¿Por qué dice entonces el canciller Murillo que no hay actas, cuando si las hay y fueron presentadas oportunamente? Desde luego no hay razones jurídicas en su petición de las mismas. La reelección de Maduro como presidente cumplió todos los requisitos legales establecidos por la Constitución venezolana y fue certificada por las instituciones correspondientes. Las razones son políticas, como permite sospechar que el mismo 28 de julio, a las 10 pm, nuestro canciller publicó un trino en el que ponía en duda el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, cuando él no había visto las actas, que ahora reclama con tanto ahínco. ¿O sí las había visto? Y si es así, ¿porque condiciona el reconocimiento del presidente Maduro, a la presentación de las mismas? Diga, que las vio, y proclame vencedor a Edmundo González.
Pero dejemos por ahora el pasado en el pasado, para preguntar al canciller ¿ante quién, ante cual instancia legítima, deben ser presentadas dichas actas? El sistema electoral venezolano, uno de los más fiables y eficaces del mundo, se basa en el voto electrónico y contempla que, una vez cerradas las mesas, los jurados piden a la máquina de votación un acta con los resultados obtenidos en la mesa y cada uno de los jurados elegidos por los distintos partidos se queda con una copia de la misma. Los votos se envían, vía electrónica, al Consejo Nacional Electoral que, en base a los mismos, elabora y publica un boletín en el que informa de los resultados definitivos de la elección. Ante masiva campaña internacional de deslegitimación de los resultados electorales, Nicolás Maduro acordó dirigirse a Tribunal Supremo para que decidiera sobre la legitimidad de los resultados electorales. El Tribunal pidió todas las actas antes y las analizo y emitió su veredicto sobre la legitimidad de los mismos.
Si el canciller pone en duda al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo, ¿ante quien quiere que se presenten las actas? ¿Ante la cancillería colombiana o ante la mismísima Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América? Extremo que no me sorprendería, habida cuenta de que él pasó los años de su exilio en Washington, trabajando como asesor o c0nsultor de USAID, el BID y el Banco Mundial – además de en un par de ONG – por lo que, sospecho, terminó por considerar como muy normal que Estados Unidos niegue el reconocimiento a gobiernos díscolos. Y les imponga medidas coercitivas unilaterales – las mal llamada sanciones. El gobierno venezolano figura desde hace más de una década en la lista de gobiernos, díscolos por la osadía de afirmar que el petróleo de Venezuela es de Venezuela y no de los Estados Unidos de América. Pero digan lo que digan Washington y sus cómplices las sanciones son ilegales. En el ordenamiento jurídico internacional vigente, sólo el Consejo de Seguridad tiene el derecho de imponer sanciones, por motivos de extrema gravedad. Atendiendo a esta característica, el gobierno de Turquía pidió hace poco a la ONU que interviniera militarmente en Palestina para poner fin al genocidio israelí de Gaza.
En verdad, lo que el canciller Murillo debería hacer, en vez de sumarse gratuitamente a las sanciones a Venezuela, es enviar una nota diplomática dirigida al presidente Trump, en la que le pida el levantamiento de los 900 “sanciones” que durante su primer mandato le impuso a Venezuela, y que tan graves y traumáticos efectos tuvo en la economía y la sociedad venezolanas. Nota en la que además le pida que retire la oferta, hecha por el gobierno de Biden, de recompensar con 50 millones de dólares a quien traiga la cabeza de Nicolás Maduro y de 25 millones a quien le traiga la cabeza del general Vladimir Padrino López, su ministro de defensa. El mundo no es el Far West, por mucho que lo pretendan los enardecidos y muy bien armados partidarios del MAGA. Es probable que Trump no haga caso, por su predilección por la “coerción”, ya sea económica o militar, para someter a los países que se resisten a acatar sus órdenes. Tal y como lo certifican sus recientes declaraciones entorno al plan apoderarse del Canal de Panamá, Groenlandia e inclusive Canadá. Pero no importa que no nos haga caso. Porque lo importante es demostrar nuestro compromiso inquebrantable con el derecho internacional y nuestra solidaridad con la hermana república de Venezuela.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: France 24
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