En estos tiempos post terremoto, cuando las ayudas siguen llegando a las ciudades más afectadas, cuando a la ruralidad aun no llegan los recursos necesarios para enfrentar la vida diaria, trastocada por el impacto de lo sucedido, el campo experimenta un estrangulamiento por sus necesidades de recursos no solo de ayudas, sino de créditos, en apalancamientos, en acompañamientos, en contextos de mercados completamente hostiles a los requerimientos y ciclos de la producción agropecuaria. Es necesario entonces poner los ojos en la política monetaria y su incidencia en la ruralidad.
La política monetaria y cambiaria, los objetos esenciales del Banco de la República (BR) en Colombia continúa navegando bajo los dogmas más rígidos de la ortodoxia económica, anclada en una visión de banca central que parece ignorar deliberadamente las realidades estructurales del país real. Durante los últimos años, su Junta Directiva ha sostenido una estrategia de tasas de interés elevadas bajo el pretexto ineludible del control inflacionario. Este manejo, presentado sistemáticamente ante la opinión pública como una fórmula técnica y neutral, opera en la práctica como un freno de mano permanente contra el crecimiento económico, la inversión productiva, la formalización laboral y el desarrollo industrial, y ni qué decir del escaso o nulo flujo de recursos que se llevan al sector agropecuario, que, al ser de más alto riesgo, prácticamente termina sumido en la falta de oportunidades financieras. Todo esto ha dejado a la Junta como un agente de oposición al gobierno anterior, esto bajo la máscara de ser el organismo técnico, por excelencia, de la economía Colombia. Posiciones que es de esperase cambien en este nuevo gobierno, pero aún no se han dado muestras de los puntos de vista a seguir.
Al encarecer drásticamente el costo del crédito para las empresas, los emprendimientos y los hogares, el Emisor castiga la demanda agregada y asfixia el tejido productivo nacional, sin atender de manera efectiva ni equilibrada las causas profundas de la inflación, que frecuentemente responden a choques de oferta externos, cuellos de botella logísticos o distorsiones especulativas en las cadenas de distribución no solo de productos de consumo o intermedios, sino de alimentos y energéticos. Lejos se está entonces de ser un sobrecalentamiento de la demanda impulsado por excesos de gasto social o salarial.
El cambio de variable operativa para el control inflacionario, después de la crisis de 1999 en dónde el BR también fue agente protagonista, por razones parecidas de incremento a las tasas de interés de intervención que llevaron al UPAC a niveles nunca vistos, no ha conducido al logro sostenido de las metas de inflación del BR. De hecho, su gerente Leonardo Villar manifestó hace poco en la convención de Asobancaria que en los últimos seis años no se han cumplido las metas. A esto hay que abonarle unas actitudes para nada plausibles durante el tiempo de la pandemia, en cuanto a créditos dirigidos e incluso frente al manejo de las reservas internacionales.
Desde hace tiempo se le ha planteado al BR un debate, incluso desde las mismas entidades del sistema financiero, frente a la escasa comprensión del manejo moderno de dinero, del efectivo y las transacciones en tiempo real, donde cada vez es más normal la utilización de cuentas abiertas en dólares, dinero electrónico, llaves, depósitos fiduciarios como cuentas a la vista, sean para transacciones cotidianas, empresariales o de inversión. En efecto, la ortodoxia monetarista no ha posibilitado una adecuada comprensión de algunos de estos temas, por ejemplo, de la masa monetaria, la cual se relaciona con la capacidad de crédito (crédito sujeto a depósitos más creación secundaria de dinero menos los encajes por tipo de instrumentos de captación) algo que es absolutamente relevante para garantizar disponibilidades públicas de dinero, es decir incrementos significativos en los mercados de dinero que no hacen otra cosa que ampliar el mercado de dinero que el BR ya no controla. Es definitiva, la masa monetaria no se controla, porque además poco se entiende cómo funciona en condiciones de la tecnología hoy existente en los sistemas financieros.
Las tasas de interés también son un “agujero negro”. Las tasas de intervención del BR tienen una función limitada en el mercado, pero si es un claro mensaje de política monetaria, en especial cuando son altas, es decir cuando se constituyen en una restricción a las decisiones de consumo e inversión.
Los grandes bancos del país no se fondean a tasas altas del BR, solo como última instancia, pasan primero por captaciones, por negociaciones de tesorerías empresariales, por préstamos interbancarios … hasta llegar al BR. Si son entidades medianas o pequeñas, el camino empieza primero por los bancos grandes, por créditos sindicados incluso en mercados internacionales, por la necesidad de conciliar mayores plazos. Así que la incidencia tampoco es significativa, pero su ruido es relevante. De hecho y como ejemplo, las tasas de algunos productos de largo plazo, como los créditos hipotecarios o de leasing se encuentran en el mercado incluso a menores tasas que las tasas de interés de intervención del BR.
