Hasta el momento las muertes se acercan a la cifra de las 300 personas, los heridos son más de 3500 y los desaparecidos son más de 500.
Los daños económicos impactan el 25% del Producto Interno Bruto con graves consecuencias en el comercio, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria, el transporte y la agricultura.
Tres días después de su posesión, el señor Abelardo de la Espriella recibió un baño de realidad que lo coloca delante de una compleja situación que confronta su retórica ultraderechista, militarista y violenta, claramente subordinada a la potencia imperialista encabezada por el delirante y suicida señor Trump y su cúpula de matones, como el Secretario de Guerra Pete Hegseth, con quien el Ministro de Defensa entrante, general Mora, acaba de firmar en Panamá, un acuerdo para adelantar operaciones militares en el territorio colombiano, en el marco de la nueva versión de la guerra contra las drogas que omite el Estado de derecho y las garantías judiciales.
Atender los descomunales daños ocasionados por el terremoto demanda un profundo sentido de la solidaridad, la compasión y la empatía con las casi 31 mil familias atrapadas en esta tragedia; solidaridad que es la que expresan millones de colombianos, que de manera espontánea y autónoma canalizan y ofrecen apoyos de distinto calado.
Por desgracia en el plano institucional las cosas no pintan de la mejor manera. Si bien hay varias entidades encuadradas en el Sistema General de Atención del Riesgo como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación, dependientes del Ministerio de Hacienda (hoy en manos de un recalcitrante fanático de la vieja chulavita laureanista), no menos cierto es que tal dispositivo estatal se encuentra diezmado por la corrupción, el burocratismo y la porosidad de sus gerencias y engranajes administrativos; tendencias que Carlos Carrillo y Javier Pava trataron de corregir con su acertada gestión ejecutiva en los últimos meses.
En la UNGR tenemos el antecedente del saqueo de Olmedo Lopez y sus compadres y en el Fondo de Adaptación se registra un abierto patrimonialismo por parte de quien convirtió dicha entidad en una especie de finca (o feudo) en la que no se respetan normas ni procedimientos constitucionales y legales porque la famosa Angie Rodríguez (especie de Regina 11 2.0), con el presunto apoyo de los viejos paramilitares de Ralito, se apodero de una caja de 1 billón doscientos mil millones de pesos para repartirlos a discreción y amaño de la voracidad del clientelismo de los tránsfugas de las 11 curules de paz domesticadas por Rodrigo Tovar Pupo, el hijo del sanguinario Jorge 40 recluido en la cárcel de alta seguridad de Picaleña; impidiendo con esa movida su reasignación presupuestal tal como lo ordeno el presidente Gustavo Petro hace un mes dentro de las medidas previstas para afrontar el Fenómeno del Niño.
Es muy probable que en estas primeras horas de la tragedia los 22 equipos USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas /Urbano) acreditados por la UNGRD con cerca de 980 rescatistas profesionales estén adelantando una crucial acción para salvar vidas y rescatar heridos. El USAR COL-1, fue valorado positivamente hace unos días por el Insarag, de Naciones Unidas, tras un ejercicio de 46 horas continuas en el Quindío, y en junio pasó diez días sacando gente de los escombros de La Guaira.
Reconstruir las áreas afectadas y su tejido social y económico puede implicar una inversión inicial cercana a los 20 billones de pesos que difícilmente se conseguirán dado el modelo ultraliberal que agencia Abelardo y sus socios, el Vicepresidente Restrepo y el Min Hacienda Miguel Gómez comprometidos en quitarle impuestos a los ultraricos como se dio en el gobierno de Ivan Duque con las reformas tributarias impuestas por Restrepo y Carrasquilla hasta el punto de provocar el estallido social del 2021; en adelantar un ajuste fiscal espantoso que traerá el desempleo de más de 700 mil funcionarios y contratistas del gobierno; y en meterle billones adicionales al aparato militar y policial contrainsurgente para profundizar la violencia contra los campesinos cocaleros.
