En esa misma dirección el presidente Petro toma la decisión de nombrar al Mayor General de la Fuerza Aeroespacial Pedro Sánchez, como Ministro de Defensa y le ordeno contrarrestar mediante una ofensiva militar a gran escala, los brotes de violencia que se han reactivado en casi todas las zonas de conflicto y que afectan gravemente a la población que habitan estos territorios; hablamos además del Catatumbo, del sur de Bolívar, el Magdalena medio, bajo Cauca Antioqueño, Choco, Cauca, los territorios de los llanos (Meta, Huila, Caquetá, Guaviare y el vichada), Putumayo y el litoral nariñense.
Lo que quiere decir es que en el ultimo tramo del actual gobierno el centro de gravedad en materia del conflicto interno cambio del eje de la persuasión y negociación pasiva, al de la fuerza y el poder militar de disuasión del Estado para forzar a los grupos armados con los que se están adelantando algún tipo de proceso de negociación o dialogo socio jurídico a que acepten “la Paz de Petro” o se enfrenten al poderío militar de las fuerzas armadas. Este giro radical en materia de seguridad y paz se explica por el desgaste político que ha venido sufriendo el gobierno nacional a causa del deterioro del orden público en los territorios más afectados por el conflicto, muchos de ellos mayoritariamente Petristas, la ofensiva mediática de la derecha uribista que quiere revivir a favor de su campaña electoral 2026 la bandera de la “Seguridad Democrática 2.0” y los efectos en Colombia del belicismo y del escalamiento de los conflictos internacionales, la crisis del multilateralismo y la ruptura de la coexistencia pacífica, impulsada por la OTAN, EE UU e Israel; que desafortunadamente condicionan a una opinión publica cada vez más interconectada a preferenciar los liderazgos firmes y que demuestren resultados exitosos en materia policial y militar.
Ahora bien, un análisis Hermenéutico de la Ley 2277, demuestra que el presidente Petro no improvisa en la adopción de estas medidas, pues esta norma combina en su fundamentación estos dos (2) conceptos, no necesariamente complementarios: Seguridad Humana[1] y Paz Total[2], o más explícitamente el de seguridad[3] (Foucault (1979) y el de Paz integral[4] (Castillo 2023), por su parte analistas como Víctor G Ricardo proponen unir Paz Total e integral en un solo concepto cuando afirma:
“(…) yo hablaría no solo de paz total, sino que hablaría igualmente de paz integral, pues con este concepto adicional se haría énfasis no solo en la negociación con todos los grupos al margen de la ley, sino que se pondría igualmente el foco en la necesidad de justicia social y equidad, reconociendo que paz sin bienestar integral no es una paz real y que una paz sin justicia y reparación no es una paz verdadera ni duradera”[5]
Articular estos principios en una política pública requiere aunar esfuerzos institucionales en favor de la resolución del conflicto social y armado que históricamente ha afectado a Colombia, ejerciendo por un lado el uso y monopolio de la fuerza y las facultades coercitivas del Estado, teniendo en cuenta el máximo cuidado y protección a los Derechos Humanos de los ciudadanos, las comunidades y el medio ambiente, así “Desde una mirada estratégica, la seguridad humana plantea tres premisas de gestión: 1. Adoptar medidas integradas con actores clave para dar respuestas duraderas ante las demandas de paz y desarrollo. 2. Promover las alianzas entre múltiples interesados donde confluye lo público, lo social, lo comunitario y lo privado. 3. Dar respuestas basadas en la realidad local desde un análisis profundo de cada territorio”[6]. Y de otro lado persistir en cumplir con el mandato constitucional consagrado en el Artículo 22 de la CPC. “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, con base en el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió desde su posesión el 07 de agosto del 202 a buscar la Paz Total con todos los armados.
Por tanto es necesario profundizar en estos conceptos porque la realidad actual del país en materia de seguridad, dinámicas violentas y procesos de dialogo y negociaciones con los grupos armados de carácter insurgente y las organizaciones criminales de alto impacto es problemática y riesgosa para la implementación de la política de paz total y por tanto las respuestas del ejecutivo deben ser examinadas con base en el marco jurídico para la paz y los principios ideológicos que defiende desde su concepción humanista y de izquierda del actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
Dicho esto es importante analizar que el decreto 0448 de 2025 mediante el cual se “Ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas, en contra de los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” у Frente “Raúl Reyes” FARC-EP, a partir de las 00:00 horas del día 18 de abril de 2025 hasta las 24:00 horas del día 18 de mayo de 2025”, le condiciona unilateralmente a las disidencias lideradas por Calarcá y Avendaño a aceptar un plan de Desarme, dejación y reincorporación (DDR) del frente guerrillero que quedo atrapado en el Catatumbo entre la ofensiva del ELN y la ocupación militar del ejercito de ese territorio. El procedimiento esta parcialmente reglado en el parágrafo 3º del artículo 8º de la ley 2277[7] y tiene como antecedente, aunque no se mencione “los protocolos de Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD) y Dejación de armas (DA) Y EL Protocolo de Comunicaciones Estratégicas”[8], del Acuerdo de paz de la Habana firmado entre el Estado colombiano y las FARC -EP, que establece una zona de ubicación temporal de este grupo armado disidente de las antiguas Farc en la que se suspenden las ordenes de captura y se da inicio al proceso definitivo de desarme.
