No fue ministro, congresista, magistrado, dirigente político. Nunca busco cargo público porque sabía que la independencia es el mayor patrimonio de quien ejerce control ciudadano. No construyo una carrera al rededor del poder, era un ciudadano convencido de que el país podía ser mejor si quienes lo habitamos asumimos la responsabilidad de vigilar lo que es de todos, creían que los recursos públicos destinados a la salud no eran simples cifras en un balance, sino la esperanza de millones de personas que esperan un medicamento, una cirugía o una atención oportuna. Por eso dedico incontables horas, de manera desinteresada a estudiar las finanzas y las normas del sistema de salud, con el único fin de defender el derecho fundamental a la salud.
Su oficina era su computador, rodeado de estados financieros, normas y bases de datos de acceso público. Desde allí reconstruyó durante años la historia financiera de las EPS, con información que ellas mismas reportaron a la Superintendencia Nacional de Salud, especialmente los formularios FT001 y FT005. Con ese trabajo paciente y meticuloso logró seguir el rastro del dinero público de la salud a las EPS, que él mismo denominaba “aseguradoras de papel”.
Sus hallazgos revelaban como los recuros de la salud se concentraban en unos pocos actores. Mostro, por ejemplo, que cerca de 3.700 IPS debían repartirse alrededor de 6 billones de pesos, muchas veces mediante pagos insuficientes y tardíos, mientras un reducido grupo de prestadores concentraban una parte significativa de los recursos. Por eso solía afirmar que “el índice Gini del sistema de salud es peor que el del país”
Ese trabajo exigía horas de estudio y un esfuerzo permanente de procesamiento de información. No lo hacía solo. Había conformado un pequeño equipo de auxiliares que lo apoyaban en la revisión y organización de los datos. Mantener ese grupo tenía un costo que nunca asumió el Estado ni ninguna organización. Lo financiaba con enormes dificultades a través de una vaki que impulsaba constantemente en sus redes sociales. Mes tras mes insistía en esa campaña porque sabía que, sin ese apoyo ciudadano, sería imposible continuar con un trabajo que consideraba un servicio al país.
Nunca cobró por sus investigaciones. Nunca puso su conocimiento al servicio de intereses particulares. Su única motivación era aportar transparencia al manejo de los recursos públicos por la defensa del derecho a la salud.
Las redes sociales se convirtieron en su escenario cotidiano. Estaba siempre atento a los debates sobre el sistema de salud. Cuando un exministro, un consultor, un auditor o un defensor del modelo de aseguramiento hacía una afirmación que, a su juicio, no estaba respaldada por la evidencia, Vicente respondía casi de inmediato. Lo hacía con documentos, normas, y cifras verificables. No descalificaba personas; discutía argumentos.
Quizá esa fue una de sus mayores virtudes. En un país donde abundan las opiniones, Vicente eligió estudiar, discutir desde los balances financieros. preguntando por el destino de los recursos públicos. Esa independencia intelectual fue la fuente de su credibilidad y, al mismo tiempo, la razón por la que terminó convirtiéndose en una referencia obligada para quienes querían comprender la realidad financiera del sistema de salud colombiano.
El 5 de octubre de 2023 marcó un antes y un después. Vicente Calvo hizo pública una denuncia que cambiaría la forma de entender la discusión financiera del sistema de salud colombiano.
Su análisis se centró en un aspecto aparentemente técnico, pero decisivo para la estabilidad del sistema: Tras las advertencias formuladas por el entonces superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, sobre el incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las reservas técnicas de las EPS, Vicente comprendió que allí podía encontrarse una de las claves para explicar la crisis financiera del aseguramiento. Mientras este tema seguía prácticamente ausente del debate público y era minimizado por buena parte de los expertos “auditores” defensores del modelo, él decidió estudiarlo con rigor a partir de la información pública. Fue ese trabajo paciente y meticuloso el que terminó llevando las reservas técnicas al centro de la discusión nacional.
