La andanada contra las víctimas la intentan ejecutar desde diversos escenarios, dos de ellos cursan en la misma célula legislativa —la Comisión Primera del Senado— y el tercero, el presupuestal, en las comisiones económicas. Pero los impulsan las mismas bancadas, y en las tres aparece la firma del presidente de la Comisión Primera.
Primer movimiento: le quitan los recursos — y ya ocurrió
Empiezo por reconocer lo que era cierto hasta ayer, porque nosotros no somos una oposición que niegue los datos: el proyecto de presupuesto del Gobierno sí le la asignaba un pequeño crecimiento en términos nominales a la JEP. Pasaba de 744.659 millones de pesos en 2026 a 821.803 millones en 2027. Sobre esa cifra se construyó todo el argumento oficial de que aquí no había ninguna asfixia.
Ese argumento se acabó ayer. Las Comisiones Terceras de Senado y Cuartas de Cámara aprobaron en primer debate un recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz: 140.000 millones en inversión y 30.000 en funcionamiento. De esa plata, 100.000 millones se trasladan al Consejo Superior de la Judicatura. Hechas las cuentas, el presupuesto de la JEP para 2027 queda por debajo del que tuvo en 2026. No es que crezca menos de lo que pidió, es que decrece. El aumento que el Gobierno exhibía como prueba de que no había asfixia lo borró el Congreso en una sola votación.
El recorte de los 170.000 millones, 140.000 salen de inversión. La inversión es lo que le permite a un tribunal desplazarse a los territorios, sostener sus sistemas de información y sacar los casos adelante. Es, exactamente, la capacidad de terminar a tiempo.
Esto no llega sobre un presupuesto holgado. La JEP pidió 947.642 millones y le habían asignado 821.803, le faltaban 125.839 antes de empezar, sobre una desfinanciación acumulada de 84.663 millones que viene de atrás y que tampoco empezó en este gobierno. El recorte se suma a todo eso.
El magistrado Raúl Sánchez lo dijo así ante el Congreso: «Sería la primera vez en la historia que una entidad pública es sometida a la quiebra, se dejarían de hacer audiencias en los territorios, se dejaría de prestar seguridad a las víctimas, no habría seguridad jurídica a los diferentes comparecientes.»
El senador Carlos Meisel respondió que «la JEP no puede ser la única que no tenga su cuota de sacrificio». En ese contexto, es preciso tener en cuenta que la Rama Judicial pidió 17,53 billones y le asignaron 11,43: le faltan 6,1 billones. Los 100.000 millones que se le quitan a la JEP tapan el 1,6 % de ese hueco. Todo el presupuesto completo de la JEP —no el recorte, todo— cubriría el 13 % del faltante de un solo año de la justicia ordinaria.
Entonces no se está resolviendo la congestión de la justicia. Se está pagando un gesto político con el presupuesto de un tribunal. Si el Gobierno quiere descongestionar la justicia, que la financie: el artículo 351 de la Constitución le permite al ministro de Hacienda avalar una adición a la Rama con recursos nuevos, sin quitarle un peso a la JEP.
Esto todavía no está en firme, falta el debate en las plenarias de Senado y Cámara antes del 20 de octubre. Ahí vamos a dar la pelea.
Segundo movimiento: le quitan la última palabra
En la Comisión Primera cursa el Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026, del Centro Democrático, en dicho proyecto someten las sentencias que la JEP dicte contra miembros de la Fuerza Pública a una revisión automática del Tribunal Superior Militar y Policial, con efecto suspensivo, y ese tribunal podrá confirmarlas, modificarlas o revocarlas.
El artículo transitorio 7 de la Constitución dice que el Tribunal para la Paz es el órgano de cierre y la máxima instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz; el artículo 3 del proyecto modifica esa norma para agregarle «sin perjuicio de la revisión». La propia ponencia del senador del Centro Democrático Rafael Nieto lo enuncia como uno de sus tres frentes: «ajuste del órgano de cierre».
Cuando una reforma tiene que remover el pilar para poder entrar, eso ya no es una reforma. La Ley 1765 de 2015 dice que el Tribunal Superior Militar y Policial está adscrito al Ministerio de Defensa, que su consejo directivo lo preside el ministro de Defensa, que sus magistrados los nombra el presidente de la República y que todos deben ser oficiales. La última palabra sobre la condena de un militar la tendría un tribunal cuyo consejo directivo lo preside su superior jerárquico.