Sobre la marcha, Abelardo convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y ha declarado una “situación de desastre nacional”, entendida como una declaración formal y legal realizada por el gobierno cuando un evento catastrófico como el terremoto del lunes 10 de agosto causa daños tan graves que supera totalmente la capacidad de respuesta de las autoridades locales y regionales. En este proceso se filtraron los sesgos ideológicos y sectarios del Laureanismo para descartar y descalificar importantes apoyos internacionales. Es lo que puede el odio de estas mafias que asaltaron el gobierno a punta de fraude electoral y la manipulación con las redes.
Enseguida se ha anunciado la declaratoria de una Emergencia Económica y social, una facultad del gobierno prevista en la Ley 1523 de 2012, permitiendo activar mecanismos extraordinarios de coordinación y atención del riesgo. Pero, en tanto en las siguientes 74 horas se confirmen nuevos fallecidos y desaparecidos, así como graves daños a la infraestructura crítica que impliquen reconstrucción, habrá necesidad de acudir al artículo 215 de la Constitución mediante un Estado de emergencia económica, social y ecológica.
Son dos medidas distintas, por supuesto. La Emergencia como una figura constitucional se justifica, solo cuando sobrevienen hechos distintos al estado de guerra exterior y la conmoción interior, y que surjan de una situación extraordinaria, grave, sobreviniente y suficientemente consolidada, donde los medios ordinarios resulten insuficientes. La Ley 137 de 1994 o Estatutaria de los estados de excepción, desarrolla esta medida y precisa cuatro (4) principios: necesidad, proporcionalidad, temporalidad y conexidad.
Deberá demostrase que el sismo no solo produjo una catástrofe humanitaria, sino que sus efectos desbordan la capacidad ordinaria del Estado y generan una afectación grave del orden económico y social que exige medidas extraordinarias.
Si Abelardo y su combo considera necesaria esta medida, la ruta jurídica es rigurosa. Primero, debe consolidar una evaluación técnica nacional del daño: vidas, infraestructura crítica, hospitales, vías y puentes, servicios públicos, sistemas de agua, energía, comunicaciones y la actividad económica. Segundo, demostrar técnicamente cuál es el impacto fiscal de la catástrofe y cuánto puede atenderse mediante los mecanismos ordinarios disponibles: presupuesto, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, reasignaciones presupuestales, vigencias futuras, crédito, cooperación internacional y mecanismos previstos en la Ley 1523 de 2012.
Tercero, si esos instrumentos son insuficientes, expedir el decreto de emergencia con la firma del Presidente y todos los ministros, delimitando con precisión el ámbito territorial y temporal, con base en el artículo 215 de la Constitución, que permite declarar la emergencia por periodos de hasta 30 treinta días prorrogables sin exceder 90 días calendario. Cuarto, expedir decretos legislativos para conjurar de manera específica los hechos que la originaron y finalmente, someterse al control político por parte del Congreso y posteriormente, al control automático e integral de los decretos legislativos por la Corte Constitucional.
Ya el Congreso conformó una comisión especial para hacer el seguimiento de cada una de las medidas que este gobierno apruebe; como por ejemplo hacer la vigilancia del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, administrado por la Fiduprevisora, en el que se creó la sub cuenta Sismo 2026 que funcionara paralela con la cuenta del “frente frio” creada para atender los daños ocasionados por las inundaciones del mes de febrero del 2026 en el departamento de Cordoba.
En ese sentido será clave la acción de las Veedurías ciudadanas, las Auditorias visibles, las Auditorias comunitarias y todo el entramado del control social sobre la gestión pública en los términos de la Ley 1757 del 2015 con la que se dictaron normas en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
La participación ciudadana es la garantía de la transparencia y probidad en la inversión de los presupuestos que se aprueben para atender a las víctimas del terremoto y sus derechos tal como lo ordena la ley 2577 del 2026 que ordena un registro de tales víctimas en la UNGRD y en el Fondo de Adaptación.
Nota. Las cosas no pintan muy bien hacia el futuro para millones de colombianos si se tiene en cuenta que se aproximan los peores momentos del Fenómeno del Niño que se dejara sentir con todo su rigor en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Al Pacto Histórico le corresponde una gran tarea para organizar y liderar a las comunidades de la mejor manera para enfrentar tanta adversidad.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El Heraldo
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