Hoy los métodos son distintos. Antes que los soldados llegan los discursos; antes que las bases militares aparecen las categorías jurídicas; antes que la ocupación territorial se instalan los marcos conceptuales desde los cuales una sociedad aprende a distinguir entre lo aceptable y lo peligroso. Las palabras preparan el terreno sobre el que después actúan los tribunales, los organismos de inteligencia, los mercados financieros y, finalmente, la política.
La historia rara vez repite sus acontecimientos, pero suele conservar intacta la lógica del poder. Durante la Guerra Fría se invocó la lucha contra el comunismo para justificar intervenciones, golpes militares y persecuciones políticas en buena parte del mundo. Hoy el lenguaje ha cambiado. La amenaza ya no se define exclusivamente por una ideología, sino por categorías cada vez más amplias asociadas al terrorismo, la seguridad nacional o el extremismo. El vocabulario se renueva; la pretensión de decidir quién puede participar legítimamente en la vida política permanece.
En ese contexto debe leerse la reunión celebrada el 16 de julio pasado en Washington por iniciativa del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, bajo el nombre de “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”. Más de sesenta países fueron invitados a coordinar acciones frente a lo que Washington presenta como una amenaza transnacional vinculada al denominado terrorismo político de extrema izquierda, mediante cooperación judicial, intercambio de inteligencia, seguimiento financiero y la implementación internacional del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-7 [1].
En dicha reunión el secretario Marco Rubio, vinculó el terrorismo actual con antecedentes históricos de grupos armados de izquierda en América Latina, como los Tupamaros, Montoneros, FARC, ELN y Sendero Luminoso, y sostuvo que estos grupos, más allá de sus etiquetas ideológicas, comparten una misma naturaleza fundamental. Rubio señaló además que el fenómeno opera hoy como redes internacionales coordinadas que no reconocen fronteras nacionales, y responsabilizó directamente a Irán y Cuba de colaborar con estas redes. Durante la cumbre, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, presentó la directiva NSPM-7 como una medida esencial de seguridad nacional, argumentando que estos grupos extremistas de izquierda tienen como objetivo último derrocar el sistema y la forma republicana de gobierno de los Estados Unidos.
La principal consecuencia democrática de la implementación práctica de las conclusiones y estrategias derivadas de la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, es la eliminación del derecho a la protesta y al pensamiento crítico. Al etiquetar de forma ambigua a movimientos sociales, ecologistas, feministas, sindicalistas y partidos de izquierda como “terroristas políticos”, se deslegitima cualquier reclamo social. Durante la cumbre, el asesor Stephen Miller dejó claro que las apelaciones a los derechos civiles por parte de estos grupos serán tratadas como una excusa “falaz” y un intento de proteger su supuesta violencia, anulando así las garantías constitucionales básicas y el derecho a un debido proceso. Además, la estrategia consolida una “justicia universal unilateral” dictada desde Washington. Esto erosiona las soberanías nacionales, ya que permite la injerencia directa de organismos estadounidenses y servicios de inteligencia extranjeros en los asuntos internos de otras naciones. El gobierno estadounidense exige que terceros países adapten sus leyes y aparatos judiciales para investigar y castigar a los grupos que Estados Unidos designe unilateralmente como terroristas, imponiendo su jurisdicción a nivel global.
Sería un error analizar esa iniciativa únicamente a partir de sus declaraciones oficiales. En política internacional, las palabras nunca son inocentes. Nombrar un fenómeno significa también delimitar el conjunto de respuestas que posteriormente serán consideradas legítimas. Cuando una potencia logra imponer la definición de quién constituye una amenaza, adquiere al mismo tiempo la capacidad de justificar medidas extraordinarias contra quienes quedan comprendidos dentro de esa categoría.