Mientras tanto al frente comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, se le conmina a que transite hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, en la región del Meta, Caquetá y Guaviare, previo a su propio proceso de DDR. Estas medidas le añaden sentido de urgencia al proceso. El EMBF ahora tiene pocas semanas para demostrar su compromiso con la paz. Esto podría acelerar ciertas acciones positivas: por ejemplo, preagrupamiento de combatientes en zonas acordadas (el decreto menciona facilitar la ubicación del Bloque Gentil Duarte en el Catatumbo como paso hacia la vida civil), mayor disciplina en el cese de actividades ilícitas, y un esfuerzo por reducir tensiones con otras organizaciones armadas.
Simultáneamente con este timonazo hacia el desarme de las disidencias del EMBF sentadas en la mesa de diálogos, el presidente Petro ordeno desde principios de abril una gran ofensiva militar contra las disidencias de Iván Mordisco a través de la cual le han propinado serios golpes militares a este grupo armado en los departamentos de Caquetá y Amazonas y cuyo objetivo es capturar o dar de baja al máximo comandante de este grupo ilegal que ha desafiado militarmente al gobierno desde la ruptura de la tregua en el año 2023.
Esta táctica de negociar y golpear en medio del conflicto y aprovechar su posición dominante en materia judicial la está utilizando el gobierno nacional con todos los actores armados, al Ejército Gaitanista o Clan del Golfo le ha propinado fuertes golpes a objetivos de alto valor estratégico para esa organización como las muertes de Zeus, Terror y Chirimoya; este ultimo miembro del estado mayor de las EGC, además de la captura de importantes mandos medios y la persecución de sus finanzas criminales. De otra parte, a las disidencias lideradas por Walter Mendoza denominadas “Bloque Bolivariano” integradas por Comandos de frontera y la Coordinadora guerrilla del Pacífico, el gobierno nacional les está exigiendo gestos reales de paz (traslado a zonas de ubicación temporal, cese de actividades criminales y desarme verificable) como condición para que el presidente Gustavo Petro no firme la orden de extradición a los EE.UU, autorizada por la corte suprema de justicia, de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, uno de los máximos comandantes de este grupo armado y le conserve su estatus de negociador de paz; tema de máxima tensión con el gobierno norteamericano y que el presidente de la república va a manejar con mucho cálculo político.
Falta por saber que plan militar tiene planeado el ejército y las FF. AA, frente al accionar del ELN, de momento aparte de la belicosidad verbal por parte del mandatario nacional y su comisionado de paz, a esta guerrilla no la han atacado en sus zonas históricas, ni hay operativos de persecución a sus principales mandos, de momento la estrategia del presidente Petro ha sido minar su capacidad política, dimensión en la que esta insurgencia ha perdido importantes apoyos de la sociedad civil pro paz y progresista que no concibe que la guerrilla del ELN declare como enemigo principal al primer gobierno de izquierda progresista en Colombia en doscientos años de historia republicana.
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[1] La seguridad humana consiste en proteger a las personas, la naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de la fuerza pública que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. Art. 2º LEY 2272/22, Función Pública.
[2] La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Ibid., p.1
[3] Según Foucault (1979) el concepto de seguridad nació con el liberalismo y se refiere a una forma de gobernar con el objetivo de garantizar que las personas individuales o colectivas estén expuestas lo menos posible a ciertos peligros. Benedetti y Renoldi. https://www.teseopress.com/palabrasclavefronteras/chapter/seguridad/
[4] “Paz integral que se ocupe de superar las desigualdades, ampliar la democracia y garantizar el derecho pleno de los Derechos Humanos, el desarrollo con equidad y la lucha contra el cambio climático (…)” revista sur, 2023.
[5] Paz total o integral, el Nuevo Siglo, 2022. Víctor G Ricardo
[6] Seguridad humana una perspectiva desde el servicio de policía, 2023.
[7] “PARÁGRAFO 3°. El Gobierno Nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición (…)”
[8] Acuerdo final para la terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Pag 381. Protocolos. 2016.
Elaborado por el Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris. Investigadores: Henry Cuervo y Julio Arenas. Abril 23 de 2025.
Henry Cuervo & Julio Arenas
Foto tomada de: ANDINA
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