Porque el ritmo de ejecución que ha impuesto este gobierno, también nos otorga el muerto de cada día. Con la rasgada de vestiduras de cada día, las promesas de exhaustiva investigación de cada día. También la canallada de cada día, porque los altos funcionarios del gobierno, ante la oleada de asesinatos, se han dedicado a construir coartadas en favorecimiento del crimen: Así un ministro dijo que a los líderes sociales los mataban por líos de faldas; otro dice que esos no eran líderes, que no hablaban; otro dijo que a los exguerrilleros de las FARC los mataban otros guerrilleros, y para hacer mayor la burla sacaron un cartel con enemigos del Estado, omitiendo a los verdaderos culpables; ante el asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista el ejecutivo acusó, cinco minutos después del crimen, a disidencias de Farc, mientras efectivos del ejército quemaban el carro de la occisa y destruían las pruebas judiciales; Dice también el ejército que las sedicentes Águilas Negras, que se reclaman autores de los homicidios, no existen; así como dicen que no existe el ejército Antirrestitución, que sólo existen sus efectos: cientos de campesinos asesinados; el mismo ejército de Colombia, por boca del General Juan Carlos Ramírez negó que existieran los 300 paramilitares que entraron a Bojayá, en Chocó, y que pobladores, sacerdotes, así como la institucionalidad local vieron, luego llevaron a Duque a repartir dulces para mayor burla; canalla es la negativa de sistematicidad de los asesinatos, como lo niega la Defensoría del Pueblo, transformada en defensoría de sicarios; igual de canalla la postura del fiscal Espitia que ante los veinte crímenes ajustados el veinte de enero, dijo que sólo había sido uno en ese lapso… Entretanto, Duque sigue en su agenda farandulera pregonando estupideces como la reducción de los crímenes, declarando complicidad con su silencio.
La conclusión es obvia, la institucionalidad colombiana no está contra este exterminio, sino evitando que se cuenten sus víctimas, evitando que se esclarezca el entramado que lo sustenta, y minimizando el hecho ante la opinión. Ante todo, procura que los criminales queden no sólo en la impunidad, sino en el anonimato.
No deja de ser curioso que este exterminio guarde tantas semejanzas con el descubrimiento de los llamados Falsos Positivos, cuando el mismo Ejército de Colombia, al servicio del Innombrable asesinó cobardemente a cerca de diez mil ciudadanos colombianos, para presentarlos como enemigos abatidos en combate, con el fin de darle lustre a las bravuconadas de traqueto de Álvaro Uribe. En aquel entonces, todos los subalternos del Patrón, estaban filados para negar existencia y sistematicidad de tales atrocidades, hasta el jefe de ese exterminio se atrevió a decir que las víctimas “no estarían cogiendo café”, insinuando que por algo los habrían matado. También decían que era una estrategia de la insurgencia para desprestigiar a militares. Diez años después no cabe duda que ese crimen existió, la duda que ronda es si va a haber justicia.
Otra semejanza de esta matanza con los delitos de Falsos Positivos, es que ambos se cometen en todo el territorio nacional, hoy como ayer se mata en todos los departamentos, menos en San Andrés. Tanto antaño como hogaño se desconoce quién da la orden de matar miserablemente a los colombianos; aunque antes como ahora se sospecha quién, ni la institucionalidad anterior, menos esta, se ha puesto a la altura de esclarecer los crímenes, y castigar a los homicidas.
Se debe reconocer que hace diez años hubo al menos un general que se rehusó a ser cómplice del genocidio; también que esa fiscalía, edulcorada por un fiscal sin empaque, al menos inició los respectivos procesos judiciales. En cuanto a esto aspectos es muy diferente el hoy, dado que un proceso de selección adulterada, que viene de larga data y una de cuyas autoras es la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha sacado del mando de las fuerzas militares y de policía a militares honorables, poniendo en su lugar a aquellos comprometidos con delitos diversos, especialmente asesinatos contra persona protegida. Los cuestionamientos que tienen la pasada y la actual cúpula castrense ilustran ello. Como también ilustran los escándalos de corrupción dentro de la Policía Nacional. A esa descomposición se suma que agencias del Estado, como la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, han sido cooptadas por personajes venidos del malandraje de cuello blanco, caso Néstor Humberto Martínez, o han comprometido su independencia a cambio del puesto, y terminan en complicidad por omisión.
Total, el actual exterminio de líderes sociales, de dirigentes agrarios, de reclamantes de tierras, de activistas ambientales, de excomabatientes de Farc, va a seguir. Es más, se va a incrementar. Y como en pasadas ocasiones, se complementará con masacres.
Estamos ante un escalamiento de la llamada guerra de baja intensidad, sin enemigo visible ni actores conocidos, cuyo objetivo es desarticular la sociedad mediante el terror, para entrar a saco, como tantas veces lo han hecho, a robar tierras, deforestar selvas, a socavar los páramos, mientras se alzan con los recursos del erario, y ferian los pocos activos que quedan públicos. De paso conviertes a los trabajadores en esclavos. Sumado esto a la cooptación mafiosa del Estado, como lo denunciara el economista Luis Jorge Garay, hacen que Colombia con los merecidos títulos de país más corrupto, y de tener la mayor crisis humanitaria del mundo, sea un país fallido, hasta que los colombianos decentes en las calles corrijan el rumbo.
José Darío Castrillón Orozco.
Foto tomada de: www.lafm.com.co
Deja un comentario