Introducción

El 29 de abril del 2022 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) archivó la licencia ambiental solicitada por AngloGold Ashanti (AGA) para su Mina de Cobre Quebradona, que pretende construir en el municipio de Jericó en el Suroeste antioqueño. El archivo no significa la negación definitiva de la licencia ambiental sino la notificación de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no está completo ni es aceptable y no permite evaluar definitivamente el proyecto.

La investigación realizada por Conciudadanía encontró que el archivo de esta licencia fue resultado principalmente de que la Colectividad Territorial del Suroeste (CTS) cambió la correlación de fuerzas con AngloGold Ashanti (AGA) facilitando a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) actuar imparcialmente y proferir un fallo técnico. La CTS se ha comportado como un David moderno frente a un Goliat de siempre.

La amenaza de ver sustituido el Paisaje Cultural Cafetero (que define la identidad de la CTS) por una zona de sacrificio de la megaminería multinacional de metales generó los incentivos necesarios para afirmar la vocación tradicional del territorio y realizar la cohesión socio-institucional de la CTS necesaria para enfrentarla.

Esta investigación divulgada en el libro La Colectividad Territorial del Suroeste un David Moderno[1] es la historia de ese proceso de cohesión y acción colectiva que formó a este David.

El Concepto de Colectividad Territorial es el de “comunidades económicas, sociales, culturales y políticas ligadas a un territorio específico, de escala subnacional. Incluyen, por tanto, la diversidad de actores sociales y económicos, así como las autoridades públicas constituidas legítimamente como gobierno en dicho territorio. Las colectividades territoriales son altamente heterogéneas desde el punto de vista socioeconómico, cultural y político, pues se constituyen a partir del cruce de las racionalidades, intereses, recursos, proyectos políticos y discursos de los diferentes actores”. Este concepto fue desarrollado por Fabio Velázquez, conocedor y desarrollador de la teoría de la participación ciudadana en Colombia.

Los antecedentes

En el Suroeste surgió en la década del 70 del siglo pasado el movimiento político y social de la Teología de la Liberación, un movimiento que arraigó en Pueblorrico y Tarso y derivó en la formación de guerrillas que alimentaron al ELN. Un grupo de desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista promovió en Tarso en el año 2000 una Asamblea Constituyente Municipal para gestionar una profunda crisis política y de la administración pública. Con este ejemplo, durante la primera década del 2000 se crearon Asambleas Municipales y una Asamblea Departamental Constituyente mediante alianza de la gobernación y las ONG. Ese movimiento constituyente arraigó en el Suroeste y fue un proceso masivo de deliberación pública a lo largo de varios años que hizo resistencia a la guerra y creó un cambio político con una nueva generación de líderes más independientes de los partidos tradicionales, conscientes del papel de la acción colectiva y con una conciencia de región independiente de los poderes centrales.

El territorio

El Suroeste es parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) definido como un territorio de montañas agrestes en cuyas superficies muy pendientes se ha establecido un cultivo artesanal del café más suave del mundo, predominantemente de pequeña escala de producción, con relativamente alto nivel tecnológico y dirigido al mercado de exportación. Los productores tienen como tradición la acción colectiva a través de la Federación Nacional de Cafeteros con comités departamentales y municipales y cooperativas para comercializar su producción. El PCC también está asociado con una identidad caracterizada por la arquitectura de las cabeceras municipales propia de la colonización antioqueña, la música, la religiosidad y las costumbres pueblerinas. Por otra parte, el Suroeste también es reconocido por sus exuberantes paisajes y su biodiversidad, donde confluyen los hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales y el del Chocó Tumbes Magdalena.

AngloGold Ashanti y sus armas.

La empresa AGA no llegó al Suroeste de manera transparente: el título que obtuvo para realizar exploración minera en el 2002 fue solicitado y otorgado a una persona natural, así que se otorgó a ciegas, situación que permaneció hasta 2007 cuando fue cedido por esa persona natural a la sociedad Kedada, que cambió su nombre a AGA y luego a Minera Quebradona Colombia en 2008.

Por esas fechas comienzan los trabajos de prospección minera hechos desde el aire a través de sobrevuelos de helicópteros de los que nadie da razón a los campesinos de Palocabildo, un corregimiento cafetero del municipio de Jericó ubicado en la zona montañosa de la que hace parte la Mama del Agua, una estrella hídrica donde nacen ríos y quebradas y esta protegida por el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín -Támesis declarado por CORANTIOQUIA.

