Las cifras disponibles, presentadas en dos artículos anteriores en Revista Sur[1] muestran que el gobierno del Pacto Histórico ha cumplido, o se ha acercado bastante a las metas en materia de desempleo, pobreza monetaria, desigualdad según el índice de GINI, tasa de informalidad, población joven que ni estudia ni trabaja, porcentaje de hogares con déficit habitacional, tasa de mortalidad por desnutrición y pobreza multidimensional. Es evidente que, desde esta perspectiva, hasta el momento le ha ido bien al gobierno nacional. Sin embargo, la gran mayoría de las metas se fijaron en magnitudes muy bajas, lo cual podría facilitar su cumplimiento. Obviamente, esto no les quita mérito político a estos resultados.
De acuerdo con la Constitución Política el valor de muchos de estos indicadores debería ser cero. Por ejemplo, si se cumplieran las normas, todas las personas deberían tener un trabajo digno, es decir, no debería haber desempleo; igualmente, todas las personas deberían tener una vivienda digna. Con base en el criterio constitucional del ingreso vital no debería existir pobreza ni vulnerabilidad y tampoco una elevada concentración del ingreso.
Desde una perspectiva general de la situación de la clase trabajadora (asalariados y por cuenta propia) los datos muestran que las condiciones de vida siguen siendo bastante precarias para buena parte de ella. Por ejemplo, la pobreza monetaria en 2025 se ubicó en 28%, (14 millones de personas), de los cuales 9,6% estaban en pobreza monetaria extrema (5 millones de personas), a pesar de que los parámetros para determinar si una persona es pobre son muy reducidos en términos absolutos ($482.041 por persona en 2025).
De otra parte, se alcanzaron resultados significativos en temas en los cuales el Plan no incluyó metas, como el aumento de la clase media y el incremento real del salario mínimo. La clase media pasó de representar 27,9% del total de la población (13,8 millones de personas) a 34,4% (17,6 millones de personas). Por su parte, el salario mínimo creció 10,5% en términos reales entre 2023 y 2025 y en 2026 se acercó al salario vital. Aquí el cambio no es solamente cuantitativo sino también cualitativo porque se modificó el esquema tradicional del fijar el salario mínimo sin cumplir con el mandato constitucional de garantizar una remuneración vital.
La concentración del ingreso según el coeficiente de GINI pasó de 0,563 a 0,531 entre 2021 y 2025, pero este valor sigue siendo muy alto e incluso es superior al registrado en varios años del período 2012-2019. Parece que tampoco las acciones del gobierno de izquierda modifican este indicador. Como han señalado algunos analistas la distribución del ingreso no ha mejorado en las últimas seis décadas.
No hay indicadores de desigualdad de otras variables para este período mediante el coeficiente de GINI, como propiedad de la tierra, propiedad de las viviendas urbanas, propiedad de las acciones o propiedad de activos financieros (CDT, títulos del gobierno). El DANE no ha cumplido con la orden del Plan Nacional de Desarrollo de investigar y difundir datos sobre estos indicadores.
La distribución del valor agregado parece haberse movido en favor de los trabajadores, pero ligeramente; este es un efecto no incluido como meta en el plan de desarrollo. La participación de la remuneración de los asalariados en el valor agregado capitalista paso del 47% en 2022 al 53% en 2025, al tiempo que disminuyó la participación del excedente bruto de explotación.
Las ganancias totales siguen siendo enormes, pero han disminuido, lo cual podría ser efecto en parte del aumento del salario mínimo. En 2024 las ganancias de las 10.000 empresas productivas y comerciales más grandes y de las 50 entidades financieras fueron 180,1 billones una disminución importante con relación a 2022. La participación de las ganancias en el valor agregado capitalista pasó de 19% a 16%.
Los datos muestran que, aunque no ha habido cambios en una magnitud sustancial, se evidencia una modificación en la tendencia de algunos indicadores clave como la participación de los salarios en el valor agregado, con la correspondiente disminución del EBE y de la masa de ganancias; la reducción de la pobreza, el incremento de la denominada clase media; y el aumento de los salarios mínimos reales. Esto marca un camino a seguir. Aunque no es fácil, el gobierno del Pacto Histórico señala una ruta de resultados a alcanzar.
