De esta manera el Gobierno se empecinó, en primera medida, en lograr el jornal diario integral para el sector rural, es decir, que se pueda pagarle a los y a las trabajadoras del campo un salario diario que cubra no solo su pago de salario y prestaciones, sino que contemple los aportes a la seguridad social por ese día trabajado. Con esta estrategia el Centro Democrático ha insistido que es una vía innovadora y viable para la modernización del campo y para la formalización de la mano de obra campesina. Este intento que ha sido fallido por la oposición de diferentes sectores políticos y sociales, empezando por las asociaciones y sindicatos campesinos, vuelve a ser ahora parte de los debates que el país ha iniciado en torno a la necesidad de reformar los mercados laborales, y se ha empezado a presionar al Gobierno desde los gremios (SAC) en torno a la urgencia de aplicar esta medida ante el incremento del desempleo en el país. Esto pone en riesgo el 12% de los empleos formales concentrados fundamentalmente en la agroindustria, que sin duda alguna pasaría a jornal diario.
Así, en la misma perspectiva, y siendo una apuesta del Gobierno Duque, Fenalco ha seguido insistiendo en el pago por horas como medida esencial para modernizar el mercado de trabajo en Colombia; junto al salario por regiones, con la idea de que el mínimo reconocido se ajuste a los contextos de alto desempleo que existen en algunas regiones del país, conduciendo así no solo a la eliminación del salario mínimo, sino a poner los pagos por horas y que estas fluctúen de acuerdo con el mercado laboral (oferta y demanda) en las regiones, tal y como funciona en los EEUU, pero sin que haya un tope mínimo.
Debe recordarse que la idea del salario mínimo es una protección social a los ingresos de las y los trabajadores. Esta pandemia, y el consecuente confinamiento, demostró que la población informal, que por lo general se gana menos del salario mínimo y que incluso depende del diario, ha sucumbido ante el hambre (dado el limitado alcance de los subsidios) y ha debido enfrentarse en las calles al miedo de contagiarse. Es de verdad, hambre o Covid, y han optado por arriesgarse al Covid.
La emergencia económica y con ella las medidas gubernamentales para enfrentar el debilitamiento de la economía, han tenido en los trabajadores formales también un eslabón de sacrificio. Lo primero que se hizo fue permitir que ante la caída de los ingresos se pudiera tomar recursos de las cesantías, cuya función es otra muy distinta a este propósito y si bien se dan situaciones que terminan por no hacer un buen uso de estas, su finalidad es que se puedan dirigir hacia la educación, la compra o adecuación de la vivienda, fundamentalmente. Ya se escuchan voces de la necesidad de eliminarlas como un apoyo para la salida a la crisis. Ahora también se estudia que parte de los ahorros pensionales también pueda retirarse para destinarse al consumo de las familias.
Así mismo, se ha legislado en torno al trabajo en casa, que debió hacerse ante el confinamiento, pero lejos de tener las condiciones de lo que es el teletrabajo, pasando por alto las normativas internacionales al respecto. El subsidio de transporte ha pasado a ser un auxilio de conectividad y la prima de junio se permitió diferirla en tres cuotas hasta diciembre 20, tras la concertación con los trabajadores. Esto da risa, cuando se le preguntó al ministro como se haría esa concertación, dijo que hablando entre patronos y empleados. Pues claro, así de fácil, en un país donde los trabajadores formales son solo 8 millones es decir el 35% de los trabajadores del país. Además, donde la afiliación sindical llega al 5.2% y es esencialmente en el sector público, y por norma, cuando se dan indicios de asociación laboral, estos trabajadores terminan en la calle, amenazados o muertos, como se puso de manifiesto y fue una condición particular de protección ante la firma del TLC o de la entrada a la OCDE.
Se posibilitó también la modificación a la jornada laboral, y si se generan recargos por trabajo extra, nocturno, dominical o festivo, pueden diferirse. Ya también hay ideas en torno a la necesidad, según algunos, de eliminarse estos pagos de una vez por todas. El problema con todo esto, y suena a chiste, pero es verdad, es que, si bien son normas en medio de la atención a la emergencia, ha sido claro en Colombia que no hay nada más permanente que una norma transitoria.
En materia de pensiones se hizo un primer traslado a Colpensiones de personas que estando en los fondos privados y próximas a pensionarse, serían una carga financiera para los fondos ya que podrían acceder a solo un salario mínimo, incluso con ayuda del fondo gubernamental. Además, aunque en principio se negó, el ministro Carrasquilla confirmo que se está pensando hacer lo mismo con las personas a las que les falte menos de 10 años para pensionarse, se estima que en principio son 350.000. Esto si bien le genera unos recursos al Gobierno, también es cierto que termina por brindarle alivios financieros a los fondos que son los menos interesados en tener personas de salario mínimo, ya que se ha insistido que a Colpensiones se le convierta en un pilar solo para ese nivel de ingresos. Paso a paso lo están haciendo realidad.
Ante las denuncias de diferentes sectores políticos, sociales y sindicales por estarse materializando una gran reforma laboral y por pedazos, el Gobierno, como también ha sido usual, salió a desmentir y a decir que nada se haría por encima de la mesa de concertación laboral. Incluso se apresta, así lo anunció, a conformar una Comisión Laboral que diera alternativas al respecto.
Es una necesidad para el país, realizar una profunda reforma a los mercados de trabajo y de protección social, pero esta no puede hacerse con el criterio de la reducción del salario, así como de la pérdida de los beneficios laborales o de protección social. La situación actual no es resultado de la pandemia, esta solo ha puesto en evidencia nuestro precario mercado laboral. Acá hemos llegado después de años de problemas estructurales que además han devenido en el debilitamiento del sector productivo, es decir, una desruralización y una desindustrialización que le impiden a la economía colombiana generar puestos de trabajo decente. Con las y los trabajadores del país tenemos como sociedad una gran deuda social, pero en especial con las y los campesinos, las reformas deberían de ir hacia su protección, pero se ha optado por los caminos contrarios.
Lo cierto es que todo ya va en camino, y con la idea de la modernización, que ya es la palabra de moda, la flexibilidad y la necesidad de generar puestos de trabajo formales, se avanza a pasos agigantados en una serie de reformas a los mercados de trabajo y a la seguridad social, que al amanecer, cuando se despierte de la oscura noche, se tendrá un escenario diferente, el que se han soñado los gremios, por el que se apoyó al Centro Democrático y a Iván Duque, esto es, a la profundización de las reformas que el propio Álvaro Uribe empezó con la ley 100 y las sucesivas reformas laborales de las últimas tres décadas y que han conducido a la precarización laboral y a una mayor vulnerabilidad de las y los colombianos, como ha quedado demostrado en esta pandemia.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle
Foto tomada de: Asuntos Legales
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