En cuanto a su financiación, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: capacidad para autofinanciarse y no generar así un déficit neto, lo que permitiría el mantenimiento de la recaudación anterior y la reforma sería neutra; que su impacto distributivo fuese muy progresivo; que más del 50% de la población con menos ingresos ganase una renta neta respecto de la situación actual; finalmente, que los tipos impositivos reales o efectivos —una vez considerados los nuevos tipos nominales y el efecto de la RB— no fuesen elevados.
Las precisiones a dichos criterios son: que la RB esté por encima del umbral de pobreza3; que no esté sujeta a la imposición del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); que sustituya a toda prestación pública monetaria de cantidad inferior y que sea complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria; y que su implantación no suponga la detracción de ningún otro ingreso público por la vía del IRPF. En resumen: el modelo debe mantener el financiamiento actual —sanidad, educación…— y las restantes partidas de gasto.
Aspecto fundamental de dicha financiación es el del fraude fiscal en España. Si se consiguiese su reducción a la mitad acercándonos así al promedio europeo, podrían recaudarse 25.500 millones de euros más, 18.300 de los cuales procederían de grandes fortunas y grandes empresas.
Por lo que respecta a los beneficios fiscales, hubo 34.498.480 euros en 2016. El dato se refiere a beneficios procedentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades —834.30 euros—, del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (I.R.N.R.) —bonos, letras del tesoro, etc. (unos 1.500 millones de euros)—, del IVA —19.241.270 euros— y de los Impuestos Especiales —hidrocarburos y bebidas alcohólicas (unos 919.610 euros).
Si el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades hubiese sido igual al de las Pymes, en 2012 se hubiesen recaudado 8.227 millones más. Y si hubiesen soportado el tipo que les corresponde —el 30%—, la recaudación hubiese aumentado en 19.022 millones de euros.
Finalmente, según la Comisión Nacional de la Competencia, el coste de la corrupción en la contratación pública es de 45.000 millones de euros.
La implantación justa y eficaz de una RB, requiere de unas medidas que reformen el IRPF. Consistirían en la integración de la base del ahorro en la base general; la eliminación de las compensaciones entre rendimientos, los mínimos personales y familiares, todas las reducciones de la base —planes de pensiones, circunstancias personales, rendimientos del trabajo, etc.— y todas las deducciones de la cuota (vivienda, incentivos, etc.); la creación de un tipo único combinado con la transferencia de RB4; y el establecimiento de tipos de financiación para la RB.
La primera consecuencia —el establecimiento de un tipo único del 49%— permitiría financiar a más de 34 millones de personas —28 adultas y 6,5 jóvenes— sin dejar de garantizar la recaudación del IRPF y la población no detectada en el IRPF. En total, 43,7 millones de ciudadanos percibirían en España la RB. Además, un 61,7% de personas mejorarían respecto de la situación anterior aunque pagasen más, porque lo que percibirían de RB sería superior al incremento en su IRPF. El porcentaje aumentaría hasta el 75% al añadir a las personas a cargo de cada declarante, puesto que la RB es una transferencia individual. Solo habría un 38,3% y un 25% de personas perdedoras respectivamente.
Otros aspectos a reformar en el IRPF son la tributación de las rentas exentas que no hayan sido absorbidas por la transferencia de la RB; la integración de la base del ahorro en la base general; la eliminación de compensaciones entre rendimientos, de los mínimos personales y familiares, de todas las reducciones de la base —planes de pensiones, circunstancias personales, rendimientos del trabajo, etc.— y de todas las deducciones de la cuota —vivienda, incentivos, etc.—; y el establecimiento de un tipo único o escala de 5 tramos con tipos marginales crecientes combinados con la transferencia de RB.
Hay dos aspectos positivos en dicha reforma. El primero es que no perdería ningún hogar con ingresos inferiores a 60.000 euros anuales; el segundo, que, además del tipo único impositivo, la reforma contempla una financiación por tramos y los hogares fiscales quedan muy bien identificados. De ese modo, se obtiene mucha y muy precisa información, llegando incluso a una segregación por género de personas ganadoras y perdedoras.
Sin embargo, no podemos obviar las críticas vertidas a la implantación de la RB5.