El 5 de octubre de 2023 publicó en la red social X el mensaje que marcaría un punto de inflexión:
“El incumplimiento reiterado de este artículo, que está publicado en diversos decretos desde hace más de diez años, es el fundamento principal de mi denuncia. Su no cumplimiento estricto es el verdadero causante del desangre del sistema. Allí no existe excusa válida.”
Acompañó su publicación con el artículo 2.5.2.2.1.10 del Decreto 995 de 2022, que obliga a las EPS a mantener invertido el ciento por ciento de sus reservas técnicas en activos autorizados.
Durante años había revisado los estados financieros de las EPS y llegó a una conclusión que repetía incansablemente: las reservas técnicas son un pasivo que, por mandato legal, debe estar plenamente respaldado por activos reales e inversiones verificables. Vicente encontró que ese respaldo no existía, no se trataba de una diferencia de interpretación contable, sino del incumplimiento de una obligación esencial para proteger los recursos de la salud y garantizar las obligaciones presentes y futuras con los pacientes.
Ese mismo día amplió su denuncia en otro mensaje:
“Aquí incumplieron la mayoría de las EPS al no invertir sus reservas aprovisionadas; aquí incumplieron las pocas EPS que sí cumplían al no denunciar a quienes no lo hacían; y aquí incumplieron las autoridades al no sancionar oportunamente…”
El hilo llamó la atención del presidente Gustavo Petro, quien retomó públicamente el análisis de Vicente y escribió:
“Vicente denuncia que 8,5 billones de pesos que el Estado ha entregado a las EPS deberían haberse convertido en reservas técnicas… Solo están hoy en el papel. ¿A dónde se fueron esos dineros?”
Aquella pregunta convirtió un debate hasta entonces reservado para especialistas en una discusión nacional sobre la transparencia y el destino de los recursos públicos de la salud. Desde ese momento, la pregunta que Vicente había formulado durante años comenzó a ser también la pregunta de todo un país: ¿Dónde está la plata?
El Informe Estado del Aseguramiento en Salud 2024 de la Contraloría General de la República evidenció graves deficiencias en la calidad de la información financiera reportada por las EPS. la Contraloría le dio la razón a Vicente cuando denuncio posibles incumplimientos en las inversiones de las reservas técnicas, uso de recursos en conceptos distintos a la atención en salud, anticipos a entidades vinculadas e inconsistencias en algunos registros financieros.
Los países construyen su memoria no solo a partir de sus gobernantes o de los grandes acontecimientos, sino también de ciudadanos que transforman la manera de comprender sus problemas. Vicente Calvo fue uno de ellos. Convirtió un tema técnico en una causa ciudadana y demostró que el conocimiento, la independencia y el compromiso con el interés público pueden cambiar el rumbo de un debate nacional. Por eso, el 5 de octubre no debería recordar solo una denuncia, sino el valor del control ciudadano y de quienes dedican su vida a defender los recursos públicos con estudio, evidencia y ética.
Proponemos que ese día sea declarado el Día de la Memoria de Vicente Calvo, como un homenaje. Que cada 5 de octubre nos recuerde que la transparencia no nace únicamente de las instituciones, sino también de ciudadanos capaces de hacer las preguntas que nadie más se atrevió a formular y de exigir que los recursos destinados a la salud lleguen, íntegramente, a quienes realmente los necesitan.
Mientras Colombia no pueda responder con absoluta claridad dónde está cada peso destinado a garantizar el derecho a la salud, la voz de Vicente Calvo seguirá presente.
Aunque Vicente Calvo ya no está con nosotros, su ejemplo seguirá inspirando a quienes creen que el estudio, la evidencia y la transparencia también son una forma de defender el derecho a la salud. Descansa en paz, Vicente. Tu legado ya hace parte de la historia del sistema de salud colombiano. permanecerá vivo en cada ciudadano que siga preguntando “dónde está la plata” destinada a proteger la vida.
Ana Maria Soleibe, Médica, vicepresidenta de la FMC, Especialista en Economía Publica y Gestión Territorial.
Foto tomada de: Diario La Libertad
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