En efecto, para esto cuatro años el Gobierno espera invertir $118.4 billones de pesos, una cifra pretenciosa que significa un aumento del 90% frente al plan del Gobierno anterior, y en medio de las vicisitudes fiscales que el mismo gobierno ha manifestado y que sirvieron de escusas para la Ley de Financiamiento con la cual se recaudarán un poco más de 7 billones de pesos. Ya de entrada entonces no pinta bien el Plan: ¿Cómo lo van a financiar? Ya incluso se plantea que se necesitan los recursos de la venta de Ecopetrol para solventar el gasto corriente. O no le están diciendo la verdad al país en materia fiscal o el plan quedará como un saludo a la bandera.
Bueno, pero miremos el plan independientemente de la parte de inversiones, vamos a la parte estratégica que muestra el talante y aspiraciones que el presidente Duque le propone al país. Una premisa categórica para continuar: El plan, llamado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se compone de 15 pactos generales y 11 pactos regionales, una interesante diáspora estratégica que deja esperanzas pero también sin sabores: ¿a que le apuesta el país? A todo y a nada, una jugada peligrosa para escasos cuatro años de plan.
De todas formas, buscar en la telaraña de los pactos el mundo rural y en él al sector agropecuario, ha sido un reto tan interesante como cuando desde el Observatorio Rural evaluamos los programas de los candidatos, y el de Duque nos llamó la atención por su poca trascendencia (por su escaso contenido propositivo), de hecho fue el de menor calificación.[1] En esto debemos decir que el Plan que se presenta al país para su debate es plenamente coherente con el programa de Gobierno que fue elegido por la mayoría de colombianos. El mundo rural pasa por los distintos pactos, por algunos, sin mayor fuerza, dejando en evidencia el poco entusiasmo de Duque sobre el mundo rural, por la Colombia profunda, por los productores de alimentos y de excedentes exportables.
El Gobierno del presidente Duque desconoce los planteamientos de la Misión Rural, que fue dirigida por José Antonio Ocampo y cuyos resultados fueron avalados por el país político y académico. Así como se desconocieron las recomendaciones de la Misión Tributaria y del Gasto, dos esfuerzos de expertos reconocidos, pero que no han tenido eco en este Gobierno, el cual parece que tiene el complejo de Adan, todo nació con él. Obviamente, iluso fuera concebir que no lo haría.
El Plan deja también sin mayor relevancia el punto uno de los Acuerdos de La Habana sobre la reforma rural integral. A los incumplimientos que el Gobierno Santos hizo de los acuerdos, aún a pesar de que un sector del Uribismo los llama el cogobierno Farc-Santos, se suma esto que deja lo pactado solo en el tema del desarme y de la justicia, y ya sabemos de los ataques que el Uribismo le viene haciendo a la JEP. Las esperanzas se diluyen y el retorno a las guerras que se creyeron pasadas vuelve a reinar en el país. Y por infortunio es en la ruralidad donde se libran las guerras.
Pero si bien estos son los aspectos generales, miremos, por ahora, algunos temas que deben empezar a componer la agenda de discusión.
El primero, probablemente el más relevante, por sus impactos sociales y en la productividad, tiene que ver con la formalización y las condiciones del trabajo rural. El plan de desarrollo, los diversos pactos le van asignando al sector agropecuario y en general al mundo rural, algunas directrices, y entre ellas está el pago diario integral, el mismo que no pudo pasarse por ley el año pasado y ahora se pretende que quede en las directrices del Plan. Junto a él, una aspiración de la Ministra del Trabajo: el pago por horas. Se trata de hacer del pago diario, o por horas, menor a un salario mínimo, un instrumento para que pueda a través de asociaciones o mecanismos similares, realizar también contribuciones a la seguridad social. ¿Cuál es la obsesión del gobierno por abaratar el salario rural? La formalización laboral en el campo se calcula en el 12%, fundamentalmente en actividades agroindustriales. Con la idea de los pagos legales por horas o por día no habría ninguna razón para que los empleadores mantengan el empleo formal hoy existente, se pasarían a estas nuevas modalidades que no solo les abaratan los costos laborales, sino que los libera de responsabilidades de seguridad social y el reemplazo de trabajadores ante incapacidades se daría en el acto, sin incurrir en costos de despidos.
