicial, no del gobierno, pero el presidente fue abogado de Saab, y Cambio documentó que Daniel Peñarredonda –a quien el presidente llamó “un antiguo socio que se había independizado de su firma años antes”– figuró como socio del bufete hasta 2025 y que su cuñado dirigió hasta este año Inlaca, la láctea venezolana adquirida por Saab, según Armando.info y Noticias Uno.
El patrón se extiende a la empresa más grande del país. El 24 de septiembre la junta de Ecopetrol eligió presidente a Joaquín Gutiérrez, subgerente del bufete entre 2006 y 2009, gerente de la campaña y, en palabras del propio presidente en su discurso de victoria, su “hermano del alma”. Gutiérrez no tiene trayectoria en petróleo, gas ni energía. Tiene, según La Silla, la clínica Santa Mónica de Barranquilla, que cobra a la Adres por atender afiliados del régimen subsidiado; un familiar político, Jaime Vives Pinedo, en la presidencia de Coljuegos, cuyo recaudo financia ese mismo régimen; un cuñado en el Viceministerio de Justicia; y una “llave”, Roberto Solano, como interventor de la Nueva EPS. Esa junta la preside el otro “hermano del alma”, Carlos Suárez.
La Silla documentó que Suárez fue anunciado el 6 de agosto como directivo de Copper Giant, la minera de cobre a diez kilómetros de Mocoa financiada ese mismo día por Denarius Metals, de Serafino Iácono –socio del presidente en la licorera y mencionado en al menos tres investigaciones dentro de Ecopetrol–; se retiró nueve días después por “posible conflicto de interés futuro” y una semana más tarde fue nominado a la junta de Ecopetrol, donde hoy preside el Comité de Auditoría que vigila esas investigaciones. El CEO de Denarius, Federico Restrepo Solano, también socio de la licorera, es padre de la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniela Restrepo. Y en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el nuevo director contrató al abogado que lo había contratado a él: “contrátame que yo te contrataré”, tituló Daniel Coronell.
El presidente prometió que “el único mérito que reconocerá mi gobierno es el mérito mismo”. Designó como vocera a una bachiller que se presentaba como abogada, retiró a un director del DNP con doctorado y lo reemplazó por un funcionario con proceso fiscal abierto, nombró viceministro de Vivienda a quien se presenta como magíster sin haber obtenido el título, y puso como su representante en la junta de Colpensiones a Nicolás Farfán Namen, el apoderado que recogió las firmas de Defensores de la Patria, sin experiencia pensional ni actuarial. La confianza personal del presidente funciona como el único requisito del cargo.
La Alquería: el conflicto de interés que resume el modelo
Si hubiera que explicar todo el entramado de captura con un solo caso, sería este, documentado por Revista Raya. La Alquería son 466 hectáreas en el corredor ganadero del Cesar, a ocho kilómetros de Valledupar. Fue un baldío adjudicado en los años cuarenta. En 2002 la compró Hugues Rodríguez Fuentes, “comandante Barbie”; en 2007 la Fiscalía inició extinción de dominio por paramilitarismo; en 2024 entró al Fondo para la Reparación de las Víctimas; y en mayo de 2026 la Agencia Nacional de Tierras, al finalizar el gobierno de Gustavo Petro, la entregó a asociaciones de campesinos sin tierra y de mujeres del Cesar. Ex – paramilitares declararon ante la justicia que el despojo “fue ordenado por alias Barbie, un rico hacendado amigo de Jorge 40”.
El presidente fue apoderado de empresas de Rodríguez Fuentes, y su hermana es socia de la licorera del presidente. Y las dos entidades que decidirían si La Alquería vuelve o no a manos de la familia del despojante –la ANT, cuya directora, Lina Garrido, anunció revisar “muchos campesinos a quienes les entregaron tierras que ni siquiera eran propiedad”, y la Unidad para las Víctimas, dirigida por Jensy Osorio, abogada del bufete– están en manos de este gobierno. Mientras tanto, trabajadores del antiguo propietario les repiten a los campesinos: “no inviertan, esto lo van a quitar nuevamente”.
