Del CNE hay que señalar que es una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar sanciones de tipo penal o administrativo.
Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.
La emoción del hecho político embargó de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría, de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.
Más allá de la sinuosa decisión política es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada: el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos.
Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la “presunción de inocencia” para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE, ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa. No cabe duda de que poner a Prada en esa institución fue una impúdica jugada de Uribe contra la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le respondió programando para el 15 de mayo el inicio del juicio contra su ahijado.
La condición sub júdice que pesa sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último, Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista antioqueño empezará el 17 de mayo.
En el ejercicio de la democracia y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos. Lo curioso es que el CNE viene operando como una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos” entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.
La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están llamados a juicio.
Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice “defender la institucionalidad”. Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos.
Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo más probable es que allá nada pase y Petro pueda terminar su mandato.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: Infobae
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