Sin salir de la farándula, el displicente y vanidoso gobierno entrante, que se negó al empalme con el gobierno nacional saliente, soslayó los factores de riesgo, a la hora de tomar el timón presidencial; se mantuvo indiferente durante las primeras 48 horas, frente al clamor por justicia social y derechos humanos, planteado desde los territorios y ciudades afectadas.
Javier Pava, director encargado saliente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD y equipos del Gobierno Petro, debieron encargarse, en medio de la emergencia y solo con una disponibilidad presupuestal de $ 35 mil millones ante la suspensión, por parte de Consejo de Estado, del decreto del gobierno anterior, que trasladó cuatro billones de pesos a la UNGRD, como parte de la preparación para hacer frente a los desastres que se pronostican con la presumible llegada del mega fenómeno del niño en 2026-2027.
Fueron ingentes los esfuerzos del gobierno saliente por dejar apropiaciones presupuestales por más de seis billones de pesos para atender damnificados de la ola invernal de Córdoba y Sucre, del primer semestre; las amenazas del Volcán Galeras y los incendios del Tolima.
Ahora, el gobierno entrante se pronuncia en términos de declaratoria de la emergencia económica y
de apelar al crédito con el Banco Mundial para la reconstrucción de los municipios azotados por el terremoto y las urgencias de las comunidades en materia alimentaria, de vivienda, hábitat y salud.
Luego de la tragedia, los primeros cien días del gobierno de la Espriella estarán marcados por los desafíos de la reconstrucción y de la atención de emergencias en diversas regiones del país.
El goce efectivo de derechos ambientales, económicos, sociales y culturales debería estar al centro de las preocupaciones del proceso de reconstrucción. Pero, presumiblemente, chocará con factores de corrupción, desgreño administrativo, codicia y lucha por incentivos para agentes públicos y privados, que suelen priorizar el lucro personal, inmobiliario y financiero, en el contexto de la tragedia y en estas condiciones de retoma del poder gubernamental.
Precisamente, serán fundaciones de allegados al gobierno, las entidades que empiezan a canalizar recursos provenientes de la ayuda internacional, en cabeza de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella.
El ambiente de tragedia puede ser propicio para que el gobierno de la Espriella de rienda suelta a sus designios de la Seguridad Democrática 2.0, o como lo está denominando, nuevo “Plan Patriota”. El caos, la arbitrariedad, la ambigüedad, el desorden y el cinismo suelen ser el caldo de cultivo propicio para entrar en tan indeseable laberinto que amenaza con arrasar las libertades democráticas y con propiciar el saqueo de las riquezas del país, en el contexto de alianzas con los gobiernos de Trump y Netanyahu.
El caos es una fórmula que permite desgastar a las comunidades, confundirlas y llevarlas al terreno de “sálvese quien pueda” rompiendo los lazos de solidaridad y cooperación organizativa y territorial. Este fue uno de los escenarios construidos en el contexto del Estallido Social, por parte del Gobierno Duque. El camino de la degradación ética, social y política constituye un riesgo, más allá del probable retorno de los mal llamados “falsos positivos” y de las diversas expresiones de guerra híbrida, con el riesgo de ruptura de la confianza entre liderazgos sociales y comunitarios.
Desde el 10 de agosto ocurrieron cuatro llamativos eventos gubernamentales que se presentan como embriones preocupantes del futuro cuatrienio, en el contexto internacional y doméstico:
El primero, fue el pronunciamiento de la nueva Cancillería, para reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios de los Altos del Golán, declaración unilateral que solo ha contado, hasta la fecha, con el respaldo de Estado Unidos y entra el conflicto con los países del mundo árabe, como Egipto, Arabia Saudí, Qatar y, por supuesto, Siria, pese a las veleidades de los voceros y gobiernos de dichos países, en la defensa de sus propios intereses.
Desde luego, esto ha contado con la entusiasta felicitación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y aísla a Colombia, en el concierto internacional. Esto puede tener relación con la pretensión del nuevo gobierno de desinternacionalizar al país, de sacarlo de los foros internacionales, de Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la par que nombra a Alejandro Ordóñez como Embajador de Colombia en la OEA, lo que refleja el desprecio gubernamental por los derechos humanos.