La Economía Clásica afirma que fomentaría el parasitismo porque nadie desearía trabajar, pero no tiene en cuenta dos confusiones: equiparar el trabajo global al monetariamente remunerado y confundir no estar recibiendo ninguna remuneración monetaria por una actividad con «no estar haciendo nada». Su propuesta consiste en potenciar los subsidios condicionados dirigidos a los más pobres.
Otra crítica muy generalizada es decir que está pensada para países ricos y que es muy costosa e imposible de financiar. Su oposición se basa en una idea obsoleta y muy manida: cuando se ayuda a los pobres, estos se vuelven vagos y se lo gastan todo en alcohol o sustancias no aconsejables. Incluso llegan a decir que la teoría de la racionalidad no se puede aplicar a los pobres porque son tontos.
Desde el marxismo la crítica se destina a las funciones del Estado: la acumulación —el Estado coopera con el capital para que este acumule cada vez más beneficios y se reproduzca el sistema por el cual son obtenidos— y la legitimación —el Estado no puede ignorar totalmente los intereses de la población en general si se quieren evitar los conflictos sociales que pongan en peligro la estabilidad del capitalismo y su reproducción. La segunda, además, es una de las expresiones más importantes del Estado del Bienestar. En caso de conflicto, el Estado se inclina siempre por mantener la acumulación a costa de la legitimación, aplicando en caso necesario la represión, como ocurrió con la II República Española o el Chile de Allende.
A punto de agotarse la fallida vía socialdemócrata del Estado del Bienestar, se plantean hoy el decrecimiento y la RB desde posiciones reformistas fracasadas que se proponen acabar con «el estado de injusticia y escasez» mediante el contradictorio y «pornográfico» método de potenciar las causas que lo producen fortaleciendo el sistema de poder del Estado que, precisamente, tiene su razón de existencia en la escasez obligatoria, que ahora los «ciudadanistas» quieren democratizar. No se trata —como dicen— de acabar con la pobreza o la precariedad, sino de institucionalizarlas y hacerlas aceptables a las masa, interiorizando lo que antes era solo obra y responsabilidad de las élites titulares del poder propietario concentrado y defendido por el Estado.
Cuando la obsolescencia del trabajo asalariado no puede ser ya más evidente, cuando todo el sistema productivo está enfocado al uso más rentable de las máquinas en lugar de la mano de obra humana, el individuo solo interesa como consumidor, no como productor. En ese contexto se idea un derecho envenenado: una RB concedida por el Estado. El individuo ya no necesita consumir su vida trabajando por un salario, porque ya puede consumirla «sin sufrimiento», pues el Estado le dará una renta incondicional solo por existir como consumidor, para que siga nutriendo pacíficamente el círculo vicioso en beneficio del capital. De otro modo, la paz social necesaria para el mantenimiento del Orden desaparecerá y dicho Orden correrá un grave riesgo a los ojos del capitalista. Se oculta así que la RB vendrá a sustituir al Estado del Bienestar al no ser asumibles los presupuestos de ambos a la vez en esta fase —que esperamos que sea terminal— del capitalismo financiero. Lo sabe bien la cúpula de Podemos que, a la vista de las encuestas que le otorgan un trozo de poder, ha retirado la RB de su programa a favor del mantenimiento del Estado del Bienestar que, aunque precariamente, todavía funciona electoralmente. Prefieren no aventurarse en una propuesta imposible de financiar sin sacrificio de la actual oferta de prestaciones sociales siguiendo el pronóstico y la recomendación del economista socialdemócrata Vicenç Navarro, que algo sabe de eso…
Se prepara, pues, una nueva estafa. La derecha política resistirá cuanto pueda y prefiere que sea la izquierda la que promueva la iniciativa. Aunque, tanto en el gobierno como en la oposición, no tendrá reparo en aplicar el decrecimiento y la RB implícita. Ni tampoco más remedio, porque ni el Mercado ni el Estado soportarán los niveles de paro y precariedad laboral que se avecinan y que conllevan un riesgo grave de rebelión y desorden social muy previsibles de no aplicar estas medidas «ciudadanistas».