Esto debe tenerlo en cuenta la Fuerza Pública, porque los afecta a ellos. Hoy la sentencia de la JEP le da al militar sancionado cosa juzgada inmutable, reconocida internacionalmente. Eso es lo que hoy lo protege. El artículo 20.3 del Estatuto de Roma retira esa protección cuando el proceso no fue instruido de forma independiente. Esteproyecto no les da un escudo, les quita el que tienen. Es de anotar que los beneficiarios de esta jurisdicción: de las 1.030 renuncias a la persecución penal que la JEP ha concedido, 979 —el 95 %— fueron para miembros de la Fuerza Pública.
Tercer movimiento: le ponen fecha de caducidad
El día anterior al recorte. Conviene fijarse en la secuencia. El 23 de septiembre, el senador Enrique Gómez radicó una reforma constitucional, no es un proyecto de ley, es un acto legislativo que modifica el artículo transitorio 15 de la Constitución. Su texto propuesto dice que el plazo para que la JEP concluya sus funciones será de «un término improrrogable de 10 años».
Lo que cambia es que la Constitución vigente le da a la JEP 10 años para sus funciones, más 5 años adicionales para concluir su actividad jurisdiccional, prorrogables por ley una sola vez. La Corte Constitucional, en la sentencia C-674 de 2017, precisó ese límite. La reforma elimina esa cola. Como la JEP entró en funcionamiento el 15 de marzo de 2018, diez años improrrogables la cierran alrededor de 2028, los casos que queden abiertos pasarían a la justicia ordinaria.
Por qué hay que mirarlos juntos
Aquí está lo que quiero que el país entienda, y es lo que no se ve cuando cada noticia se lee por separado. El recorte fabrica el incumplimiento del plazo que la otra reforma vuelve fatal. Ayer le quitaron 140.000 millones de inversión, que es la capacidad de desplazarse, de sostener los sistemas y de sacar los casos. Con eso, el tribunal va más lento. Hoy le fijan una fecha improrrogable, es de anotar que ir más lento con fecha fija significa no alcanzar a terminar. Si no termina, los casos pasan a la justicia ordinaria, a la misma justicia que, según quienes promueven estas iniciativas, está congestionada y no da abasto.
Se recorta la inversión para que no alcance, y se pone el plazo para que lo que no alcanzó se caiga. Mientras tanto, el segundo movimiento le quita la última palabra, para que lo que sí alcanzó a decidir pueda deshacerse. Ninguno de los tres cierra la JEP. Los tres juntos, sí.
Es importante tener en cuenta, que son más de 12.000 comparecientes. Son los macrocasos de secuestro y de ejecuciones extrajudiciales. Devolverlos a la justicia ordinaria es empezar de cero lo que tomó siete años.
No defendemos a la JEP por los comparecientes. La defiendo por las víctimas. Por las 21.936 personas secuestradas, cuyo caso una sola sentencia de esta jurisdicción juzgó.
Por las 7.837 personas asesinadas y presentadas como bajas en combate, y por sus familias, que esperaron décadas para que alguien les dijera la verdad.
Y por los soldados y policías que se sometieron y aportaron verdad, que son los que más han recibido de esta jurisdicción y los que más pierden si se le retira el reconocimiento internacional.
Además, hay que decir de dónde venimos: la JEP recibió los casos que investiga con una tasa de impunidad superior al 90 %. Esa impunidad no la produjo ella, la heredó. La discusión que tiene que dar este país no es si la justicia transicional es perfecta. Es si se puede desmontar un tribunal a plazos, sin decirlo nunca, por tres puertas distintas y en tres semanas. Nosotros vamos a dar esa discusión con datos, vamos a dejar las constancias, y si estas reformas se aprueban las vamos a demandar. La justicia no se descongestiona desfinanciando a otra justicia. La paz no se defiende a medias. Vamos a dar esta batalla en defensa de las víctimas desde la sociedad y desde el Congreso de la República. ¡Ni un Paso Atrás!
Carolina Corcho Mejía, Senadora de la República, exministra de salud, Médica psiquiatra
Foto tomada de: Asuntos Legales
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