El debate, por tanto, no consiste en cuestionar el deber de los Estados de combatir organizaciones que recurren sistemáticamente a la violencia contra la población civil. Esa obligación forma parte de cualquier Estado de derecho. La preocupación surge cuando la frontera entre el terrorismo y la oposición democrática comienza a hacerse deliberadamente difusa. Una definición excesivamente amplia del denominado “terrorismo político” podría terminar incorporando, dentro de una misma narrativa, movimientos antifascistas, organizaciones sociales, sindicatos, colectivos ambientalistas, organizaciones feministas, defensores de derechos humanos e incluso partidos que actúan plenamente dentro de las reglas democráticas.
Cuando las ideas dejan de debatirse
Existe una diferencia esencial entre derrotar una idea y convertirla en delito.
Las democracias maduras responden a las propuestas políticas mediante elecciones y confrontación de argumentos. Los sistemas inseguros descubren que resulta más eficaz impedir que determinadas ideas lleguen siquiera a competir en igualdad de condiciones.
Es precisamente allí donde adquiere relevancia el concepto de lawfare: el aparato judicial deja de perseguir conductas tipificadas para convertirse en un mecanismo capaz de neutralizar adversarios políticos sin recurrir a la fuerza militar.
Cuando un liderazgo puede ser previamente presentado como una amenaza para la seguridad, el debate democrático queda alterado antes incluso de comenzar. Ya no resulta necesario responder a sus propuestas económicas o sociales. Basta con transformar al adversario en un problema de orden público.
La política comienza entonces a abandonar el terreno de la deliberación para ingresar en el de la sospecha. Los programas son sustituidos por expedientes; la justicia deja de concentrarse en los hechos para proyectarse sobre identidades políticas completas.
El territorio de Abya Yala conoce demasiado bien esa lógica. Su historia está atravesada por doctrinas de seguridad, estados de excepción, listas negras y persecuciones legitimadas mediante conceptos elaborados lejos del continente. Cambian las justificaciones; permanece la tendencia a presentar como amenaza aquello que cuestiona el orden establecido. A veces las democracias no desaparecen. Simplemente empiezan a estrecharse. Y casi siempre los primeros en quedarse sin espacio son quienes se atreven a imaginar un modelo distinto de sociedad.
Las grandes transformaciones políticas rara vez comienzan con un decreto. Primero cambian las palabras. Después cambian las percepciones. Finalmente cambian las leyes. Cuando esas tres dimensiones logran sincronizarse, la sociedad empieza a aceptar como razonable aquello que pocos años antes habría considerado incompatible con la democracia.
Por eso la reunión promovida por Washington no puede entenderse únicamente como un encuentro de cooperación en materia de seguridad. Su verdadera importancia quizá no resida en los acuerdos que produzca, sino en la construcción de un nuevo marco conceptual desde el cual se reorganiza la política internacional.
Durante décadas el terrorismo fue asociado, a organizaciones que utilizaban deliberadamente la violencia contra la población civil con la intención de generar terror. Esa definición podía generar debates, pero conservaba un elemento objetivo: la conducta. Hoy el riesgo consiste en desplazar el centro de gravedad desde los hechos hacia las identidades políticas.
Cuando en un mismo relato aparecen guerrillas históricas, organizaciones armadas, movimientos antifascistas, sindicatos, organizaciones sociales, partidos legales y colectivos ciudadanos, el concepto deja de describir una forma específica de violencia para convertirse en una categoría política abierta. La diferencia puede parecer técnica. No lo es. Marca la distancia entre perseguir delitos y perseguir ideas.
Las democracias constitucionales deben impedir que el Estado castigue a las personas por lo que piensan. El derecho penal debe actuar sobre conductas demostrables, no sobre proyectos políticos. Cuando esa frontera comienza a diluirse, el problema deja de ser únicamente jurídico. Empieza a afectar la naturaleza misma del Estado democrático.
Pero la persecución política del siglo XXI ya no depende exclusivamente de los jueces. Funciona como un sistema. Antes del expediente suele aparecer la estigmatización. Antes de la sentencia, la sospecha. Antes de la condena judicial, la condena mediática.
