El trato degradante a dichos inmigrantes no fue un caso aislado, un abuso aislado perpetrado por autoridades estadounidenses subalternas. Por el contrario: fue el resultado de la política de Trump de acosar y expulsar masivamente a los inmigrantes latinoamericanos a los que acusa indiscriminadamente de delincuentes, pretendidos responsables de la supuesta ola de criminalidad que anega a las principales ciudades de Estados. La “ola de criminalidad” utilizada por Trump para enviar marines a Los Ángeles y tropas de la Guardia nacional a dicha ciudad y a Chicago, Portland o Washington, so pretexto de combatirla. Lo que han hecho y realidad es reforzar la caza indiscriminada de inmigrantes latinos llevada a cabo por el ICE. La tenebrosa institución policial creada por la administración de Trump, cuyos agentes, habitualmente enmascarados, le hielan literalmente la sangre a los migrantes latinos con su sola aparición.
Honra al presidente Petro que se haya negado a convalidar el trato inhumano dado a los migrantes colombianos, negándose a recibirlos encadenados. Y le honra igualmente que haya incluido la persecución despiadada a los migrantes latinos en el memorial de agravios en el que convirtió su discurso en la pasada reunión de la Asamblea de la ONU. Todos los presidentes latinoamericanos tendrían que haberlo hecho, pero con mayor razón tenía que hacerlo el presidente de Colombia. Dada la responsabilidad de las políticas definidas por el Consenso de Washington en la emigración masiva de colombianos a Estados Unidos, causada por la aplicación entre nosotros de unas políticas que han arruinado el campo y desindustrializado al país, privando a millones de compatriotas del acceso a un trabajo mínimamente decente. Entre morirse de hambre y emigrar prefirieron emigrar. Y bien que se han enriquecido los empresarios estadounidenses con los trabajos precarios y mal pagados con los inmigrantes latinos ahora quieren echar de la peor manera.
Si fue justa la protesta de Petro por la cacería de inmigrantes latinos, también lo fue su denuncia del genocidio perpetrado en Gaza por el Estado de Israel y su decisión de calificar a Trump de “criminal” por su abierta complicidad con el mismo. Hace un par de meses, Nicaragua acusó a Trump de cómplice de dicho delito de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, el mismo tribunal de la ONU que ha librado orden de detención por crímenes de guerra contra Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.
El remate del discurso Petro en la ONU agravó aún más la hostilidad de la administración de Trump. En la plaza que da acceso a la sede neoyorquina de este organismo internacional, y utilizando un megáfono, Petro llamó a los soldados estadounidenses “a no acatar órdenes de disparar contra la humanidad”. Una invitación que encaja en la tradición humanista y específicamente en la jurisprudencia generada por los debates realizados en el Tribunal de Nuremberg encargado de juzgar los crímenes de los jerarcas nazis, sobre el derecho de los soldados a no acatar órdenes criminales. Como disparar sobre civiles inocentes, por ejemplo. Y se comprende mejor la irritación de Trump, cuando se contrasta la invitación a la desobediencia de Petro, con el llamado la cúpula militar estadounidense reunida en la base naval de Quántico, formulado por Peter Hegseth -secretario de guerra de Trump-a actuar de la manera más letal posible y sin dejarse maniatar por normas ni restricciones legales de ningún tipo.
Como efectivamente lo ha hecho en el mar Caribe, la flota de guerra de Estados Unidos enviada por Trump a las aguas vecinas a Venezuela y Colombia. En poco más de un mes han destruido completamente con misiles cinco lanchas, y matado 31 tripulantes, según han informado ellos mismos. Y Petro, basándose en la investigación del periodista Hollman Morris, que descubrió que una de esas lanchas era colombiana y que el ataque a la misma había causado la muerte de un pescador, reiteró la acusación de “criminal” que ya le había hecho a Trump en su discurso de la ONU. De nuevo tenía razón: la destrucción de dichas lanchas y el asesinato de sus tripulantes, so pretexto de que eran de “narcoterroristas” es un crimen. Porque se ejecutó detención de las embarcaciones y los tripulantes, sin presentación de pruebas, sin derecho a un juicio justo contando con abogados defensores. La sentencia de muerte ejecutada tras la completa privación de tales derechos es un crimen. Ante la legislación estadounidense y desde luego ante la nuestra que no condena a muerte a los narcotraficantes.
Aquí nos encontramos de nuevo ante un hecho que no es aislado, sino que ese enmarca en el giro político reaccionario que Trump le ha impuesto a la política estadounidense y que se concreta, entre otras cosas, en la decisión de transformar la “guerra contra el narcotráfico” en algo todavía más funesto: “la guerra contra el narcoterrorismo”. Los colombianos ya conocemos por amarga experiencia en que consiste. Hemos sido el laboratorio de prueba de la misma. Pero con Trump ha adquirido un alcance y unas consecuencias inéditas. De hecho, esta puesta ahora mismo y de manera al servicio de la estrategia de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estrategia con la que el presidente Petro se niega a colaborar, como lo hizo con entusiasmo desde la presidencia Iván Duque. Y lo hace en defensa de nuestros intereses nacionales. El bloqueo de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales costó tanto la desatención consular de los colombianos residentes en la hermana república de Venezuela, y pérdidas en el comercio fronterizo estimadas en 2.000 millones de dólares. A estos perjuicios hay que sumar otro igualmente importante para quienes defendemos el imperio de la ley. Aceptar y siquiera colaborar con la acusación al presidente Nicolas Maduro líder de organizaciones “narcoterroristas” lanzada por la fiscal general de Estados Unidos solo sería aceptable si la misma se presenta ante la Corte Penal Internacional, el único tribunal que ostenta el derecho a juzgar y condenar a jefes de Estado.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: BBC
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