Nada prueba una instrucción presidencial. Pero el conflicto de interés es simultáneo. Y hay campesinos en el predio siendo presionados hoy. El mismo esquema se repite en el crédito rural: el Decreto 1443 designó a Luis Fernando Murgueitio Gómez representante del presidente en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario –la que fija las condiciones de Finagro–, y Cuestión Pública recuerda que su nombre aparece en una investigación sobre la titulación irregular de 2.043 hectáreas de baldíos en Vichada sin olvidar que el señor fue directivo de empresas del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo relacionadas con el acaparamiento irregular de tierras baldías y la adjudicación de subsidios del Programa AgroIngresoSeguro; una mención, no una imputación.
Las casas políticas y la familia como partido
El relato del outsider que llegó a barrer con la clase política se desmiente con el organigrama. Tres casas políticas tienen pies firmes en el gabinete, y una de ellas funciona como partido de gobierno dentro del gobierno.
La casa Gómez. Enrique Gómez, jefe de debate de la campaña, es hoy el segundo senador más rico del Congreso según Cambio, con un patrimonio líquido de 5.184 millones de pesos y nueve cuentas de ahorro, una de ellas en Estados Unidos. Su hermano, Miguel Gómez Martínez, es ministro de Hacienda, y en sus primeras semanas declaró insubsistentes a los directores técnicos de Política Macroeconómica, Crédito Público y Seguridad Social: las tres direcciones que producen las cifras con las que se le hace control político al Ejecutivo. Su hijo, Nicolás Gómez Arenas, es jefe de Despacho del presidente, fue secretario de Transparencia encargado y acaba de ser designado por el Decreto 1479 de 2026 alcalde ad hoc de Cali para todo lo relativo al Plan de Ordenamiento Territorial. Su partido, Salvación Nacional, es el de mayor patrimonio promedio por senador y negocia fusionarse con Defensores de la Patria y Creemos, ante un Consejo Nacional Electoral donde siete de los nueve magistrados vienen de partidos gobiernistas. Desde esa bancada salió la proposición que recorta el presupuesto de la JEP. Y la universidad que une al bufete con esa casa, la Sergio Arboleda, fue cofundada por Álvaro Gómez Hurtado, tío de ambos.
La casa Char. Barranquilla es hoy la sede alterna de facto de la Presidencia, destino del 40 % de los vuelos presidenciales y lugar de las reuniones con los grupos económicos. Elsa Noguera, la ministra que ejecutó el “modelo Char” –206.000 millones de pesos en cuatro contratos de infraestructura del Atlántico, con una cadena de contratistas documentada por Laura Ardila en El Espectador– está en el gabinete; uno de los dos destinos preferidos de los helicópteros presidenciales es la sede deportiva del Junior, cuyo representante legal es Antonio Char; y Éticos Serrano Gómez, la distribuidora de medicamentos controlada por los Char desde los años noventa, compite por el contrato de 1,4 billones de pesos de la Sanidad de la Policía tras recibir una urgencia manifiesta por más de 207.000 millones.
La casa Bula. Cuatro decretos originales de la Cancillería, entre 1975 y 2003, prueban con documentos lo que en otros casos se prueba con reportería: cinco miembros de la familia del canciller Omar Bula Escobar en el servicio exterior bajo cuatro presidentes de ambos partidos tradicionales. El mismo canciller que promete profesionalizar la carrera diplomática y que acaba de posesionar a Tania Gilinski como embajadora en Israel.
El parentesco es la unidad básica de asignación de recursos públicos en las cuatro capas de este Estado: el hijo de Jorge Pretelt, el parapolítico, como número dos de Agricultura; la hija de un parapolítico condenado como secretaria general de Culturas; el hijo de Fabio Valencia Cossio en la Agencia Nacional de Minería; la hermana de Federico Gutiérrez en Deporte; la hija de un socio del presidente en la Cancillería, y la hija, el hermano y el sobrino de un gobernador en las unidades de trabajo legislativo de partidos de gobierno como casos tipo. A la sangre se suma el compadrazgo: el presidente es padrino de hijos de funcionarios y contratistas de la sede presidencial, y un padrino de sus hijos es socio de su licorera.