Simultáneamente, la Cancillería, en un paso más de apoyo al sionismo, emitió un pronunciamiento para congelar las relaciones con la “República Árabe Saharaui Democrática” (RASD), con el fin de reconocer la soberanía del reino de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental.
Paralelamente, mediante pronunciamientos de última hora el nuevo director de la UNGRD, David Tamayo, expresó que solo reciben apoyo de Estados Unidos, de Israel, El Salvador y Ecuador para búsqueda y rescate de personas, porque cuentan con certificación y reconocimiento del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG). En el contexto de la tragedia nacional, el Gobierno de la Espriella ha dilatado mediante pretextos las ayudas internacionales de países como México y China. Incluso retrasó la participación de Chile, de Ecuador y del Salvador durante las primeras 48 horas posteriores al terremoto.
Soslaya el funcionario gubernamental que los países que han ofrecido apoyo con equipos de búsqueda y rescate de personas cuentan con certificación USAR y, más allá de ello las emergencias, no esperan. Las primeras horas son cruciales para salvar vidas. Por eso, la ciudadanía se vio impulsada a afrontar y asumir las operaciones, frente a la desidia gubernamental. En todo caso, no sobra dejar el enlace del directorio de países y equipos certificados en búsqueda y rescate de personas en situaciones de desastre, para que se pueda constatar que los elegidos a dedo por el Gobierno de la Espriella, no son los únicos que poseen dicha certificación [1].
El día 12 de agosto han podido llegar los Topos mexicanos al país, después de haber ofrecido su apoyo desde el 10 de agosto para el rescate de víctimas del terremoto. El empeño por alinear a Colombia en la estrategia de seguridad del Escudo de las Américas aparece, en el contexto, como una prioridad ideologizada del nuevo gobierno.
El segundo evento fue la curiosa declaración del recién posesionado Ministro del Interior, Rodrigo Lara. El Ministro expresó su desconocimiento de la situación humanitaria en el departamento del Chocó, pese a que allí, en el municipio de San José del Palmar fue el epicentro del movimiento telúrico; justificó su nivel de desinformación por estar en Risaralda y tener fallas de internet. Se comportó como cualquier ciudadano de a pie.
La emergencia sorprende a un gobierno que se preparó para la campaña, pero no para gobernar en escenarios de turbulencia. Presumiblemente, no hubo coordinación de sistemas de radio, de telefonía satelital ni de centros móviles, de los cuales deben disponer las instituciones civiles de gobierno, de protección de los derechos humanos y de las fuerzas militares, especialmente, en las salas de crisis y en los planes de mando unificado. Especialmente, cuando se trata de la protección de la vida de conglomerados humanos.
El tercer caso, está relacionado con el toque de queda en Cali, durante la noche del 10 de agosto. Así lo denunció la Representante, Ana Erazo [2]. Si bien son ciertos los riesgos y actos de saqueo, en contextos de tragedia y colapso de estructuras, la ciudadanía caleña se movilizó de manera solidaria en esfuerzos conjuntos para la búsqueda y rescate de personas.
Se evidencian enfoques y comportamientos gubernamentales tendientes a aislar a la ciudadanía de su participación en actividades de búsqueda y rescate de personas, de animales de compañía y de protección de bienes y enseres. Absurdamente, se desconoce la capacidad social de organización y apoyo a los cuerpos especializados de salvamento. En contraste, la juventud caleña y pereirana se moviliza para ayudar en las actividades de búsqueda y rescate.
Paradójicamente, los alcaldes de ultraderecha, como Alejandro Eder, solo aparecen en las zonas de desastre para tomarse fotos con las comunidades, lo que ha llevado al repudio social, hasta el punto de tener que ser evacuado por parte de sus escoltas.
En este contexto quedan al desnudo las limitaciones y sesgos de los Bloques de Defensa y Seguridad, cuando la ciudadanía se moviliza para ayudar y proteger a sus congéneres, a sus animales de compañía y a los bienes privados y públicos.
Las ollas comunitarias, los protocolos de silencio entre voluntarios y rescatistas para escuchar ruidos; los primeros auxilios vecinales; el apoyo logístico ciudadano; la unidad de acción entre bomberos, Defensa Civil y la unión con la comunidad configuran una escuela de protección y salvamento muy distinta a la pretendida seguridad asentada en el miedo, la estigmatización y la pretensión de “destripamiento” del denominado, “enemigo interno”.