A este sesgo contractivo y recesivo se suma una peligrosa ambivalencia en la gestión del tipo de cambio. Mientras la tasa de interés se mantiene en niveles restrictivos para enfriar supuestamente la economía, el manejo de la Tasa Representativa del Mercado ha mostrado una laxitud muy conveniente para los objetivos antiinflacionarios de corto plazo de la entidad. La consiguiente revaluación del peso colombiano, dinamizada por este entorno macroeconómico de tasas altas y por los flujos especulativos de capitales golondrina, actúa como un subsidio implícito y masivo a las importaciones. En una economía como la nuestra, altamente dependiente de insumos externos, maquinaria, bienes de capital y materias primas industriales y agropecuarias, el menor precio artificial del dólar puede arrojar un alivio temporal en las cifras del índice de precios al consumidor, es decir el tipo de cambio, la TRM, actúa como ancla inflacionaria. Sin embargo, este abaratamiento de lo importado destruye sistemáticamente la industria nacional, desincentiva la producción local y consolida un modelo primario-exportador endeble que vulnera la soberanía alimentaria y económica de la nación. Se sacrifica, sin contemplaciones, el aparato productivo interno por una frágil estabilidad de precios, lograda a costa de la desindustrialización, la desruralización y del debilitamiento estructural del mercado interno.
Pero el asunto se complica, lo más grave de este diseño institucional es la profunda desconexión y el nulo compromiso histórico que el BR mantiene con los sectores de la ruralidad, en especial con el sector agropecuario, la silvicultura, la caza y la pesca. La política monetaria colombiana ha operado bajo una supuesta neutralidad espacial que ignora las profundas asimetrías territoriales, la precariedad de la infraestructura agraria y las enormes barreras estructurales del campo.
Al tratar a la economía rural con los mismos instrumentos macroeconómicos diseñados para los centros urbanos y el sector financiero, el Emisor condena a los productores agrarios, a los campesinos y a las diferentes comunidades en la ruralidad, a una permanente asfixia crediticia y a una vulnerabilidad extrema frente a los mercados sean nacionales o internacionales. Las tasas de interés elevadas impactan de manera desproporcionada los costos de capital de los proyectos productivos rurales, obligando a los pequeños y medianos campesinos a enfrentar condiciones de financiación incluso por fuera de las ya inapropiadas tasas de mercado o a quedar excluidos por completo del sistema financiero formal, dependiendo de recursos propios insuficientes o de intermediarios informales.
Frente a este panorama de abierta hostilidad macroeconómica, el sector agropecuario y las actividades rurales han dado una lección monumental de resiliencia y capacidad productiva. En los últimos años, a pesar de la carestía de los insumos importados, agravada por la propia volatilidad cambiaria, de las altas tasas de interés y de los recurrentes embates climáticos, el agro, la silvicultura, la caza y la pesca han mantenido una notable tendencia a crecer por encima del promedio de la economía nacional. Este dinamismo no es el producto de incentivos monetarios benévolos ni de políticas públicas de fomento por parte de la autoridad monetaria, sino el resultado del esfuerzo denodado de las comunidades campesinas, las asociaciones de productores que sostienen con tenacidad la seguridad y soberanía alimentaria del país.
El campo colombiano demuestra que posee un potencial extraordinario de crecimiento, diversificación y capacidad de arrastre sobre otros sectores económicos, pero lo hace a contracorriente de un BR que le da la espalda y que no puede, por la propia Ley de independencia y autonomía, implementar instrumentos de crédito de fomento, tasas preferenciales o mecanismos de salvaguarda monetaria adaptados a los ciclos y riesgos biológicos de la producción agropecuaria. La Ley colombiana asigna estas responsabilidades a Banagrario, Finagro y a Balcoldex, fundamentalmente, para ejercer una promoción sectorial que es limitada por las presiones fiscales que se hacen desde el mismo BR y apoyados en mecanismos artificiosos como la regla fiscal.
Lo necesario en la década de 1990 no necesariamente es requerido hoy casi cuatro décadas después. Resulta prioritario replantear a fondo el mandato, los objetivos y la actuación institucional del BR. La estabilidad de precios no puede seguir siendo un dogma intocable que se persigue de manera obsesiva a costa de la destrucción del crecimiento económico, el empleo y la producción nacional. Un adecuado y pertinente modelo de desarrollo socioeconómico requiere un banco central comprometido con la transformación productiva, que articule su política monetaria con las necesidades de industrialización y, fundamentalmente, con el fortalecimiento integral de la ruralidad. Bancos centrales de grandes potencias mundiales (India, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, entre otros, incluso EEUU con mandato dual frente a precios y empleo, o la Unión Europea con un mandato jerárquico donde el empleo es una prioridad) también tienen en sus obligaciones el empleo y la producción, así que no es algo disruptivo frente a lo que se estila internacionalmente.
Continuar por la senda de la ortodoxia monetarista es condenar al país a un estancamiento prolongado, ignorando, no sin soberbia, la misma que da la supuesta moralidad técnica, que el verdadero cimiento de la estabilidad macroeconómica a largo plazo reside en la capacidad soberana de producir lo que consumimos y de potenciar el inmenso valor estratégico de nuestros territorios rurales.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e investigaciones Rurales (CEIR) Universidad de la Salle
Foto tomada de: Valora Analitik
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