La Presidencia pagada por particulares
Aquí está el corazón de lo que puede llamarse corrupción legalizada, porque casi nada de lo que sigue es ilegal en sí mismo. Pero sí es un diseño.
Empecemos por la sede. Ocho empresas donaron en especie 858 millones de pesos para adecuar la antigua guardería del Batallón Paraíso de Barranquilla como sede presidencial, según documentó Cambio con las respuestas del Ministerio de Defensa: sin contrato, sin pólizas, sin interventoría y sin acto administrativo que autorice el uso de una instalación militar como sede del Ejecutivo. El Ministerio respondió por escrito que no aprobó nada y que la formalización de las donaciones estaba en trámite. En esa sede se hizo la primera reunión sobre las diez megacárceles, y el único constructor identificado en ella fue Marval. Allí también recibió el presidente, durante más de tres horas, a David Vélez, fundador de Nubank, a quien anunció como “principal asesor ad honorem” para construir “un Estado más pequeño” y para que “las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan”
Entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre, documenta Cuestión Pública con la bitácora oficial, el presidente hizo 219 vuelos en cuatro aeronaves, por 2.286 millones de pesos, unos 76 millones por día de vuelo, y aterrizó 33 veces en la cancha del Junior. Un millonario extranjero, Daniel Newlin, puso su avión para la campaña entre la primera y segunda vuelta y para la ayuda humanitaria “a petición directa de la primera dama”: un aporte en especie de persona extranjera que no aparece reportado.
El gobierno declaró el 19 de agosto una emergencia económica del artículo 215 –no solo un desastre– y con ella creó por decreto el Fondo Milagro, bajo un gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, que fue coordinador de voluntarios de la campaña. Las ayudas que recoge la primera dama van a su propia fundación privada, promovida desde los medios públicos. Los constructores anunciaron en tarima que harían las obras “sin recibir un centavo”. Cuando el constructor renuncia a honorarios, el aporte deja de ser contrato y pasa a ser donación: sin pliego, sin adjudicación, sin supervisión y sin Secop. Sumado a las obras por impuestos, el resultado es una reconstrucción de unos 30 billones de pesos –cifra calculada por una firma privada que el gobierno no ha nombrado– mayoritariamente invisible al sistema de compra pública y a la Contraloría.
Lo que el Estado sí paga lo cancela por contratación directa: 5.389 millones de pesos por 80 días de logística de eventos de la Presidencia a Neomundo, corporación mixta de Bucaramanga cuyo gerente, Julián Díaz Zambrano, fue funcionario de la alcaldía del hoy ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Ese mismo ministerio, que administra los subsidios de la reconstrucción, tiene al menos 22 de 34 nombramientos salidos de esa alcaldía, varios en los nodos de control de la plata, y a su titular con un proceso fiscal por más de 46.000 millones de pesos –la “chatarra” del alumbrado de Bucaramanga– en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema. Un ministerio que va a manejar billones ¿puede tener sus nodos de control en esas manos?
Lo que el Estado no paga, alguien lo paga, y nadie ha dicho qué recibe a cambio.
La fe como nómina
No es un asunto de afinidad ideológica ni de libertad religiosa, que es sagrada. Es un asunto de administración pública. La campaña tuvo un “gerente de la fe”, Marco Acosta, que articuló 1.600 congregaciones y unas 800.000 personas; hoy preside el Fondo Nacional del Ahorro, una de las entidades que el presidente nombró como cofinanciadoras de la vivienda de la reconstrucción. El capellán de la Casa de Nariño, el padre Rodolfo Londoño de la Espriella –sin parentesco con el presidente, según Presidencia–, representa al presidente en cinco consejos superiores de universidades públicas, una función que correspondía al Ministerio del Interior, y su asesoría espiritual en el Dapre cuesta, según Cambio, nueve millones de pesos mensuales. Un pastor liquida el Ministerio de Igualdad; otro es embajador; una pastora es gerente de Bogotá; el ministro de Vivienda es pastor; y al menos veinte líderes religiosos tienen poder en el gabinete. La red que movilizó votos pasó a administrar entidades, y el eje confesional se proyecta a la política exterior con el cierre de catorce embajadas y la alianza con Israel, cuya embajada se traslada a Jerusalén.