El cuarto aspecto, tiene que ver con el bombardeo ejecutado en la noche del 10 de agosto en el Catatumbo, supuestamente, en contra del ELN.
El Ministerio de Defensa manifestó que el operativo estuvo cimentado en la prevención de afectaciones a la comunidad y en la observancia del Derecho Internacional Humanitario. Además, que las operaciones ocurrieron en zona rural de Tibú y de San Calixto y no, específicamente, en la Vereda El Sinaí.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo expidió un pronunciamiento [3] que recoge denuncias de autoridades y medios de comunicación locales, acerca del bombardeo.
El pronunciamiento manifiesta que tres personas civiles campesinas resultaron heridas, incluyendo una mujer de 44 años.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades municipales y departamentales para disponer los recursos necesarios encaminados a garantizar la atención humanitaria. Insta a la Fuerza Pública a reforzar la planeación operacional, con base en los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario, en medio de la realización de operaciones militares, con el fin de prevenir la afectación de la población civil.
La Defensoría manifiesta su preocupación con respecto a los graves riesgos que afectan a la población civil residente en el Catatumbo, a raíz del conflicto armado y exige una respuesta preventiva y humanitaria.
Es notable que el Gobierno de la Espriella le confiere prelación a su propia agenda y no se sintoniza con las necesidades y prioridades de las comunidades, en medio de la tragedia.
Desde esta óptica, en desarrollo del proceso de acogimiento a las directrices del gobierno de Estados Unidos, se afianza en el nuevo gobierno la expectativa de obtener un apoyo económico por valor de US $ 1.000 millones, supuestamente, en la lucha en contra del narcotráfico y de las bandas criminales.
Resulta interesante observar en la Hoja Informativa del Departamento de Estado de EE. UU. [4] donde se informa de la delegación presidencial encabezada por el Fiscal General, Todd Blanche, en la posesión de Abelardo de la Espriella y se manifiesta la intención de asignar una “ayuda” por valor de 1.000 millones de dólares, como parte de un paquete de medidas de seguridad.
Tales medidas se agrupan en dos componentes: 1) Desmantelar las redes del narcotráfico transnacional y 2) Desencadenar las oportunidades económicas.
Frente a las medidas de seguridad, hace referencia al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad de Colombia, con énfasis en el despliegue de tecnología estadounidense, la creación de la interoperabilidad y la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.
También, se refiere a la desarticulación de organizaciones catalogadas como terroristas, mediante la congelación de activos y el enjuiciamiento de sus financiadores. Así mismo, a la erradicación de la coca y la interceptación de cocaína. Frenar la inmigración ilegal. Reforzar la presencia estatal en los territorios, con iniciativas de desminado, coordinación de seguridad, justicia e inversiones en regiones de alto riesgo. Así mismo, proteger a los menores del reclutamiento forzado y de su explotación por parte de grupos armados.
En materia de oportunidades económicas, se refiere a la asignación de recursos frente a posibles inundaciones, generación y distribución de energía y recuperación de desastres naturales relacionados con el Niño.
Le confiere suma prelación al aprovechamiento de los recursos energéticos, a la exploración e inversión en minerales críticos y creación de nuevas oportunidades para inversión estadounidense.
Habla de fortalecer a las MiPymes colombianas y de integrarlas a las cadenas de suministro estadounidenses.
Así mismo, propende por la modernización de la infraestructura digital, portuaria y energética del país y posicionarlo como un socio confiable cercano a la frontera e incursionar en la energía nuclear de carácter civil, con fines pacíficos.
En suma, se procura sacar al país del multilateralismo y centrarlo en la órbita del hegemón norteamericano. En términos geopolíticos, Colombia es una joya bastante codiciada por Estados Unidos, en el concierto latinoamericano, como ya lo había expresado Laura Richardson, la General, excomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en tiempos del Gobierno Biden.
El Gobierno Trump lo ha expresado sin titubeos, desde su injerencismo electoral y desde su estrategia de Escudo de las Américas. El plan no es la conquista de la paz. El foco de atención está en los encadenamientos productivos de sectores estratégicos. La seguridad, como la energía, los minerales y las tierras raras, también es una industria que requiere de la asignación e inversión de recursos multilaterales.
