cobre en Jericó (Antioquia), en Putumayo con el proyecto Mocoa y de la minería en California, en el páramo de Santurbán. Es evidente que, para la mayoría de los colombianos, la minería de la cuarta revolución industrial y de la transición energética es un ruido lejano que se pierde entre las noticias del terremoto y del inicio del gobierno de la Patria Milagro. Solo los más curiosos y los especialistas se detienen en esos temas de socavón que hablan de tierras raras y de billones de dólares en reservas de minerales que figuran en la lista de prioridades de los empresarios más ricos del mundo y en las estrategias geopolíticas de las potencias que se disputan los recursos del planeta. En las esferas oficiales y en el Congreso de la República también se ocupan del tema, que no podrá eludirse en la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
El desinterés del ciudadano del común por las noticias sobre el cobre es parecido al que se observa cuando se habla de “tierras raras” o de coltán, y es aún mayor si se mencionan los lantánidos que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica. Ni que fuera sánscrito.
Lo del cobre es más conocido. Hay cobre en muchas aplicaciones y su demanda aumenta con las nuevas tecnologías y con los equipos para la generación de energía solar y eólica. Si la energía y su conducción o transporte son vitales y cada vez más importantes en las sociedades contemporáneas, el cobre ocupa un lugar estratégico en las redes de transmisión y distribución, en todo tipo y calibre de cables utilizados en motores y maquinaria, en aviones y vehículos de transporte terrestre. Además, registra una demanda creciente para circuitos impresos, computadoras, teléfonos celulares y centros de datos dedicados a la inteligencia artificial.
Colombia aparece en el radar de los empresarios del cobre y de los llamados minerales críticos debido a la identificación de importantes reservas en un momento en el que la demanda mundial crece de manera acelerada (IEA, 2021). Se estima que el déficit de cobre en el mercado mundial llegará a 10 millones de toneladas anuales hacia 2035, impulsado por la electrificación, el crecimiento industrial y la expansión de los centros de datos, cuya demanda proviene en gran medida de empresas de China y de Estados Unidos. Esa cifra indica que los precios tenderán a incrementarse y que la disputa por las reservas, así como por la explotación y producción de cobre, será cada vez más intensa, con el propósito de superar los 45 millones de toneladas anuales en la próxima década, lo que representa un aumento cercano al 50 % frente a la producción registrada en 2026. La IEA proyecta que el cobre será el mineral con el mayor crecimiento absoluto de demanda hacia 2040 debido a la electrificación, las redes eléctricas, la inteligencia artificial y las tecnologías de la transición energética (IEA, 2026; CEPAL, 2024).
Colombia ocupa el puesto 77 entre los productores mundiales de cobre y cuenta con una sola mina en operación: Minera El Roble, de Atico Mining Corporation, ubicada en El Carmen de Atrato (Chocó). Sin embargo, existen varios proyectos en exploración o pendientes de desarrollo que muestran importantes reservas y posibilidades de producción. Han avanzado lentamente debido a los conflictos ambientales, sociales y a los contextos de violencia presentes en sus territorios.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se planteó la necesidad de abrir caminos para la exploración y producción de minerales críticos, y se identificó la cadena de valor del cobre como una de las prioridades para esta etapa de transición energética, revolución digital e inteligencia artificial. En realidad, hubo buenos diseños, pero pocas realizaciones.
En todos los escenarios de evolución de la economía colombiana se proyecta un aumento de la demanda de cobre, que podría triplicarse antes de 2035 para responder al crecimiento de las redes eléctricas, las energías renovables, la electromovilidad y la infraestructura urbana. En las condiciones actuales, la perspectiva es de un incremento de las importaciones de cobre para atender las necesidades de cables y conductores de alta tensión, cátodos de cobre refinado y bobinados para transformadores y motores. La estrategia de industrialización no sólo responde a esta demanda tradicional, sino también a la necesidad de adecuar el aparato productivo para evitar que Colombia se perpetúe como importador de paneles solares, aerogeneradores y bienes de alta tecnología con un elevado contenido de cobre. Lo mismo puede afirmarse respecto de otros minerales críticos y de las tierras raras.
Fuente: Elaborado por el autor con datos de Gemini (2 de septiembre de 2026).