El punto no es la fe de los funcionarios. El punto es que la confianza personal y la pertenencia a una red electoral reemplazaron al mérito como requisito para administrar lo público, exactamente lo que el discurso de “los nunca” prometió que no ocurriría.
El cerco a la crítica
Un Estado capturado necesita silencio, y este gobierno lo está construyendo con método. La Directriz 01 del 3 de septiembre centralizó en Presidencia la autorización de toda entrevista ministerial. El gobierno decidió dejar de usar las palabras “campesino” y “reforma agraria”. Ordenó un protocolo para que la Policía entre a las universidades públicas y reformó el decreto de protesta para que la fuerza pueda preceder al diálogo. Cuestión Pública documentó un enjambre digital que satura con misoginia a las congresistas de oposición, mientras el vicepresidente empuja la etiqueta afín.
Las últimas dos semanas añadieron cuatro piezas. El director del Dane, Ricardo Valencia, salió después de decir que no tenía evidencia de manipulación de datos en el gobierno anterior. Un juez ordenó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, retractarse en 48 horas por acusar de extorsión, sin prueba, a la comunidad de pescadores de Taganga por ejercer la consulta previa frente al proyecto de gas Sirius, que es de Ecopetrol. El Dapre publicó en Secop una cotización del software Talkwalker para medir la percepción sobre el presidente en 50 temas simultáneos, con detección de “fake news” y registros conservados por 24 meses. Y el presidente ordenó y celebró en X el traslado a Cómbita de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave contra Álvaro Uribe, pese a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no lo había autorizado y había ordenado extremar su seguridad en La Picota; el ministro de Justicia bajo cuya cartera se ejecuta, Iván Cancino, fue el abogado defensor de Diego Cadena, condenado en primera instancia por los hechos sobre los que Monsalve declaró.
La Silla Vacía verificó que el gobierno vetó al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master: sin orden escrita, con ministros que dejaron de recibirlo. Diez días después renunció, tras trece años, citando “múltiples presiones”. El motivo más probable, según esa investigación, es que la Andi recaudó 200.000 millones de pesos entre sus afiliados para los damnificados y no los canalizó por la fundación de la primera dama; detrás del veto, según dos fuentes cercanas al presidente, estarían Carlos Suárez y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. La donación privada no es solo un mecanismo de opacidad, es también un instrumento de disciplina sobre el sector privado. Como abogado, De la Espriella elevaba el costo de sus contradictores con denuncias, embargos y señalamientos. Como presidente hace lo mismo con los recursos del Estado, y la disciplina no recae solo sobre la oposición: recae sobre gremios, técnicos, comunidades y testigos. Que la autonomía gremial del artículo 39 de la Constitución valga frente a cualquier gobierno no significa avalar la agenda de la Andi; significa entender que cuando un gobierno decide quién dirige a los empresarios, lo que viene después es un capitalismo de amigos del poder.
El ajuste: a quién le quitan y a quién le dan
Toda captura del Estado se revela, al final, en el presupuesto. El proyecto de Presupuesto General de 2027 asciende a 634,9 billones de pesos, 89 billones más que el de 2026. Pero, según el libro de regionalización del DNP analizado por La Silla, los diez subsidios a los hogares pasan de 22 a 13 billones: pierden 9 billones, el 40 %, la mayor reducción desde que hay datos comparables, mientras el resto de la inversión sube 6 %. El subsidio a las tarifas de energía de los estratos bajos cae de 6 billones a poco más de 1, y la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, ya avisó que “los precios en algún momento van a subir”. Las transferencias monetarias –Renta Ciudadana, devolución del IVA, Renta Joven, Colombia Mayor– bajan de 9 a 7 billones; y como el documento dice que “se mantiene el valor de las transferencias”, lo que baja es el número de hogares. El subsidio familiar de vivienda pasa de 890.000 millones a 80.000 millones, y la cobertura de tasa para crédito de vivienda queda en cero, en el año en que hay que reconstruir decenas de miles de casas. El Caribe es la región que más pierde; el Atlántico, el departamento del presidente, es el departamento grande que más pierde en proporción. La advertencia de que Colombia Mayor solo tendrá 3,5 de sus 12 ciclos no la hizo la oposición: la hizo, en una proposición no acogida, la senadora Sara Jimena Castellanos, del partido del ministro de Hacienda.