Esto se combina con la persecución a las organizaciones y personas contrarias a sus intereses y políticas que, como se ha visto en los documentos de las reuniones de coordinación, son catalogadas como agentes del “terrorismo político”, a quienes se les debe bloquear, como una especie de reedición del macartismo.
En este contexto, las organizaciones narcotraficantes se vuelven un pretexto con muchas inconsistencias, si se tiene en cuenta que los capos viven en Miami, Nueva York, Madrid, París, Marbella y Dubái (ahora, en decadencia con motivo de la guerra de USA contra Irán).
El texto del Departamento de Estado anticipa las operaciones militares conjuntas anunciadas por Pete Hegseth, Secretario de Guerra del Gobierno Trump, supuestamente autorizadas por el Gobierno de Colombia [5].
Según el Secretario de Guerra, “Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”. Esto lo ha expresado el Secretario de Guerra, en presencia del Ministro de Defensa, Jorge Mora, en reunión sostenida en ciudad de Panamá, donde Colombia se unió de manera formal a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C) y, pasando por encima de la Constitución Política Nacional y del Congreso de la República, autorizó operaciones conjuntas en suelo colombiano.
Distintos voceros políticos de partidos con representación parlamentaria se pronunciaron en contra de la presencia de tropas estadounidenses en el país, sin autorización del Congreso y sin la expedición de tratados debidamente aprobados por el Congreso de la República.
En síntesis, a pesar de las vicisitudes y fragilidades de la política de Paz Total, el escenario que se abre para dar paso a las soluciones militares con injerencismo e intervención militar estadounidense, no solo atenta en contra de la soberanía nacional. También afecta los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país y en sus territorios, en las comunidades, grupos étnicos y organizaciones.
Ha sido común escuchar y leer a los expertos en seguridad y paz, quienes se expresan en favor del desmonte de la paz total y en priorizar la seguridad. Varios manifiestan su preocupación por la protección de los derechos de las comunidades, en medio de las medidas de fuerza.
Pero, es por lo menos ingenuo clamar por la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en escenarios donde la actividad militar arrasa la capacidad de dialogar y de construir escenarios propicios para encontrar soluciones incruentas.
Naturalmente, también es ingenuo pensar que el diálogo y la negociación son la panacea para resolver los conflictos armados. Paz y seguridad deben ser complementarias e inseparables. Como lo enseña Sun Tzu, la victoria suprema consiste en vencer sin combatir, con base en la estrategia, la diplomacia y la inteligencia. Lamentablemente, en Colombia el militarismo no implica que se cuente con políticos y militares conocedores del arte de la guerra. Los medios dan voz a demasiados fantoches enamorados de las armas.
Creer que los bombardeos son el “game changer” puede llevar al desgaste de recursos, a la corrupción, a la afectación del derecho internacional humanitario y a la degradación de la fuerza pública.
Colombia cuenta con un acumulado de saberes, de lecciones aprendidas y por aprehender, en relación con los conflictos armados, con la lucha en contra de bandas criminales y economías ilegales, no solo del narcotráfico. También, cuenta con legados en relación con procesos de paz, de reincorporación a la vida civil, de pactos territoriales y de justicia restaurativa. Estos logros no pueden esfumarse en el laberinto en que el gobierno entrante pretende encriptar el país.
Fuentes:
[1] INSARAG Members. INSARAG – USAR Directory. INSARAG Members. INSARAG Africa/Europe/Middle East | INSARAG Americas | INSARAG Asia/Pacific. [2] Ana Erazo @AnaErazoR. Ferreterías cerradas, gente robándose las motos a quienes están ayudando y @alejoeder se le ocurre decretar toque de queda. 10 ago.https://x.com/AnaErazoR/status/2086972710748319988?s=20
[3] Defensoría del Pueblo. Verificamos posibles afectaciones a la población civil tras bombardeo en San Calixto, Norte de Santander. Sala de Prensa. Agosto 11 de 2026. [4] DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU. Una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Hoja Informativa. Traducciones en español. Agosto 07 de 2026 [5] Stacey Diego y Doncel Luis. Estados Unidos anuncia que Colombia le autoriza a realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”. El País América Colombia. Agosto 12 de 2026.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: El Heraldo
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