Redistribución a pesar del bajo crecimiento del PIB y del PIB por habitante
Los resultados anteriores se lograron en el marco de un bajo crecimiento del PIB lo cual indica que es posible mejorar la distribución del valor agregado y el salario real en estas circunstancias.
Durante el gobierno del Pacto Histórico hubo un crecimiento alto en 2022 de 6,8%, que en buena parte se debe al efecto rebote después de la pandemia; los tres años siguientes son bajos cuando se los compara con la serie desde 2010, aunque con tendencia al alza: 0,8%, 1,5% y 2,6%. Es decir, en términos absolutos y comparativos el desempeño en términos de crecimiento del PIB durante el gobierno del Pacto Histórico es malo y está por debajo de los datos de la mayoría de los años desde 2010 aunque hubo algunos años anteriores de crecimiento igual o más bajo como en 2016, 2017 y 2018.
El hecho destacable es que a pesar del deficiente desempeño en crecimiento del PIB (y también del PIB por habitante) se lograron resultados positivos significativos en disminución del desempleo, reducción de la pobreza monetaria y aumento de la participación de los asalariados en el valor agregado. ¿Qué nos indica esto? Que, aunque el producto total y el producto por habitante no sea muy grande (si lo comparamos con países capitalistas más desarrollados), ni tampoco la tasa de crecimiento real, se pueden lograr cambios favorables a los trabajadores. Es decir, ciertas medidas redistributivas pueden alcanzarse dentro de estos límites del crecimiento del producto.
En 2024 el PIB por habitante fue de $32.564.033 anual, cifra que equivale a $2.713.669 mensuales. Este valor equivale a 2,1 salarios mínimos mensuales de dicho año ($1.300.000). Este PIB por habitante es muy bajo, comparado con los países capitalistas más desarrollados, pero si el PIB se distribuyera por partes iguales un hogar de 4 personas recibiría mensualmente $10.854.676, cifra más que suficiente para eliminar la pobreza y la vulnerabilidad y garantizar unas condiciones materiales de vida decentes a todo el mundo. El dato del PIB por habitante indica que la sociedad colombiana en su conjunto tiene los recursos suficientes para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todos.
De otra parte, los avances logrados se alcanzaron en un contexto de limitaciones del Pacto Histórico en cuanto al poder efectivo sobre el aparato del Estado, dado que el Congreso estaba mayoritariamente en contra, lo mismo que muchos operadores judiciales[3]. Finalmente, un gobierno en favor de los trabajadores enfrenta límites de sistema. El control fundamental del aparato productivo está en manos de los capitalistas que, se oponen radicalmente a las medidas y controlan o cuentan con los servicios de la gran mayoría de políticos, los grandes y medianos medios de comunicación, los centros de investigación y de consultoría, las universidades y la gran mayoría de economistas.
Un enfoque de clase
Un resultado político muy relevante es el énfasis del gobierno del Pacto Histórico, en una política de clases, en el reconocimiento explícito de la polarización existente y en la toma de partido en favor de los trabajadores asalariados y por cuenta propia en peores condiciones de ingreso y de vida. Esto se hizo evidente en el trámite de la reforma laboral y en la fijación del salario mínimo vital, particularmente mediante el decreto expedido en 2025 bajo el enfoque constitucional de la remuneración vital. Ante la oposición en el Congreso al aumento de los costos laborales, el gobierno planteó la realización de una consulta popular sobre la reforma laboral, lo cual forzó a los capitalistas a ordenar a sus operadores políticos aprobar la reforma, con recortes; igualmente el gobierno expidió mediante decreto el mayor valor real histórico del salario mínimo en uso de las facultades constitucionales del ejecutivo, a pesar de la resistencia de los capitalistas y sus voceros[4].
De este modo el gobierno ofreció a parte importante de la clase trabajadora resultados concretos para el mejoramiento de las condiciones de vida y expresó abiertamente el conflicto antagónico existente con relación al reparto del valor agregado entre capitalistas y trabajadores. Con estas acciones refuta en la práctica las interpretaciones armonicistas y de fraternidad elaboradas por los defensores del capitalismo, y en particular por el Centro Democrático, con el fin de tratar de ocultar el conflicto existente.