A las preguntas de los campesinos por el significado de la presencia de helicópteros y personas visitantes de la zona tomando muestras de agua se les respondió que son actividades dirigidas a mejorar la agricultura, pero ellos deciden que a sus veredas no entra nadie a hacer ningún tipo de trabajos sin su permiso. Así lo pactaron con la empresa en una asamblea de pobladores de Palocabildo y lo han hecho cumplir a rajatabla durante 12 años a pesar de los esfuerzos de la empresa de violar su propio compromiso.

El titulo minero de 7500 has le da derecho a AGA a explorar el subsuelo en busca de yacimientos, pero ella ocupó completamente el territorio del municipio de Jericó: su vida política, social, cultural, las instituciones educativas y de comunicaciones. Irrigó dinero desde la alcaldía hasta las familias a la manera como lo hacen los políticos clientelistas a cambio de obtener lealtades en la defensa de su actividad minera. La consecuencia ha sido la división de la población, con sus instituciones, organizaciones y, lo más grave, sus familias entre quienes aceptan la minería de gran escala en el territorio municipal y quienes quieren mantener la vocación agropecuaria y turística. El argumento de la empresa es que no son actividades incompatibles, pero, como se verá, sí lo son hasta tal punto que el gerente de Minera Quebradona le dijo a uno de los accionistas de AGA que en la zona no hay un yacimiento mineral sino cinco y que “tenemos una gran oportunidad de repensar el Suroeste donde el centro sea la mina”.

El David moderno

Los Campesinos de Palocabildo formaron un grupo de resistencia a la presencia de la mina en su corregimiento: denunciaron la diminución del agua en sus acueductos como resultado de las actividades de exploración que rompieron acuíferos y llevan doce años bloqueando la entrada de la Minera Quebradona a la montaña. Son productores que viven del agua y lo que lo que atente contra ella es una amenaza existencial.

La Mesa Ambiental de Jericó, a la que se vincularon, los respaldó y acompañó siempre in situ y en el área urbana con actividades de protesta por la presencia forzada e inconsulta de la minera. Con deliberación pública sobre la titulación minera de todo el territorio sin garantizar la autodeterminación de los municipios, definida constitucionalmente. Usando la institución del tercero interviniente para eliminar el secreto al obligar a las instituciones estatales mineras y ambientales a hacer público todo acto administrativo cruzado con la empresa. Y también los acompañó divulgando a la población todos los hechos que ocurren en torno a la defensa del territorio por medio del periódico mensual Despierta Jericó que lleva más de 120 ediciones ininterrumpidas desde febrero de 2013 y es financiado por los amigos de la Mesa Ambiental, formada por representantes de organizaciones sociales, ambientales, entidades públicas y ciudadanos/as no organizados. Incluso a ella perteneció y estuvo en su presidencia la Minera Quebradona que debió abandonarla en 2011 por presiones de otros miembros.

También funcionan Mesas Ambientales en todos los municipios del Suroeste creadas por CORANTIOQUIA y que han adoptado la defensa del territorio y el patrimonio ambiental como su misión y están estructuradas en red subregional de Mesas Ambientales.

Un conjunto de organizaciones de productores campesinos de Caramanta y Támesis, otras organizaciones sociales y ambientales, como las Mesas Ambientales de Jericó, Jardín, Andes y Resguardos Indígenas formaron en 2011 el Cinturón Occidental Ambiental COA, promovido por Censat Agua Viva. El COA se abanderó de la defensa del territorio sagrado para la vida frente a la megaminería de metales y otras agresiones ambientales. El COA le aportó a la CTS la capacitación de líderes y la movilización de masas. En efecto, con su Travesía por el Suroeste: un abrazo a la montaña, de los cuales se han realizado cuatro movilizaciones a lo largo de 12 años y Escuela de Sustentabilidad que formó cien lideres y lideresas han capacitado y creado conciencia de resistencia en todo el Suroeste.

