Dice el artículo 2 de nuestra Constitución que son fines esenciales del Estado, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la afectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, y cultural de la Nación…”.
Y el artículo 4 nos recuerda que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
El artículo 40 ibídem reza que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que, para hacer efectivo este derecho, puede “tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática”.
El carácter de la democracia participativa lo indicó la Corte Constitucional en sentencia C-021 de 1996, cuando estableció: “La democracia participativa procura otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria, ni tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume la Constitución que cada ciudadano es parte activa en las determinaciones de carácter público y que tiene algo que decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos derechos amparados por la Carta Política”.
Según la Ley 134 de 1994, la votación tendrá lugar dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la anuencia o del silencio del Senado. Se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Es una cifra realmente alta. En la consulta anticorrupción de 2018 no se obtuvo el umbral del 33.33% requeridos para que pasaran las siete preguntas formuladas en esa ocasión. Ya antes en el referendo de Uribe sólo le pasó una, estando en la cumbre de la popularidad. Lo cual señala que realmente los números son altos frente al censo electoral.
Es claro que también es incierto que la plenaria del Senado apruebe la conveniencia de la Consulta Popular para aprobar algunas preguntas de la reforma laboral y de la reforma a la salud, como lo propone el Gobierno. Coincido con Uprimny en que toda la reforma laboral no puede ser aprobada en la consulta, pues expresamente lo prohíbe el diseño del instrumento.
Ahora bien, desde hace años se viene insistiendo en la “inflación” del censo electoral y cómo la emigración de más de 7 millones de colombianos impacta definitivamente la participación electoral de los mismos, pues definitivamente en las legaciones diplomáticas la votación es muy baja, por diferentes razones. Lo anterior aunado al clásico fenómeno de la abstención, que en Colombia es altísima, entre otras cosas por la deslegitimación del propio sistema y por la violencia en muchas zonas del país.
Juicio de responsabilidades
La reforma laboral es muy necesaria. Los instrumentos de la misma pretenden superar la contrarreforma de Uribe, así como una legislación desueta que data de la década de mediados del siglo anterior. Se ha cometido una auténtica inconstitucionalidad por omisión por parte del Congreso, en clara inobservancia del artículo 53 de la Carta que obliga a dictar el Estatuto del Trabajo. A la fecha es una deuda pendiente del poder legislativo, que ameritaría una acción de inconstitucionalidad por omisión absoluta.
Políticamente, es impresentable que personas con vínculos con determinados intereses non sanctos de la política nacional hayan estado en el frente de derrota de la reforma laboral, como lo estuvieron en el hundimiento de la reforma a la salud el año pasado.
Quiero destacar aquí las dos senadoras cristianas que votaron en contra, pertenecientes a dos agrupaciones pentecostales, Justas Libres y Mira, corrientes y confesiones de derecha, altamente reaccionarias y que apoyaron a Duque en su nefasto mandato. Desde Iniciativa Laica hemos propuesto permanentemente que las agrupaciones religiosas no puedan hacer política partidaria, pues su función evangélica debe circunscribirse a los templos y espacios de sus congregaciones, no en la vida política del país, pues está claro que con su participación en estas lides perjudican ampliamente las relaciones políticas de las bancadas.
“Votos y devotos” es un libro que narra cómo estos partidos manipulan las conciencias para llegar al Congreso y votar propuestas contrarias a la Nación, como las reformas a la salud y laboral. Es claro que hay que desnudarlos en sus verdaderos propósitos que defienden un criterio de sectas atrasadas, aliadas a los poderosos, no a los humildes, como lo son las que apoyaron a Trump y Bolsonaro.
También hay que concientizar a la población en la necesidad de defender una mayor presencia de las bancadas progresistas en el Congreso y ello pasa por superar la abstención electoral e insistir en la votación al Congreso, con la misma fuerza que se hace para la Presidencia de la República, pues este es un país presidencialista.
Arrancó la campaña del 26
Las grandes manifestaciones de la sociedad el día martes 18 de marzo demostraron la fuerza del Gobierno en sus iniciativas y cómo un pueblo consciente y libre acudió a defender las reformas. Otros, por el contrario, como autistas políticos, hundieron a espaldas del pueblo la iniciativa. Ocho senadores impresentables, sin argumentos solventes, pero libreteados por los centros de poder.
Recientemente se publicó un best seller en Europa de la italiana Renata Salecl titulado “Pasión por la ignorancia”, en el cual se retrata cómo los ignorantes nos están gobernando a ciencia y paciencia de la inteligencia. Trump es un claro ejemplo, así como los candidatos de la derecha, que ya con Rodolfo Hernández tuvieron la vez pasada 10 millones de votos! Trump y Hernández condenados por delitos. Como diría Bobbio cuando ganó Berlusconi: “No me preocupa su victoria, me preocupa el pueblo italiano que le votó”. Es la pasión por la ignorancia, que debemos superar por medio de una educación emancipadora y de una comunicación alternativa e independiente de los centros de poder plutocrático.
Arrancó la campaña del 26. No se ven nombres claros aún para el primer cargo del Estado. Sigue la polarización. Y sigue el narcotráfico y sigue la violencia en muchos territorios. No se debe buscar un “Bukele” colombiano, pues está comprobada la violación de los Derechos Humanos por parte de quienes han intentado dichas figuras. Amanecerá y veremos.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: La Patria
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