Todo este panorama que revela el cobre obliga a pensar en la estrategia de país para las próximas décadas. El dilema ya es evidente: ¿continuará Colombia por el camino de ser una pieza subordinada en la provisión de materias primas y un comprador de productos industriales elaborados por las grandes potencias o, como alternativa, promoverá la producción nacional de componentes y bienes incorporando un valor agregado cada vez mayor?
La nueva ola de minería crítica y la continuidad del modelo extractivista colonial
En la nueva ola de explotación de minerales críticos, la política sobre el cobre y otros recursos estratégicos tiende a alinearse con los intereses de las grandes potencias y de las corporaciones transnacionales, que buscan operar con las menores restricciones posibles y con garantías suficientes para obtener elevadas tasas de retorno y rentas de carácter oligopólico. En esta lógica, los promotores del nuevo extractivismo minero impulsan esquemas orientados a minimizar o eliminar el pago de regalías, reducir la carga tributaria, facilitar la libre remesa de utilidades, externalizar los costos derivados de los impactos ambientales y acelerar los procedimientos mediante mecanismos de licenciamiento exprés.
La maximización de las utilidades conduce, además, a presiones para disminuir los costos laborales y debilitar derechos fundamentales, entre ellos la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás poblaciones directamente afectadas por los proyectos extractivos. En su expresión más extrema, este modelo recurre a la fuerza, la militarización o incluso a escenarios de guerra para asegurar el control de los recursos naturales e imponer relaciones de subordinación política y económica (UNCTAD, 2023 y 2026).
Una alternativa basada en la soberanía y el desarrollo industrial
En el extremo opuesto del extractivismo colonial se sitúan modalidades de cooperación e inversión que reconocen el derecho de los países y de sus pueblos a decidir, con plena autonomía, sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales y a negociar las mejores condiciones para la exploración, explotación y transformación de minerales críticos como el cobre, el níquel, el cobalto, el manganeso o el litio.
La superación del extractivismo colonial no depende únicamente del ejercicio de la soberanía sobre los recursos, sino también de la reducción progresiva de la exportación de materias primas sin transformación o con escaso valor agregado. Para Colombia ello implica impulsar una política industrial capaz de convertir la riqueza mineral en cadenas nacionales de producción, conocimiento y empleo.
En el caso del cobre, el objetivo debería ser fortalecer las capacidades nacionales de transformación metalúrgica y manufacturera para atender la demanda interna, desarrollar industrias asociadas a la transición energética y disminuir gradualmente la dependencia de la exportación de concentrados o minerales sin procesar.
El cambio de orientación del nuevo gobierno
En los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella se hicieron evidentes las presiones de los sectores interesados en acelerar la explotación de cobre y otros minerales críticos mediante la reactivación de proyectos que durante años han enfrentado fuertes cuestionamientos ambientales y sociales.
El primer caso fue la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 de julio de 2026, que había declarado como área de protección ambiental una zona de la microcuenca La Baja, en Santurbán. Con esta decisión se reabre la posibilidad de desarrollar proyectos de explotación de minerales polimetálicos ricos en oro y cobre promovidos por Aris Mining Corporation, empresa que anteriormente estuvo vinculada al Proyecto Soto Norte a través de Minesa (Sociedad Minera de Santander).
Sin embargo, el camino está lejos de ser expedito. Durante más de una década el proyecto ha encontrado una fuerte oposición por parte de la población de Bucaramanga y de numerosos municipios cuyo abastecimiento de agua depende del ecosistema del Páramo de Santurbán. En esta región se han consolidado algunas de las movilizaciones ciudadanas más importantes del país en defensa del agua, las cuales han logrado frenar reiteradamente el megaproyecto minero. La controversia se reabre ahora alrededor de la delimitación del páramo y de la evaluación de los impactos ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024)
También se anunciaron medidas para reexaminar las solicitudes de licenciamiento ambiental previamente archivadas del proyecto Quebradona, desarrollado por Minera de Cobre Quebradona–AngloGold Ashanti, en el municipio de Jericó (Antioquia). Se estima que este proyecto podría producir cerca de 4,9 millones de toneladas de concentrado de cobre durante su vida útil. La oposición de las comunidades locales ha contado con el respaldo de decisiones de los concejos municipales y de varias providencias judiciales orientadas a la protección del agua y de los ecosistemas de alta montaña (Agencia Nacional de Minería, 2025).