Los Campesinos de Palocabildo en 2016 bajaron desde las montañas a las fincas de tierra caliente en Támesis a convocar a los propietarios a sumarse a la defensa del territorio porque las aguas que irrigan el valle vienen de la montaña y si se afectan se impactaran cultivos y viviendas. Y los propietarios de fincas y parcelas se juntaron y formaron la Mesa Técnica que recogió casi cuatro mil firmas para verificar la legitimidad del movimiento y le aportó estudios socioeconómicos, geológicos, litigio jurídico estratégico, atracción de líderes políticos regionales y nacionales, invitación a periodistas y escritores para sumarse a divulgación del conflicto socio ambiental.

En sus estudios encontró que la mina produciría un cambio drástico en la estructura social de la zona; que el área de impacto de la mina no es solamente Jericó y Puente Iglesias pues también incluye a Támesis; que el hundimiento o subsidencia podría ser de un kilómetro cubico; que por eso y los túneles serían gravemente afectadas las fuentes de agua de la zona y serían expuestas en la superficie una inmensa cantidad de sustancias tóxicas que representarían un peligro de contaminación a perpetuidad; que la montaña bajo cuya superficie se ubica el yacimiento es una zona de recarga de acuíferos que deben ser protegidos, según la ley ambiental. El exministro de Minas Jorge Eduardo Cock desde la Mesa Técnica consagró sus últimos años de vida a estudiar, divulgar, denunciar el potencial impacto ambiental de la megaminería de cobre en Jericó y a educar a la población sobre ello. A pesar de tener su sede en la vereda La Oculta de Támesis la Mesa influyó en todo el Suroeste.

La Iglesia Católica también tuvo un papel central como parte de la CTS. La diócesis de Jericó introdujo a sacerdotes y seminaristas en la enseñanza de la ecología, el obispo Noel Londoño participó en todas las actividades de resistencia e hizo famosa la frase “minería sí pero no así ni aquí” con una oposición frontal a la mina Quebradona. Promovió con los obispos de Antioquia y Chocó un manifiesto contra la megaminería que precedió a la encíclica Laudato Sí y divulgó por toda la región. Monseñor Nabor Suárez presidente del Centro de Historia de Jericó siempre ha expresado su oposición a la mina. Las monjas de la Presentación que dirigían la Normal Superior de Jericó fueron participes activas de la Mesa Ambiental y las Hermanas Lauritas animaron todas las actividades de resistencia.

La alcaldía de Támesis prohibió la minería en su territorio desde el año 2000 en el Plan de Ordenamiento Territorial y sus alcaldes y concejo municipal han sido una de las cabezas fundamentales de la defensa de su territorio lleno de riquezas naturales, testimonios de culturas ancestrales y una basta producción de cafés especiales, cítricos y aguacate. La alcaldía de Jericó durante el período 2016-2019 se negó a recibir dineros de la empresa minera; promovió la prohibición de la minería por acuerdo municipal; hizo esfuerzos fallidos por incorporar esa prohibición en el POT y promovió con los alcaldes de Támesis y Caramanta la creación de la Provincia de Cartama que agrupa once municipios.

Trece concejos municipales de municipios del Suroeste aprobaron acuerdos para prohibir la minería en sus territorios aprovechando que en 2016 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 de la ley 685 de 2001 que prohibía a los municipios restringir total o parcialmente la minería en sus territorios, aún mediante sus planes de ordenamiento territorial. El Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó esos acuerdos que constituyeron una presión política muy fuerte en defensa del territorio.

A toda esta movilización social e institucional se sumó la Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA que pretendía construir un parque recreativo en un predio ubicado en la zona del Rio Cauca, contiguo al predio donde la Mina Quebradona esperaba abrir cuatro túneles de 1200 mts de profundidad cada uno para acceder al yacimiento y construir todas las instalaciones mineras. COMFAMA contrató seis estudios para evaluar el grado de compatibilidad entre el parque y las instalaciones de la mina cuyo Plan de Trabajos y Obras (PTO) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya habían sido entregados a las autoridades minera y ambiental. Las conclusiones de los estudios fueron que el parque era incompatible con la mina y que el EIA tenía graves deficiencias en mostrar los verdaderos impactos ambientales que tendría su construcción, funcionamiento, cierre y poscierre, algunos de los cuales actuarían a perpetuidad. Ratifica que las aguas de quebradas de la zona van a ser afectadas, que va a bajar el nivel freático hasta cinco metros en una extensión de por lo menos 10 km; que entre el sitio del yacimiento y el depósito de relaves van a quedar sin explotar por lo menos un millón de onzas de oro lo que incentivaría la minería secundaria por mineros, formales, informales, ilegales, criminales con todas sus consecuencias. Finalmente, que la Minera Quebradona no contempló en ninguna variable el cambio climático a pesar de planificar una intervención de 38 años.