Estos resultados económicos y políticos envían unas señales claras para el trabajo de la oposición al gobierno de extrema derecha de Abelardo, abiertamente favorable a los intereses de los capitalistas. La clase trabajadora y sus representantes políticos deben hacer un seguimiento detallado a indicadores concretos en materia de salario mínimo vital, ingreso básico para toda la población pobre y vulnerable, con énfasis en los trabajadores por cuenta propia e informales y solución de necesidades básicas en materia de alimentación, nutrición y vivienda.
Es necesario reiterar que el Pacto Histórico no pretende suprimir el capitalismo sino tratar de administrarlo en beneficio de los trabajadores asalariados y por cuenta propia. Lucha contra los efectos y no contra las causas. Por tanto, es necesario insistir en que los problemas de fondo de los trabajadores nunca podrán ser resueltos en el marco del capitalismo. El Pacto Histórico es un partido conformado por tendencias según el artículo 7 de los estatutos en el marco de un pluralismo democrático. Le corresponde a la tendencia comunista hacer énfasis en el potencial de un gobierno progresista, pero sobre todo de sus límites, con el fin de no generar falsas expectativas en los trabajadores.
Durante décadas los distintos gobiernos (la casi totalidad favorables a los capitalistas) han ofrecido “solucionar problemas esenciales” de los trabajadores, pero las cifras muestran que dichos problemas no desaparecen. Un indicador como la concentración del ingreso según el Coeficiente de GINI no ha disminuido desde 1970. La pobreza monetaria sigue siendo enorme, a pesar de los avances, y si sumamos la clase pobre y vulnerable (según los conceptos del DANE) el 62% de la población se encontraba en esta situación. Esto se expresa en deficiencias graves en materia de vivienda, alimentación y nutrición, fenómenos que no desaparecen. El gobierno del Pacto Histórico logró mejoramientos, pero tampoco son sustanciales y no hay garantía alguna de que sean sostenibles ante la arremetida de las políticas neoliberales de extrema derecha. La evidencia empírica debería llevar a los trabajadores a examinar a fondo si se trata de deficiencias en la gestión del Estado o de límites estructurales insuperables.
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[1] https://www.sur.org.co/metas-y-resultados-del-gobierno-del-pacto-historico-2022-2026-en-mejoramiento-de-las-condiciones-de-los-trabajadores/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=metas-y-resultados-del-gobierno-del-pacto-historico-2022-2026-en-mejoramiento-de-las-condiciones-de-los-trabajadores; https://www.sur.org.co/metas-y-resultados-del-gobierno-del-pacto-historico-2022-2026-en-mejoramiento-de-las-condiciones-de-los-trabajadores-segunda-parte/
[2] Alejandro Gaviria en una conferencia en octubre de 2024 en el Congreso de Economía Colombiana en la facultad de economía de la Universidad de los Andes dijo que la desigualdad de ingresos no mejora;” el GINI calculado por Miguel Urrutia para 1967 es 0,55 el mismo en la actualidad. No ha mejorado en casi 60 años, a pesar de que el PIB se ha multiplicado enormemente en términos reales”. https://t.co/doIagtwBRP
(https://x.com/agaviriau/status/1842965809880281341?t=XvLSFdDYZWXCPq2RkrLKQw&s=03); https://www.youtube.com/watch?v=2tjTimJNXBk&t=2428s. El premio Nobel de Economía James Robinson dice que “La evidencia de esta persistencia fundamental proviene del hecho de que incluso las reformas de 1991 no hicieron nada para cambiar la desigualdad.” En La miseria en Colombia Revista Sociedad y Desarrollo de la Universidad de los Andes, https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/dys/article/view/6678.
[3] El Informe del Centro de Pensamiento Vida (2026) señala que “A estas restricciones económicas se suma un entorno institucional de resistencia estructural.” “El bloqueo judicial sistemático contra reformas distributivas configura la restricción política más severa.” (p. 101). En este documento se hace una exposición detallada del bloqueo judicial y de otras instituciones al programa económico del gobierno.
[4] https://ceiscolombia.com/datos-y-relatos-sobre-la-fijacion-del-salario-minimo-vital-para-2026/.
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: EFE
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