No obstante, la mayor preocupación entre organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores académicos se ha despertado por el interés del nuevo gobierno en respaldar el proyecto que Libero Copper & Gold, en alianza con Denarius Metals, promueve en Mocoa (Putumayo). En esta zona se han identificado importantes yacimientos de cobre y molibdeno que, de entrar en producción, convertirían a Colombia en un nuevo productor relevante de cobre en Suramérica, aunque todavía muy distante de la escala alcanzada por Chile o Perú.
La triple tensión de la política minera
El inicio del nuevo gobierno pone de manifiesto una triple tensión que se ha venido consolidando durante la última década.
En primer lugar, existe un conjunto de grandes proyectos mineros cuya ejecución ha sido bloqueada o suspendida por una fuerte oposición ambiental, social y territorial.
En segundo lugar, Colombia enfrenta la necesidad de definir una política audaz frente a la creciente demanda mundial de minerales críticos y tierras raras, indispensables para la transición energética y la revolución tecnológica.
Finalmente, estos recursos han adquirido un valor geopolítico creciente y son considerados estratégicos por grandes potencias y corporaciones transnacionales, que los incorporan dentro de sus políticas de seguridad económica y seguridad nacional.
Áreas Estratégicas Mineras y la excepción amazónica
La política minera ha intentado responder a esta compleja realidad mediante la delimitación de Áreas Estratégicas Mineras, definidas con base en estudios geológicos que identifican el potencial de nuevos hallazgos, pero también incorporando restricciones derivadas de criterios ambientales, sociales y de protección de los derechos de los pueblos étnicos. Hasta ahora, estas áreas se concentran principalmente en municipios de Antioquia, Chocó, Cesar y La Guajira (UPME, 2024).
La Amazonía, por el contrario, ha recibido un tratamiento diferenciado. Durante los últimos años se ha limitado la expansión de la gran minería y de la explotación de hidrocarburos hacia nuevas áreas del bioma amazónico. Sin embargo, la minería de oro, coltán y, más recientemente, de minerales críticos y tierras raras ha venido expandiéndose mediante complejas alianzas entre organizaciones ilegales, intermediarios internacionales, empresas de diversa naturaleza y grupos armados que disputan el control territorial.
Las pretensiones de Libero Copper en Mocoa ilustran esta tensión. El proyecto enfrenta laoposición de los pueblos Inga y Kamëntsá, así como interrogantes derivados de los nuevos estudios geológicos realizados después de la avalancha de 2017, que modificó significativamente las condiciones geomorfológicas de la zona (UMPE, 2024; Natural Resource Governance Institute, 2025)
A ello se suma la creciente presión minera sobre la Amazonía. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha documentado más de 500 solicitudes mineras para cobre, molibdeno, cobalto, circonio, cromo, aluminio y oro, que abarcan aproximadamente 469.545 hectáreas, concentradas principalmente en Guainía, Putumayo yVaupés. Asimismo, registra 237 títulos mineros adjudicados, que cubren cerca de 143.214 hectáreas, lo que evidencia una creciente disputa por el control de los minerales críticos en una de las regiones de mayor biodiversidad y diversidad cultural del planeta (FCDS, 2025).
Empresas autorizadas para participar en las Áreas Estratégicas Mineras
La ANM exige una habilitación previa para participar en los procesos de adjudicación. Entre las empresas habilitadas recientemente, figuran:
Hacia una política soberana para los minerales críticos
La ruta de Colombia en materia de política sobre los minerales críticos, incluidas las tierras raras, deberá acoger las enseñanzas de países latinoamericanos e incluso de las grandes potencias tecnológicas, cuyas estrategias se fundamentan en principios de soberanía y de nacionalismo de los recursos. También se habla de seguridad minera y energética, entendida como una política que parte de defender el carácter público de los recursos minerales.
Más allá de la propiedad estatal del subsuelo, el nacionalismo de los recursos supone una intervención del Estado en la producción, que puede abarcar desde el monopolio público en algunos casos hasta modelos de asociación con empresas privadas, en los cuales el Estado actúa como socio mayoritario o, incluso, como socio minoritario. Las experiencias de producción estatal en la industria petrolera muestran las ventajas y los riesgos de los diversos esquemas, pero, en términos generales, evidencian la conveniencia de la intervención estatal en el manejo de los recursos estratégicos.
