En el primero, llama la atención no solo la poca mención a lo rural en los distintos documentos elaborados, sino que en la parte que realmente aborda el tema del empleo rural, le dedica 5 páginas, que básicamente son gráficos. Valga decir además que las cifras con las que trabajan dejan bastante que desear, dando muestra que ni siquiera retoman los estudios que sobre el tema existen en el país. La desdibujada Misión, cuyo lanzamiento fue con bombos y platillos pero que los resultados no merecieron ni siquiera la presencia presidencial, planteó que el mercado laboral en Colombia funcional mal, es disfuncional, pero se queda corta en sus propuestas, sigue dejándole las soluciones al mercado, y aunque reconoce alguno elementos importantes frente a temas como la problemática de la seguridad social atada al contrato de trabajo o los problemas normativos y de cumplimiento de acuerdos internacionales, entre otros, solo anota que el mercado laboral en la ruralidad es de autoempleo e informal y complicado por la estacionalidad de las cosechas, como si el tema rural fuera solo agrario. No hay nada en los estudios presentados que posibilite tener alternativas a los bajos ingresos y a las problemáticas de la ruralidad colombiana.
De otro lado, las cifras de empleo y en particular de empleo rural para el año completo siguen siendo débiles. La misma Organización Internacional del Trabajo ha dicho que las crisis del empleo en la Región continuarán por este año e incluso hasta 2024. A diciembre la tasa de desempleo cerró en 11% para el total nacional y 11.6% para las 13 principales ciudades, aún se está distante de los niveles de 2019.
Si bien las tasas de desempleo rurales, en los centros poblados y rural disperso, son bajas (6.6%), ello se debe al autoempleo y a la alta informalidad existente, de hecho, el 53.4% de la población rural ocupada lo hace como cuenta propia; el 7.2% es trabajador familiar sin remuneración; el 12.5% como peón o jornalero, con jornales que van desde $10.000 pesos día. Solo el 19.1% trabaja como obrero o empleado particular. En los, últimos 10 años el 66,31% promedio de la población trabajadora lo hace sin tener un contrato de trabajo.
La población ocupada asciende a 4.766,732 personas, 141.982 menos ocupados que en 2019; de las cuales el 61.5% se emplea en actividades agropecuarias; el 9% en Comercio, el 4.4% en alojamiento y servicios de comida; el 7.8% en Servicios comunales, sociales y personales; el 6.4% en la Industria manufacturera; el 4.6% en Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios; el 4.4% en Construcción y el 3.1% en actividades de Transporte y almacenamiento, almacenamiento y comunicaciones; en Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana se emplea el 3.0%, entre otros.
Como se ve, la complejidad del empleo rural no solo radica en las estacionalidades de los cultivos. Los escenarios son mucho más amplios, pero las condiciones tanto en las formas de contratación como de ingresos hace que la precariedad y la marginalidad en la ruralidad sean las características fundamentales. El 81.32% gana hasta un salario mínimo; entre uno y dos el 15.03%; entre dos y hasta cuatro, el 2.82% y más de cuatro el 0.84%. De hecho, la misma SAC y la OIT plantean que la cotización a la seguridad social en la ruralidad no pasa del 14%. Cálculos nuestros muestran que, en los últimos 11 años, la población trabajadora que hace aportes al sistema pensional no supera el 13%.
A todo esto, se suma las bajas condiciones educativas (coberturas, escasas trayectorias completas y calidad), dejadas en evidencia ante la pandemia y con la baja conectividad. En efecto, el 12.3% de la población rural no tiene ningún nivel educativo, el 42.79% tiene primaria; básica secundaria tiene el 19.3%, la media el 17.28% y educación superior el 6.04%. Esto no solo es un condicionante a la productividad, sino que disminuye cualquier intencionalidad de crecimiento y desarrollo.
Pero ante estas realidades, las misiones temáticas, como la realizada para la transformación del campo o el punto uno de las negociaciones de La Habana, de Reforma Rural Integral, quedan en el olvido, desechadas por los hacedores de políticas. La Misión de empleo repele el tema rural y hoy la preocupación son los alimentos, pero aun reconociendo una gran cantidad de políticas coyunturales favorables, son solo medidas dispersas que no contribuyen a generar cambios estructurales para la producción de alimentos o la búsqueda de solidez para las economías campesinas.
Los candidatos a la presidencia e incluso al congreso no plantean tampoco nada trascendente, al menos hasta ahora. Solo una discusión entre dos candidatos sobre elevación de aranceles o las posiciones de apertura de mercados, poco que ver con las urgencias del campo colombiano e incluso con las propuestas que desde la sociedad civil y desde la academia, se han realizado y que en el mes de diciembre reunieron a más de 1000 personas de diferentes organizaciones campesinas y sociales para consolidar una propuesta estructural para el país, que abarca desde la tenencia de la tierra, el financiamiento, la producción, la comercialización y el cuidado a la naturaleza, entre otros aspectos.
Habrá que seguir insistiendo, cerrar las brechas existentes entre campo y ciudad requerirá de nuevas conciencias, de nuevos modelos. La seguridad y la soberanía alimentaria pasa por cambios estructurales, por reruralizar y reindustrializar el país, por hacer viables económica y socialmente a las familias campesinas y en general a la ruralidad colombiana.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: colombiaplural.com/
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