La discusión sobre la reconstrucción de Pereira tiene ahora una decisión concreta por delante: quién elaborará los estudios que orientarán la transformación de su centro. El proyecto de decreto de la Alcaldía, que anuncia y delimita las áreas de intervención para la reconstrucción, reactivación y renovación urbana, abre una etapa en la que importa tanto definir el territorio como establecer quiénes estudiarán sus posibilidades y bajo qué condiciones.
La oferta del Grupo Amarilo, presentada con el acompañamiento de Camacol, puede contribuir a ese propósito. Sin embargo, financiar los estudios otorga una capacidad de influencia que requiere reglas claras. Quienes formulan los diagnósticos y evalúan las alternativas ayudan a determinar qué problemas se atienden, cuáles usos se privilegian y quiénes encontrarán oportunidades en el territorio renovado. Por eso, la selección de los equipos técnicos constituye una decisión de interés público.
Pereira tiene un antecedente que merece ocupar un lugar central en esta discusión. Después del terremoto de 1999, con recursos del FOREC y mediante la gerencia de la Fundación Vida y Futuro, se conformó el Taller de Gestión Urbana, liderado por el arquitecto Fernando Montenegro, de la Universidad Nacional de Colombia. Sus profesionales trabajaron articuladamente con el equipo de la Secretaría Municipal de Planeación, encabezado entonces por su secretario José Jorge López (q. e. p. d.).
El Taller produjo insumos para intervenir la antigua Galería, Egoyá, Turín y Galicia. Ese ejercicio tuvo una expresión normativa en los decretos 3991, 3992 y 3993 del 29 de diciembre de 2000: el primero referido a Galería–Egoyá–San José; el segundo, a Turín; y el tercero, a la expansión occidental de Cerritos. Dentro de ese conjunto, los estudios y disposiciones relativos a la antigua Galería y Egoyá fueron antecedentes de la posterior formulación de Ciudad Victoria.
El Taller tuvo, además, un fuerte componente social, bajo el liderazgo de Humberto Rojas Ruíz (q. e. p. d.) y Gonzalo Escobar Téllez, pertenecientes a las primeras generaciones de sociólogos del país. Tuve la oportunidad de integrar ese equipo como investigador junior y participar en la elaboración de los lineamientos de acompañamiento y gestión social (Escobar Téllez y otros, 2000). Recuperar este trabajo permite recordar que la transformación del territorio exige comprender las condiciones de vida, las actividades económicas y los vínculos comunitarios de quienes lo habitan. Esa mirada debe orientar desde el comienzo las decisiones sobre la renovación y la distribución de sus costos y beneficios.
La relevancia del Taller trasciende sus propuestas urbanísticas. Su vinculación con la academia aportó una perspectiva especializada y condiciones favorables para examinar el territorio con autonomía frente a los intereses particulares de inversión. Esa independencia debe sostenerse en las condiciones de contratación, la transparencia y la libertad para comparar alternativas. Aquel trabajo permite recordar que Pereira puede convocar conocimiento académico y ponerlo al servicio de sus decisiones públicas, en colaboración con sus capacidades locales.
Ciudad Victoria, reconocida con el premio Leopoldo Rother en la categoría de ordenamiento urbano y territorial de la XIX Bienal Colombiana de Arquitectura, ofrece elementos para valorar esa trayectoria. Adriana Vallejo de la Pava, en el estudio del proyecto publicado por el BID, destaca la importancia de la conducción pública y de la capacidad institucional para generar confianza y credibilidad entre los inversionistas privados (Vallejo de la Pava, 2010). Recuperar esa experiencia supone examinar cómo se construyeron las condiciones técnicas, institucionales y sociales que hicieron posible la intervención.
Los cerca de veinte mil millones de pesos anunciados para estudios y diseños por el Grupo Amarilo podrían contribuir a una nueva convocatoria de equipos técnicos y académicos nacionales e internacionales, integrados con los profesionales locales. Importa a quiénes se contrata, cómo se seleccionan y ante quién responden. Sus conclusiones deben poder identificar restricciones, cuestionar expectativas de rentabilidad y recomendar alternativas conforme al interés colectivo. La financiación privada requiere condiciones que preserven esa autonomía y permitan a la administración conducir la planeación.
Una tarea central de esos equipos será formular mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios. Este principio, establecido en el artículo 38 de la Ley 388 de 1997, exige distribuir justamente las obligaciones y las oportunidades derivadas del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. En términos sencillos, las posibilidades de construir y aprovechar el suelo deben relacionarse con los aportes necesarios para dotar al territorio de infraestructura, servicios y espacio público.
La dimensión social también debe incorporarse desde el comienzo. Quienes viven, trabajan o sostienen pequeños negocios en el Centro de Pereira pueden enfrentar costos que una evaluación exclusivamente inmobiliaria deja por fuera: pérdida de ingresos, ruptura de redes de apoyo o dificultades para permanecer en el sector. Aunque no toda medida social constituye automáticamente una carga urbanística exigible, la intervención debe definir instrumentos de protección, compensación y acompañamiento, con responsables y financiación -cargas sociales- La experiencia de Ciudad Victoria permite recuperar esta preocupación y evaluar sus alcances y limitaciones.
Esa legitimidad exige también cuidar la relación entre inversión privada, decisiones públicas y competencia electoral. Es necesario prevenir que eventuales aportes a las próximas campañas electorales del 2027 comprometan la autonomía de quienes deberán orientar y regular la renovación urbana. Asimismo, los espacios de interlocución con gremios empresariales y liderazgos institucionales deben formar parte de una participación más amplia, con capacidad real de incidencia para los habitantes, comerciantes y comunidades afectadas. Quienes han soportado las consecuencias del terremoto deben ocupar un lugar central en las decisiones: sus necesidades, derechos y expectativas constituyen la razón de ser de la reconstrucción.
El Taller de Gestión Urbana recuerda que la preparación técnica puede dejar capacidades y orientar decisiones más allá de una administración. Hoy se necesita una apuesta semejante: liderazgo institucional, participación de los actores, independencia técnica, credibilidad y confianza. Estas condiciones darán legitimidad a la inversión privada y permitirán que sus oportunidades contribuyan al proyecto de ciudad que Pereira decida colectivamente.
Referencias
Escobar Téllez, G., Rojas Ruíz, H., Vanegas, M., García Largo, C., y otros. (2000). Documento de lineamientos de acompañamiento y gestión social. Fundación Vida y Futuro.
Vallejo de la Pava, A. (2010). Ciudad Victoria. En P. Torres Arzayús y M. C. García Botero (eds.), Las ciudades del mañana: gestión del suelo urbano en Colombia. Banco Interamericano de Desarrollo.
Carlos García Largo, Gerencia Proyectos de Desarrollo, Ing. Mecatrónico | Esp. Gerencia de Proyectos | Maestrando en Políticas Públicas y Desarrollo
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