Una referencia que merece especial atención es CODELCO, en Chile, empresa de propiedad estatal que mantiene cerca del 25 % de la producción anual de cobre del país. En Ecuador, la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y, en Bolivia, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) constituyen ejemplos de esquemas de asociación entre el Estado y el sector privado para el desarrollo de la actividad minera (CODELCO, 2024).
La experiencia de ECOPETROL en Colombia ha demostrado la importancia de la inversión pública en sectores estratégicos. No solo genera utilidades que fortalecen las capacidades financieras del Estado, sino que también ha contribuido de manera excepcional a la formación de personal técnico con conocimientos en toda la cadena de valor y en las industrias del complejo petroquímico. La capacidad técnica, científica y gerencial desarrollada por ECOPETROL ha sido un factor decisivo para sustentar políticas públicas y para ofrecer garantías de interlocución y de asociación seria con inversionistas nacionales y extranjeros en la industria petrolera.
El proyecto de creación de ECOMINERALES (Proyecto de Ley 344 de 2023 Cámara) constituye un paso importante para fortalecer la soberanía sobre los recursos estratégicos. Se trata de una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Con este instrumento, Colombia se dota de un actor público con capacidad para participar en todo el ciclo minero, en cooperación con la inversión privada. Esto significa que podrá desarrollar actividades de exploración, extracción, transformación y comercialización, sin que ello implique la estatización de la cadena productiva.
Entre los objetivos de ECOMINERALES también se encuentra la recepción de los activos provenientes de proyectos mineros que reviertan al Estado, garantizando que no se conviertan en presa de la corrupción ni de procesos indiscriminados de privatización. Estos activos constituirán el capital inicial de la empresa estatal.
De igual manera, ECOMINERALES podrá convertirse en un instrumento de apoyo para el desarrollo de industrias basadas en minerales críticos y, ojalá, también en tierras raras; para la formalización de la pequeña minería; y para fortalecer el conocimiento geológico generado por el Servicio Geológico Colombiano.
Contar con personal altamente capacitado en todos los niveles del ciclo minero estratégico le otorgará al Estado colombiano mayores capacidades de interlocución con empresas, centros de investigación y gobiernos que hoy lideran el desarrollo científico, tecnológico e industrial de estos sectores.
La construcción de una alternativa al extractivismo colonial es una tarea inaplazable. Exige enfrentar el dogmatismo promovido por grandes corporaciones, corrientes seudo teóricas y sus voceros, que rechazan la inversión productiva del Estado y presentan la privatización como única alternativa posible. No es una tarea fácil en medio de una creciente competencia internacional por el control de los recursos estratégicos, que recurre a múltiples formas de presión política, económica e incluso militar. Sin embargo, es posible avanzar mediante un debate sustentado en argumentos sólidos, evidencia empírica y cuentas claras.
Bibliografía
Natural Resource Governance Institute. (2025). Incertidumbres sobre el cobre en Colombia: análisis del Proyecto Mocoa en Putumayo. https://resourcegovernance.org/es/publications/incertidumbres-sobre-el-cobre-en colombia-analisis-del-proyecto-mocoa-en-putumayo
Universidad Nacional de Colombia. (2023). Explotación de cobre en Mocoa, Putumayo: un asunto de interés nacional. Periódico UNAL. https://periodico.unal.edu.co/articulos/explotacion-de-cobre-en-mocoa-putumayo-un asunto-de-interes-nacional
UPME (2024). Unidad de Planeación Minero Energética, Minería para la transición: Monografía del caso de minería de cobre de Libero Copper en Mocoa, Putumayo. https://docs.upme.gov.co/Documents/Enfoque
territorial/Resultados_convenios/5_Monografia_caso_mineria_cobre_Mocoa.pdf
Observatorio de Conflictos Ambientales – Universidad Nacional de Colombia. (2023). Minería de cobre – Proyecto Mocoa (Libero Cobre). https://conflictosambientales.unal.edu.co/oca/env_problems/viewEnvProblem/41
Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-361 de 2017. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-361-17.htm
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Información oficial sobre la delimitación del Páramo de Santurbán. https://www.minambiente.gov.co
Agencia Nacional de Minería. (2025). Proyectos mineros de cobre en Colombia. https://www.anm.gov.co/proyectos-mineros-cobre
FCDS. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. (2025). Minería en el bioma amazónico colombiano. Observatorio Amazonía Colombiana. https://observatorioamazonia.fcds.org.co
Camilo González Posso, Presidente de INDEPAZ
Foto tomada de: France 24
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