Las campañas de desinformación, los algoritmos que amplifican determinadas narrativas, las operaciones digitales coordinadas y la repetición permanente de determinadas etiquetas preparan el terreno para que medidas extraordinarias sean percibidas como normales. El derecho interviene cuando buena parte de la opinión pública ya ha sido convencida de que el acusado constituye una amenaza.
Por eso algunos analistas hablan de un Plan Cóndor 2.0. No porque la historia se repita exactamente, sino porque ciertas lógicas de coordinación transnacional reaparecen adaptadas a un tiempo diferente. Ya no hacen falta centros clandestinos de detención para disciplinar a una sociedad. Hoy la vigilancia financiera, la inteligencia compartida, la manipulación informativa y la judicialización selectiva pueden producir efectos políticos de enorme alcance.
El poder también aprende. Aprende a utilizar nuevas tecnologías y a gobernar mediante nuevos lenguajes. Y quizá esa sea la transformación más significativa de nuestro tiempo: la coerción ya no necesita presentarse como coerción. Puede aparecer revestida de legalidad, de cooperación internacional o incluso de defensa de la democracia.
Cuando eso ocurre, la democracia corre el riesgo de convertirse en un sistema que ya no garantiza la competencia entre proyectos políticos, sino que administra previamente cuáles de ellos merecen competir. La diferencia parece pequeña. En realidad, es enorme.
Cuando la soberanía también se convierte en víctima
Quizá el aspecto menos visible de esta discusión no sea la redefinición del terrorismo, sino la transformación silenciosa del concepto mismo de soberanía.
Durante mucho tiempo se creyó que un país perdía su autonomía únicamente cuando un ejército extranjero ocupaba su territorio. Sin embargo, las formas contemporáneas de poder operan de otra manera. La soberanía también comienza a debilitarse cuando un Estado externo consigue influir sobre qué organizaciones deben ser vigiladas, qué movimientos merecen sanciones financieras, qué dirigentes representan una amenaza y cuáles categorías jurídicas deben incorporarse al derecho interno de otros países.
Desde esa perspectiva, la internacionalización del Memorando Presidencial NSPM-7 trasciende ampliamente la política doméstica de Estados Unidos. Su alcance potencial consiste en proyectar prioridades estratégicas definidas en Washington hacia los sistemas judiciales, financieros y de inteligencia de decenas de Estados. La cuestión deja entonces de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un problema de autonomía política.
La pregunta adquiere una dimensión inevitable. ¿Quién decide qué constituye una amenaza para la democracia? ¿Los pueblos soberanos, las instituciones multilaterales, los parlamentos elegidos democráticamente o la potencia que dispone de mayor capacidad económica, tecnológica y militar para imponer su propia interpretación del orden internacional?
No existe una respuesta sencilla. Pero sí existe un principio que el derecho internacional ha defendido durante décadas: la autodeterminación de los pueblos, que protege el derecho de cada sociedad a construir su propio debate político sin que una potencia extranjera establezca de antemano cuáles opciones son aceptables y cuáles deben ser marginadas.
Las formas contemporáneas de presión ya no requieren desembarcos militares. Pueden adoptar la forma de sanciones económicas, de cooperación selectiva entre agencias de inteligencia o de mecanismos de vigilancia que convierten determinadas posiciones políticas en factores permanentes de sospecha.
No resulta casual que, mientras Washington impulsa una estrategia centrada en la seguridad, otros espacios internacionales reivindiquen un camino distinto, basado en el multilateralismo, la cooperación entre iguales y la defensa del pluralismo democrático. La “IV Reunión en Defensa de la Democracia”, celebrada en abril de 2026 en Barcelona con la participación de líderes de más de 40 países, tiene una importancia estratégica fundamental al erigirse como el principal bastión y foro de articulación de la izquierda y la centroizquierda global para frenar el avance de la extrema derecha. Su importancia principal no reside en firmar tratados jurídicamente vinculantes, sino en operar como una gran plataforma para construir narrativas, articular coaliciones y disputar el significado mismo de la democracia en el siglo XXI. Allí se definieron tres áreas de acción urgentes: la defensa del multilateralismo, el area de la gobernanza digital y el combate a la desigualdad.
