El gobierno de Gustavo Petro, desde 2022, heredó las cerca de treinta (30) EPS que continuaron activas; pero, al borde del colapso; ordenó intervenir ocho (8) EPS, que estaban prácticamente quebradas y con gigantescas deudas, principalmente con la red hospitalaria pública que semi destruyeron; deudas que ascendían a más de $30 billones y denunció que “varias EPS se robaron el dinero de la salud” de los colombianos. Posteriores hallazgos de la contraloría han confirmado irregularidades en la Nueva EPS, SaludCoop, Famisanar y 5 EPS más; las cuales, según denuncias de la Contraloría General, eran realmente desfalcos que sobrepasaron los $25 billones.
Los miles de billones de pesos recaudados anualmente por la Adres, que son de naturaleza pública y parafiscal, provenientes de los aportes de las y los trabajadores y del subsidio estatal a la salud de las poblaciones más pobres, fueron girados durante décadas por los gobiernos neoliberales a las EPS, para que, mediante la llamada “intermediación financiera”, respondieran por la prestación de los servicios de salud a los 26 millones de afiliados al sistema privatizado; sin que dicha ley hubiera previsto ningún tipo de control fiscal estatal, lo cual abrió la puerta para que las EPS hicieran uso silencioso y fraudulento de dichos recursos, mediante todo tipo de prácticas corruptas. Tales como, la utilización indebida de los recursos públicos de salud para compra de bienes inmuebles, inversiones privadas de los propietarios de las EPS, adquisición y construcción de centros turísticos y recreativos, compra de campos de golf, hoteles y centros vacacionales, financiación de campañas electorales de candidatos y partidos de la extrema derecha; autores de la Ley 100/1993.
Además, construyeron clínicas propias y las integraron al negocio, enviaron cientos de miles de millones a paraísos fiscales, hicieron recobros exagerados a la ADRES por concepto de medicamentos con precios inflados y sobrecostos millonario, por servicios no prestados, procedimientos quirúrgicos facturados, facturaron procedimientos no realizados, acumularon deliberadamente deudas millonarias con las IPS privadas y la Red hospitalaria Pública que colapsaron, estructuraron redes de corrupción territorial entre EPS, IPS y altos funcionarios públicos. Un caso emblemático fue el escándalo del llamado “Cartel de la hemofilia”, en el que, con centenares de pacientes hemofílicos inexistentes, en complicidad con IPS privadas, contratistas, médicos y altos funcionarios públicos departamentales, organizaron una red criminal liderada por los corruptos clanes mafiosos del departamento de Córdoba, dirigidos por renombrados políticos corruptos; como, Alejandro Lyons, Edwin Besaile, Musa Besaile, Bernardo el Ñoño Elías, Luis Eduardo Pérez, entre otros, que defraudaron en cientos de miles de millones de pesos las finanzas públicas de la salud de los y los trabajadores y las poblaciones más pobres del departamento.
Más recientemente, la Superintendencia de Salud, denunció el caso que involucra a Coosalud EPS, cuya empresa vinculada “Coosalud Inversa S.A.” adquirió, con el banco GNB Sudameris, un empréstito por $221.000 millones, en el que actuó como garante Coosalud EPS, que destinó los recursos públicos de la salud para transferir más de $200 mil millones en pago de parte de la obligación. La superintendencia declaró que no está permitido el uso de recursos públicos como garantía de obligaciones privadas; al respecto, el presidente Gustavo Petro calificó esta operación como “un robo de recursos públicos” y pidió que se investigara penalmente. El escándalo cobra mayor relevancia porque la investigación involucra familias de las cúpulas del poder político y económico, que hacen parte de la junta directiva de Coosalud EPS, entre ellos, Jaime Pastrana Arango, hermano del corrupto expresidente Andrés Pastrana Arango y Rafael Santos Calderón, hermano del ultra derechista y corrupto, ex vicepresidente de “El Matarife”, Francisco (alias Pacho) Santos.
Como un caso para replay, en el Consejo de ministros de abril 2026, el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, afirmó que, durante auditorías al sistema de salud, reportaron anomalías; como, cinco apendicetomías realizadas a una misma persona y pagadas a $1.700.000 cada una, 154 mujeres reportadas con “operación de Pene” y cientos de miles de cobros por procedimientos realizados a personas fallecidas, casos referidos, como “eventuales fraudes y recobros irregulares dentro del sistema de salud.