Mientras tanto, a menos de veinte días de la posesión, Finagro volvió a incluir a cañeros, palmeros y ganaderos en las líneas especiales de crédito con tasa subsidiada, de las que el gobierno anterior los había excluido por ser grandes propietarios con acceso a la banca. Tres semanas después la línea se cerró por agotamiento de recursos. Vorágine documentó la red detrás del proyecto para eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados: el mayor donante del representante Daniel Briceño es la Fundación Propública, de las familias Echavarría y Eder Garcés, dueños del Ingenio Manuelita; veinte de los treinta y un miembros de la Comisión Tercera de la Cámara pertenecen a partidos financiados por azucareros; Lina Garrido, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, recibió 108 millones de Gaseosas Lux para su campaña; y Tania Gilinski, de la familia dueña de Nutresa y de Semana, es la nueva embajadora en Israel. Y la JEP, que pesa el 0,14 % del presupuesto nacional, recibe un recorte que no estaba en el proyecto de Hacienda –que le daba 29.000 millones más que el gobierno anterior– sino que introdujo el Congreso, por proposición del senador Enrique Gómez, con respaldo del presidente.
El “sinceramiento fiscal” quita a los que reciben subsidios de demanda —la luz, la comida, la casa— y devuelve a los que reciben subsidios de oferta que son al mismo tiempo la oligarquía terrateniente de este país con relaciones con el paramilitarismo que el presidente defendió en toda su carrera pública. Es una decisión distributiva, y es verificable peso por peso.
Corrupción legalizada
Si se mira cada hecho por separado, casi todo lo anterior es legal. Donar una sede es legal. Nombrar a los abogados del propio bufete es legal. Sentar al estratega en la junta de la petrolera es legal. Crear un fondo por decreto de emergencia es legal. Recibir ayudas en una fundación privada es legal. Reabrir una línea de crédito es legal. Recortar subsidios es legal. Cotizar un software es legal. No hay un corrupto a quien perseguir, hay un sistema que funciona.
El sistema tiene cinco niveles identificables hasta ahora. Nivel cero, que es el universo empresarial privado del presidente y sus socios: Iácono, Restrepo Solano, Suárez, Gossaín, Iglesias, los Rodríguez Fuentes. Nivel uno, que es el bufete instalado sobre las entidades que custodian la evidencia patrimonial: Notariado, la SAE, la Dian, Víctimas, Sociedades, Supervigilancia. Nivel dos, que son los gremios y los amigos sobre sus propios reguladores en salud, ambiente, minas, energía y pensiones. Nivel tres, que es el aparato ideológico, religioso y de seguridad. Nivel cuatro, que es el Congreso, las unidades de trabajo legislativo y un Consejo Nacional Electoral convertido en instrumento de reingeniería partidista. Todas están unidas por un solo principio: la confianza personal del presidente como único requisito para administrar lo público. Capitalismo de compadrazgo le llaman algunos.
Eso es la captura del Estado. No es que alguien se robe la plata; es que el Estado deja de ser de todos para ser de algunos, con la ley en la mano. Y por eso la respuesta no puede ser solo judicial. Lo que corresponde es control político riguroso –peticiones, debates, citaciones, demandas donde proceda–, con la Constitución como instrumento. Movilización social y popular como regla que derrote el miedo del autoritarismo violento que atraviesa todo esto. Que no se nos olvide de Abelardo de la Espriella también es una expresión de la crisis de este sistema que hace aguas.
El país debe entender que la única forma de blindar lo público frente a su captura es una democracia popular que no delegue en la confianza personal de nadie lo que debe decidirse con reglas, mérito y transparencia. Esa caja de cristal que debe ser el Estado no se construye con un presidente que la promete; se construye con una sociedad que la exige y proyectos políticos, como el Pacto Histórico, comprometidos con rehacer el Estado en esas claves.
Shameel Thahir Silva, Shameel Thahir Silva. X: @ShameelThahir. Analista y asesor político.
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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