“A lo largo de los últimos años, hubo una ‘urbanización de la violencia’, según afirma Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que defiende los derechos humanos en Cúcuta y sus alrededores, en Norte de Santander. Mientras en los años 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisición de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en día se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtráfico y narcotráfico.” Verdad Abierta, abril 2024. En Cambio, agosto 2026, Eduardo Pizarro destaca cómo la violencia en Colombia ha dejado de ser un fenómeno rural para penetrar profundamente en las ciudades.
Sobre la expansión de los grupos armados en Colombia, la Fundación Pares, 2025: “se señala una tendencia que el informe denomina “urbanización parcial del control criminal”, que, si bien no es nueva en la historia de Colombia, en este período (2019-2022), implicó la captura de segmentos estratégicos como la extorsión, el microtráfico, las rentas de movilidad y la presión sobre autoridades locales, y un control mucho más extendido de la delincuencia organizada en espacios urbanos”.
Para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, El 80,5% de la población colombiana es urbana (43.396.294 personas en 2026). En 1960 la población citadina era del 48.9%, 7.625.171 personas. Con el acelerado cambio sociodemográfico hubo también una transformación de las conflictividades violentas en el país. Las rentas ilegales originadas en los escenarios urbanos tomaron relevancia y a su alrededor se forjaron organizaciones delincuenciales con capacidad, no solo de usufructuar tales fuentes de recursos ilícitos, sino también de imbricarse con el conjunto de la economía hasta el punto de hacer cada vez más borrosas las fronteras entre la legalidad, ilegalidad, criminalidad e informalidad, lo que algunos expertos denominan las “economías grises”. El desarrollo urbano de Medellín y el Valle de Aburra se debe, en gran medida, a la confluencia de todo tipo de recursos, independientemente de su origen, resultado de un extraordinario ejercicio de lavado general de activos y legalización de capitales oscuros, cuya dimensión debiera ser escudriñada por la academia y los centros de pensamiento con enfoque en el conflicto urbano.
La ley 2272 de noviembre de 2022, conocida como “Ley de Paz Total” define la misma como “La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. (…)”. Es la primera vez que un gobierno nacional asumió la apuesta de construir la Paz con todos los actores armados ilegales activos, algunos autodenominados como rebeldes y otros no. La lógica fue la de que no era conveniente repetir experiencias de paces anteriores, que permitieron, por la incompetencia del Estado, que los espacios dejados por unos actores fueran copados por otros. En ese contexto legal, hoy vigente mientras no haya otra ley en contrario, se consideró que no es posible la paz total en Colombia sin la paz urbana.
La política de paz urbana se cimienta en el Derecho a habitar la Ciudad, que prioriza la preservación de la vida, la integridad, la libre movilidad, la seguridad. Para ello se considera posible y necesario el dialogo con las Estructuras Armadas Ilegales Organizadas -cuya voluntad en tal sentido fue expresa- que se consolidaron durante tres o cuatro décadas, demostrando capacidad de generar violencias indiscriminadas, con arraigadas presencias territoriales, sociales, económicas, culturales y políticas, mientras la institucionalidad ha sido incapaz de su sometimiento y desarticulación. Esas estructuras no han sido derrotadas militar ni estratégicamente.
La configuración de la delincuencia organizada urbana de Antioquia, específicamente de Medellín, es compleja, dinámica, versátil, con evidente presencia en la geografía metropolitana y regional, con capacidad de incidencia en el ordenamiento político administrativo, faceta que se constató con ocasión del proceso de paz urbana al permitir sacar a flote complicidades forjadas durante años por parte de gobernantes, políticos y delincuentes, por boca de estos últimos, lo que no gustó al sector de la clase política y económica al frente de los destinos del distrito, por lo que exigieron a toda costa, al nuevo gobierno nacional, el fin inmediato del Espacio de Conversación Socio Jurídico y el traslado de los voceros de las estructuras armadas ilegales, lejos de la ciudad.
No importan los logros y beneficios incuestionables, traducidos en cifras, del proceso respecto a la desactivación de la violencia urbana. Importó más silenciar la verdad que se empezó a conocer por las confesiones públicas de los voceros sobre cómo se cocinaban los acuerdos “subiendo por los ascensores de la alcaldía o sentándose en la silla del alcalde” según José Leonardo Muñoz, conocido como “Douglas”, con la designación de funcionarios de alto nivel, sugeridos por los ilegales, como un gana-gana, en desarrollo de lo cual tomo fuerza la famosa “donbernabilidad” expresión del tipo de gobernanza criminal cruzada con la institucional, imperante durante algunos gobiernos de Medellín y los alrededores. Evidencias: funcionarios como el secretario de gobierno de la alcaldía, Gustavo Villegas, en el primer mandato de Federico Gutiérrez condenado a 33 meses de prisión en 2018 y el director seccional de la fiscalía de Medellín, durante cinco años, Guillermo León Valencia, condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de cárcel, ambos por vínculos con la delincuencia organizada de la región.
Con el traslado de los voceros y el cierre del espacio de dialogo, también muere la posibilidad de llevar a cabo ejercicios de memoria histórica para el esclarecimiento de tragedias urbanas como la operación orión de la comuna 13, en el primer gobierno Uribe, resultado de la alianza del Estado colombiano con el paramilitarismo de don Berna, para desterrar a las milicias urbanas de ese territorio. Algunos protagonistas de esa acción militar que dejó como herencia la herida de la escombrera, estuvieron sentados en la cárcel de Itagüí con la delegación del gobierno nacional. Esa tarea de memoria y reparación de las víctimas, quedó inconclusa.
La operación de desmonte del espacio de conversación socio jurídico y el traslado, “lo más lejos posible”, de los voceros de las estructuras del crimen de alto impacto, celebrado con bombos y platillos en los pasillos de la Alcaldía, el Concejo Distrital y algunos círculos empresariales y políticos de Medellín, fue una operación no solo contra los avances logrados, reflejados en las reducciones históricas de las cifras de la violencia urbana, como los homicidios y la desaparición de las nefastas fronteras invisibles (no poder circular de un lugar a otro por los graves riesgos), sino también una acción para intentar el entierro de la verdad y la memoria que empezó a aflorar con ocasión del proceso de paz local.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: Mundo + Noticias
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