De otra parte, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, acaban de denunciar que el pasado 19 de mayo, la alta dirección de la multinacional Keralty, propietaria de la EPS SANITAS, intervenida por el gobierno por las fraudulentas prácticas antes señaladas, que descaradamente ha patrocinado campañas políticas del partido de El Matarife, reunieron obligatoriamente a sus empleados no sindicalizados en el lujoso hotel Grand Hyatt de Bogotá, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y los sometieron, en desarrollo de la “Estrategia Júpiter”, a situaciones de terrorismo sicológico al advertirles que si ganaban las elecciones sectores políticos afines a la paz y la justicia social, la empresa sería expropiada y todos perderían sus puestos de trabajo y, les dieron la orden criminal de que cada empleado debe conseguir obligatoriamente cinco (5) votos en favor del candidato Abelardo de la Espriella. Se trata, sin duda, de un delito, una acción de constreñimiento electoral de un patrón que pretende, mediante el chantaje, impedir el voto libre de sus trabajadores. Esta práctica ha sido recurrente a lo largo de más de tres décadas de vigencia de la malhadada Ley 100.
Esta sintética reseña del nacimiento, vida y agonía del modelo de salud diseñado para el lucro, impuesto y administrado por cuatro gobiernos neoliberales, incluido el de su creador, Cesar Gaviria, indica claramente que quienes se robaron billones de pesos de la salud del pueblo colombiano, fueron sus propios creadores, los gobiernos autoritarios de extrema derecha y sus financiadores, los banqueros y demás gremios económicos, con la complicidad de los medios corporativos, que difundieron la idea de la ineficiencia administrativa del Estado para sustituirla por la “Eficiencia” de la empresa privada, con la falsa promesa de que convertiría este servicio público en el más eficaz y exitoso sistema de salud; Incluso, tuvieron el despropósito de promoverlo como “uno de los mejores del mundo”; porque, supuestamente, había alcanzado una cobertura de algo más del 90% de afiliados, repartidos en las 156 EPS que entraron en la competencia desde 1991, no por prestar el mejor servicio, sino por ver cuál de ellas se quedaban con la mayor parte del jugoso botín de los dineros públicos supuestamente destinados a garantizar la salud del pueblo colombiano.
En la memoria del pueblo colombiano quedó el registro de miles de pacientes que murieron en el llamado paseo de la muerte a las puertas de hospitales y clínicas que no les dieron oportuna atención que hubiera salvado sus vidas, que fallecieron porque duraron meses y años tratando de lograr una cita de medicina general, o, con un especialista, una orden de hospitalización, un examen de laboratorio, o de una oportuna intervención quirúrgica, o simplemente esperando que “abrieran agenda”. Millones de vidas se perdieron a causa de estas y muchas más prácticas corruptas de los codiciosos dueños de las EPS. Fue, sin duda, un genocidio ejecutado durante mas de tres décadas, en cámara lenta.
El Matarife, sus candidatos, Paloma Valencia y Abelardo “El Destripador” y sus aliados neoliberales, han usado como herramienta de su campaña electoral, la calumnia al presidente Gustavo Petro, acusándolo de haber destruido el jugoso negocio privado de la salud y de tener como objetivo la destrucción de las empresas privadas del sector, tarea que, según ellos, continuará el candidato del Pacto Histórico y el Frente por la Vida; Iván Cepeda.
Las inmensas mayorías que apoyan el gobierno del cambio y respaldan la promesa del candidato Iván Cepeda de continuar avanzando en la profundización de las reformas sociales y democráticas, entre ellas la de la salud, las pensiones y la laboral, sin las codiciosas EPS, sin la avaricia de los fondos privados de pensiones y con derechos colectivos. Como el riesgo del boicot, casi cantado por las mayorías parlamentarias de extrema derecha en las próximas legislaturas, la alternativa es continuar en la recolección de firmas, liderada por el presidente Gustavo Petro, para convocar la Asamblea Nacional Constituyente popular y democrática, con miras a hacer realidad un nuevo régimen de democracia radical, en perspectiva de un mejor futuro para las mayorías del pueblo colombiano.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Ámbito Jurídico
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