La discusión de fondo no enfrenta únicamente programas de gobierno. Enfrenta dos maneras de comprender el orden internacional: una pretende administrar la estabilidad definiendo previamente quién puede participar del debate político; la otra parte de la premisa de que la democracia solo puede fortalecerse cuando las sociedades conservan la capacidad de decidir libremente su propio destino.
Lo que realmente está en juego
Sería un error reducir esta discusión a la suerte de una determinada corriente política. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de la izquierda democrática. Lo que se discute es si las diferencias políticas continuarán resolviéndose mediante el debate, las elecciones y el derecho, o si pasarán a gestionarse mediante aparatos permanentes de inteligencia, represión, vigilancia financiera y judicialización.
Ninguna democracia está obligada a tolerar organizaciones que practican el terrorismo. Pero precisamente por ello necesita preservar una frontera rigurosa entre quienes ejercen violencia contra la población civil y quienes participan, desde la legalidad, en la disputa democrática de las ideas. Cuando esa frontera se vuelve deliberadamente ambigua, deja de protegerse la democracia para comenzar a restringirla.
La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de manera repentina. Primero se limitan para quienes resultan incómodos. Después la excepción se normaliza. Finalmente, aquello que nació como una medida extraordinaria termina convirtiéndose en una práctica permanente.
Tal vez dentro de algunos años esta reunión ministerial sea recordada como un episodio más de la política exterior estadounidense, o quizás sea vista como uno de los momentos en que comenzó a consolidarse una nueva arquitectura internacional de tipo fascista que ejerce control político legitimada por el lenguaje de la seguridad.
Cada generación enfrenta una responsabilidad distinta. A unas les correspondió resistir el fascismo. A otras, combatir el colonialismo o las dictaduras militares. La nuestra quizás deba impedir que el miedo vuelva a convertirse en el criterio desde el cual se decide quién tiene derecho a participar plenamente en la vida democrática.
La pregunta decisiva, entonces, no es qué futuro tendrá la izquierda democrática. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué futuro tendrá la democracia si el mundo acepta que las diferencias políticas deben resolverse mediante listas de vigilancia, sanciones financieras, operaciones de inteligencia y expedientes judiciales, en lugar de hacerlo mediante el debate, el voto y el derecho internacional?
Cuando la política deja de ser el lugar donde los pueblos pueden imaginar libremente su porvenir, no es una sola corriente ideológica la que pierde espacio. Es la libertad la que comienza, lentamente, a quedarse sin hogar.
El intento de internacionalizar la criminalización de la izquierda democrática no es una demostración de fuerza, sino un síntoma de pánico. Quienes poseen casi todo le temen profundamente a la simple posibilidad de un mundo justo. Tienen temor porque saben que, cuando la gente pierde el miedo, la historia vuelve a ponerse en marcha. La dignidad humana es una hierba terca que crece incluso entre las grietas del cemento autoritario. Ningún memorando de seguridad, por muy poderoso que sea el imperio que lo firma, ha logrado jamás encarcelar las ganas de libertad de la humanidad. Por más que se empeñen en castigar el pensamiento crítico, la memoria de las luchas pasadas y la necesidad cotidiana de justicia seguirán encontrando el modo de caminar de la mano, recordando que el futuro le pertenece a quienes no se rinden ante la prepotencia de las armas ni ante el brillo falso del dinero.
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[1] El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 (NSPM-7) es una directiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece una estrategia integral para investigar y desmantelar a las redes que su gobierno clasifica como terroristas de extrema izquierda. Esta directiva ordena, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que todas las agencias de inteligencia y las entidades de las fuerzas del orden colaboren de manera coordinada. El mandato principal del NSPM-7 es desarticular, identificar, detener y procesar judicialmente a estas organizaciones, a las que la administración estadounidense califica como “terroristas políticos”
Jaime Gómez Alcaraz, Analista Internacional
Foto tomada de: El País
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