Su despedida no pudo ser más desalentadora para la paz: “Es paradójico que se implemente el Acuerdo de Paz, pero las comunidades están peor” (https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/mireia-villar-coordinadora-residente-de-onu-en-colombia-habla-sobre-crisis-del-pais-y-la-paz-subseccion-paz-y-memoria/ ); es su lapidaria sentencia al abordar temas como la violencia del Catatumbo y los vacíos de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 entre el Estado y las Farc.
Si un lugar nos confirma la bancarrota de la implementación de los pactos de Paz de Santos, ese es el Catatumbo y sus once municipios.
Como bien es sabido, los Pdet (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) fueron creados por el decreto 893 de 2017, en el marco del conocido Fast Track legislativo de Santos. Se trata de un Programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años a través del cual se pusieron en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios (170 municipios sugeridos por Fedesarrollo) más afectados por el conflicto social y armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad de la presencia del Estado. Se trata de una herramienta de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados, con un Plan de Transformación del Territorio.
El Pdet del Catatumbo lo integran los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú con casi 200 mil habitantes, casi todos localizados en el área rural y en la frontera con Venezuela.
Casi que resulta innecesario decir que el Catatumbo es una de las regiones más afectadas por la pobreza, un laboratorio de la pobreza colombiana; su población vive con indicadores de desarrollo similares a los de algunos países de África Subsahariana. Las condiciones de pobreza y miseria en el Catatumbo son críticas y están profundamente ligadas al abandono estatal histórico y a la intensificación del conflicto social y armado en este 2026.
Según informes recientes del PNUD y la Defensoría del Pueblo, la región presenta niveles de privación que superan por mucho el promedio nacional. La pobreza Estructural (Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI) es espantosa. A diferencia de las grandes ciudades, en el Catatumbo la pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de infraestructura básica. Los municipios más afectados son El Tarra que lidera las estadísticas con más del 50,6% de su población bajo la línea de NBI. Le siguen El Carmen y Tibú, donde casi la mitad de los habitantes carecen de servicios básicos.
El acceso a agua potable es casi inexistente en las zonas rurales, y la eliminación de excretas (alcantarillado) sigue siendo un reto mayor, lo que genera problemas de salud pública constantes.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en la región se ve disparado por factores específicos como el rezago escolar; debido a la guerra, muchas escuelas han cerrado o son utilizadas como refugios. Esto ha generado un estancamiento educativo que condena a las nuevas generaciones a la falta de oportunidades. El trabajo informal, pues, cerca del 90% de la economía local es informal, dependiendo en gran medida del ciclo de la hoja de coca. Cuando el precio de la base de coca cae o las rutas se bloquean por la guerra, la economía familiar colapsa de inmediato.
Por supuesto, esta pobreza en el Catatumbo no se puede entender sin la violencia que se refleja en el confinamiento, pues al no poder salir a trabajar sus parcelas por el riesgo de minas o combates, los campesinos pierden sus cosechas (plátano, cacao, café), hundiéndose más en la precariedad; la inseguridad alimentaria, ya que al interrumpirse las cadenas de suministro por paros armados hace que los precios de los alimentos básicos suban hasta un 30% o 40% más que en Cúcuta.
En el Catatumbo existe una diferencia abismal entre los centros urbanos y las veredas. Mientras que en municipios como Ocaña o La Playa la pobreza es moderada, en las zonas rurales del “corazón” del Catatumbo, el Estado es invisible, delegando la “justicia” y la “economía” a los grupos insurgentes de la guerrilla.
De otro lado, con ocasión de la violencia desatada desde principios del 2025 por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor Central de Calarcá y Jhon Mechas, la situación humanitaria es de las más graves de Colombia en las últimas décadas. La región ha experimentado en los últimos 17 meses una escalada de violencia que ha superado registros históricos, incluso comparándose con los peores años de finales de los 90.
El cuadro de este “tercer ciclo” de violencia regional tiene las siguientes dimensiones asociadas con el enfrentamiento entre el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC; el factor central de esta reyerta sangrienta es una guerra abierta entre el ELN y el Frente 33.
Tras la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno y la ruptura del cese al fuego a inicios de 2025, el ELN lanzó una ofensiva coordinada para expulsar al Frente 33 de sus zonas de influencia.
Estos grupos se disputan el control de los cultivos de coca (el Catatumbo es uno de los mayores enclaves cocaleros del mundo con cerca de 40 mil hectáreas sembradas y 180 laboratorios para procesar el alcaloide), las rutas de narcotráfico hacia Venezuela y México, y el cobro de extorsiones a los grandes palmeros y multinacionales petroleras y mineras
El daño a la población es gigantesco propiciando desplazamientos masivos y crisis humanitarias dantescas; se estima que más de 64,000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Cúcuta se ha convertido en el principal receptor de desplazados, muchos de los cuales terminan en refugios improvisados. Cerca de 48,000 personas permanecen confinadas en sus veredas debido a los combates, la instalación de minas antipersonal por parte del ELN y las FARC, y las restricciones a la movilidad impuestas por estos dos grupos armados. Miles de niños han quedado fuera del sistema escolar. Se han reportado casos de reclutamiento forzado y un deterioro grave en la salud mental de los menores debido al miedo constante.
Aunque toda la región sufre, la violencia se ha concentrado con especial sevicia en Tibú y El Tarra. Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí, donde se han registrado los combates más intensos y ataques a la población civil. Ocaña ha sufrido masacres y ataques selectivos, funcionando también como centro de recepción de víctimas.
El gobierno nacional ha desplegado allí miles de soldados en la zona en un intento por contener la ofensiva, aunque la capacidad de protección efectiva a los civiles sigue siendo limitada.
Frente a tal deterioro social y humanitario las comunidades han demandado que el Estado no responda solo con armas, sino con la implementación del “Pacto para la Transformación del Catatumbo”, que busca inversión social en salud, educación y sustitución de cultivos.
Finalmente, lo que quiero señalar es que ese cruel panorama territorial está demostrando el fracaso del Pdet del Catatumbo y de la gestión de la Agencia para la Renovación del Territorio ART, creada con los Acuerdos de Paz, encabezada por el ex gobernador de Nariño, el señor Raúl Delgado, con mucha presencia e incidencia en los proyectos de inversión de Regalias que aprueba el Ocad paz, por la certificación que debe emitir para cada uno de los proyectos; y de la Oficina encargada en la presidencia de la implementación de los Acuerdos de paz, a cargo de la ex alcaldesa de Apartado, señora Gloria Cuartas.
Lo cierto es que al Catatumbo no llego la prometida trasformación territorial de los pactos de paz y tal evidencia lo que sugiere un cambio a fondo de la Agencia de Renovación del Territorio del señor Raúl Delgado.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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