El otro tema grueso se refiere a la producción. La búsqueda de una mayor productividad en el campo se basa en proyectos agroindustriales donde sea posible incluir a los medianos y pequeños productores, utilizando como mecanismos de promoción las exenciones tributarias y los desarrollos digitales. Para esto también el plan se propone el incentivo a las cadenas productivas y con ellas a la formalización de empresarial y laboral. Si bien estos mecanismos pueden sonar loables, el Plan es tímido para presentar metas e instrumentos precisos que permitan lograr estos propósitos.
La prioridad hacia el gran capital y a partir de allí el apalancamiento a pequeños productores, asociaciones y cadenas productivas ha sido una estrategia pensada en el país en los últimos dos mandatos presidenciales con instrumentos como Agro ingreso seguro o con las Zidres, donde los incentivos tributarios, las ayudas financieras y el propio ordenamiento del territorio se han formulado para servir a los intereses de muy pocos productores sin mayores resultados sobre la productividad del campo y menos con los ingresos de las economías campesinas. El plan vuelve entonces a insistir en una estrategia fallida para el país, pero exitosa en términos de concentración de la riqueza, precisamente algo que el Plan espera revertir.
El Plan contiene otras propuestas interesantes para lo rural, por ejemplo, espera promover la educación rural inclusiva, es decir, donde las mujeres y las comunidades étnicas tengan un reconocimiento especial. Se espera hacer del SENA una institución abanderada en estos procesos. El plan también se propone mejorar los esquemas de financiación rural fortaleciendo el Banco Agrario y a Finagro. También espera hacer del Ministerio, pero en particular de Agrosavia, instituciones baluartes para la innovación y la productividad. Dicho de otra forma, el Gobierno se propone hacer eficientes las instituciones e instrumentos con los que el Estado siempre ha contado. De entrada, esto está bien, pero no son claras las formas que dinamizarán esos grandes cambios para estas instituciones.
Los ministros de Comercio y Agricultura lograron que el tema de la diplomacia sanitaria quedara como parte del Plan. Esto implica fortalecer al ICA y al Invima, para darles a estas instituciones una connotación distinta que las conduzca hacia concepciones sanitarias y de prácticas agrícolas diferentes, incluso a la luz de las exigencias desde los TLC que el país no ha podido satisfacer plenamente. Sin embargo, todas estas aspiraciones de cambios institucionales y dinámicas diferentes no se reflejan con claridad; el Plan termina entonces en enunciados, propósitos sin mayor contenido frente a los elementos que podrán hacer efectivos los desarrollos de los objetivos planteados.
Todo parece indicar entonces que el agro, que el mundo rural no es una prioridad para el Gobierno, su plan de desarrollo. Sus pactos por un país con mayor equidad dejan a los temas rurales como simples apéndices de algunas otras estrategias y dinámicas, solo ideas transversales sin mayores claridades sobre metas y logros en el tiempo. Las necesarias reformas rurales que le entreguen al país un campo fortalecido con capacidad de dinamizar los mercados internos, pero también hacerle frente a retos de exportación, parece que se van a aplazar nuevamente. El campo sigue siendo el patio trasero de un modelo de desarrollo que no lo concibe como necesario para para el presente y el futuro del país. El campo sí que debe ser un pacto por el futuro del país, un acuerdo que como nación se debe de realizar para dignificar no solo la vida rural, de sus pobladores, sino las propias esperanzas y el futuro alimenticio del país. La re-ruralización del país es un imperativo como sociedad, pero no parece ser el propósito del nuevo plan de desarrollo.
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[1]https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/f9dcc546-7192-4f28-8824-8e64862cdeea/Boletin+resultados+simulacro+y+an%C3%A1lisis+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdRwalE&CVID=mdRwalE&CVID=mdRwalE
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Observatorio Rural. Universidad de La Salle
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