Proantioquia, el tanque de pensamiento de un sector del empresariado antioqueño con presencia en el territorio a través del parque tecnológico Biosuroeste también contrató estudios que consultó con 29 entidades públicas y concluyó que el Estado no tiene suficientes elementos para tomar una decisión sobre el EIA por ausencia de información y políticas públicas claras para tomar una decisión responsable.

Las Mesas Ambientales, otros colectivos ambientales, los resguardos indígenas crearon a finales del 2021 la Alianza Suroeste con cobertura de los 23 municipios de la región y con el objetivo específico de enfrentar el distrito minero que pretende establecer la AGA para explotar los cinco yacimientos de cobre y oro. A la alianza se sumó la organización MIJOS y MIJAS redes de jóvenes ambientalistas dispuestos a trabajar por la defensa del territorio y para enfrentar la crisis climática.

En 2019 se creó Visión Suroeste formado por empresarios, líderes sociales, cineastas, periodistas, miembros del movimiento de defensa del territorio de Támesis. Tomó como su objeto de trabajo el análisis y discusión del EIA presentado por Minera Quebradona a la ANLA y la preparación de una segunda visita de esta entidad a Támesis para reunirse con todos los actores del territorio. En ese proceso lanzaron la campaña Salvemos al Suroeste con difusión nacional e internacional, tuvieron un encuentro virtual con la Comisión Europea, recibieron 600 videos de razones para salvar al Suroeste y 74.000 firmas de apoyo que llegaron directamente a la presidencia de la república y la ANLA.

El conflicto ambiental del Suroeste subió el volumen de su voz y se convirtió en un tema de interés nacional. Columnistas regionales y nacionales y otros personajes de influencia nacional escribieron sobre la inconveniencia del proyecto minero Quebradona, e incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una potente voz del Suroeste y de Colombia, se pronunció contra el proyecto, poniendo en la balanza de la correlación de fuerzas un peso de muchos quilates.

En el proceso de preparación de la visita de la ANLA se inscribieron numerosas entidades como terceros intervinientes y se produjo una unidad de acción de todos los actores del territorio incluyendo al movimiento ambiental pero también a los gremios de productores de cítricos, de aguacate, ganaderos, cafeteros del área de impacto directo de la mina en torno al objetivo único de solicitarle a la ANLA la negación de la licencia ambiental a la Mina Quebradona. Con los estudios de la Mesa Técnica, COMFAMA, PROANTIOQUIA, los realizados por especialistas en arqueología, flora, fauna, geología, hidrología, sociales y las razones esgrimidas por todos los actores sociales presentes, los conceptos de CORANTIOQUIA, la Procuraduría General de la Nación, de la Universidad de Antioquia, el Suroeste le entregó 36 documentos a la ANLA en la audiencia pública realizada en Támesis.

Y la ANLA archivó la solicitud de licencia ambiental por las razones expresadas por la Colectividad del Suroeste, a saber: a) el área de influencia del proyecto no se limita a Jericó y Puente Iglesias sino que también incluye a Támesis; b) el área de montaña que se hundirá es una de recarga de acuíferos que el EIA no reconoce; c) el depósito de relaves filtrados propuesto por la empresa (119 millones de toneladas y 218 mts de altura) no esta bien estudiado en su localización, composición, estabilidad, ni riesgos de movimiento en masa debidos a saturación por humedad o movimientos sísmicos. En general, el EIA no identifica completa y adecuadamente todos los impactos que causaría en el territorio en los componentes bióticos, abióticos y sociales y, por lo tanto, no tiene los planes de gestión necesarios para gestionarlos.

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[1] CONCIUDADANIA-SALVAGUARDA. Cardona Arango, Alonso y Velásquez Escobar, Lina María. La Colectividad Territorial del Suroeste: un David Moderno. Investigación acerca del conflicto socioambiental entre campesinos y líderes del Suroeste y la Anglo Gold Ashanti. Medellín, Colombia. Primera Edición Mayo 2024.

Alonso Cardona

Foto tomada de: Telemedellín

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