Otra cosa sería aplicar el decrecimiento como boicot al sistema productivo capitalista, dejar de consumir los productos del Mercado, «autoorganizarse» comunitariamente para producir lo necesario —«autogestionar» cualquier tipo de producción a partir de lo común—, aplicar la renta comunitaria en lugar de la RB estatal practicando la distribución equitativa de la abundancia producida en común, construir la autonomía personal y comunitaria, combatir la dependencia y la sumisión a la ley estatal mercantil, repudiar el trabajo asalariado hasta abolirlo, afrontar el trabajo como libre deber social y no como obligado derecho a la esclavitud salarial y, finalmente, vivir en comunidad compartiendo como iguales la Tierra y el Conocimiento que nos es común.
Termino este artículo hablando de la actitud de la izquierda parlamentaria española ante la RB. Dentro del programa electoral de Podemos al Parlamento Europeo en 2014, había un objetivo: la recuperación de la economía. Entre otros, en el apartado 1.12, se hablaba del derecho a una RB para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La RB no reemplazaría al Estado del Bienestar, sino que trataría de adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica, lo cual supondría la sustitución de las prestaciones sociales condicionadas menores a la cuantía de ese ingreso básico, la financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal.
En el último programa electoral de Unidas Podemos —noviembre de 2019— aparecen los siguientes objetivos: derogar las reformas laborales de Zapatero (2010) y Rajoy (2012); establecer la jornada laboral de 34 horas semanales y reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidados; acabar con el fraude de los falsos autónomos (en torno a 225.000 personas); blindar en la Constitución española el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad; intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de los precios y la garantía de un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias; estipular unos suministros básicos de agua, luz y gas asegurados; y garantizar un ingreso básico — «garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros. Funcionará de manera automática e incondicionada aprovechando la agilidad de las bases de datos actuales para que quien tenga derecho a la prestación cobre sin demora. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano».
Para conocer la opinión de la ciudadanía, se han realizado encuestas sobre la RB. A continuación, aparecen las dos preguntas más utilizadas:
- La RB es un ingreso de 650€ mensuales que recibiría todo el mundo como derecho de ciudadanía y que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% de la gente más rica al resto de la población. ¿Estaría más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo en que se implantase en nuestro país?
- Si se implantase una RB de 650€ mensuales en nuestro país, ¿Usted qué haría?
En una entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI), realizada en Cataluña, con una población a partir de 16 años y residente en hogares con teléfono y con un mínimo de un año viviendo en Cataluña, se obtuvieron 1.600 respuestas, con una fijación no proporcional de 400 entrevistas para los siguientes ámbitos: 1) Barcelona ciudad, 2) Resto del área metropolitana, 3) Resto de la región metropolitana y 4) Resto de Cataluña. Otros aspectos tenidos en cuenta: por distrito urbano en Barcelona ciudad y por dimensión del municipio en los otros 3 ámbitos de muestreo, aleatoria de los hogares, cruzadas por sexo y edad para la selección final de la persona entrevistada, ponderación de los datos a peso real de cada ámbito considerado, +/- 2,5% total de entrevistas, +/- 5% ámbitos considerados, nivel de confianza 95,5% p=q=0,5. Realizado entre el 13 y el 17 de julio de 2015 por el Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública (GESOP. www.gesop.net).
¿Cuál fue el resultado? El porcentaje de aceptación de la RB baja del 70% entre los entrevistados con las siguientes características: nacionalidad extranjera (69,2%), nivel de estudios alto (68,4%), jubilados y pensionistas (69,9%), ingresos mensuales entre 1.000 y 1.500 euros (69,2%), ideología de centro (62,7%), ideología de centro-derecha (56,2%) e ideología de derecha (64,0%).
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1 La información sobre la RBU proviene, si no se indica lo contrario, de la «Red Renta Básica» y de las publicaciones «Sin Permiso».
2 Este artículo está basado en el Taller de Economía Crítica del profesor ANTONIO MARCO.
3 Se ha hablado de él en anteriores artículos.
4 Aunque el modelo de simulación permite contemplar distintos tramos y tipos para la financiación de la RB.
5Todo lo relacionado con la crítica a la RB es un resumen del artículo “En el anzuelo, decrecimiento y renta básica”, de Antón Dké (El Blog de Nanín).
Pepa Úbeda
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